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Archivo de la categoría: ESPACIO PÚBLICO

El coronavirus mata. La falta de vivienda digna también

El tratamiento de la pandemia del Covid 19 en las villas por parte del Poder Ejecutivo local a cargo de Horacio Rodríguez Larreta ha sido deficitario, y ha sido operado con desidia y desinterés. El principal problema, el más evidente, ha sido la falta de agua potable. Miles de habitantes, en plena epidemia, se han quedado sin agua, sin la posibilidad de lavarse las manos, sin ese único método para higienizarse y mantener el virus alejado. La responsabilidad es del gobierno de la Ciudad, que es quien tiene que proveer de servicios básicos a los habitantes de esta Ciudad. Ocurrió en Villa 31. Hoy ocurre en Villa 1-11-14.

El Estado local falló en su obligación de garantizar el agua, pero además no tuvo respuestas que suplieran la falta de dicho elemento tan esencial. Los camiones cisternas fueron insuficientes, tampoco estuvo garantizada la distribución de alcohol, que hubiera sido una buena medida paliativa.

Georgina Banzer, adolescente de Villa 31 bis, nos contó que estuvo algunos días sin agua y afirmó que hubo vecinos que estuvieron casi tres semanas sin agua y la mayoría de ellos están infectados con Covid 19: “Desde el gobierno de la Ciudad jamás nos escucharon”, relató.

Por su parte, el aislamiento y la consecuente merma laboral ha generado un parate económico de envergadura que solo pudo ser paliado con la asistencia de comedores comunitarios o por la labor entrañable de referentes barriales. El movimiento en el barrio, por este y otros motivos, ha disminuido pero ha sido constante, sin que el gobierno de la Ciudad lograra un control eficaz del cumplimiento de la cuarentena.

“Es como si no les importara los de la villa porque somos unos “negros” para ellos y les da igual venir a ver si hacen la cuarentena o no”, relató Georgina Banzer.

La prevención falló notablemente en el caso de Villa 31, que es dónde hoy se registran más casos positivos de todos los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En manifestaciones vertidas por el Secretario de Integración Social y Urbana Diego Fernández, en la última reunión de la Comisión de vivienda de la Legislatura porteña, indicó como una de las principales medidas preventivas, las campañas de difusión con altoparlantes, y a través de WhatsApp entre sus listas de difusión.

A su tiempo, los referentes barriales reemplazaron con sus pocas herramientas al Estado, y reforzaron sus tareas de asistencia, poniendo en riesgo su propia salud. Este hecho ha dejado como saldo el contagio de diversos referentes barriales, tales como Carlos Ramírez de la Corriente Villera del Barrio San Martín (Villa 31), Daniel Castillo de La Cámpora (Villa 31), o Víctor Giracoy del histórico comedor Estrella de Belén (Villa 31) y Ramona Medina de La Poderosa (Villa 31), quienes han resultado fallecidos recientemente.

El Covid 19 vino de afuera del país, junto a aquellos que pudieron viajar. Está pegando fuerte, y matando, a aquellos que no pudieron hacerlo. Ni podrán. Los habitantes de los barrios vulnerados de Buenos Aires.

Hemos recibido, a su vez, denuncias de trabajadores de cooperativas de limpieza de los barrios vulnerados que prestan un servicio esencial para este momento y que han reclamado no contar con los elementos básicos de higiene y protección para llevar a cabo su tarea en plena pandemia.

Consultado el gobierno de la Ciudad por un pedido de informes de este ODH, el Director General de la Dirección General Fortalecimiento Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Rodrigo Vieiro Magaz ha indicado genéricamente que “atento la situación excepcional suscitada a causa del COVID19, se está haciendo entrega a los efectores (sociales) de elementos de limpieza e higiene”, sin especificar qué elementos, en qué cantidad y con cuánta regularidad. Los hechos demuestran que esta acción ha resultado claramente insuficiente.

También debemos indicar que hemos recibido denuncias respecto a que en algunos barrios la asistencia social del gobierno no ha llegado a todos o, en algunos casos, los bolsones con comida han sido distribuidos con discrecionalidad por algunos referentes barriales. Esto también debe ser corregido.

Los comedores, en líneas generales, también han sufrido el desdén del gobierno porteño recibiendo tardíamente materiales sanitarios y de manera escasa. En algunos casos, la falta de seguridad sanitaria ha generado cierres preventivos de comedores como el Padre Carlos Mugica de Retiro o el Hormiguita Viajera del Bajo Flores.

En relación a los testeos, el titular de la Secretaria de Integración Social y Urbana declaró que se sigue el protocolo de la autoridad sanitaria y que se testea sólo a quienes tienes dos síntomas, y con sus contactos estrechos el procedimiento es que se auto aíslen durante 14 días. Quienes conocemos los barrios populares, sabemos que ante esta circunstancias, y con un virus tan contagioso, todos los vecinos y vecinas son contactos estrechos, debido al hacinamiento en el que viven. Por lo cual exigimos la aplicación de un protocolo específico para barrios vulnerados.

Por último, nos han llegado denuncias desde Villa 31, sobre la situación de vulneración de derechos y discriminación a la que se somete a las personas que son testeadas y dan positivo. Por empezar deben en promedio 7 horas hasta que un micro escolar las recoja por el barrio y las lleve a una Unidad Febril, dónde los espera otro par de horas, hasta que son derivadas a un hospital o un hotel de acuerdo a su estado de salud. Comparten micros y lugares a la espera de resultados, todos juntos, sospechosos y positivos, incrementando las posibilidades de contagio. Durante ese tiempo son destratados y le dan sólo un sándwich para comer para todo el día, tal como denunció el referente barrial Daniel Castillo de La Cámpora (Villa 31) en un video que se volvió viral en su barrio.

Todas estas violaciones de derecho apuntadas provocan que haya vecinos y vecinas que no quieran ir a testearse y prefieran atravesar los síntomas en sus hogares, según declaraciones que hemos recibido.

Nos sumamos a lo que nos dijo Georgina Banzer: “A Larreta lo único que le pedimos es que nos traten como a todos. Somos humanos también. No somos bichos raros. ¡Todos somos iguales! No queremos ser discriminados. Queremos que nos traten como a todos”.

La villa, aquella que no tiene garantizada el agua, que siempre es un elemento indispensable para la vida, pero más en estos momentos que atravesamos, es la que sufre. Es el incumplimiento de la norma que ordena la urbanización de las villas, y la provisión digna de todos los servicios básicos, por parte del gobierno de la Ciudad. Desde la Constitución en su artículo 31, hasta decenas de normas que la establecen para cada villa en particular. Sin embargo, otra vez la ausencia y demora del Estado. Digámoslo con toda claridad: La falta de vivienda digna es un crimen.

Con vivienda digna, es decir, con servicios básicos y no hacinamiento, la pandemia no hubiera explotado en las villas. Todo es consecuencia de una estado ausente en el barrio, lo que es imperdonable teniendo en cuenta que vivimos en la ciudad con mayores recursos del país. Exigimos un protocolo especial y la urgente dedicación prioritaria para frenar este virus en las villas de Buenos Aires.

Esta nota fue escrita por el ODH y publicada en Página 12 y Agencia Paco Urondo.

 

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El gobierno de la Ciudad suspendió los operativos contra el dengue en Villa 21-24

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó al Observatorio de Derechos Humanos (ODH) que suspendió por la cuarentena las actividades sanitarias para prevenir y combatir el dengue en Villa 21-24, uno de los lugares más afectados por esta grave epidemia dentro de la ciudad.

Av. Iriarte 3500

Ante el pedio de información pública, el Ministerio de Salud de la Ciudad, respondió a través de su Subsecretaría Planificación Sanitaria y Gestión en Red, que “actualmente se encuentran suspendidas las actividades colectivas masivas en el barrio por el Decreto 297/2020 de Aislamiento social preventivo y obligatorio y su posterior extensión al 13/04/2020.”

Más abajo el informe promete que el cronograma estipulado para realizar acciones en el barrio “se reprogramará en función de las disposiciones del Estado Nacional sobre aislamiento” relativo al Covid 19.

De esta manera, responsabilizan a una pandemia por la inacción en la prevención de otra, lo cual sanitariamente es incorrecto, a nivel de políticas públicas es irresponsable y en el plano humano es aberrante.

Las acciones que debía llevar adelante el GCBA y quedaron suspendidas eran la limpieza del espacio público; jornadas de descacharreos con recorrida casa por casa, ordenamiento ambiental y eliminación de criaderos reales y potenciales en los sectores; relevamiento de autos abandonados y capacitaciones a población general, entre otras.

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) había presentado un pedido de acceso a la información pública, en el que preguntábamos por el presupuesto asignado a la prevención del dengue y su grado de ejecución. Otras de las cuestiones consultadas fueron: ¿Cuántos operativos de descacharreo se han realizado? ¿En qué barrios?; ¿Se ha fumigado para evitar la propagación del mosquito Aedes Aegypti?; ¿Se han entregado en forma gratuita repelentes? En todos los casos se pidió informar cuántos y su distribución por comunas.

Resulta relevante destacar que la información requerida no hizo hincapié en ningún barrio en particular. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad remitió solo dos informes, uno genérico sobre presupuesto y uno particular sobre la Villa 21-24, en el que informa la suspensión de la misma. Para el resto de la ciudad directamente no informan sobre actividad alguna para paliar esta grave situación, a pesar de a haber sido consultado.

La alegación al decreto nacional de aislamiento por Covid 19 para suspender las tareas contra el dengue resulta un pretexto inconcebible. Las unidades sanitarias siguen funcionando en la Ciudad. Los trabajadores y trabajadoras de la salud se encuentran dentro de la categoría de servicios esenciales, exceptuados del aislamiento. Por ende, podían seguir realizando las tareas. No existe un impedimento legal para hacerlo. Declarar lo contrario es incorrecto además de inhumano.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) reclamamos el urgente levantamiento de la suspensión de los operativos contra el dengue en Villa 21-24. Solicitamos la inmediata masificación de los operativos de fumigación, descacharreo y entrega de repelentes en toda la ciudad. Especialmente, priorizando el Sur de la Ciudad donde se detectan mayores casos. Los derechos a la salud y a la vida de miles de habitantes de la Ciudad están en juego. Esperamos que el gobierno los garantice.

 

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ANTE EL CRECIMIENTO DE CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD, EL ODH PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORMES.

EL DENGUE TAMBIÉN PREOCUPA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Mientras el foco está puesto en el COVID-19, los casos de dengue no paran de crecer a nivel nacional. La ciudad de Buenos Aires y el conurbano son los centros del brote. En lo que va del 2020 hay registrados 3.173 casos en CABA, según datos del Boletín Epidemiológico Semanal emitido por el gobierno porteño. Hasta el momento, se registraron 7 fallecidos por dengue y hay otros 9 casos sospechosos. Esto significa un crecimiento exponencial si se compara con el mismo mes del año pasado.

Los especialistas explican que: el dengue venía creciendo en la región desde el año pasado. Esto encendía las alertas para tomar las medidas que eviten su propagación, especialmente durante el invierno pasado, junio – agosto 2019. Las tareas de prevención, concientización y control se deben hacer en invierno. Ninguna de las administraciones macristas lo hizo, ni en Nación, ni en ciudad ni en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta grave situación, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) presentó un pedido de acceso a la información pública, según lo establecido en ley 104. En el pedido, preguntamos cuál es el presupuesto asignado a la prevención del dengue y cuál es su grado de ejecución. Otras de las cuestiones consultadas son: ¿Cuántos operativos de descacharreo se han realizado? ¿En qué barrios?; ¿Se ha fumigado para evitar la propagación del mosquito?; ¿Se han entregado en forma gratuita repelentes? En todos los casos piden informar cuántos y su distribución por comunas.

En la Ciudad, los barrios con mayor cantidad de afectados son Flores, Villa Lugano y Barracas. Allí se concentran el 53% de los casos. Las comunas más perjudicadas siguen siendo la 4 (Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya), la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano) y la 7 (Flores y Parque Chacabuco). Una vez más, la Zona Sur de la Capital es la más afectada. Es donde están los barrios más pobres y con más necesidades. Sin agua potable, y con escasos recursos para enfrentar esta enfermedad y otras.

Las obras en construcción y los contenedores se convirtieron en espacios que favorecieron la reproducción del Aedes Aegypti. Además de la fumigación en plazas y parques, es muy importante el descacharreo en cada casa. Para esto hace falta una campaña de información que llegue a todas y todos.

 

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El gobierno de la Ciudad insiste en las pistolas taser desconociendo que la CIDH se encuentra analizando su uso.

El secretario de Seguridad porteño insiste en el uso de las TASER, desconociendo que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) está analizando la legalidad de su uso.

En el medio de la discusión sobre el Nuevo Protocolo de Seguridad propuesto por la Ministra Patricia Bullrich, los funcionarios de la ciudad analizan adherir a esta nueva normativa implementando el uso de pistolas Taser.
Marcelo D´Alessandro, secretario de seguridad porteño, sugiere “protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser” para sumarse al protocolo nacional que les da más poder a los agentes para el uso de armas.

Desde el Observatorio de DDHHH de la Ciudad (ODH) reclamamos nuevamente que se prohíba el uso de armas eléctricas porque esto va en contra de los derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y viola el deber del Estado de prevenir la tortura.

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis.

La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades. Más información aquí.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

Ante la escalada represiva por parte del gobierno nacional y de la ciudad, el ODH advierte que ninguna ideología puede fundamentar válidamente el incumplimiento de la Constitución y las leyes.

 

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«Cuestionar el fallo de Dra. López Vergara viola la autonomía de la Justicia porteña»

El ODH exige que se respete la división de poderes y la independencia judicial ante los infundados ataques contra la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Dra. Patricia López Vergara.
La Jueza fue objeto de intromisiones inadmisibles por su fallo que exigía el cumplimiento de las garantías por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación masiva del lunes pasado. La decisión de López Vergara se basó en la legislación que regula a la Policía de la Ciudad y que obliga a no portar armas de fuego y llevar identificación en manifestaciones públicas. La Ley 5.688 de Seguridad, sancionada el año pasado, restringe el uso de la fuerza. El inciso 99 explicita la prohibición de armas de fuego en la línea de contacto con los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.
Las críticas por parte de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad y del propio Presidente de la Nación vulneran la división de poderes y la independencia judicial. También amenazaron con iniciar juicio político contra la Jueza. De concretarse, esto impedirá el ejercicio de los derechos y atentan contra la institucionalidad democrática.

Desde el ODH criticamos la criminalización de la protesta y rechazamos el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil. Este año ya habíamos advertido sobre la compra de armamentos antidisturbios y de pistolas eléctricas TASER por parte del Gobierno de la Ciudad. Seguimos bregando por la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto de las leyes que en consonancia se dictaron en la Legislatura porteña. La ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que se deben cumplir con la normativa de Derechos Humanos y las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza.

 

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS «MENOS LETALES» QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica «Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada».
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 

El ODH alerta por la adquisición de armas “menos letales” para la nueva Policía de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios.

En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”.

Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.

Lo que más preocupa es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre .68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.

El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.

El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

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Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.

La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas “menos letales” y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.

Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).

Esperamos que las “nuevas” fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.

 

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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

 

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Primeros pasos para la urbanización de la Villa 20 de Lugano

El pasado 12 de septiembre la Legislatura porteña aprobó –por unanimidad– el proyecto de ley referido a la llamada “reurbanización” de Villa 20. Se trata de un proyecto programático de reurbanización e integración socio-urbana de Villa y sus pobladores. Se vincula estrechamente a la histórica lucha de los vecinos de Lugano por el derecho a la vivienda digna. El plan incluiría relocalización dentro del perímetro, la construcción de nuevas viviendas y refacciones a otras ya existentes, regularización y escrituración de casas y créditos blandos del Banco Ciudad.

En 2013 el proyecto “Plan maestro para la comuna 8” de los legisladores del PRO María Spalla y Cristian Ritondo autorizaba la venta del predio, involucrado ahora en la reurbanización, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.[1] Sin embargo esto no se pudo llevar a cabo por la oposición tenaz de diferentes organizaciones y vecinos que lograron evitarlo.

Gracias a la lucha y participación de los vecinos la nueva ley reconoce espacio denominado “Mesa de Gestión Participativa”, conformado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social y delegados, vecinos y organizaciones del barrio. Esta mesa estará encargada de consensuar cómo será esa reurbanización. Se trata de un espacio participativo que intenta mostrar una voluntad política determinada. No obstante, implica un organismo que no absorbe las competencias del IVC ni de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social, por lo que sus decisiones podrán afrontar nuevos obstáculos en el futuro.

villa-202Debe señalarse que la sanción de la ley se da en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevará a cabo durante el 2018. Se recibirá a miles de deportistas en una Villa Olímpica que estará ubicada en el barrio porteño de Lugano. Además del albergue para los participantes de la competencia, se construirá un Predio Ferial Olímpico que será utilizado para distintas disciplinas. Toda esta infraestructura será, según el proyecto, reutilizada –posteriormente– en beneficio del derecho a la vivienda digna de los habitantes de Villa 20.

Por ende, la norma sancionada de reurbanización y la norma que creó el Distrito Villa Olímpica, se encuentran en íntima relación. Se prevé dejar la zona en condiciones óptimas para desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Y de las 85 hectáreas que abarca el terreno, 49 serán destinadas a espacios verdes, 20 para usos múltiples como comercio, estacionamiento, hoteles, vivienda, establecimientos educativos y/o sanitarios. Del producto de este último sector, el 50% será para la reurbanización y el otro 50% para refacciones en la comuna 8.

La política de construcción de viviendas resulta urgente e implica el cumplimiento de un mandato popular. En una ciudad que posee un déficit habitacional de casi el 20% de su población, la sanción de esta nueva ley es un premio a la lucha de los vecinos y un avance cultural hacia el cumplimiento del art. 31 de la CCABA.

Este es un gobierno de la misma fuerza que gestiona la Ciudad hace casi 9 años; triunfó en las elecciones de la ciudad prometiendo la erradicación de villas allá por el año 2007. Ya en la gestión, pasó las topadoras por el barrio Papa Francisco y lo intentó –legislativamente– con el barrio Rodrigo Bueno. No construyó –prácticamente– ninguna vivienda social nueva. Que este gobierno ahora revierta sus antecedentes y legitime el discurso histórico de los luchadores villeros, es un triunfo de la tenacidad, la perseverancia y la organización villera.

La Ley N° 1.770 para Villa 20 y la ley N° 3.343 para Villa 31 resultan una freno contra intentonas erradicadoras. Pero se han descubierto impotentes a la hora de avanzar en la urbanización de esas villas. Esta nueva norma debe superar lo programático para avanzar en mejoras concretas de la cotidianeidad de los habitantes que impliquen la vigencia concreta del derecho a la vivienda digna.

Debe remarcarse: la nueva ley no es urbanización. Tampoco es vivienda digna para sus habitantes. Es un paso importante que deberá consolidarse en planos, obras concretas y nuevas normas que garanticen el goce del derecho a la vivienda digna de todos los habitantes de Lugano, en el lugar donde viven.

[1] http://chequeado.com/el-explicador/cinco-puntos-para-entender-el-conflicto-en-la-villa-20/

 

De la migración como un derecho humano a la migración como un peligro a combatir

El ODH repudia cualquier intento de persecución a las/os extranjeros que habitan nuestro suelo.

El gobierno nacional pretende crear un alojamiento con función de cárcel, destinado de manera exclusiva para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones) Conjuntamente con ello “la Dirección Nacional de Migraciones incrementó en 2016 los controles de permanencia de ciudadanos extranjeros, llegando a 8.036 operativos en todo el territorio, a fin de detectar irregularidades documentarias”…[1] y resalta estos operativos aunque sean con porcentajes muy chicos las irregularidades. En definitiva sería una “cárcel” para personas con irregularidades migratorias.

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En Argentina no es lo mismo caracterizar a la migración como un derecho que como una cuestión de seguridad nacional. La idea de la migración como un peligro alcanzó un punto de inflexión con la “ley Videla”[2] y la política de los años 90 que exacerbaron a la migración como un problema nacional. Esta orientación permitió que por años se fueran aglutinando un sin número de familias que por la imposibilidad de regularizarse quedaran expuestas a la precariedad laboral, a condiciones de vida desfavorables, a explotaciones y abusos; que permitieron generar tragedias como la del incendio en un taller de costura en la calle Luis Viale[3].

De 2004 hasta 2015, con la nueva Ley 25871, el Convenio Patria Grande, el Convenio Mercosur y otras acciones políticas, esta situación se intentó revertir. Se buscaron reparar esas irregularidades administrativas y legales que impedían el acceso a ese derecho. Sin embargo, desde 2016 con la asunción del nuevo Gobierno las medidas políticas se despegan de las acciones reparadoras de esas desigualdades – operativos móviles de regularización para radicaciones y documentación, acceso a la justicia y migraciones – fueron desmantelados. Ahora parecen reorientarse a políticas de persecución que buscan combatir la migración ya que ven al sujeto “portador de esa irregularidad” como un oponente.

La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel y la insistencia en los controles y la persecución por infracciones a la ley suponen el peligro de ver ahora a la irregularidad migratoria como un enemigo a combatir. La Ley 25871 cambió radicalmente la mirada de la migración y la reconoció como el derecho a elegir un proyecto de vida propio distinto al lugar donde se nació. Ninguna irregularidad de la misma convierte a un ser humano en un ilegal o delincuente.

Desde el ODH repudiamos este cambio de política e instamos al Gobierno de la ciudad a dejar sin efecto el plan de creación de una cárcel destinada a los migrantes.

Referencias:  http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3187

[1] http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

[2] Decreto/Ley de22439 de la última dictadura militar

[3] En 2006 en un taller textil murieron 5 niños/as y una mujer embarazada los cuales estaban reducidos a condiciones de servidumbre.

 

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