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Archivos Mensuales: agosto 2016

El ODH presentó la denuncia ante la CIDH para prohibir las TASER

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos Aires denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en especial se viola el deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.

La petición ha sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA, Pedro Aníbal Paradiso Sottille, por Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras agrupaciones y personalidades.

comision-interamericana-de-derechos-humanosLos cuestionamientos por parte del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos, iniciamos una acción de amparo ya que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.

En consecuencia, tanto la Jueza de primera instancia Dra. Andrea Danas como la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad consideraron que correspondía hacer lugar al amparo y pusieron énfasis en la importancia de prevenir la tortura, – agregando en particular la Cámara que la historia reciente de nuestro país en relación a la utilización de “ilegítima violencia (y extrema) por parte del Estado” exigía efectuar una visión más restrictiva conforme documentos internacionales sobre el uso de las Taser X26, siendo lo apropiado desde la óptica de los derechos humanos.

No obstante, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó el pronunciamiento de la Sala II y decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.

Dicha decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN, quien en línea con el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, también rechazó formalmente el recurso interpuesto.

Luego del fallo de la CSJN, que cierra la posibilidad de seguir la discusión en el ámbito nacional, hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana para que conozca esta situación que entendemos configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

Resulta reprochable que una jurisdicción de nuestro país como la Ciudad de Buenos Aires adopte la decisión de equipar a la policía local con elementos de esta índole. Además, la República Argentina, al rechazar la Corte Suprema de Justicia el amparo, incurre nuevamente en una transgresión a normas internacionales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos.

Justamente aquello que se pone en conocimiento de la Comisión es que la República Argentina debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de trato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso debieron consistir en medidas ejecutivas pero también judiciales.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

 

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De la migración como un derecho humano a la migración como un peligro a combatir

El ODH repudia cualquier intento de persecución a las/os extranjeros que habitan nuestro suelo.

El gobierno nacional pretende crear un alojamiento con función de cárcel, destinado de manera exclusiva para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones) Conjuntamente con ello “la Dirección Nacional de Migraciones incrementó en 2016 los controles de permanencia de ciudadanos extranjeros, llegando a 8.036 operativos en todo el territorio, a fin de detectar irregularidades documentarias”…[1] y resalta estos operativos aunque sean con porcentajes muy chicos las irregularidades. En definitiva sería una “cárcel” para personas con irregularidades migratorias.

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En Argentina no es lo mismo caracterizar a la migración como un derecho que como una cuestión de seguridad nacional. La idea de la migración como un peligro alcanzó un punto de inflexión con la “ley Videla”[2] y la política de los años 90 que exacerbaron a la migración como un problema nacional. Esta orientación permitió que por años se fueran aglutinando un sin número de familias que por la imposibilidad de regularizarse quedaran expuestas a la precariedad laboral, a condiciones de vida desfavorables, a explotaciones y abusos; que permitieron generar tragedias como la del incendio en un taller de costura en la calle Luis Viale[3].

De 2004 hasta 2015, con la nueva Ley 25871, el Convenio Patria Grande, el Convenio Mercosur y otras acciones políticas, esta situación se intentó revertir. Se buscaron reparar esas irregularidades administrativas y legales que impedían el acceso a ese derecho. Sin embargo, desde 2016 con la asunción del nuevo Gobierno las medidas políticas se despegan de las acciones reparadoras de esas desigualdades – operativos móviles de regularización para radicaciones y documentación, acceso a la justicia y migraciones – fueron desmantelados. Ahora parecen reorientarse a políticas de persecución que buscan combatir la migración ya que ven al sujeto “portador de esa irregularidad” como un oponente.

La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel y la insistencia en los controles y la persecución por infracciones a la ley suponen el peligro de ver ahora a la irregularidad migratoria como un enemigo a combatir. La Ley 25871 cambió radicalmente la mirada de la migración y la reconoció como el derecho a elegir un proyecto de vida propio distinto al lugar donde se nació. Ninguna irregularidad de la misma convierte a un ser humano en un ilegal o delincuente.

Desde el ODH repudiamos este cambio de política e instamos al Gobierno de la ciudad a dejar sin efecto el plan de creación de una cárcel destinada a los migrantes.

Referencias:  http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3187

[1] http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

[2] Decreto/Ley de22439 de la última dictadura militar

[3] En 2006 en un taller textil murieron 5 niños/as y una mujer embarazada los cuales estaban reducidos a condiciones de servidumbre.

 

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El GCBA admite que los vecinos de las villas “autogestionan” el sistema cloacal

El ODH ha presentado un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad sobre la situación habitacional de las villas porteñas. En las recientes contestaciones[1], la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social) informa que en las villas la gran mayoría de los habitantes han “autogestionado” su solución cloacal y de agua. En la mayoría de los casos se hizo a través de pozos, donde se depositan eses y aguas servidas y que son limpiados esporádicamente por camiones cisterna. Esto ocurre en todas las villas, también en las que están en Puerto Madero y Retiro, dos de las zonas más caras de esta Ciudad.

Puntualmente la UGIS ha dicho que “el sistema cloacal que se utiliza en las villas y asentamientos de la ciudad varía según la disposición de Infraestructura de Red Cloacal en los barrios en los que están construidos. Las instalaciones internas de las villas y asentamiento de esta ciudad han sido realizadas, originalmente, por los propios vecinos y, cuando se detectan fallas, se corrigen reparándolas o construyendo nuevas instalaciones. Esto es referido a la Red Cloacal interna en las villas, que funcionan como colectores de las instalaciones internas de desagüe cloacal construidas por los vecinos. En la mayoría de las villas y asentamientos, cuenta con red de desagüe cloacal, pero ocurre en lugares (como el asentamiento Rodrigo Bueno y sectores de algunas villas) que no poseen red alguna cloacal cercana por lo que los vecinos construyen pozos para descargar los mismos. Esos pozos son vaciados por un servicio de atmosféricos que provee esta Unidad de Gestión e Intervención Social para zonas de alta vulnerabilidad social”.

tumblr_ny0jnysyoy1rf9hn3o1_1280La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se “enganchan” ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”[2].

Todos los días, mujeres y niños transportan y almacenan en cacerolas y baldes agua de dudosa calidad, con el consecuente riesgo sanitario que se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, dengue). Según el informe, sólo en los asentamientos de Fraga y Carbonilla el GCBA gasta mensualmente en el Transporte y distribución de agua Potable por medio de Camiones Cisternas $ 641.080,31[3].

En un estudio epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA sobre parasitosis en los habitantes de la Villa 21/24[4] la situación descripta en los resultados es dramática: 83.3 % de las personas estudiadas está afectada por alguna parasitosis. La mayoría de los parásitos diagnosticados son transmitidos mediante la ingestión de aguas contaminadas, o verduras crudas mal lavadas, o lavadas con aguas microbiológicamente no aptas para su consumo.

 

Las conexiones compartidas de agua, que constituyen la mayor proporción de las presentes en las Villas, suelen hacerse con mangueras u otros materiales no apropiados para este fin, por lo cual son comunes las filtraciones, lo que aumenta la probabilidad de contaminación fecal del agua que transportan. Algunos otros inconvenientes que trae el uso de agua proveniente de una conexión irregular son, por ejemplo, la poca presión y el hecho de que las mangueras suelen pincharse, lo que provoca su contaminación. La escasa cantidad que llega finalmente a los hogares disminuye aún más en verano, cuando más hace falta, lo que puede derivar en deshidratación y otros problemas de salud e higiene para sus habitantes.

Respecto a las obras que llevan adelante en las villas, la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, se constata que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están concentradas en atender situaciones de emergencia y en actividades de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.

[1] Nota del sr. Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión de intervención social y nota nº 377-CBAS/16 de la Corporación Buenos Aires Sur.

[2] http://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable

[3] Noticias Urbanas / 10 de mayo 2016; La Nación, 11 DE MAYO DE 2016

[4] http://www.lanacion.com.ar/864551-tiene-parasitos-mas-del-80-de-los-chicos-de-la-villa-2124

 

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