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Archivos Mensuales: abril 2012

Derecho a réplica

     En ejercicio del derecho de réplica, este Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) responde a lo que consideramos una nota desacertada, en términos generales, y agraviante, en particular respecto a este Organismo de Derechos Humanos, nota suscripta por el señor periodista Pablo Sirven, publicada por el diario La Nación del 21 de abril del corriente año (http://www.lanacion.com.ar/1466895-delincuentes-de-gatillo-facil).    Por tanto, solicitamos a los responsables editoriales del diario La Nación –y a todos los medios de comunicación del país en general– publicar, dar difusión y debate a la presente respuesta, exigiendo su publicación en similares condiciones de ubicación y tamaño editorial que la nota en responde.

      Utilizando cabriolas literarias, los primeros párrafos de la nota tratan de sensibilizar a un lector distraído y atemorizado por una situación real de inseguridad, aunque magnificada y repetida por diferentes medios de comunicación, de manera tal que un mismo hecho delictivo parece cometerse en varias oportunidades. La nota del señor Sirven intenta sorprender, al mismo lector desatento, cuando ubica la situación descrita en un posible episodio durante la última dictadura. Desarrollando su analogía, definitivamente vuelve al punto que intenta condenar, haciendo una descripción del comportamiento en “los últimos tiempos” de la “delincuencia común”, sin especificar el verdadero significado de ninguno de los dos encomillados, incluyendo también la aparición reciente de “sicarios” con ajustes de cuentas. Por último, concluye su luctuosa introducción haciendo una apología del “ladrón de otras épocas”, asesino excepcional, reivindicando sus “códigos” e incluyendo a la trata como un hecho novedoso.

     Continúa acusando al gobierno Nacional, a sus seguidores y simpatizantes, por un lado, y a los Organismos defensores de los Derechos Humanos, por el otro, de dar vuelta la cara ante los hechos de “delincuencia común”, “sicarios” y “trata” fundamentando esta acusación en una supuesta similitud metodológica de estos delitos y al número de víctimas cobradas por estos delitos desde el año 2000, lo que debería hacerlos, según la opinión del señor periodista, punibles de juicios similares a los que se están llevando a cabo contra los acusados –civiles y militares – de cometer crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Asimismo, trata de equiparar los códigos de los genocidas de la Dictadura con los de la delincuencia urbana – callejera, poniendo en vigencia una supuesta “ley Marcial”.

     Termina, también, acusando a la justicia “garantista” y a un supuesto movimiento de “garantismo” que trabaja por la libertad del delincuente más que por esclarecer el hecho. Con esta retórica confusa, el periodista llega al párrafo en que menciona el Informe 2011 del ODH, en estos textuales términos:

     “En el informe anual 2011 del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires se alerta sobre los casos de “gatillo fácil” de la policía, que, por supuesto, deben ser severamente castigados, pero nada se dice de las víctimas de una delincuencia, cuya ferocidad va in crescendo”.

     Es evidente, y esta evidencia enaltece nuestro trabajo, que Pablo Sirven ha leído, al menos en parte, nuestro informe 2011 y lo ha considerado de tal relevancia como para ser mencionado en, para su personal juicio, tan prestigiosa publicación.

     Los derechos humanos tienen cobertura universal y deben ser garantizados por el estado, términos establecidos en el “Pacto de San José de Costa Rica” de noviembre de 1969 –entre otros – incorporado a nuestra Constitución en su última reforma. Esta situación determina que los Organismos que tengan como objetivo velar por el cumplimiento de los DDHH deben observar y exigir a los Estados las políticas necesarias para que estos derechos tengan plena vigencia. Estos y no otros, son los objetivos del ODH, dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

     Esta primera aclaración pone en relieve que quien tiene la aptitud para violar los Derechos Humanos son los Estados y las instutuciones que él controla.

     Ha ido ganando espacio en la construcción del “sentido común” la banalización del concepto de Derechos Humanos. Sin embargo, dicha divulgación pasa por alto que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que surge a partir del desastre humanitario de la segunda guerra mundial y la comprobación del nazismo, vino a regular las relaciones entre los Estados y sus ciudadanos.

     Desconocer este contexto de relaciones dentro del cual se ha configurado jurídicamente el concepto de Derechos Humanos, olvida que la finalidad y legitimidad de los Estados radica en salvaguardar los derechos iguales de todos los individuos dentro una sociedad. Pasarlo por alto coadyuva a un discurso legitimador de la justicia por mano propia o mitigador de los abusos policiales.

     En este sentido, los casos de gatillo fácil cometidos por agentes de la Policía Metropolitana y denunciados por este Observatorio, los cuales someramente da cuenta el señor Sirven, resultan amparados por el mismo discurso que banaliza los Derechos Humanos.

     El razonamiento sería este: las personas –sean agentes policiales o civiles – que matan a un delincuente están haciendo un acto de justicia, al castigar a una “subpersona” que no ha respetado los derechos de los demás. Lo que parece ser el eje de pensamiento de algunos sectores es que la aplicación de los derechos humanos está en sintonía con una valoración de la vida y, por tanto, una valoración de la muerte. Para algunos no valemos todos los mismo. Si muere o es violentada una persona “respetable” para la sociedad es motivo de condena y de aplicación de la ley en sus más duros términos, ahora, cuando la víctima es una persona con otra valoración, otras costumbres u otros comportamientos, esa condena no solo no es severa sino que la convierten en acto liberador.

      El recurso utilizado por el señor periodista da a entender que no todos somos sujetos de derecho. Esta ambigüedad remite a quién o quiénes decidirán los beneficiados y a través de qué criterios. Sin embargo, Cesare Lombroso ha muerto, Auschwitz ha existido y ha desembocado en la plena vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para todos los Estados parte de los Tratados, incluido el nuestro.

     El Informe anual ODH 2011, al mencionar los casos de gatillo fácil, pretende desbaratar esta secuencia instando al Gobierno de la Ciudad a desactivar la “pedagogía represiva, autoritaria, que aleja al agente policial de la sociedad civil reforzando mecanismos de apartamiento y discriminación” puesto que “ante el despliegue de decisiones e instrucciones que reivindican la segregación por motivos sociales, políticos o religiosos, las prácticas de gatillo fácil resultan una consecuencia lógica, aunque dolorosa y lamentable.” En conclusión, el respeto –por parte del Estado – de los derechos humanos debe ponderarse para todos y todas, incluyendo a delincuentes comunes o autores de delitos de lesa humanidad.

      Los conceptos expresados por el periodista Pablo Sirven, han sido los disparadores de esta respuesta y de algunas necesarias aclaraciones, ya que, a pesar de haber leído nuestro informe, evidentemente, no ha logrado comprenderlo en toda su dimensión.

Será justicia.

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REPRESIÓN EN LA VILLA 31

 EL ODH REPUDIA LA REPRESIÓN EN LA VILLA 31 Y EXIGE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD ATENCIÓN DEL TEMA VIVIENDA

La Policía Metropolitana reprimió hoy contra un grupo de vecinos y vecinas – en su mayoría mujeres y menores – de la Villa 31 del Barrio porteño de Retiro, que manifestaban pacíficamente en reclamo al derecho a una vivienda digna y asistencia social necesaria por parte de las autoridades de la Ciudad. Ante este hecho aberrante, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su absoluto y enérgico repudio al accionar violento, irracional y desproporcionado de la Policía Metropolitana que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma, golpes a mujeres embarazadas y privación de la libertad de vecinos, menores y una persona con discapacidad.

 

En este sentido, instamos y exigimos al Gobierno de la Ciudad:

  • A utilizar el diálogo como herramienta de negociación pacífica y democrática, que muchas veces se pregona pero no se ejercita

  • Evitar el diferencial tratamiento de los vecinos y vecinas de las Villas de la Ciudad en la protesta social estableciendo un claro acto de discriminación

  • Dar solución urgente e inmediata a los problemas habitacionales de los vecinos de la ciudad en el marco del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad

  • Instruir a la Policía Metropolitana en el estricto respeto de la ley N° 2.894 de Seguridad Pública, evitando la represión indiscriminada, que pone en peligro la vida y salud de los habitantes de la ciudad.”

 

                                                                                                        O.D.H. 

 

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REPUDIO AL CIERRE DE GRADOS

El ODH REPUDIA LA DISPOSICIÓN QUE IMPULSA EL CIERRE DE 221 CURSOS EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

         Con fecha 29 de febrero de 2012 y con la firma del Director General de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gullmanelli, se publica en boletín Oficial la Disposición N° 15 DGEGE del Ministerio de Educación GCBA que indica el cierre 143 grados de nivel primario, 53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técnicas. La mencionada disposición pone en funcionamiento  el Decreto 1990/97, firmado por el entonces jefe de gobierno Fernando de la Rúa, nunca aplicado hasta ahora, que indica que se pueden fusionar aquellos cursos con menos de 20 alumnos.

 

El gobierno de la ciudad acciona, una vez más, estableciendo recortes en relación a la educación pública.  Los argumentos planteados desde el ministerio de Educación apuntan “mejorar la calidad educativa y redistribuir el espacio existente para abrir salas de nivel inicial”. Esto es totalmente falso, ya que los cierres son en su mayoría en zona norte y la mayor demanda de salas de nivel inicial es en la zona sur. Además el espacio necesario para las salas de inicial,  es totalmente distinto a las aulas de primaria, que por cierto ya cuentan con espacios reducidos de 6×6, lo que hecha por la borda la  supuesta intención de trasladar personal de la zona norte a la zona sur cuando el sistema carece de la infraestructura necesaria. Cabe aclarar que sería posible trasladar un docente de una zona a otra, pero resulta insostenible que un docente de escuela media o técnica sea afectado al nivel inicial, lo que refuerza la falsedad de los argumentos esgrimidos en defensa de la medida. No se dispone el cierre de ninguna sala de inicial.

     La medida deja nuevamente en evidencia la política de vaciamiento y el atropello a la escuela pública, situación que genera un total avasallamiento a los derechos básicos tanto de los alumnos, de los docentes y los padres resultando imposible enmarcar la medida en ninguna consideración pedagógica ni social, sólo cuestiones presupuestarias justificarían tal medida.

            Las consecuencias más graves e inmediatas de la presente intención del gobierno porteño estarán dirigidas a los docentes que pierden su fuente de trabajo, en especial aquellos que su situación de revista no les ofrece la estabilidad laboral que debiera – suplentes, interinos, contratados y los extracurriculares –  y a los alumnos que, en muchos casos se verán hacinados en espacios no aptos para esa cantidad de educandos. 

Frente al cierre de los grados  el estado no está garantizando  una educación personalizada, sitúa a los estudiantes en   lugar de “Objetos”  cuando son en realidad, indiscutiblemente,  “Sujetos de derechos”.  

Si se contextualiza la medida junto al incremento de subsidios a la educación privada, en especial a algunas instituciones religiosas, claramente se evidencia el incumplimiento de deberes asumidos años atrás, situación similar al incumplimiento de los micros para trasladar a los niños de la villa 31  a las escuelas, por mencionar un ejemplo.

 

EL CIERRE DE 221 CURSOS ES EL EQUIVALENTE A CERRAR 10 ESCUELAS PÚBLICAS EN LA CIUDAD , CON LO CUAL SE EJERCE PRESIÓN SOBRE MUCHOS SECTORES MEDIOS PARA QUE ACUDAN A LAS ESCUELAS PRIVADAS, SITUACIÓN QUE, SUMADA AL RECORTE PRESUPUESTARIO CIERRA LOS NÚMEROS PERFECTAMENTE.

Es deber del ejecutivo, en consonancia con los arts. 23 a 25 de la
Constitución de la Ciudad, garantizar el derecho a la educación pública y gratuita, sin embargo las políticas educativas dejan al sistema muy alejado en la posibilidad de generar una escuela pública inclusiva,  de calidad, para todos y todas.

           

La única forma de fortalecer nuestra democracia es respetando los derechos de todos y todas, acordados y establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Observatorio de DDHH de la Ciudad

 

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CIERRE DE GRADOS-CARTA A BULLRICH

CARTA ENVIADA AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD

Ciudad de Bs. As, 26 de marzo de 2012.-

Al Sr. Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Lic. Esteban Bullrich

De nuestra consideración:

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, nos dirigimos a usted a efecto de manifestarle nuestro repudio a la suspensión de la entrega de viandas alimentarías y refrigerios en distintos espacios donde se desarrolla el programa Puentes Escolares.

Este programa del Ministerio que usted dirige es fundamental para que estos niños puedan sostener los espacios de aprendizaje indispensables para trabajar su reinserción en los espacios más formales de educación.

Así mismo, el lazo creado con los docentes y los espacios a donde concurren, de romperse frente al cierre de esos espacios de contención y aprendizaje, sería de muy difícil reconstrucción, generando un agravamiento de las condiciones de vida de los niños que hoy concurren a estos lugares.

Es por ello que intimamos a usted a que se sostengan los programas y espacios de abordaje de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, como así también de los que se encuentran en situación de riesgo educativo. Todo esto, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales que correspondan para el resguardo de las garantías constitucionales.

                                   Saludamos muy atentamente.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH)

 

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