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Primeros pasos para la urbanización de la Villa 20 de Lugano

El pasado 12 de septiembre la Legislatura porteña aprobó –por unanimidad– el proyecto de ley referido a la llamada “reurbanización” de Villa 20. Se trata de un proyecto programático de reurbanización e integración socio-urbana de Villa y sus pobladores. Se vincula estrechamente a la histórica lucha de los vecinos de Lugano por el derecho a la vivienda digna. El plan incluiría relocalización dentro del perímetro, la construcción de nuevas viviendas y refacciones a otras ya existentes, regularización y escrituración de casas y créditos blandos del Banco Ciudad.

En 2013 el proyecto “Plan maestro para la comuna 8” de los legisladores del PRO María Spalla y Cristian Ritondo autorizaba la venta del predio, involucrado ahora en la reurbanización, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.[1] Sin embargo esto no se pudo llevar a cabo por la oposición tenaz de diferentes organizaciones y vecinos que lograron evitarlo.

Gracias a la lucha y participación de los vecinos la nueva ley reconoce espacio denominado “Mesa de Gestión Participativa”, conformado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social y delegados, vecinos y organizaciones del barrio. Esta mesa estará encargada de consensuar cómo será esa reurbanización. Se trata de un espacio participativo que intenta mostrar una voluntad política determinada. No obstante, implica un organismo que no absorbe las competencias del IVC ni de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social, por lo que sus decisiones podrán afrontar nuevos obstáculos en el futuro.

villa-202Debe señalarse que la sanción de la ley se da en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevará a cabo durante el 2018. Se recibirá a miles de deportistas en una Villa Olímpica que estará ubicada en el barrio porteño de Lugano. Además del albergue para los participantes de la competencia, se construirá un Predio Ferial Olímpico que será utilizado para distintas disciplinas. Toda esta infraestructura será, según el proyecto, reutilizada –posteriormente– en beneficio del derecho a la vivienda digna de los habitantes de Villa 20.

Por ende, la norma sancionada de reurbanización y la norma que creó el Distrito Villa Olímpica, se encuentran en íntima relación. Se prevé dejar la zona en condiciones óptimas para desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Y de las 85 hectáreas que abarca el terreno, 49 serán destinadas a espacios verdes, 20 para usos múltiples como comercio, estacionamiento, hoteles, vivienda, establecimientos educativos y/o sanitarios. Del producto de este último sector, el 50% será para la reurbanización y el otro 50% para refacciones en la comuna 8.

La política de construcción de viviendas resulta urgente e implica el cumplimiento de un mandato popular. En una ciudad que posee un déficit habitacional de casi el 20% de su población, la sanción de esta nueva ley es un premio a la lucha de los vecinos y un avance cultural hacia el cumplimiento del art. 31 de la CCABA.

Este es un gobierno de la misma fuerza que gestiona la Ciudad hace casi 9 años; triunfó en las elecciones de la ciudad prometiendo la erradicación de villas allá por el año 2007. Ya en la gestión, pasó las topadoras por el barrio Papa Francisco y lo intentó –legislativamente– con el barrio Rodrigo Bueno. No construyó –prácticamente– ninguna vivienda social nueva. Que este gobierno ahora revierta sus antecedentes y legitime el discurso histórico de los luchadores villeros, es un triunfo de la tenacidad, la perseverancia y la organización villera.

La Ley N° 1.770 para Villa 20 y la ley N° 3.343 para Villa 31 resultan una freno contra intentonas erradicadoras. Pero se han descubierto impotentes a la hora de avanzar en la urbanización de esas villas. Esta nueva norma debe superar lo programático para avanzar en mejoras concretas de la cotidianeidad de los habitantes que impliquen la vigencia concreta del derecho a la vivienda digna.

Debe remarcarse: la nueva ley no es urbanización. Tampoco es vivienda digna para sus habitantes. Es un paso importante que deberá consolidarse en planos, obras concretas y nuevas normas que garanticen el goce del derecho a la vivienda digna de todos los habitantes de Lugano, en el lugar donde viven.

[1] http://chequeado.com/el-explicador/cinco-puntos-para-entender-el-conflicto-en-la-villa-20/

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El GCBA admite que los vecinos de las villas “autogestionan” el sistema cloacal

El ODH ha presentado un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad sobre la situación habitacional de las villas porteñas. En las recientes contestaciones[1], la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social) informa que en las villas la gran mayoría de los habitantes han “autogestionado” su solución cloacal y de agua. En la mayoría de los casos se hizo a través de pozos, donde se depositan eses y aguas servidas y que son limpiados esporádicamente por camiones cisterna. Esto ocurre en todas las villas, también en las que están en Puerto Madero y Retiro, dos de las zonas más caras de esta Ciudad.

Puntualmente la UGIS ha dicho que “el sistema cloacal que se utiliza en las villas y asentamientos de la ciudad varía según la disposición de Infraestructura de Red Cloacal en los barrios en los que están construidos. Las instalaciones internas de las villas y asentamiento de esta ciudad han sido realizadas, originalmente, por los propios vecinos y, cuando se detectan fallas, se corrigen reparándolas o construyendo nuevas instalaciones. Esto es referido a la Red Cloacal interna en las villas, que funcionan como colectores de las instalaciones internas de desagüe cloacal construidas por los vecinos. En la mayoría de las villas y asentamientos, cuenta con red de desagüe cloacal, pero ocurre en lugares (como el asentamiento Rodrigo Bueno y sectores de algunas villas) que no poseen red alguna cloacal cercana por lo que los vecinos construyen pozos para descargar los mismos. Esos pozos son vaciados por un servicio de atmosféricos que provee esta Unidad de Gestión e Intervención Social para zonas de alta vulnerabilidad social”.

tumblr_ny0jnysyoy1rf9hn3o1_1280La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se “enganchan” ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”[2].

Todos los días, mujeres y niños transportan y almacenan en cacerolas y baldes agua de dudosa calidad, con el consecuente riesgo sanitario que se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, dengue). Según el informe, sólo en los asentamientos de Fraga y Carbonilla el GCBA gasta mensualmente en el Transporte y distribución de agua Potable por medio de Camiones Cisternas $ 641.080,31[3].

En un estudio epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA sobre parasitosis en los habitantes de la Villa 21/24[4] la situación descripta en los resultados es dramática: 83.3 % de las personas estudiadas está afectada por alguna parasitosis. La mayoría de los parásitos diagnosticados son transmitidos mediante la ingestión de aguas contaminadas, o verduras crudas mal lavadas, o lavadas con aguas microbiológicamente no aptas para su consumo.

 

Las conexiones compartidas de agua, que constituyen la mayor proporción de las presentes en las Villas, suelen hacerse con mangueras u otros materiales no apropiados para este fin, por lo cual son comunes las filtraciones, lo que aumenta la probabilidad de contaminación fecal del agua que transportan. Algunos otros inconvenientes que trae el uso de agua proveniente de una conexión irregular son, por ejemplo, la poca presión y el hecho de que las mangueras suelen pincharse, lo que provoca su contaminación. La escasa cantidad que llega finalmente a los hogares disminuye aún más en verano, cuando más hace falta, lo que puede derivar en deshidratación y otros problemas de salud e higiene para sus habitantes.

Respecto a las obras que llevan adelante en las villas, la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, se constata que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están concentradas en atender situaciones de emergencia y en actividades de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.

[1] Nota del sr. Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión de intervención social y nota nº 377-CBAS/16 de la Corporación Buenos Aires Sur.

[2] http://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable

[3] Noticias Urbanas / 10 de mayo 2016; La Nación, 11 DE MAYO DE 2016

[4] http://www.lanacion.com.ar/864551-tiene-parasitos-mas-del-80-de-los-chicos-de-la-villa-2124

 

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Desproporción: Aumenta el gasto en publicidad, baja elpresupuesto para derechos humanos

En los últimos 3 años, el presupuesto para publicidad aprobado por la Legislatura porteña tuvo un aumento significativo: $ 275.314.436 en 2013, $ 435.673.167 en 2014 y $ 848.544.474 este año. Puede apreciarse su incremento inaudito. Y si analizáramos los montos efectivamente ejecutados,  beneficiados por las reasignaciones presupuestarias, veríamos que son aún mayores.

El gobierno de Mauricio Macri otorgó al Grupo Clarín más pauta oficial porteña que a ningún otro proveedor. En el período 2011/2014 el multimedio Clarín recibió $ 250,7 millones; La Nación recibió $ 41,3 millones; Fox-News Corp $ 36,7 millones; Turner-Time Warner $ 16,7 millones. El acumulado de fondos con “proveedor sin identificar” alcanza la segunda posición en volumen de dinero invertido, con $ 229,9 millones. Estos fondos corresponden a proveedores de globos, afiches y cartelera en la vía pública[1].

Los diez grupos empresariales que más pauta recibieron del GCBA, acumularon entre 2011 y 2014 $ 797.781.043, el 69% del total.[2]

Empresarios cercanos al jefe de gobierno asoman en el listado. Entre ellos, Orlando Roberto Terranova y Eduardo Raúl Terranova, dueños de MDZ FM 105.5 y el portal mdzol.com (en conjunto sumaron $ 4.111.093 en el período analizado). Orlando Terranova es dueño de Publicidad Sarmiento (empresa ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño) y padre del piloto de rally Orly Terranova, que fue candidato del PRO a concejal en Mendoza en 2010. En el mismo período, el grupo Televida-Alonso de Mendoza (dueño de Canal 9, LV 10, FM 100.9 y el diario El Sol), recibió $ 944.376 del Gobierno porteño. Según la misma fuente, el Canal 4 de Posadas, cuya titularidad se disputaron en 2011, Carlos Ernesto Valenzuela y allegados a su ex socio, Ramón Puerta (amigo personal de Macri, enrolado ahora en el Frente Renovador) sumó $ 4.654.711. El grupo Aldrey Iglesias, con fuerte influencia en Mar del Plata y la Costa Atlántica, ingresó $ 4.041.071. Cadena 3, que tiene gran cobertura en Córdoba y el centro del país recibieron $ 3.682.817. Los canales 9 de Paraná y 10 de Mar del Plata, $ 3.160.144. Televisión Litoral-Grupo Golland de Rosario, $ 2.351.176 y el Grupo Raúl Kraiselburd, de La Plata, $ 1.812.391. Los medios de la Iglesia Católica, que sólo en la ciudad de Buenos Aires cuenta con cuatro FM, ingresaron $ 1,4 millones.

Por su parte, en la Legislatura Porteña se han presentado pedidos de informes porque presumen que hay pautas publicitarias fantasmas en la contabilidad porteña. Por estas mismas razones existen al menos 8 denuncias penales realizadas en contra del Jefe de Gobierno, el Secretario de Medios y el Secretario de Comunicación Social.[3]

 

Los vetos de Macri como mecanismo de encubrimiento

En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 3391 de Regulación de la Publicidad Oficial en toda la administración pública porteña. Esta ley preveía “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución” de la pauta oficial y “establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines” los cuales debían ser ejercidos por la Legislatura Porteña. De los 19 artículos que contenía el proyecto de Ley, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó mediante el decreto 122/2010[4], los 9 artículos, quitándole la esencia de los objetivos a esta ley. Tal como informa la página de normativa del GCBA se encuentra no vigente[5].

Esto debe contraponerse con el análisis de las áreas más sensibles del presupuesto porteño[6]: Salud, Educación y Vivienda; las cuales, lejos de verse beneficiadas con aumentos presupuestarios, no alcanzaron ni siquiera a sostener los niveles de inversión pública.

Conforme un informe reciente[7], analizando el Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 se observa que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que mayor asignación tiene para obras ($3.631.179.993), lo que representa un 10,7% más de lo asignado en 2014. Esta suma supera ampliamente la asignada a carteras vinculadas directamente con la garantía de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación (que tiene asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud (que tiene asignados $ 873.712.999).

En ese mismo informe se detalla cosas que parecieran insólitas, pero no lo son. La decoración navideña del micro-centro tiene asignado u presupuesto de 8 millones de pesos. Mientras que las obras de Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía, tienen asignado $ 6.390.000. La instalación de bares en parques públicos tiene una partida de $ 3.000.000, mientras que la totalidad de las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social suman $ 2.500.000. Una partida $ 65.000.000 de Mantenimiento interno del Microcentro se contrapone con la de la totalidad de las obras presupuestada para la Unidad de Gestión e Intervención Social que corresponden a villas y asentamientos, que suman $ 27.573.260. Del mismo modo que la partida de para Barrios de Buenos Aires, solo contempla a los barrios de Puerto Madero -$ 30.000.000- y las Cañitas -$ 5.000.000. Mucho menor es la suma que se asigna a los trabajos del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000.

Resulta paradigmático el caso del Hospital Garrahan, que sufrió una reducción del 18,5% este año en los aportes que correspondían al gobierno porteño. Esto afecta la continuidad de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la atención como también la adquisición de insumos.[8] Este centro asistencial, considerado máximo referente de la salud pública y de complejidad, tiene proyectado un presupuesto de 2.300.000.000 de pesos para el 2015 de los cuales el 50% los aporta la Ciudad de Buenos Aires y el resto el gobierno nacional.

Otro ejemplo es la desaparición de los aportes del GCBA a los Sitios de Memoria de la Ciudad, los cuales fueron transferidos al Estado Nacional en materia de su administración, ya que el GCBA los había desfinanciado[9]. La Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero unos $ 5 millones fueron restringidos, quedando tan sólo $ 1,3 millones para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria que funcionan en la ciudad[10]. Como queda de manifiesto, los montos que necesarios para estos sitios históricos no eran exorbitantes, sin embargo la decisión política del Gobierno de la Ciudad, al igual que con el Hospital Garrahan, fue la de dejarlos sin recursos. Debido a este tipo de situaciones el Estado Nacional propició el acuerdo para tener a su cargo a los Sitios de Memoria de la Ciudad.

En materia de Vivienda, la muerte del joven que cayó al ceder la baranda del edificio en Villa Soldati da cuenta de la desidia con la que el GCBA aborda los reclamos de los sectores vulnerables. La Ciudad tenía presupuesto para hacer obras pero no lo invirtió. El Instituto de la Vivienda porteño ejecutó durante el primer trimestre de 2015 apenas el 9,3% del presupuesto asignado al área. El Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que incluye el edificio donde el joven Cristian Crespo falleció, sólo se ejecutó 17,6 millones de pesos de un total de 195,3[11]. De la misma manera, la mayoría de las villas y asentamientos de la CABA ha tenido que recurrir a la justicia mediante acciones de amparo para intimar al Gobierno de Macri a intervenir a efectos de reducir el riesgo de posibles incendios, por falta de tendido eléctrico en condiciones básicas de seguridad[12]. Lo mismo ocurre con la provisión de agua potable, el ingreso de las ambulancias a esos barrios, entre muchos otros reclamos que debieron realizarse a través de los Tribunales y que aún así son incumplidos.

La gestión del PRO ha puesto de manifiesto una asignación presupuestaria que prioriza los gastos superfluos, con fines de promoción de sus supuestos actos de gobierno, por sobre la efectivización de los Derechos Humanos en el ámbito de la CABA.

Como se pone de manifiesto, los montos necesarios para garantizar la vida, la vivienda y salud de las personas están disponibles en la ciudad, pero es la decisión política del Estado local la que otorga mayor importancia al aparato de publicidad y propaganda que al bienestar de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la constitución de la Ciudad obliga al gobierno a garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Por ello, advertimos que en ese afán propagandístico hay un obrar inconstitucional que es necesario desenmascarar.

Si a esto le sumamos los casos de corrupción de la gestión PRO, que se han conocido recientemente, concluimos que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no cumple con la asignación constitucional de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda de los habitantes de esta ciudad, pero vehiculiza partidas para publicidad o cajas negras, desatendiendo sus responsabilidades constitucionales.

En este sentido, por el equivalente de los supuestos contratos que el Gobierno de la Ciudad celebró con Fernando Niembro (aproximadamente 23 millones de pesos), podrían asignarse partidas para más de 3 reconstrucciones integrales de Hospitales, como las atribuidas al Hospital Ramos Mejía. Del mismo modo, si las fondos pagados a las asociaciones vinculadas al diputado del PRO Eduardo Amadeo hubiesen sido aplicados a las mejoras de Villa 3, ese presupuesto se habría quintuplicado y se avanzaría hacia el goce de servicios públicos por parte de los habitantes de ese barrio.

Ante ello, como ODH, denunciamos públicamente que la utilización de plata negra o amarilla por parte del Gobierno PRO no solamente es cuestionable desde el punto de vista ético sino que tiene una directa correlación con los fondos que faltan para garantizar los derechos humanos de la ciudad. Por ende, esos manejos turbios no solo están reñidos con la moral, sino con la Constitución.

[1]              Data Buenos Aires

[2]              http://www.lanacion.com.ar/1776914-la-proyeccion-nacional-y-regional-de-macri-el-eje-del-reparto-de-la-pauta-oficial-de-la-ciudad

[3] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282287-2015-09-23.html

[4] http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2010/02/20100202.pdf

[5] http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php

[6] https://odhbsas.wordpress.com/informes/

[7] http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Documentos-ACIJ.-Presupuesto-y-Derechos-Sociales-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.-Julio-2015.pdf

[8] http://www.telam.com.ar/notas/201412/89529-denuncian-que-la-reduccion-presupuestaria-del-gobierno-porteno-al-hospital-garrahan-afectara-obras-e-insumos.html

[9] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-245843-2014-05-09.html

[10] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-148124-2010-06-23.html

[11] http://www.infonews.com/nota/247115/la-clave-para-entender-la-muerte-en-villa-soldati-subejecucion-en-vivienda

[12] http://mundovilla.com/indexMV.php

 

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El sobreseimiento de Macri en la causa UCEP

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudia el reciente fallo dictado en la causa “UCEP” que sobresee al Jefe de Gobierno Mauricio Macri y al ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

La tristemente célebre Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada por Mauricio Macri mediante el Decreto N° 1232/08 publicado en el Boletín Oficial (29/10/08), tenía entre sus objetivos “el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores”, atribuyéndose facultades judiciales ajenas a la órbita de la Administración (cfr. art. 12º del Decreto Nº 1510/97). Es decir, dejaba al arbitrio de simples funcionarios de bajo rango administrativo la calificación del tipo penal “usurpación”. Esta facultad que está reservada a un juez, podía definirla cualquiera de los agentes de la patota UCEP según su criterio.

registro de un desalojo de la UCEP en 2008

registro de un desalojo de la UCEP en 2008

De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes: violencia sobre menores y adultos, abusos sexuales sobre mujeres embarazadas, sustracción de documentos, medicamentos a enfermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales de personas en situación de calle. En total fueron 444 operativos, según respondió la propia UCEP a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo.

Para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad proveyó a los agentes de la UCEP vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipunzantes. Para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operativos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad –como el programa Buenos Aires Presente (BAP)– relevaran durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle.

De la prueba surgen evidencias de que varios de los operativos fueron a requerimiento de los principales referentes del PRO, Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, según se infiere de la aparición de sus iniciales en la respuesta brindada por la UCEP a la Defensoría.

El Juez Cubas, por el contrario interpreta como solo un error el haber utilizado “el término ‘usurpadores’”. Yerra el juez cuando argumenta el sobreseimiento diciendo que “a pesar del término usurpadores, la norma prescribía que las vías para mantener el espacio público libre eran la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. Para el Juez Cubas “se estipulaba claramente cuáles eran las herramientas para lograr el propósito”. Sin embargo, la configuración del delito de usurpación era declarada por un simple empleado administrativo.

Tampoco es cierto que no existieran evidencias de la participación de Macri en la realización de los operativos. En el listado presentado por la propia UCEP hay un operativo de la calle Esteban De Luca done aparece el Jefe de Gobierno como la persona lo requirió.

Por su parte, consideramos positivo el procesamiento de los funcionarios operativos de la UCEP. Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo fueron procesados -junto a otros 2 funcionarios más- sin prisión preventiva- por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y los embargó por 100 mil pesos. Resulta satisfactoria la valoración del Juez respecto a estos funcionarios ya que “por sus cargos y funciones fueron quienes indefectiblemente dispusieron tal actuación de los agentes y no podían desconocerla”. Sobre todo Rodríguez Simón y Polini, que “fueron los jefes máximos del organismo y tenían el poder de decisión, dirección y control sobre la UCEP”, dijo el juez.

Fabián Rodríguez Simón es candidato por el PRO para el Parlasur. Repudiamos que esta fuerza, que se enuncia republicana, mantenga la postulación a una representación internacional de un procesado por delitos graves, como es el caso de Rodríguez Simón. Instamos a que el PRO desista de presentar al sujeto procesado a esa candidatura.

Desde este Observatorio seguiremos bregando porque se llegue a encontrar la responsabilidad judicial de las más altas jerarquías del Gobierno porteño en la causa UCEP, es decir, Macri y Piccardo.

Video 2009 https://www.youtube.com/watch?v=lLKXL778khU

 

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Respuesta del GCBA sobre la muerte del niño en Rodrigo Bueno

Sobre la falta de medidas adoptadas por el GCBA para garantizar derechos fundamentales en el Barrio Rodrigo Bueno y el desconocimiento por parte de Rodriguez Larreta de la muerte del niño que cayó en un pozo ciego.

Rodríguez Larreta Desde el ODH observamos el desinterés y negligencia del Gobierno de la Ciudad sobre la situación de vulnerabilidad en que viven los habitantes de las villas porteñas. Esta situación ha provocado muertes evitables. Nos preocupa además, el desconocimiento por parte del Jefe de Gabinete Porteño y precandidato a Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, de la muerte de un niño de 13 años en el Barrio Rodrigo Bueno, como consecuencia de la deficiente situación habitacional y la falta de políticas públicas a cargo de su gobierno.

El fallecimiento de Gastón, un niño que vivía con su familia, ocurrió el 8 de marzo al caer en pozo ciego que hay en una calle del Barrio por la falta de red cloacal. Además, la ambulancia tardó 40 minutos en llegar para asistirlo. El terrible hecho cobró estado público y desde el ODH se cursó un pedido de informes al GCBA conforme a la Ley Nº 140.

De la respuesta recibida por el ODH ante el pedido de Informes realizado surgen varios datos preocupantes:

Por ejemplo, el GCBA informa que se ha provisto de camiones atmosféricos y cisternas, pero no se han construido cloacas, ni se encuentran proyectadas. Por otro lado, afirma que mantienen el acceso al barrio por calle de tierra, lo que da cuenta de la falta de obras de asfaltado ni la proyección de las mismas. Pero lo más alarmante es que se informa que la reconstrucción de viviendas hechas por la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) en 2013 fue de siete casas, y en 2014 fue sólo de una.

Es decir, un descenso notable, dejando en evidencia que no existen medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vivienda digna y al espacio público seguro de las personas que habitan en el barrio Rodrigo Bueno.

Mientras tanto, el Jefe de Gabinete, Horacio Rodriguez Larreta, frente a la pregunta de la periodista María O Donell en Radio Continental sobre el caso de la muerte de Gastón manifestó su absoluto desconocimiento del hecho al responder que “no conoce el caso”.

Esto muestra el profundo desinterés de Rodríguez Larreta sobre la situación en las villas y corrobora la negligencia y la falta de responsabilidad con la que actúan los funcionarios que deben solucionar los problemas habitacionales en la Ciudad.

 

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EL ODH PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORME SOBRE LA MUERTE DE UN JOVEN EN EL BARRIO RODRIGO BUENO

Manifestación por la urbanización del barrio

 

 

 

 

 

 

 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de Espacio Público, Salud y a la Secretaría de Hábitat e Inclusión a raíz de un fallecimiento en el Barrio Rodrigo Bueno. El 8 de marzo un adolescente de 13 años llamado Gastón murió al caer en un pozo ciego en la manzana 2 del barrio cercano a la Costanera Sur de la Ciudad. La urbanización de este barrio solicitada por los vecinos es una materia pendiente desde hace años. El Estado porteño es responsable por las muertes evitables que allí suceden por falta de infraestructura y garantías mínimas de vivienda.

El ODH solicita que se informe:

– La normativa sobre el acceso al sistema de cloacas en el Barrio Rodrigo Bueno y el estado del sistema de cloacas en ese barrio.

Hasta tanto se termine el proceso judicial que frena la urbanización, el ODH solicita que se informe:

– Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna y al espacio público seguro de las personas que habitan en el barrio Rodrigo Bueno.

– Las medidas adoptadas para garantizar la vida de las personas que habitan el barrio.

– Las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los servicios públicos (agua, luz, cloacas, otros) de las personas que habitan el barrio Rodrigo Bueno.

– Las medidas concretas que tomó el Gobierno de la CABA y particularmente el Ministerio de Salud, para garantizar la asistencia en emergencias para las personas que habitan los barrios vulnerables de la Ciudad, y de esta manera proteger la vida y el bien jurídico salud el que debe ser protegido en la mayor medida posible.

Este pedido se basas en el art. 1º de la ley 104. La información solicitada debe ser proporcionada en un plazo no mayor a 10 días. Ante el incumplimiento de este plazo queda habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad. El ODH solicita esta información para procesarla, analizarla y evaluar los pasos a seguir.

La Jueza Elena Liberatori dictó un fallo que ordenaba a la Ciudad a “adoptar las medidas necesarias para la integración urbanística y social” del barrio. El gobierno porteño apeló este fallo y en octubre del año pasado la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocó la resolución. La Defensoría General realizó una nueva apelación, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, que tiene actualmente a su cargo la resolución definitiva.

Una vez más, la inacción del Gobierno de la Ciudad frente a la grave situación de las villas provoca muertes evitables. La urbanización del Barrio Rodrigo Bueno es una obligación del Poder Ejecutivo de la Ciudad que con distintos mecanismos burocráticos sigue postergando.

 

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La Justicia desconoce el derecho de los habitantes del Barrio Rodrigo Bueno

rodrigobueno2

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad manifiesta su más profundorechazo al reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en loContencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que desconoce el derechode los habitantes del Barrio “Rodrigo Bueno” a la urbanización del lugar dondehabitan desde hace más de 30 años.

La sentencia, que cuenta con el voto de los magistrados Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima – con la disidencia de la Dra. MabelDaniele – se encuentra en absoluta discordancia con la normativa constitucional, en tanto realiza una interpretación sumamente incorrecta delArtículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En este punto, cabe señalar que la apreciación de los camaristas del derecho a la vivienda resulta restrictiva en tanto se limita alas disposiciones del inciso 1 del art. 31, olvidandola existencia de dos incisos más que señalan – entre otras cosas – que la Ciudad promueve “la integraciónurbanística y social de los pobladores marginados, … con criterios deradicación definitiva.”

En este sentido, el fallo luce totalmente disconforme conla normativa constitucional, ya que revoca la decisión de la magistrada de primera instancia de urbanizar el Barrio “Rodrigo Bueno” llevando a los habitantes del lugar a un próximo desalojo del predio, sin garantizar les primero, una vivienda digna a la cual trasladarse. Decisión que a las claras empeora la situación de vulnerabilidad de los vecinos del Barrio.

Insólitamente, para los magistrados la sola entrega de un subsidio a los habitantes a cambio de su retiro de la zona, no luce arbitraria ni ilegítima, consideración que a todas luces choca con la protección de la vivienda que realiza la Constitución de la Ciudad, Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos vigentes para la Argentina.

Justamente la entrega de una suma irrisoria de dinero no resulta ser una herramienta útil para mejorar la situación habitacional actualde los vecinos del Barrio, ya que por lo insuficiente no les  permite el real acceso a otra vivienda familiaren la Ciudad – lo cual los propios magistrados reconocen, en tanto señalan queno pueden garantizar que el monto de los subsidios guarde adecuada proporcióncon los precios del mercado actual.

Por último, cabe señalar que durante el proceso judicial se demostró que el desarrollo del Barrio “Rodrigo Bueno” no afecta demodo alguno el derecho de los habitantes de la Ciudad a gozar de un medioambiente sano, en tanto, los terrenos que ocupan pacíficamente los vecinos resultan ser sólo un 0,89% de la superficie total de la Reserva Ecológica, no habiendo sido nunca dicho espacio utilizado para el desarrollo de la misma, ni perjudicando la existencia del Barrio el uso público del distrito, en tanto esposible emplear el actual camino al que tienen acceso los visitantes sin que seinterfiera con los límites de Barrio.

Por otra parte, ha sido materia de prueba que el Barrio“Rodrigo Bueno” resulta preexistente a la Reserva Ecológica, ya que tal como seseñaló viene desarrollandose desde hace más de 30 años – contando en la actualidad con casas en buenas condiciones, algunas de material, construidas con el propio esfuerzo de los habitantes. Por su parte el GCBA no sólose mantuvo durante años ajeno al progreso del Barrio, sino que también olvidóla protección medioambiental de la Reserva Ecológica permitiendo la instalaciónde un depósito de autos por parte de la Policía Federal Argentina, que no sólor epercute negativamente en la salud de los habitantes del Barrio, sino que esfuente de contaminación de la flora y fauna del ecosistema que el Ejecutivo“dice” pretender conservar.

Por todo ello, rechazamos la sentencia dictada ymanifestamos nuestra preocupación respecto del grado de retroceso que significaavalar judicialmente la política de desalojo con subsidio elegida por elGobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, alertamos sobre el posible desarrollo de medidasde carácter expulsivo por parte del Estado Local, tal como ha venido ocurrien dodurante la tramitación del juicio – según señalaron los actores del proceso – ,situación que se podría agudizar a raíz del injusto decisorio dictado por los camaristas de la Sala II, Dres. Centanaro y Lima.

 
 
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