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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

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LOS CIEN DÍAS DE MACRI

LOS CIEN DÍAS DE MACRI

El impacto de los despidos en reparticiones gubernamentales, la detención y amedrentamiento a los líderes sociales y sindicales, el deterioro de los salarios por la devaluación cambiaria, la suba de los alimentos, insumos y servicios, el retroceso en la democratización de la comunicación con los cambios decretados a la ley de servicios de comunicación audiovisual y el accionar de grupos monopólicos que se ven favorecidos, el re endeudamiento proclamado a partir del pago a los fondos buitre, por solo mencionar algunas medidas, empeoran las condiciones de vida de los sectores mayoritarios. Estas políticas afectan directamente los derechos sociales, económicos y culturales y desprecian el esfuerzo económico, la paciencia y la capacidad innovadora que tuvo el pueblo para la superación de la crisis del 2001/2002.

Hasta el 10 de diciembre último, pudimos constatar el posicionamiento del Estado Nacional en procura de la ampliación de derechos, objetivo que guío las distintas políticas públicas llevadas a cabo. Esto funcionó como una lógica de cohesión y protección para los grupos más vulnerados. En este sentido, los procesos de lucha y organización sectoriales tuvieron su correlato en nuevas leyes y programas gubernamentales. Generalmente el Estado fue permeable y respondió a la demanda colectiva de las necesidades.

Pudieron articularse distintos actores políticos en redes sociales, frentes sindicales, sectores productivos y profesionales que interpelaron al propio Estado que asumió un rol no neutral en relación a los sectores hegemónicos. Los derechos humanos tuvieron un Estado que intentó garantizarlos y procuró su promoción a través de diversos programas ministeriales.

La asunción de Cambiemos al poder, con su impronta neoliberal, ha determinado la modificación de los patrones de consumo y reparto como motor del desarrollo. En estos 100 días ya se observan como prioridad a las acciones financieras con capitales transnacionales que reportan ganancias a las corporaciones y han redundado en la pérdida de derechos laborales de un sector importante de la población.

La intervención de la policía ejerce una violencia y acoso público sobre las personas, transmite un patrón discriminatorio que acentúa la segmentación y la inseguridad social. La represión directa está dirigida a entidades culturales, dirigentes sociales, jóvenes, trabajadores, inmigrantes. Las razzias y los cacheos a discreción han vuelto a ser moneda corriente. La “portación de cara” se ha reinstalado como medida de lucha contra el delito. Lejos de perseguir o disminuir la criminalidad instala la vivencia de un enemigo interior; distrae la mirada de los focos de peligro real. Con una lógica punitivista se insiste en patrones racistas de persecución penal que, por lo demás, ya fracasaron una y otra vez.

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Fueron tan defensores de las instituciones en sus discursos de campaña, como arbitrarios ahora en la selección de los derechos a vulnerar dentro de los reconocidos por los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. Los primeros 100 días de gobierno indican que se puede proclamar la República y hasta gozar de prestigio entre los sectores urbanos de la población, influenciados por la prensa dominante, pero al mismo tiempo quebrantar los derechos esenciales de la mayoría de la población mientras regresan los altares a la Seguridad Jurídica.

Una vez más en nuestra historia, se verifica que la derecha conservadora es contundente y los efectos de sus políticas conllevan consecuencias estructurales. La experiencia nos indica que en un país donde empeoran las condiciones materiales de vida, la garantía de derechos no es posible. La vigencia de los derechos se ve afectada si se detiene el desarrollo.

En este sentido, los derechos se constituyen a partir de una práctica, parten de la manifestación de las necesidades en un espacio cultural, expresan el interés colectivo según la identidad asida al tejido social. Cuando las personas sostienen una lucha para mejorar o restituir sus derechos, se condiciona inevitablemente su relación con el Estado.

En el presente, recibimos denuncias sobre la libertad de expresión, el incumplimiento de los servicios públicos y la cobertura de salud provenientes de diversas personas y espacios. Sin pretender hacer un diagnóstico, observamos que el impacto de las actuales políticas abarca grupos de diferente inserción social que refieren problemas que empeoran su calidad de vida. Esto indica una percepción social que ratifica el retroceso en la vigencia de los derechos humanos.

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Nuestra militancia en la presentación de informes que toman como marco la Constitución de la CABA y las acciones conjuntas con variados sectores nos han vinculado con problemas concretos de las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Algunos solo pudieron ser resueltos a través de la herramienta judicial. Otros, a partir de la articulación con esas organizaciones reclamando el reestablecimiento de la senda del Derecho. Hemos podido comprobar que los Derechos Humanos son lucha. Constante, persistente y paciente. Ese es el camino que seguiremos surcando.

Análisis del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) a 100 días de Gobierno de Mauricio Macri.

 

 

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EL ODH IMPUGNÓ A LOS CANDIDATOS DE MACRI A LA CORTE SUPREMA

Siguiendo el mecanismo para presentar impugnaciones a los jueces postulados a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) impugnó, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la designación de los abogados Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti propuestos para ocupar cargos vacantes.

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Consideramos que los postulantes fueron designados por fuera del procedimiento legalmente previsto y sin el correspondiente acuerdo del Senado de la Nación, tal como estipula el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, por lo tanto resulta ilegal su puesta en funciones.

La omisión de los propios candidatos de rechazar sus designaciones, inconstitucionales e ilegales, exponen a la luz pública su falta de probidad e imprescindible independencia respecto del poder político, a la que están obligados quienes son propuestos para ocupar la cabeza del Poder Judicial. Tamaña actitud de los candidatos, tolerantes con un mecanismo impropio para su propio nombramiento, los desacredita de modo absoluto y contraría la ética en el obrar que es esencial en estos casos.

El Dr. Horacio Daniel Rosatti, en su Tratado de Derecho Constitucional se opuso al método de designación de jueces “en comisión”; el mismo que el Gobierno aplicó para con él y que aceptó. En el texto que lleva su firma, advierte que ese mecanismo de nombramiento -que proviene de la Constitución de 1853- “se mantiene como inciso 19 del artículo 99” y “tiene sus complicaciones”. ¿Cuáles son? Según explica el propio Rosatti, genera problemas de “seguridad jurídica” por la “provisoriedad” de la función, deja la duda de si el Poder Ejecutivo mientras dura el interinato puede nombrar a otra persona para el mismo cargo, y especifica que pasa por alto los mecanismos de selección establecidos en el texto constitucional.
Además, Rosatti, en su Tratado, participa de un criterio constitucional receptor de una línea interpretativa conservadora y largamente superada, en donde distingue las cláusulas constitucionales entre operativas y programáticas, y sostiene que el derecho a la vivienda constituye una cláusula programática, de suerte tal que (textual): “El acceso a una vivienda digna no expresa un deber reclamable judicialmente al Estado”, en clara pugna con la Constitución Nacional e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. Esto lo inhabilita para ejercer la máxima función en la judicatura en sintonía con el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Al Dr. Carlos Fernando Rosenkrantz debe reprochársele haber cuestionado en el artículo de su autoría: “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)”, dos decisiones de suma relevancia dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como fueron los fallos “Simón” –que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de “obediencia debida” y “punto final”- y “Mazzeo” –que declaró la inconstitucionalidad de los indultos-. Estos fallos habilitaron el juzgamiento y condena a los responsables de la última dictadura cívico-militar. Por ende, convalidar esta postulación implicaría revertir el impulso de los juicios en materia de delitos de lesa humanidad como política de Estado impulsada hasta por la propia Corte Suprema.
Además, el Dr. Rosenkrantz es titular del Estudio Jurídico BOUZAT, ROSENKRANTZ & ASOCIADOS, cuya página web informaba un listado de sus clientes. Esta lista –luego del decreto 83/15- fue reformulada y ya no se encuentra disponible al público. Las diversas empresas que conforman los clientes de ese estudio (entre esos clientes Grupo Clarín, Cablevisión SA, el GP Investment y el diario La Nación), cuanto menos, torna ilusorio el deber de objetividad que debe tener un juez de la Nación. Evidenciando la clara posibilidad de que se planteé conflicto de intereses con el rol público al que aspira.

Por ende, desde el ODH consideramos que ninguno de los dos candidatos se encuentra apto para ejercer la función a la que se los postula. Esperamos que nuestra impugnación sea atendida y se designen dos nuevos jueces que cumplan con los requisitos necesarios para tamaña responsabilidad, tal como lo dice la Constitución.

 

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EL ODH LLEVÓ A LA CORTE EL CASO DE LAS NEOPICANAS TASER.

LA CSJN TENDRÁ QUE RESOLVER SI AUTORIZA A LA POLICÍA METROPOLITANA A USAR LAS PISTOLAS ELÉCTRICAS.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) – junto con la Defensoría General de la Ciudad – presentó hoy un Recurso de queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA había denegado el recurso extraordinario presentado, con lo cual ratificaba su autorización al Gobierno de la Ciudad equipar a la Policía Metropolitana con neopicanas Taser X26.

El Recurso extraordinario del ODH y la Defensoría Gral. de la Ciudad había sido acompañado públicamente por organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, CELS, APDH, CHA, Amnistía Internacional y por los sindicatos UTE- CTERA, ATE Capital y Judiciales, entre otros.

 

En esta nueva preTaser-x26sentación ante la Corte reiteramos lo que venimos advirtiendo desde 2010 cuando interpusimos un amparo para evitar que la Policía Metropolitana adquiriera las neopicanas Taser: Denunciamos -y probamos- que las armas Taser X26 son un elemento de tortura y que en diversos casos -de imposible previsión- causan la muerte de las personas.

Fueron 3 sentencias, de 2 instancias diferentes, que dieron la razón a nuestro planteo. Recién este año, en un fallo de alto contenido político, el Tribunal Superior de la Ciudad falló a favor del Gobierno de Mauricio Macri, permitiendo a su policía salir con elementos de tortura a la calle.

Desde el Observatorio sostenemos que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, lo cual fue corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional.

Mauricio Macri dispuso como modelo de seguridad para la Policía Metropolitana al procesado -y cultor de la dictadura- Jorge “Fino” Palacios; mandó a sus efectivos a hacer cursos en ILEA, la nueva escuela de las Américas en El Salvador; tuvo su bautismo de fuego con la represión en el Parque Indoamericano, asesinando a dos personas; y luego en el Hospital Borda y equipó la fuerza con elementos de tortura, como las Taser.

Ahora, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. Es la misma Corte, la que -en palabras de su presidente- los juicios por delitos de Lesa Humanidad son política de Estado. Es esta Corte la que debe ser clara y despejar todo atisbo de dudas. La Argentina no puede permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina.

Por eso, esperamos que la Corte revoque el fallo del TSJ y prohíba definitivamente la utilización de la Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana y cualquier otra fuerza de defensa y seguridad.

Picanas: Nunca Más.

 

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Desproporción: Aumenta el gasto en publicidad, baja elpresupuesto para derechos humanos

En los últimos 3 años, el presupuesto para publicidad aprobado por la Legislatura porteña tuvo un aumento significativo: $ 275.314.436 en 2013, $ 435.673.167 en 2014 y $ 848.544.474 este año. Puede apreciarse su incremento inaudito. Y si analizáramos los montos efectivamente ejecutados,  beneficiados por las reasignaciones presupuestarias, veríamos que son aún mayores.

El gobierno de Mauricio Macri otorgó al Grupo Clarín más pauta oficial porteña que a ningún otro proveedor. En el período 2011/2014 el multimedio Clarín recibió $ 250,7 millones; La Nación recibió $ 41,3 millones; Fox-News Corp $ 36,7 millones; Turner-Time Warner $ 16,7 millones. El acumulado de fondos con “proveedor sin identificar” alcanza la segunda posición en volumen de dinero invertido, con $ 229,9 millones. Estos fondos corresponden a proveedores de globos, afiches y cartelera en la vía pública[1].

Los diez grupos empresariales que más pauta recibieron del GCBA, acumularon entre 2011 y 2014 $ 797.781.043, el 69% del total.[2]

Empresarios cercanos al jefe de gobierno asoman en el listado. Entre ellos, Orlando Roberto Terranova y Eduardo Raúl Terranova, dueños de MDZ FM 105.5 y el portal mdzol.com (en conjunto sumaron $ 4.111.093 en el período analizado). Orlando Terranova es dueño de Publicidad Sarmiento (empresa ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño) y padre del piloto de rally Orly Terranova, que fue candidato del PRO a concejal en Mendoza en 2010. En el mismo período, el grupo Televida-Alonso de Mendoza (dueño de Canal 9, LV 10, FM 100.9 y el diario El Sol), recibió $ 944.376 del Gobierno porteño. Según la misma fuente, el Canal 4 de Posadas, cuya titularidad se disputaron en 2011, Carlos Ernesto Valenzuela y allegados a su ex socio, Ramón Puerta (amigo personal de Macri, enrolado ahora en el Frente Renovador) sumó $ 4.654.711. El grupo Aldrey Iglesias, con fuerte influencia en Mar del Plata y la Costa Atlántica, ingresó $ 4.041.071. Cadena 3, que tiene gran cobertura en Córdoba y el centro del país recibieron $ 3.682.817. Los canales 9 de Paraná y 10 de Mar del Plata, $ 3.160.144. Televisión Litoral-Grupo Golland de Rosario, $ 2.351.176 y el Grupo Raúl Kraiselburd, de La Plata, $ 1.812.391. Los medios de la Iglesia Católica, que sólo en la ciudad de Buenos Aires cuenta con cuatro FM, ingresaron $ 1,4 millones.

Por su parte, en la Legislatura Porteña se han presentado pedidos de informes porque presumen que hay pautas publicitarias fantasmas en la contabilidad porteña. Por estas mismas razones existen al menos 8 denuncias penales realizadas en contra del Jefe de Gobierno, el Secretario de Medios y el Secretario de Comunicación Social.[3]

 

Los vetos de Macri como mecanismo de encubrimiento

En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 3391 de Regulación de la Publicidad Oficial en toda la administración pública porteña. Esta ley preveía “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución” de la pauta oficial y “establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines” los cuales debían ser ejercidos por la Legislatura Porteña. De los 19 artículos que contenía el proyecto de Ley, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó mediante el decreto 122/2010[4], los 9 artículos, quitándole la esencia de los objetivos a esta ley. Tal como informa la página de normativa del GCBA se encuentra no vigente[5].

Esto debe contraponerse con el análisis de las áreas más sensibles del presupuesto porteño[6]: Salud, Educación y Vivienda; las cuales, lejos de verse beneficiadas con aumentos presupuestarios, no alcanzaron ni siquiera a sostener los niveles de inversión pública.

Conforme un informe reciente[7], analizando el Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 se observa que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que mayor asignación tiene para obras ($3.631.179.993), lo que representa un 10,7% más de lo asignado en 2014. Esta suma supera ampliamente la asignada a carteras vinculadas directamente con la garantía de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación (que tiene asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud (que tiene asignados $ 873.712.999).

En ese mismo informe se detalla cosas que parecieran insólitas, pero no lo son. La decoración navideña del micro-centro tiene asignado u presupuesto de 8 millones de pesos. Mientras que las obras de Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía, tienen asignado $ 6.390.000. La instalación de bares en parques públicos tiene una partida de $ 3.000.000, mientras que la totalidad de las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social suman $ 2.500.000. Una partida $ 65.000.000 de Mantenimiento interno del Microcentro se contrapone con la de la totalidad de las obras presupuestada para la Unidad de Gestión e Intervención Social que corresponden a villas y asentamientos, que suman $ 27.573.260. Del mismo modo que la partida de para Barrios de Buenos Aires, solo contempla a los barrios de Puerto Madero -$ 30.000.000- y las Cañitas -$ 5.000.000. Mucho menor es la suma que se asigna a los trabajos del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000.

Resulta paradigmático el caso del Hospital Garrahan, que sufrió una reducción del 18,5% este año en los aportes que correspondían al gobierno porteño. Esto afecta la continuidad de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la atención como también la adquisición de insumos.[8] Este centro asistencial, considerado máximo referente de la salud pública y de complejidad, tiene proyectado un presupuesto de 2.300.000.000 de pesos para el 2015 de los cuales el 50% los aporta la Ciudad de Buenos Aires y el resto el gobierno nacional.

Otro ejemplo es la desaparición de los aportes del GCBA a los Sitios de Memoria de la Ciudad, los cuales fueron transferidos al Estado Nacional en materia de su administración, ya que el GCBA los había desfinanciado[9]. La Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero unos $ 5 millones fueron restringidos, quedando tan sólo $ 1,3 millones para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria que funcionan en la ciudad[10]. Como queda de manifiesto, los montos que necesarios para estos sitios históricos no eran exorbitantes, sin embargo la decisión política del Gobierno de la Ciudad, al igual que con el Hospital Garrahan, fue la de dejarlos sin recursos. Debido a este tipo de situaciones el Estado Nacional propició el acuerdo para tener a su cargo a los Sitios de Memoria de la Ciudad.

En materia de Vivienda, la muerte del joven que cayó al ceder la baranda del edificio en Villa Soldati da cuenta de la desidia con la que el GCBA aborda los reclamos de los sectores vulnerables. La Ciudad tenía presupuesto para hacer obras pero no lo invirtió. El Instituto de la Vivienda porteño ejecutó durante el primer trimestre de 2015 apenas el 9,3% del presupuesto asignado al área. El Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que incluye el edificio donde el joven Cristian Crespo falleció, sólo se ejecutó 17,6 millones de pesos de un total de 195,3[11]. De la misma manera, la mayoría de las villas y asentamientos de la CABA ha tenido que recurrir a la justicia mediante acciones de amparo para intimar al Gobierno de Macri a intervenir a efectos de reducir el riesgo de posibles incendios, por falta de tendido eléctrico en condiciones básicas de seguridad[12]. Lo mismo ocurre con la provisión de agua potable, el ingreso de las ambulancias a esos barrios, entre muchos otros reclamos que debieron realizarse a través de los Tribunales y que aún así son incumplidos.

La gestión del PRO ha puesto de manifiesto una asignación presupuestaria que prioriza los gastos superfluos, con fines de promoción de sus supuestos actos de gobierno, por sobre la efectivización de los Derechos Humanos en el ámbito de la CABA.

Como se pone de manifiesto, los montos necesarios para garantizar la vida, la vivienda y salud de las personas están disponibles en la ciudad, pero es la decisión política del Estado local la que otorga mayor importancia al aparato de publicidad y propaganda que al bienestar de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la constitución de la Ciudad obliga al gobierno a garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Por ello, advertimos que en ese afán propagandístico hay un obrar inconstitucional que es necesario desenmascarar.

Si a esto le sumamos los casos de corrupción de la gestión PRO, que se han conocido recientemente, concluimos que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no cumple con la asignación constitucional de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda de los habitantes de esta ciudad, pero vehiculiza partidas para publicidad o cajas negras, desatendiendo sus responsabilidades constitucionales.

En este sentido, por el equivalente de los supuestos contratos que el Gobierno de la Ciudad celebró con Fernando Niembro (aproximadamente 23 millones de pesos), podrían asignarse partidas para más de 3 reconstrucciones integrales de Hospitales, como las atribuidas al Hospital Ramos Mejía. Del mismo modo, si las fondos pagados a las asociaciones vinculadas al diputado del PRO Eduardo Amadeo hubiesen sido aplicados a las mejoras de Villa 3, ese presupuesto se habría quintuplicado y se avanzaría hacia el goce de servicios públicos por parte de los habitantes de ese barrio.

Ante ello, como ODH, denunciamos públicamente que la utilización de plata negra o amarilla por parte del Gobierno PRO no solamente es cuestionable desde el punto de vista ético sino que tiene una directa correlación con los fondos que faltan para garantizar los derechos humanos de la ciudad. Por ende, esos manejos turbios no solo están reñidos con la moral, sino con la Constitución.

[1]              Data Buenos Aires

[2]              http://www.lanacion.com.ar/1776914-la-proyeccion-nacional-y-regional-de-macri-el-eje-del-reparto-de-la-pauta-oficial-de-la-ciudad

[3] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282287-2015-09-23.html

[4] http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2010/02/20100202.pdf

[5] http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php

[6] https://odhbsas.wordpress.com/informes/

[7] http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Documentos-ACIJ.-Presupuesto-y-Derechos-Sociales-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.-Julio-2015.pdf

[8] http://www.telam.com.ar/notas/201412/89529-denuncian-que-la-reduccion-presupuestaria-del-gobierno-porteno-al-hospital-garrahan-afectara-obras-e-insumos.html

[9] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-245843-2014-05-09.html

[10] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-148124-2010-06-23.html

[11] http://www.infonews.com/nota/247115/la-clave-para-entender-la-muerte-en-villa-soldati-subejecucion-en-vivienda

[12] http://mundovilla.com/indexMV.php

 

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El sobreseimiento de Macri en la causa UCEP

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudia el reciente fallo dictado en la causa “UCEP” que sobresee al Jefe de Gobierno Mauricio Macri y al ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

La tristemente célebre Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada por Mauricio Macri mediante el Decreto N° 1232/08 publicado en el Boletín Oficial (29/10/08), tenía entre sus objetivos “el mantenimiento del espacio público libre de usurpadores”, atribuyéndose facultades judiciales ajenas a la órbita de la Administración (cfr. art. 12º del Decreto Nº 1510/97). Es decir, dejaba al arbitrio de simples funcionarios de bajo rango administrativo la calificación del tipo penal “usurpación”. Esta facultad que está reservada a un juez, podía definirla cualquiera de los agentes de la patota UCEP según su criterio.

registro de un desalojo de la UCEP en 2008

registro de un desalojo de la UCEP en 2008

De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes: violencia sobre menores y adultos, abusos sexuales sobre mujeres embarazadas, sustracción de documentos, medicamentos a enfermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales de personas en situación de calle. En total fueron 444 operativos, según respondió la propia UCEP a un pedido de informes de la Defensoría del Pueblo.

Para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad proveyó a los agentes de la UCEP vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipunzantes. Para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operativos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad –como el programa Buenos Aires Presente (BAP)– relevaran durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle.

De la prueba surgen evidencias de que varios de los operativos fueron a requerimiento de los principales referentes del PRO, Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, según se infiere de la aparición de sus iniciales en la respuesta brindada por la UCEP a la Defensoría.

El Juez Cubas, por el contrario interpreta como solo un error el haber utilizado “el término ‘usurpadores’”. Yerra el juez cuando argumenta el sobreseimiento diciendo que “a pesar del término usurpadores, la norma prescribía que las vías para mantener el espacio público libre eran la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes”. Para el Juez Cubas “se estipulaba claramente cuáles eran las herramientas para lograr el propósito”. Sin embargo, la configuración del delito de usurpación era declarada por un simple empleado administrativo.

Tampoco es cierto que no existieran evidencias de la participación de Macri en la realización de los operativos. En el listado presentado por la propia UCEP hay un operativo de la calle Esteban De Luca done aparece el Jefe de Gobierno como la persona lo requirió.

Por su parte, consideramos positivo el procesamiento de los funcionarios operativos de la UCEP. Fabián Jorge Rodríguez Simón, Jorge Cristian Polini y Luis Manuel Savoiardo fueron procesados -junto a otros 2 funcionarios más- sin prisión preventiva- por lesiones, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y los embargó por 100 mil pesos. Resulta satisfactoria la valoración del Juez respecto a estos funcionarios ya que “por sus cargos y funciones fueron quienes indefectiblemente dispusieron tal actuación de los agentes y no podían desconocerla”. Sobre todo Rodríguez Simón y Polini, que “fueron los jefes máximos del organismo y tenían el poder de decisión, dirección y control sobre la UCEP”, dijo el juez.

Fabián Rodríguez Simón es candidato por el PRO para el Parlasur. Repudiamos que esta fuerza, que se enuncia republicana, mantenga la postulación a una representación internacional de un procesado por delitos graves, como es el caso de Rodríguez Simón. Instamos a que el PRO desista de presentar al sujeto procesado a esa candidatura.

Desde este Observatorio seguiremos bregando porque se llegue a encontrar la responsabilidad judicial de las más altas jerarquías del Gobierno porteño en la causa UCEP, es decir, Macri y Piccardo.

Video 2009 https://www.youtube.com/watch?v=lLKXL778khU

 

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A dos años de la represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

ACTO – MARTES 21 de ABRIL a las 10 hs. en las puertas del hospital.

El ODH participará del acto organizado desde el Área de DDHH de ATE Capital, Junta Interna de ATE Hospital Borda, la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda.

Las consignas son:

–         No a la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda

–         Absolución de los compañeros trabajadores procesados

–         Procesamiento a los responsables de la represión

–         Reconstrucción del Taller Protegido Nro. 19 donde estaba

El Observatorio de DDHH de la Ciudad elaboró un informe que resume lo que sucedido en estos dos años desde el día de la represión.

En la madrugada del 26 abril de 2013, alrededor de 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron ilegalmente al Hospital Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel. Allí funcionaban los Talleres Protegidos Nro. 19, donde se daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Junto a los efectivos ingresaron varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el edificio del mencionado taller. El objetivo, era comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció este proyecto, aún cuando nunca se había debatido en la Legislatura, ni efectuado el correspondiente llamado a licitación.

El ingreso de las fuerzas de seguridad al Hospital Borda, al igual que el operativo en conjunto era ilegal. No sólo por los motivos apuntados, sino, – y especialmente- porque la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano.

Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones.

Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras. Medida cautelar que sigue vigente en la actualidad.

Inmediatamente después de los hechos, este Observatorio de Derechos Humanos efectuó un pedido de informe al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (conf. Art.1 de la ley 104 de acceso a la información pública), repudiando la brutalidad desplegada en el operativo ilegal e inconstitucional al observar que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la CABA y Ley de Seguridad Pública (Ley 2894). En los artículos 27 y 28 de esta Ley se establece el principio de gradualidad, por el cual la Policía está obligada a intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

Ya en nuestros informes de años anteriores habíamos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un admirador de la última dictadura militar.

Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, lo cual impedimos oponiendo el respectivo amparo. El mismo que frente a los hechos relatados, evidencia su necesidad, importancia y oportunidad. De lo contrario, los daños y las víctimas hubieran sido mayores y más graves. Es claro que, desde la gestión de la Ciudad se intentó erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden. Todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En el pedido de informes se instó, además, a una investigación profunda de los hechos denunciados, y al Poder Ejecutivo de la CABA a identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos, así como de abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.

Simultáneamente se efectuaron varias denuncias penales contra los funcionarios del gobierno de la ciudad, que fueron imputados en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Jorge Adolfo López.

El 12-12-2013 el juez López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace. López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó a Horacio Giménez, jefe de la Metropolitana que estuvo al frente de las acciones.

En la misma resolución que el juez sobreseyó a los funcionarios denunciados por “torturas y apremios ilegales”, procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Entre los procesados se encuentra una enfermera que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la represión, debe caminar con bastón.

Los abogados querellantes de ATE apelaron la resolución. Los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en febrero de 2015, confirmaron el sobreseimiento, a pesar de la prueba rendida en autos en sentido contrario al decidido.

Frente a la arbitrariedad de la resolución, el ODH hizo público su repudio y reiteró su denuncia sobre las violaciones legales, tanto nacionales como internacionales de este hecho. Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3). La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debió perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pocos días de cumplir dos años de la brutal e ilegal represión en el Borda, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los querellantes y el fiscal. El decisorio se funda en la arbitrariedad de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, porque no tuvo en consideración cuestiones planteadas por la querella.

Ahora, los jueces Garrigós de Rébori, Luis Niño y Mario Magariños, deberán decidir sobre el fondo de la cuestión esto es el procesamiento de Giménez, y revocar los sobreseimientos de Pedace, Vidal y Montenegro.

Asimismo, a dos años de la demolición de Talleres Protegido Nro. 19, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo establecimiento, ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto. La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, concluimos que los hechos producidos en el Hospital Borda, se produjeron por la decisión, consentimiento y coordinación del gobierno de la ciudad, llevadas a cabo por sus dependencias, y dirigidos por los funcionarios responsable de cada área interviniente.

No sólo se vulneraron la ley, la constitución de la CABA y de la Nación, sino que, además se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial.

La represión irracional, desproporcionada, e innecesaria no hizo más que confirmar las imputaciones que este ODH, le hiciera reiteradamente a la Policía Metropolitana. Evidenciando que, por el recurrente abuso de poder y la violencia, no se encuentran capacitados para actuar en manifestaciones públicas, que no configuran hechos criminales.

La vulneración de  derechos humanos esenciales, como son los que protegen la vida, la salud,  la integridad física y mental: se da en forma continuada por la contumaz desobediencia del gobierno de la ciudad a cumplir las órdenes judiciales y por dar prioridad a los emprendimientos inmobiliarios antes que a la salud y la dignidad de las personas.

 

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