PEDIDO DE INFORME A DIEGO SANTILLI

 EL ODH PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORME A DIEGO SANTILLI POR DESALOJOS EN AV. CORRIENTES

   El pedido de informe se presentó ante la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público según Ley Nro. 104 para que en el plazo de 10 días brinde información pública sobre un desalojo.      El martes 5 de junio a las 19:47 cuatro personas descendieron de una camioneta Domino KIZ 585 portando cadenas, identificadas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y golpearon a un joven en situación de calle en la Av. Corrientes al 800, en las inmediaciones del Teatro Gran Rex.

   El ODH exige que se informe sobre en qué operativo se desarrolló esa tarea, cuál es su objetivo y alcance. Además, consultamos sobre cuál es el tratamiento que el Ministerio de Espacio Público está brindando a las personas en situación de calle. 

   El Ministerio de Ambiente y Espacio Público también deberá responder si el rodado domino KIZ 585 integra su flota y quiénes son los trabajadores que ese día y a esa hora lo conducían. Cuál es la norma de portación de armas 

   La información solicitada debe ser proporcionada en los términos del art. 7 de la ley 104 de derecho a la información, en un plazo no mayor a 10 días. El incumplimiento de este plazo dará lugar a lo prescripto en el art. 8 de la ley, quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad.

ODH – Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires

 

LA JUSTICIA ORDENÓ A MACRI ASISTIR A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

     La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad a que en el plazo improrrogable de 20 días reglamente la ley 2.939 de asistencia a víctimas, testigos y querellantes de las causas por delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Así, se hizo lugar a la demanda interpuesta por la Agrupación H.I.J.O.S., con el patrocinio del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH). El Juzgado N° 1 Secretaría N° 1, a cargo del Dr. Juan Vicente Cataldo, hizo lugar a la acción de amparo presentada en el expediente N° 41.958/0 por los citados Organismos con el objeto de subsanar la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no reglamentó dicha ley, sancionada el 27 de noviembre de 2008, a pesar que estaba obligado a hacerlo en 60 días. De esta manera, el Poder Judicial dispone la obligación de dar cumplimiento a los objetivos de dicha norma: garantizar a las víctimas, testigos y querellantes el acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio, la asistencia psicológica y la derivación a los diversos centros de salud que cuenten con atención especializada.

     Respecto a la inactividad del Poder Ejecutivo de la Ciudad, el Juez sostiene que “la conducta que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal” por “inacción o negligencia administrativa”. Fue necesario acudir a la justicia para que le ordene a Mauricio Macri que garantice nuestros derechos, debido a la inacción del Gobierno de la Ciudad en materia de asistencia y acompañamiento. Esta falta de contención para quienes somos familiares de desaparecidos y/o o sobrevivientes y participamos en los juicios a genocidas, no hace más que revictimizarnos. Los sobrevivientes y testigos reviven el horror cuando dan testimonio, quedando en situaciones de vulnerabilidad que hacen que la contención y acompañamiento sean imprescindibles.

     Para nosotros no es una opción ser parte del proceso histórico de Juicio y Castigo a los genocidas: es un compromiso con nuestras familias, con nosotros mismos, con los compañeros y compañeras, y con este país. La falta de cumplimiento de una ley de este tipo demuestra que Mauricio Macri no tiene interés o no está a la altura del proceso histórico de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Este fallo judicial, además, atañe a la inoperancia del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que es parte de la desidia que deja en pleno estado de vulnerabilidad a los sobrevivientes. Desde H.I.J.O.S. y el ODH celebramos la medida de la justicia que insta al Gobierno de la ciudad a cumplir la ley para estar a la altura del proceso histórico de memoria, verdad y justicia.

H.I.J.O.S. Y O.D.H.