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Archivo de la categoría: NOTICIAS DE LA CIUDAD

EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBERÁ PAGAR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD, LUEGO DEL PEDIDO DEL ODH Y LA APDH.

Las Disposiciones Min Desarrollo Social DI-2017-786-APN-CNPA # MDS y DI-2017-787-APN-CNPA # MDS del 23 de junio así lo indican.
Se ordena dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos y de personas discapacitadas y la liquidación de las mismas. Además, estas disposiciones resuelven revisar cada caso. Luego de varias presentaciones judiciales, administrativas y protestas por los miles de afectados, el Ministerio de Desarrollo Social debió revertir esta decisión.

El Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habían exigido la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno de los beneficiarios dados de baja. Solicitud por pensiones por discapacidad APDH Y ODH
La medida tomada por Carolina Stanley había dejado sin el beneficio y la cobertura médica a decenas de miles de personas que deberían ser protegidas por el Ministerio, según las leyes vigentes. La suspensión del pago de este derecho no sólo afectaba a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar, ya que este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Además, dejó a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agravaba aún más su situación.

Miles de personas afectadas se han movilizado, reclamado y exigido que se respeten sus derechos. Esta es una victoria colectiva, así la celebramos felicitando a toda la comunidad que se ha levantado en defensa de los derechos humanos en general y de los afectados en particular.

Desde el ODH y la APDH exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios.

 

 

EL ODH Y LA APDH EXIGEN LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Bs As junto con la Asamblea Permanente por los DDHH presentó un reclamo administrativo colectivo solicitando que inmediatamente se restablezca el pago de las pensiones no contributivas suspendidas desde el año 2016 y lo que va del 2017.
La decisión del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley viola las leyes vigentes. Esta acción del Estado no está respaldada por ningún acto administrativo válido. La suspensión del pago de este derecho afecta no sólo a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar. En efecto, este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Por otra parte, deja a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agrava aún más su situación.
Esta decisión viola la Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales que especialmente protegen a las personas con discapacidad. También es un retroceso en materia de seguridad social de estas personas que compromete la responsabilidad internacional de la República Argentina. Tal es el grado de ilegalidad e ilegitimidad de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.
El ODH y la APDH exigen la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno. Exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios. Esta es la única manera de acabar con la vía ilegal utilizada por la ministra Stanley.

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS “MENOS LETALES” QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica “Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada”.
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 

LA CIDH ANALIZARÁ LA DENUNCIA DEL ODH CONTRA EL USO DE LAS TASER

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016. El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.

La CIDH acaba de notificar que “La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes”, mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.

Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En  marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon “inadmisible” y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por los DDHH por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Ayer mismo se conoció que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la “fuerza de paz” que la Argentina comparte con Chile llamada “Cruz del Sur”. El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un “arma de tortura”.

 

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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CARACTERIZACIÓN

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enseña continuidades con su antecesor y algunas diferenciaciones.

En esta línea, se trata de una gestión restrictiva de derechos que ha esbozado una impronta social pero que no se ha apartado de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios[1] y de obra pública.

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Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno

A la par, mantiene el tinte vecinalista que caracterizó las gestiones anteriores, aunque profundizando la proximidad del propio Jefe de Gobierno con los denominados “vecinos”. Además de las visitas periódicas a los barrios por parte de Rodríguez Larreta, el “vecinalismo” se materializa en pintura de fachadas, reemplazo de veredas y obras de mediana envergadura como el Metrobus. Sigue siendo un proyecto que prioriza lo cosmético por sobre las soluciones de fondo.

Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su astronómico presupuesto, siguen siendo los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva a los indicadores sociales de su población. Por el contrario, con el deterioro de la economía nacional, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad también se contrae y, con ella, se mantienen y profundizan los derechos humanos vulnerados.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

En CABA la continuidad con las gestiones anteriores, en las que el actual Jefe de Gobierno se desempeñó como Jefe de Gabinete, sigue redundando en la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la CABA. Muchas de estas vulneraciones hemos dado cuenta en nuestras columnas semanales en Radio La Imposible. Aquí hacemos un resumen sucinto a modo muestreo:

Derecho a la Vida

  • El Gobierno de la Ciudad tuvo responsabilidades concretas por muertes evitables generadas a partir de la concurrencia de notables deficiencias en el control estatal. Así la muerte de Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte, en diciembre, o la muerte del obrero por el derrumbe de una obra en Villa Crespo, en septiembre, contienen el germen de la desidia gubernamental en su obligación de control sobre la seguridad laboral.
  • En igual sentido, la muerte de 5 jóvenes en la fiesta “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero el 15 de abril, contó con la participación necesaria de los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche y no constataron ninguna irregularidad, según la respuesta brindada por el propio gobierno de la CABA a un pedido de informe de este ODH[2]. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche, cuando la capacidad máxima habilitada para ese espacio era de 13.000 personas.
  • Por último, este año se ha acrecentado las denuncias sobre las excesivas demoras del SAME para arribar a situaciones de urgencia. Diferentes casos han ocurrido en los que personas agonizaron hasta su muerte, sin que llegara el SAME a tiempo. Tales los casos, a modo de ejemplo, de un hombre en la línea B del subte, un hombre en Parque Sarmiento o un hombre en el barrio de Flores.

Derecho a la Libertad

  • La detención ilegal de Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente villero y referente del FPV de la ciudad de Buenos Aires, y su posterior prisión por el lapso de 3 semanas resultó una clara violación a su derecho a la libertad y un claro caso de persecución política. Había sido detenido con 3,2  gramos de clorhidrato de cocaína y 9,2 gramos de marihuana. Por las cantidades halladas y su comprobada adicción, se trataba de un hecho notorio de tenencia de estupefacientes para consumo personal, hecho que debió involucrar a las agencias de salud del Estado y que de ningún modo resultaba punible a partir de la doctrina jurisprudencial derivada del fallo de la Corte Suprema del 25 de agosto de 2009 en la causa “Arriola, Sebastían y otros”.
  • En este sentido, el juez Claudio Bonadío nunca debió encarcelar a Pitu Salvatierra –y mucho menos procesarlo– porque desde el fallo “Arriola” el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, resulta incompatible con nuestra constitución, carta magna que estableció que no son punibles aquellas conductas que quedan reservadas a la esfera de la libertad personal y no perjudiquen a terceros[3].

Derecho a la Salud

  • Los Hospitales Públicos de la Ciudad prestan un servicio deficiente de salud que recarga laboralmente a los profesionales, sin una mejora de las instalaciones del sistema de salud lo que genera vulneraciones de derechos (art. 20 CCABA) como los de la madre que tuvo que parir a su hijo en un pasillo del Hospital Santojanni[4].
  • En igual sentido, el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género[5], vulnera el derecho a la salud, por cuanto los tratamientos hormonales quedan librados a la voluntad de los médicos y en algunos hospitales porteños piden como requisito consultas con psiquiatras, hecho explícitamente prohibido en la ley[6]. Este grupo poblacional tiene un promedio de vida en nuestro país que no supera los 40 años y la inmensa mayoría no tiene trabajo formal ni obra social ni prepaga por lo cual necesita recurrir al sistema público de salud y es su derecho. A fines de noviembre, tras reiterados pedidos de informes presentados por este ODH junto a la organización Putos Peronistas, el Gobierno de la Ciudad tomó nota de la preocupación planteada e informó centros de salud en los que se realizarían los tratamientos consultados. Sin embargo, a la fecha esa información no ha podido ser verificada.

Derecho a la Educación

  • La amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia[7] que contiene a cientos de personas en situación de calle vulnera el espíritu del art. 23 de la CCABA, respecto al derecho a la educación.
  • Asimismo, no se cubrió la necesidad de los aspirantes de acuerdo a la asignación de las vacantes on line y la cobertura de educación maternal e inicial es escasa e incompleta e incompleta.
  • Por último, el mantenimiento y renovación de infraestructura es deficiente. Se puede mencionar el caso de derrumbe de techo en la escuela del Barrio Belgrano (diciembre 2016). El deterioro de la educación pública se mantiene inalterado.

Derecho a la Vivienda

  • A pesar de anunciar la urbanización de las villas 20, 31 y 31 bis y Rodrigo Bueno, ningún anuncio tuvo un correlato en la cotidianeidad de los vecinos de esos barrios. Si bien se promovieron algunas leyes que reconocieron el derecho a la urbanización de sus habitantes, tal como lo establece el art. 31 CCABA, las mejoras aún no se han producido y es el propio gobierno de la CABA el que le respondió a un pedido de informe presentado por este ODH que los vecinos se autogestionan el sistema de cloacas[8].
  • La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se enganchan ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”.
  • Las agencias del Estado porteño, en particular la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, informaron a este ODH en respuesta a un pedido de informes que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están dirigidas a atender situaciones de emergencia y a obras de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.
  • Al mismo tiempo, cada una de las urbanizaciones anunciadas esconden un correlato con negocios inmobiliarios indisimulables: En el caso de Villa 31[9], se comienza con la construcción de una nueva autopista, en lugar de por la construcción de vivienda nueva, la infraestructura de servicios o la apertura de nuevas calles; en el caso de Villa 20[10], la urbanización se sustenta la construcción de la villa olímpica para los juegos olímpicos de la juventud en Lugano, en lo que aparece como un jugoso plato para la patria contratista; en la misma línea, la urbanización de villa Rodrigo Bueno va de la mano de la construcción del complejo Solares de Santa María por la empresa IRSA.

Memoria, Verdad y Justicia

  • La Subsecretaría de Derechos Humanos y Colectividades prioriza la Dirección de Colectividades habiendo hecho sobre esta temática 8 de las 13 publicaciones que editó y ninguna sobre la violación a los Derechos Humanos en la Argentina.
  • Al mismo tiempo practica la flexibilización laboral hacia sus trabajadores.
  • Sigue sin implementar el Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de tener presupuesto al efecto, no tiene personal asignado a esa labor ni le da publicidad a su existencia.

Derecho a la Cultura

  • El inicio de la gestión estuvo a cargo de un funcionario que instaló un discurso público negador del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar. Estas reiteradas intervenciones fueron vigorosamente repudiadas por distintos colectivos referentes de las políticas de Memoria, verdad y justicia. Si bien fue reemplazado de ese Ministerio aún está a cargo del Teatro Colón.
  • Por su parte, la falta de implementación de la Ley de Centros Culturales es una afrenta para el art. 32 CABA, generando una discriminación a la producción artística de estos espacios centrales para la participación y el desarrollo barrial.

Derecho a la Seguridad

  • Si bien la Legislatura porteña sancionó la ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires, la misma no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. De este modo, no quedó establecida la prohibición de utilización de armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional, en particular las neopicanas Taser[11].
  • La norma contempla algunos derechos loables. Sin embargo, la norma que dio vida a la Policía Metropolitana en el año 2008 también tuvo objetivos loables y, luego, fue conducida por un cultor del genocidio como Jorge “Fino” Palacios, quien construyó una fuerza a espaldas de esa norma, con diversos casos de gatillo fácil y ningún índice de mejora en la satisfacción al derecho a la seguridad de los porteños (art. 34 CCABA). Por ende, deberemos estar atentos a la implementación[12].
  • Por su parte, cabe indicar que el fallo del Superior Tribunal de Justicia en “Vera, Lucas Abel” (expediente nº 11835/15) por el que se habilita un accionar ilegal de los agentes policiales, concediéndoles facultades que no poseen y que fueron expresamente limitadas por la CIDH, en el caso “Bulacio vs. Argentina” implica que el STJ está comprometiendo la responsabilidad internacional de la Nación respecto al no acatamiento de los pactos internacionales.

Equidad de Género

  • Tanto la Dirección General de la Mujer dependiente del Gobierno de la Ciudad, como la línea 0800 MUJER que dependen de ella, no ha tenido difusión en la vía pública, y/o medios de comunicación, dejando a las víctimas de violencia de género en total desamparo por falta de acceso a las soluciones que puede brindar el Estado local. Ante la falta de conocimiento de este recurso, las víctimas de la Capital Federal han recurrido a utilizar la línea telefónica 137 (funciona solamente en la Ciudad de Buenos Aires) y 144, dependientes del Estado Nacional y puestas a funcionar durante la gestión anterior, que brindan información, orientación, asesoramiento y contención a las víctimas de violencia de género. Así el estado porteño ha dependido siempre de operativos nacionales, para la atención de casos de violencia contra las mujeres, desatendiendo su obligación de generar las condiciones para alcanzar la equidad de género.
  • Asimismo, las empleadas y los empleados de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), vienen denunciando la preocupante precarización que sufren, la drástica reducción de personal (casi 50% en los últimos 8 años) que vienen padeciendo, el pésimo estado en el que se encuentran los refugios para las víctimas, como así también el exiguo presupuesto con el que cuentan. En esa línea el bajísimo presupuesto que había sido previsto para el año 2017, pudo ser incrementado en un 20%, luego de una importante lucha y movilización por parte de los trabajadores de la Dirección de la Mujer.
  • En cuanto al patrocinio legal y contención psicológica necesarias para estos casos, la ausencia del Estado es notoria. A pesar que los siete CIM existentes cuentan con un gabinete interdisciplinario de atención y seguimientos de casos, no cuentan con personal suficiente, instalaciones adecuadas y recursos, para la creciente demanda, para una problemática que día a día adquiere mayores dimensiones por el momento de concientización que vive la sociedad argentina. En ese contexto, los CIM no tienen capacidad para solventar la demanda, ni tampoco para atender en las urgencias, ya que los turnos tienen una demora promedio de un mes. El Estado porteño se oculta con la existencia de la OVD, oficina judicial que sólo atiende casos dentro de la jurisdicción de la Capital Federal.
  • La situación se agrava ante el incumplimiento de la ley Nº 5.466, sancionada a fines del año pasado en la Legislatura porteña. La misma prevé la creación de un CIM por comuna o un CIM cada 50.000 mujeres por comuna. La aplicación de esta norma sería determinante a la hora de canalizar la satisfacción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sin embargo, el gobierno local no ha mostrado ningún avance, ni voluntad en cumplir con la ley y hacerla operativa.
  • Por último, debe subrayarse que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontró artilugios para no distribuir el material enviado desde Nación a fin de cumplir con el material preparado y distribuido por el Ministerio de Educación de la Nación con el contenido de la ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI), la que concibe una educación sobre sexualidad y género que abarca no solo lo vinculado con lo sexual, sino que también está íntimamente relacionado con lo social, y para que sea aplicada desde el nivel inicial al terciario. Se trata de medidas de prevención y concientización para la erradicación de la problemática que el Gobierno de la Ciudad no está implementando. Por el contrario creó su propio material pedagógico en el cual se han detectado errores conceptuales y hasta discriminatorios. De este modo la Ciudad de Buenos Aires, no tan sólo falla al momento de socorrer a las víctimas, sino que tampoco acciona hace para erradicar estos hechos aciagos, por lo que no hay recepción al reclamo masivo del #NIUNAMENOS.

 

 ESTRATEGIAS

Si el Presidente de la Nación tuvo cobertura mediática, el caso del Jefe de Gobierno fue más peculiar aún, pues inclusive los medios críticos le prestaron poca atención por priorizar la agenda nacional sobre la porteña. Además, los asesores de marketing tampoco estuvieron alejados del oficialismo porteño generando puestas en escenas que coadyuvaran a sus objetivos, aunque en algunos casos fueron descubiertas y tuvieron que salir a dar explicaciones. Tal los casos del montaje por el anuncio de la nueva Policía de la Ciudad con ploteo de helicópteros del SAME, disfraces y actores, cuando todavía no había enviado el proyecto de ley a la Legislatura[13]. O Cuando el Jefe de Gobierno fue a dialogar con supuestos estudiantes a una escuela cuando, se supo, no pertenecían a ese establecimiento y, se sospecha, también eran actores.

Si a ello se le suma una oposición fragmentada, Rodríguez Larreta tuvo año sin demasiadas complicaciones políticas. Aunque también queda la lección: Cuando la reacción fue organizada y contundente supo retroceder. Tal el caso de la renuncia de Lopérfido o el proyecto de ley de urbanización de Villa 20 que tuvo que ser modificado a pedido de los vecinos para incluir la urbanización integral y no solo cambios de normativa de construcción. En estos casos se observaron apelaciones al pragmatismo y cierta destreza política.

En definitiva, en ambos casos, tanto el Presidente como el Jefe de Gobierno, han redundado gestiones que han restringido derechos, pero que han recalculado cuando se vieron acorralados por la respuesta organizada de las fuerzas vivas del pueblo. También ese es un balance que hay que tener en claro para quienes defendemos los derechos con la Constitución en la mano. Si acertamos en estrategias y en unidad, se puede incidir en dejar de retroceder y poder avanzar hacia mayor cobertura de derechos y mayor grado de respeto al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.


[1] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/16/espacios-verdes-en-la-ciudad-de-buenos-aires-informe-del-odh/

[2] https://odhbsas.wordpress.com/tag/time-warp/

[3] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-persecucion-politica-en-la-ciudad/

[4] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-violencia-obstetrica-y-parto-respetado/#f=radio&l=related

[5] https://odhbsas.wordpress.com/2016/03/16/reclamo-por-el-incumplimiento-de-la-ley-de-identidad-de-genero/

[6] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/08/observatorio-de-derechos-humanos-de-la-ciudad-la-caba-no-cumple-la-ley-de-identidad-de-genero/

[7] https://radiocut.fm/audiocut/las-mentiras-sobre-el-metrobus-informe-del-odh-odh_bsas-patriavillera/#f=search&l=result

[8] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/15/el-gcba-admite-que-los-vecinos-de-las-villas-autogestionan-el-sistema-cloacal/

[9] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-deficit-habitacional-en-la-ciudad-y-el-caso-de-la-villa-31/#f=radio&l=related

[10] http://www.laimposible.org.ar/2016/11/24/columna-del-odh-demian-konfino-sobre-la-urbanizacion-de-la-villa-20/

[11] https://odhbsas.wordpress.com/2016/09/27/pedido-a-los-legisladores-para-restringir-el-uso-de-las-pistolas-taser/

[12] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

[13] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

 

INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

 

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PEDIDO A LOS LEGISLADORES PARA RESTRINGIR EL USO DE LAS PISTOLAS TASER

PROPUESTA DEL ODH PARA LA NUEVA LEY DE LA POLICIA DE LA CIUDAD

En la Legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley para crear una nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los legisladores que incluyan en la normativa la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. También solicita que establezca que en ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El cuestionamiento del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las pistolas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando, junto a la Organización HIJOS, se inició una acción de amparo ante el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera comprar estas armas para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostró que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunció la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que evidencian la “letalidad” de esas armas. Ya han provocado la muerte de muchas personas que padecían enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Taser-x26

Nuestra propuesta es que el nuevo articulado incluya:

Art.- La actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de:

El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El Estado argentino debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de maltrato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, esa obligación debe consistir en que los legisladores de la ciudad voten que la nueva policía esté impedida de usar este tipo de armas.

Este es el pedido del ODH a todos los legisladores de la Ciudad.

 

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