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Archivo de la categoría: NOTICIAS DE LA CIUDAD

“Cuestionar el fallo de Dra. López Vergara viola la autonomía de la Justicia porteña”

El ODH exige que se respete la división de poderes y la independencia judicial ante los infundados ataques contra la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Dra. Patricia López Vergara.
La Jueza fue objeto de intromisiones inadmisibles por su fallo que exigía el cumplimiento de las garantías por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación masiva del lunes pasado. La decisión de López Vergara se basó en la legislación que regula a la Policía de la Ciudad y que obliga a no portar armas de fuego y llevar identificación en manifestaciones públicas. La Ley 5.688 de Seguridad, sancionada el año pasado, restringe el uso de la fuerza. El inciso 99 explicita la prohibición de armas de fuego en la línea de contacto con los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.
Las críticas por parte de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad y del propio Presidente de la Nación vulneran la división de poderes y la independencia judicial. También amenazaron con iniciar juicio político contra la Jueza. De concretarse, esto impedirá el ejercicio de los derechos y atentan contra la institucionalidad democrática.

Desde el ODH criticamos la criminalización de la protesta y rechazamos el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil. Este año ya habíamos advertido sobre la compra de armamentos antidisturbios y de pistolas eléctricas TASER por parte del Gobierno de la Ciudad. Seguimos bregando por la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto de las leyes que en consonancia se dictaron en la Legislatura porteña. La ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que se deben cumplir con la normativa de Derechos Humanos y las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza.

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EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL SUFRE UN FUERTE DESFINANCIAMIENTO

Ante un pedido de informe del ODH, el Ministerio de Educación de la Nación reconoce el desfinanciamiento del Programa de Educación Sexual Integral. Este año la inversión en el Programa fue de 12 millones de pesos menos que en 2015. Las capacitaciones pasaron a cubrir 55.000 docentes en 2015 a 1050 durante 2017.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de informe al Ministerio de Educación, en el marco de la Ley Nacional 27.275 de acceso a la Información Pública, sobre la situación actual del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).

Ante este requerimiento, el Ministerio de Educación respondió: (Documento completo)

El equipo actual del Programa Nacional ESI en el Ministerio cuenta con sólo 17 trabajadores. Es una planta muy reducida teniendo en cuenta que debe implementar los contenidos curriculares en todo el país.
Las capacitaciones presenciales para docentes de todo el país llegaron a 55.000 docentes en 2015 y 1.050 en 2017.
Durante 2015 las capacitaciones se realizaron en 14.000 escuelas de 10 provincias distintas. En 2017 llegaron a 500 escuelas en solo 2 provincias. En relación a los cursos dictados online, la cantidad de docentes fue de 16.914 en 2015 y 4.450 en 2017.
Con respecto a la inversión total de dinero informada por el propio Ministerio de Educación los números son
En 2015: $55.755.738
En 2016: $27.662.623
En 2017: $43.211.136
Si se analiza el presupuesto de manera detallada, se corrobora que parte de dicha inversión fue direccionada para el Plan Nacional de Prevención de embarazo. Este cambio de dirección de fondos demuestra una intencionalidad de volver al paradigma anterior y posicionar el Programa ESI desde una perspectiva biomédica, dedicada sólo a la prevención de embarazos. De esta forma se dejan de lado los conceptos fundamentales de la ESI, que entiende a la sexualidad desde una integralidad.
En cuanto al material de distribución no se han vuelto a reimprimir los libros. Se informa que “próximamente” se distribuirán solo 60.000 ejemplares referidos únicamente a la prevención de la violencia de género, como un compartimento estanco y dejando de lado el abordaje integral que se venía dando a la temática.

Por su parte, el Ministerio informó la notable caída en distribución de cartillas por el Correo Argentino para las Jornadas Educar en Igualdad. Los montos aproximados son para 2016 $100.000 y para 2017 $ 46.353.

Desde el ODH expresamos nuestra profunda preocupación por los datos informados desde el Ministerio de Educación de Nación, ya que la ESI constituye un aporte fundamental a la sociedad, que incluye a la subjetividad como dimensión inseparable en la sexualidad. Como el mismo MInisterio informó, la ESI colabora en destejer la violencia de género, en promover la valoración positiva de la diversidad, en prevenir las situaciones de abuso y maltrato a niños y niñas, los embarazos no planificados por los y las jóvenes, y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de seguir estudiando de madres y padres adolescentes.

SOBRE LA LEY:
La Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 establece y garantiza el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, en todos sus niveles tanto privados como públicos, laicos y confesionales,  a lo largo y ancho del país.
En el art. 1, la ESI se encarga de definir el concepto de educación sexual integral a los efectos de la misma que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Se propone estudiar y comprender la sexualidad de manera transversal, teniendo en cuenta que la sexualidad no se limita a la perspectiva biomédica predominante, que sólo se refería a los órganos reproductores. Sino que va más allá e indaga la subjetividad que se ve involucrada las relaciones interpersonales, como los sentimientos, el respeto, las costumbres sociales, culturales, etc.
En ese marco, desde 2006, en un esfuerzo conjunto para lograr el efectivo cumplimiento de la ESI, entre el Ministerio de Educación Nacional y sus pares en las provincias, se elaboraron los contenidos curriculares mínimos, los que fueron difundidos a través de afiches de sensibilización, cuadernos con fundamentación teórica, sugerencias interactivas y las mismas se distribuyeron en todas las jurisdicciones.
A estos materiales gráficos, se sumó material audiovisual, tal como 40 secuencias didácticas para el programa Conectar Igualdad, 12 programas de Canal Encuentro y 14 de Paka Paka y otro material que recogía experiencias de escuelas concretas que abordaron el tema en diferentes provincias. A esto se le sumaron capacitaciones online y presenciales en todo el territorio argentino.
Sin embargo, con el cambio de gestión en diciembre de 2015 se puso fin a la gran mayoría de medidas que iban en búsqueda del efectivo cumplimiento de la ESI, dando lugar a una drástica reducción en su presupuesto. Así lo demuestran los cuadros informativos dados a conocer por el mismo Ministerio de Educación, en la respuesta enviada a este ODH.

REPERCUSIONES EN LA PRENSA:

El destape web: El Gobierno desfinancia el Programa de Educación Sexual Integral

Página 12: En las escuelas de eso no se habla

Tiempo Argentino: Recorte en educación Sexual: el Gobierno gastón 12 millones menos que en 2015.

Diario Perfil: Educación sexual en las escuelas: un 98% menos de docentes capacitados

Diario Contexto: Grave desfinanciamiento del programa de Educación Sexual Integral en escuela

FM Raíces Rock: Entrevista a la Dra. Wilma Martínez

 

 

 

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JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado. Repudiamos el maltrato y la indiferencia del Gobierno nacional. El Estado Nacional, a través de la Gendarmería Nacional reprimió a los mapuches. En ese contexto, Santiago murió por causas que se empiezan a investigar recién ahora a partir de la tardía aparición sin vida del cuerpo.
Repudiamos las maniobras distractivas y encubridoras de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante este tiempo. Gendarmería, Pablo Noceti, Patricia Bullrich y Guido Otranto son responsables.
Reprobamos el accionar de los medios de comunicación tradicionales que han difundido información de forma irresponsable y sesgada.
Exigimos respeto y verdad.
Exigimos justicia por la muerte de Santiago!

 

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EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA PEDIDO DE INFORME AL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE LA PROPUESTA SECUNDARIA DEL FUTURO.

Durante un mes decenas de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron tomadas por Asambleas de estudiantes, padres y docentes en rechazo a la reforma educativa que pretende implementar arbitrariamente el Ministerio de Educación porteño. Al difundirse los primeros lineamientos del plan denominado “Secundaria del futuro”, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) presenta un pedido de informe (Ley Nº 104) al Gobierno de la Ciudad para conocer detalles de la reforma y de su imprementación.

Foto Página 12

Solicitamos conocer los objetivos del plan y detalles de su implementación. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad informe con qué instituciones, colectivos, gremios o representantes de la comunidad educativa se ha tratado el tema.
Que informe si el plan se presentará como proyecto de ley o se implementará amparada bajo alguna otra norma.

Si existen escuelas elegidas para probar el plan y cuál ha sido el criterio de selección de tales establecimientos.

Si las “prácticas educativas” serán remuneradas. Cuáles serán los establecimientos, empresas u organismos dónde se planean desarrollar.

Si el plan se implementará en todos los establecimientos educativos de la CABA o solo en establecimientos públicos. En este último caso, debería conocerse las causas e informar si no podría constituir discriminación que pudieran derivar en desigualdades en el derecho a la educación, vulnerando el art. 23 CCABA.

Solicitamos saber qué contenidos actuales pasarán a ser prescindentes o dejarán de ser abordados en el aula.
Un punto importante es saber cómo se garantizarán los derechos laborales de lxs trabajadores docentes y no docentes.

Esperamos que el Gobierno de la Ciudad nos proporcione esta información. Nos alerta que este plan se vaya a implementar sin ningún tipo de debate ni estudio sobre sus repercusiones a futuro. Desde el ODH entedemos que este plan fomenta una posible precarización laboral tanto de los jóvenes que participen del mismo y como de aquellos que no lo hagan. Entendemos que la eliminación de materias del último año conspira contra la formación de personas con conciencia crítica, tal como ordena el art. 24 CCABA.

 

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EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBERÁ PAGAR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD, LUEGO DEL PEDIDO DEL ODH Y LA APDH.

Las Disposiciones Min Desarrollo Social DI-2017-786-APN-CNPA # MDS y DI-2017-787-APN-CNPA # MDS del 23 de junio así lo indican.
Se ordena dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos y de personas discapacitadas y la liquidación de las mismas. Además, estas disposiciones resuelven revisar cada caso. Luego de varias presentaciones judiciales, administrativas y protestas por los miles de afectados, el Ministerio de Desarrollo Social debió revertir esta decisión.

El Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habían exigido la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno de los beneficiarios dados de baja. Solicitud por pensiones por discapacidad APDH Y ODH
La medida tomada por Carolina Stanley había dejado sin el beneficio y la cobertura médica a decenas de miles de personas que deberían ser protegidas por el Ministerio, según las leyes vigentes. La suspensión del pago de este derecho no sólo afectaba a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar, ya que este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Además, dejó a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agravaba aún más su situación.

Miles de personas afectadas se han movilizado, reclamado y exigido que se respeten sus derechos. Esta es una victoria colectiva, así la celebramos felicitando a toda la comunidad que se ha levantado en defensa de los derechos humanos en general y de los afectados en particular.

Desde el ODH y la APDH exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios.

 

 

EL ODH Y LA APDH EXIGEN LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Bs As junto con la Asamblea Permanente por los DDHH presentó un reclamo administrativo colectivo solicitando que inmediatamente se restablezca el pago de las pensiones no contributivas suspendidas desde el año 2016 y lo que va del 2017.
La decisión del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley viola las leyes vigentes. Esta acción del Estado no está respaldada por ningún acto administrativo válido. La suspensión del pago de este derecho afecta no sólo a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar. En efecto, este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Por otra parte, deja a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agrava aún más su situación.
Esta decisión viola la Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales que especialmente protegen a las personas con discapacidad. También es un retroceso en materia de seguridad social de estas personas que compromete la responsabilidad internacional de la República Argentina. Tal es el grado de ilegalidad e ilegitimidad de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.
El ODH y la APDH exigen la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno. Exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios. Esta es la única manera de acabar con la vía ilegal utilizada por la ministra Stanley.

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS “MENOS LETALES” QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica “Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada”.
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 
 
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