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Archivo de la categoría: NOTICIAS DE LA CIUDAD

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado. Repudiamos el maltrato y la indiferencia del Gobierno nacional. El Estado Nacional, a través de la Gendarmería Nacional reprimió a los mapuches. En ese contexto, Santiago murió por causas que se empiezan a investigar recién ahora a partir de la tardía aparición sin vida del cuerpo.
Repudiamos las maniobras distractivas y encubridoras de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante este tiempo. Gendarmería, Pablo Noceti, Patricia Bullrich y Guido Otranto son responsables.
Reprobamos el accionar de los medios de comunicación tradicionales que han difundido información de forma irresponsable y sesgada.
Exigimos respeto y verdad.
Exigimos justicia por la muerte de Santiago!

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EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA PEDIDO DE INFORME AL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE LA PROPUESTA SECUNDARIA DEL FUTURO.

Durante un mes decenas de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron tomadas por Asambleas de estudiantes, padres y docentes en rechazo a la reforma educativa que pretende implementar arbitrariamente el Ministerio de Educación porteño. Al difundirse los primeros lineamientos del plan denominado “Secundaria del futuro”, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) presenta un pedido de informe (Ley Nº 104) al Gobierno de la Ciudad para conocer detalles de la reforma y de su imprementación.

Foto Página 12

Solicitamos conocer los objetivos del plan y detalles de su implementación. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad informe con qué instituciones, colectivos, gremios o representantes de la comunidad educativa se ha tratado el tema.
Que informe si el plan se presentará como proyecto de ley o se implementará amparada bajo alguna otra norma.

Si existen escuelas elegidas para probar el plan y cuál ha sido el criterio de selección de tales establecimientos.

Si las “prácticas educativas” serán remuneradas. Cuáles serán los establecimientos, empresas u organismos dónde se planean desarrollar.

Si el plan se implementará en todos los establecimientos educativos de la CABA o solo en establecimientos públicos. En este último caso, debería conocerse las causas e informar si no podría constituir discriminación que pudieran derivar en desigualdades en el derecho a la educación, vulnerando el art. 23 CCABA.

Solicitamos saber qué contenidos actuales pasarán a ser prescindentes o dejarán de ser abordados en el aula.
Un punto importante es saber cómo se garantizarán los derechos laborales de lxs trabajadores docentes y no docentes.

Esperamos que el Gobierno de la Ciudad nos proporcione esta información. Nos alerta que este plan se vaya a implementar sin ningún tipo de debate ni estudio sobre sus repercusiones a futuro. Desde el ODH entedemos que este plan fomenta una posible precarización laboral tanto de los jóvenes que participen del mismo y como de aquellos que no lo hagan. Entendemos que la eliminación de materias del último año conspira contra la formación de personas con conciencia crítica, tal como ordena el art. 24 CCABA.

 

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EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBERÁ PAGAR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD, LUEGO DEL PEDIDO DEL ODH Y LA APDH.

Las Disposiciones Min Desarrollo Social DI-2017-786-APN-CNPA # MDS y DI-2017-787-APN-CNPA # MDS del 23 de junio así lo indican.
Se ordena dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos y de personas discapacitadas y la liquidación de las mismas. Además, estas disposiciones resuelven revisar cada caso. Luego de varias presentaciones judiciales, administrativas y protestas por los miles de afectados, el Ministerio de Desarrollo Social debió revertir esta decisión.

El Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habían exigido la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno de los beneficiarios dados de baja. Solicitud por pensiones por discapacidad APDH Y ODH
La medida tomada por Carolina Stanley había dejado sin el beneficio y la cobertura médica a decenas de miles de personas que deberían ser protegidas por el Ministerio, según las leyes vigentes. La suspensión del pago de este derecho no sólo afectaba a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar, ya que este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Además, dejó a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agravaba aún más su situación.

Miles de personas afectadas se han movilizado, reclamado y exigido que se respeten sus derechos. Esta es una victoria colectiva, así la celebramos felicitando a toda la comunidad que se ha levantado en defensa de los derechos humanos en general y de los afectados en particular.

Desde el ODH y la APDH exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios.

 

 

EL ODH Y LA APDH EXIGEN LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Bs As junto con la Asamblea Permanente por los DDHH presentó un reclamo administrativo colectivo solicitando que inmediatamente se restablezca el pago de las pensiones no contributivas suspendidas desde el año 2016 y lo que va del 2017.
La decisión del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley viola las leyes vigentes. Esta acción del Estado no está respaldada por ningún acto administrativo válido. La suspensión del pago de este derecho afecta no sólo a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar. En efecto, este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Por otra parte, deja a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agrava aún más su situación.
Esta decisión viola la Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales que especialmente protegen a las personas con discapacidad. También es un retroceso en materia de seguridad social de estas personas que compromete la responsabilidad internacional de la República Argentina. Tal es el grado de ilegalidad e ilegitimidad de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.
El ODH y la APDH exigen la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno. Exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios. Esta es la única manera de acabar con la vía ilegal utilizada por la ministra Stanley.

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS “MENOS LETALES” QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica “Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada”.
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 

LA CIDH ANALIZARÁ LA DENUNCIA DEL ODH CONTRA EL USO DE LAS TASER

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016. El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.

La CIDH acaba de notificar que “La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes”, mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.

Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En  marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon “inadmisible” y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por los DDHH por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Ayer mismo se conoció que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la “fuerza de paz” que la Argentina comparte con Chile llamada “Cruz del Sur”. El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un “arma de tortura”.

 

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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CARACTERIZACIÓN

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enseña continuidades con su antecesor y algunas diferenciaciones.

En esta línea, se trata de una gestión restrictiva de derechos que ha esbozado una impronta social pero que no se ha apartado de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios[1] y de obra pública.

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Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno

A la par, mantiene el tinte vecinalista que caracterizó las gestiones anteriores, aunque profundizando la proximidad del propio Jefe de Gobierno con los denominados “vecinos”. Además de las visitas periódicas a los barrios por parte de Rodríguez Larreta, el “vecinalismo” se materializa en pintura de fachadas, reemplazo de veredas y obras de mediana envergadura como el Metrobus. Sigue siendo un proyecto que prioriza lo cosmético por sobre las soluciones de fondo.

Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su astronómico presupuesto, siguen siendo los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva a los indicadores sociales de su población. Por el contrario, con el deterioro de la economía nacional, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad también se contrae y, con ella, se mantienen y profundizan los derechos humanos vulnerados.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

En CABA la continuidad con las gestiones anteriores, en las que el actual Jefe de Gobierno se desempeñó como Jefe de Gabinete, sigue redundando en la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la CABA. Muchas de estas vulneraciones hemos dado cuenta en nuestras columnas semanales en Radio La Imposible. Aquí hacemos un resumen sucinto a modo muestreo:

Derecho a la Vida

  • El Gobierno de la Ciudad tuvo responsabilidades concretas por muertes evitables generadas a partir de la concurrencia de notables deficiencias en el control estatal. Así la muerte de Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte, en diciembre, o la muerte del obrero por el derrumbe de una obra en Villa Crespo, en septiembre, contienen el germen de la desidia gubernamental en su obligación de control sobre la seguridad laboral.
  • En igual sentido, la muerte de 5 jóvenes en la fiesta “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero el 15 de abril, contó con la participación necesaria de los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche y no constataron ninguna irregularidad, según la respuesta brindada por el propio gobierno de la CABA a un pedido de informe de este ODH[2]. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche, cuando la capacidad máxima habilitada para ese espacio era de 13.000 personas.
  • Por último, este año se ha acrecentado las denuncias sobre las excesivas demoras del SAME para arribar a situaciones de urgencia. Diferentes casos han ocurrido en los que personas agonizaron hasta su muerte, sin que llegara el SAME a tiempo. Tales los casos, a modo de ejemplo, de un hombre en la línea B del subte, un hombre en Parque Sarmiento o un hombre en el barrio de Flores.

Derecho a la Libertad

  • La detención ilegal de Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente villero y referente del FPV de la ciudad de Buenos Aires, y su posterior prisión por el lapso de 3 semanas resultó una clara violación a su derecho a la libertad y un claro caso de persecución política. Había sido detenido con 3,2  gramos de clorhidrato de cocaína y 9,2 gramos de marihuana. Por las cantidades halladas y su comprobada adicción, se trataba de un hecho notorio de tenencia de estupefacientes para consumo personal, hecho que debió involucrar a las agencias de salud del Estado y que de ningún modo resultaba punible a partir de la doctrina jurisprudencial derivada del fallo de la Corte Suprema del 25 de agosto de 2009 en la causa “Arriola, Sebastían y otros”.
  • En este sentido, el juez Claudio Bonadío nunca debió encarcelar a Pitu Salvatierra –y mucho menos procesarlo– porque desde el fallo “Arriola” el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, resulta incompatible con nuestra constitución, carta magna que estableció que no son punibles aquellas conductas que quedan reservadas a la esfera de la libertad personal y no perjudiquen a terceros[3].

Derecho a la Salud

  • Los Hospitales Públicos de la Ciudad prestan un servicio deficiente de salud que recarga laboralmente a los profesionales, sin una mejora de las instalaciones del sistema de salud lo que genera vulneraciones de derechos (art. 20 CCABA) como los de la madre que tuvo que parir a su hijo en un pasillo del Hospital Santojanni[4].
  • En igual sentido, el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género[5], vulnera el derecho a la salud, por cuanto los tratamientos hormonales quedan librados a la voluntad de los médicos y en algunos hospitales porteños piden como requisito consultas con psiquiatras, hecho explícitamente prohibido en la ley[6]. Este grupo poblacional tiene un promedio de vida en nuestro país que no supera los 40 años y la inmensa mayoría no tiene trabajo formal ni obra social ni prepaga por lo cual necesita recurrir al sistema público de salud y es su derecho. A fines de noviembre, tras reiterados pedidos de informes presentados por este ODH junto a la organización Putos Peronistas, el Gobierno de la Ciudad tomó nota de la preocupación planteada e informó centros de salud en los que se realizarían los tratamientos consultados. Sin embargo, a la fecha esa información no ha podido ser verificada.

Derecho a la Educación

  • La amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia[7] que contiene a cientos de personas en situación de calle vulnera el espíritu del art. 23 de la CCABA, respecto al derecho a la educación.
  • Asimismo, no se cubrió la necesidad de los aspirantes de acuerdo a la asignación de las vacantes on line y la cobertura de educación maternal e inicial es escasa e incompleta e incompleta.
  • Por último, el mantenimiento y renovación de infraestructura es deficiente. Se puede mencionar el caso de derrumbe de techo en la escuela del Barrio Belgrano (diciembre 2016). El deterioro de la educación pública se mantiene inalterado.

Derecho a la Vivienda

  • A pesar de anunciar la urbanización de las villas 20, 31 y 31 bis y Rodrigo Bueno, ningún anuncio tuvo un correlato en la cotidianeidad de los vecinos de esos barrios. Si bien se promovieron algunas leyes que reconocieron el derecho a la urbanización de sus habitantes, tal como lo establece el art. 31 CCABA, las mejoras aún no se han producido y es el propio gobierno de la CABA el que le respondió a un pedido de informe presentado por este ODH que los vecinos se autogestionan el sistema de cloacas[8].
  • La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se enganchan ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”.
  • Las agencias del Estado porteño, en particular la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, informaron a este ODH en respuesta a un pedido de informes que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están dirigidas a atender situaciones de emergencia y a obras de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.
  • Al mismo tiempo, cada una de las urbanizaciones anunciadas esconden un correlato con negocios inmobiliarios indisimulables: En el caso de Villa 31[9], se comienza con la construcción de una nueva autopista, en lugar de por la construcción de vivienda nueva, la infraestructura de servicios o la apertura de nuevas calles; en el caso de Villa 20[10], la urbanización se sustenta la construcción de la villa olímpica para los juegos olímpicos de la juventud en Lugano, en lo que aparece como un jugoso plato para la patria contratista; en la misma línea, la urbanización de villa Rodrigo Bueno va de la mano de la construcción del complejo Solares de Santa María por la empresa IRSA.

Memoria, Verdad y Justicia

  • La Subsecretaría de Derechos Humanos y Colectividades prioriza la Dirección de Colectividades habiendo hecho sobre esta temática 8 de las 13 publicaciones que editó y ninguna sobre la violación a los Derechos Humanos en la Argentina.
  • Al mismo tiempo practica la flexibilización laboral hacia sus trabajadores.
  • Sigue sin implementar el Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de tener presupuesto al efecto, no tiene personal asignado a esa labor ni le da publicidad a su existencia.

Derecho a la Cultura

  • El inicio de la gestión estuvo a cargo de un funcionario que instaló un discurso público negador del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar. Estas reiteradas intervenciones fueron vigorosamente repudiadas por distintos colectivos referentes de las políticas de Memoria, verdad y justicia. Si bien fue reemplazado de ese Ministerio aún está a cargo del Teatro Colón.
  • Por su parte, la falta de implementación de la Ley de Centros Culturales es una afrenta para el art. 32 CABA, generando una discriminación a la producción artística de estos espacios centrales para la participación y el desarrollo barrial.

Derecho a la Seguridad

  • Si bien la Legislatura porteña sancionó la ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires, la misma no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. De este modo, no quedó establecida la prohibición de utilización de armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional, en particular las neopicanas Taser[11].
  • La norma contempla algunos derechos loables. Sin embargo, la norma que dio vida a la Policía Metropolitana en el año 2008 también tuvo objetivos loables y, luego, fue conducida por un cultor del genocidio como Jorge “Fino” Palacios, quien construyó una fuerza a espaldas de esa norma, con diversos casos de gatillo fácil y ningún índice de mejora en la satisfacción al derecho a la seguridad de los porteños (art. 34 CCABA). Por ende, deberemos estar atentos a la implementación[12].
  • Por su parte, cabe indicar que el fallo del Superior Tribunal de Justicia en “Vera, Lucas Abel” (expediente nº 11835/15) por el que se habilita un accionar ilegal de los agentes policiales, concediéndoles facultades que no poseen y que fueron expresamente limitadas por la CIDH, en el caso “Bulacio vs. Argentina” implica que el STJ está comprometiendo la responsabilidad internacional de la Nación respecto al no acatamiento de los pactos internacionales.

Equidad de Género

  • Tanto la Dirección General de la Mujer dependiente del Gobierno de la Ciudad, como la línea 0800 MUJER que dependen de ella, no ha tenido difusión en la vía pública, y/o medios de comunicación, dejando a las víctimas de violencia de género en total desamparo por falta de acceso a las soluciones que puede brindar el Estado local. Ante la falta de conocimiento de este recurso, las víctimas de la Capital Federal han recurrido a utilizar la línea telefónica 137 (funciona solamente en la Ciudad de Buenos Aires) y 144, dependientes del Estado Nacional y puestas a funcionar durante la gestión anterior, que brindan información, orientación, asesoramiento y contención a las víctimas de violencia de género. Así el estado porteño ha dependido siempre de operativos nacionales, para la atención de casos de violencia contra las mujeres, desatendiendo su obligación de generar las condiciones para alcanzar la equidad de género.
  • Asimismo, las empleadas y los empleados de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), vienen denunciando la preocupante precarización que sufren, la drástica reducción de personal (casi 50% en los últimos 8 años) que vienen padeciendo, el pésimo estado en el que se encuentran los refugios para las víctimas, como así también el exiguo presupuesto con el que cuentan. En esa línea el bajísimo presupuesto que había sido previsto para el año 2017, pudo ser incrementado en un 20%, luego de una importante lucha y movilización por parte de los trabajadores de la Dirección de la Mujer.
  • En cuanto al patrocinio legal y contención psicológica necesarias para estos casos, la ausencia del Estado es notoria. A pesar que los siete CIM existentes cuentan con un gabinete interdisciplinario de atención y seguimientos de casos, no cuentan con personal suficiente, instalaciones adecuadas y recursos, para la creciente demanda, para una problemática que día a día adquiere mayores dimensiones por el momento de concientización que vive la sociedad argentina. En ese contexto, los CIM no tienen capacidad para solventar la demanda, ni tampoco para atender en las urgencias, ya que los turnos tienen una demora promedio de un mes. El Estado porteño se oculta con la existencia de la OVD, oficina judicial que sólo atiende casos dentro de la jurisdicción de la Capital Federal.
  • La situación se agrava ante el incumplimiento de la ley Nº 5.466, sancionada a fines del año pasado en la Legislatura porteña. La misma prevé la creación de un CIM por comuna o un CIM cada 50.000 mujeres por comuna. La aplicación de esta norma sería determinante a la hora de canalizar la satisfacción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sin embargo, el gobierno local no ha mostrado ningún avance, ni voluntad en cumplir con la ley y hacerla operativa.
  • Por último, debe subrayarse que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontró artilugios para no distribuir el material enviado desde Nación a fin de cumplir con el material preparado y distribuido por el Ministerio de Educación de la Nación con el contenido de la ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI), la que concibe una educación sobre sexualidad y género que abarca no solo lo vinculado con lo sexual, sino que también está íntimamente relacionado con lo social, y para que sea aplicada desde el nivel inicial al terciario. Se trata de medidas de prevención y concientización para la erradicación de la problemática que el Gobierno de la Ciudad no está implementando. Por el contrario creó su propio material pedagógico en el cual se han detectado errores conceptuales y hasta discriminatorios. De este modo la Ciudad de Buenos Aires, no tan sólo falla al momento de socorrer a las víctimas, sino que tampoco acciona hace para erradicar estos hechos aciagos, por lo que no hay recepción al reclamo masivo del #NIUNAMENOS.

 

 ESTRATEGIAS

Si el Presidente de la Nación tuvo cobertura mediática, el caso del Jefe de Gobierno fue más peculiar aún, pues inclusive los medios críticos le prestaron poca atención por priorizar la agenda nacional sobre la porteña. Además, los asesores de marketing tampoco estuvieron alejados del oficialismo porteño generando puestas en escenas que coadyuvaran a sus objetivos, aunque en algunos casos fueron descubiertas y tuvieron que salir a dar explicaciones. Tal los casos del montaje por el anuncio de la nueva Policía de la Ciudad con ploteo de helicópteros del SAME, disfraces y actores, cuando todavía no había enviado el proyecto de ley a la Legislatura[13]. O Cuando el Jefe de Gobierno fue a dialogar con supuestos estudiantes a una escuela cuando, se supo, no pertenecían a ese establecimiento y, se sospecha, también eran actores.

Si a ello se le suma una oposición fragmentada, Rodríguez Larreta tuvo año sin demasiadas complicaciones políticas. Aunque también queda la lección: Cuando la reacción fue organizada y contundente supo retroceder. Tal el caso de la renuncia de Lopérfido o el proyecto de ley de urbanización de Villa 20 que tuvo que ser modificado a pedido de los vecinos para incluir la urbanización integral y no solo cambios de normativa de construcción. En estos casos se observaron apelaciones al pragmatismo y cierta destreza política.

En definitiva, en ambos casos, tanto el Presidente como el Jefe de Gobierno, han redundado gestiones que han restringido derechos, pero que han recalculado cuando se vieron acorralados por la respuesta organizada de las fuerzas vivas del pueblo. También ese es un balance que hay que tener en claro para quienes defendemos los derechos con la Constitución en la mano. Si acertamos en estrategias y en unidad, se puede incidir en dejar de retroceder y poder avanzar hacia mayor cobertura de derechos y mayor grado de respeto al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.


[1] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/16/espacios-verdes-en-la-ciudad-de-buenos-aires-informe-del-odh/

[2] https://odhbsas.wordpress.com/tag/time-warp/

[3] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-persecucion-politica-en-la-ciudad/

[4] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-violencia-obstetrica-y-parto-respetado/#f=radio&l=related

[5] https://odhbsas.wordpress.com/2016/03/16/reclamo-por-el-incumplimiento-de-la-ley-de-identidad-de-genero/

[6] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/08/observatorio-de-derechos-humanos-de-la-ciudad-la-caba-no-cumple-la-ley-de-identidad-de-genero/

[7] https://radiocut.fm/audiocut/las-mentiras-sobre-el-metrobus-informe-del-odh-odh_bsas-patriavillera/#f=search&l=result

[8] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/15/el-gcba-admite-que-los-vecinos-de-las-villas-autogestionan-el-sistema-cloacal/

[9] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-deficit-habitacional-en-la-ciudad-y-el-caso-de-la-villa-31/#f=radio&l=related

[10] http://www.laimposible.org.ar/2016/11/24/columna-del-odh-demian-konfino-sobre-la-urbanizacion-de-la-villa-20/

[11] https://odhbsas.wordpress.com/2016/09/27/pedido-a-los-legisladores-para-restringir-el-uso-de-las-pistolas-taser/

[12] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

[13] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

 
 
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