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El ODH alerta por la adquisición de armas “menos letales” para la nueva Policía de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios.

En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”.

Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.

Lo que más preocupa es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre .68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.

El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.

El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

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Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.

La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas “menos letales” y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.

Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).

Esperamos que las “nuevas” fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.

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PEDIDO A LOS LEGISLADORES PARA RESTRINGIR EL USO DE LAS PISTOLAS TASER

PROPUESTA DEL ODH PARA LA NUEVA LEY DE LA POLICIA DE LA CIUDAD

En la Legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley para crear una nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los legisladores que incluyan en la normativa la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. También solicita que establezca que en ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El cuestionamiento del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las pistolas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando, junto a la Organización HIJOS, se inició una acción de amparo ante el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera comprar estas armas para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostró que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunció la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que evidencian la “letalidad” de esas armas. Ya han provocado la muerte de muchas personas que padecían enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

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Nuestra propuesta es que el nuevo articulado incluya:

Art.- La actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de:

El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El Estado argentino debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de maltrato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, esa obligación debe consistir en que los legisladores de la ciudad voten que la nueva policía esté impedida de usar este tipo de armas.

Este es el pedido del ODH a todos los legisladores de la Ciudad.

 

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El ODH presentó la denuncia ante la CIDH para prohibir las TASER

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos Aires denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en especial se viola el deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.

La petición ha sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA, Pedro Aníbal Paradiso Sottille, por Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras agrupaciones y personalidades.

comision-interamericana-de-derechos-humanosLos cuestionamientos por parte del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos, iniciamos una acción de amparo ya que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.

En consecuencia, tanto la Jueza de primera instancia Dra. Andrea Danas como la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad consideraron que correspondía hacer lugar al amparo y pusieron énfasis en la importancia de prevenir la tortura, – agregando en particular la Cámara que la historia reciente de nuestro país en relación a la utilización de “ilegítima violencia (y extrema) por parte del Estado” exigía efectuar una visión más restrictiva conforme documentos internacionales sobre el uso de las Taser X26, siendo lo apropiado desde la óptica de los derechos humanos.

No obstante, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó el pronunciamiento de la Sala II y decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.

Dicha decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN, quien en línea con el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, también rechazó formalmente el recurso interpuesto.

Luego del fallo de la CSJN, que cierra la posibilidad de seguir la discusión en el ámbito nacional, hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana para que conozca esta situación que entendemos configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

Resulta reprochable que una jurisdicción de nuestro país como la Ciudad de Buenos Aires adopte la decisión de equipar a la policía local con elementos de esta índole. Además, la República Argentina, al rechazar la Corte Suprema de Justicia el amparo, incurre nuevamente en una transgresión a normas internacionales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos.

Justamente aquello que se pone en conocimiento de la Comisión es que la República Argentina debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de trato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso debieron consistir en medidas ejecutivas pero también judiciales.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

 

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Taser: La Corte deberá decidir.

Conferencia de prensa en UTE

Conferencia de prensa en UTE

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Defensor General Dr. Horacio Corti presentamos un recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que autoriza a las fuerzas de seguridad porteñas utilizar las neopicanas Taser X26. Nuestro objetivo es que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien resuelva el tema.

El ODH y la Defensoría sostuvimos que los fundamentos esgrimidos en la sentencia del TSJ del 16 de marzo de 2015 son repulsivos y contrarios a diversos derechos de nuestra Constitución, entre ellos el derecho a la salud, a la integridad física y a la vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la prueba del expediente que presentamos, queda demostrado que la utilización de las neopicanas Taser X 26 por parte de la Policía Metropolitana, por el intenso dolor que provocan y el efecto letal que generan, conlleva un peligro inminente para cualquier sujeto que pueda verse sometido a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esta línea, los agentes de seguridad no podrían prever -aun mediando un protocolo de uso que aún no existe- el efecto letal sobre el universo de personas vulnerables (aquéllas que tengan dolencias cardíacas, mujeres embarazadas o bajo el efecto de drogas).

Conforme la página oficial de Taser International -compañía que introdujo los dispositivos Taser al mercado internacional-, el Taser X26 es un inmovilizador temporal disuasivo que utiliza un cartucho reemplazable de nitrógeno comprimido para disparar a presión dos dardos que quedan unidos al Taser X26 por dos cables conductores aislados de hasta 7,6 metros de distancia. A continuación, el Taser X26 transmite pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo inmovilizando las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona. La energía puede penetrar hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.

En otras palabras, son picanas portátiles, inalámbricas. Esto no puede pasar inadvertido. Si la utilización de las picanas es ilegal y repudiada por la sociedad cuando se la emplea en un “interrogatorio” en un sótano policial, también lo es cuando se la utilice para reducir a un delincuente o manifestante. La autorización de estas armas significaría legalizar la tortura. Y creemos que es inadmisible, aun en nombre de la eficacia de la “seguridad”.

En este sentido, la adquisición de estas armas para el personal policial es contrario a lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, órgano de la Convención contra la Tortura con rango constitucional que establece que el uso del arma Taser implica una violación a los Derechos Humanos.

Cabe recordar que mediante la Resolución 20/MJYSGC/2010 el GCBA había autorizado la contratación directa para la adquisición de armas denominadas “no letales” con destino a la Policía Metropolitana, entre ellas cinco dispositivos Taser X26, cuya comercialización era exclusiva de la firma Buccello y Asociados S.R.L.

Allí fue que desde el ODH presentamos un amparo con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”. Esta medida logró dos fallos judiciales favorables: en primera y segunda instancia.

Hace dos semanas un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño revocó la resolución que impedía su uso y autorizó a equipar a la Policía Metropolitana con las mismas. Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”. Según ellos, habría que esperar un hecho concreto de muerte o tortura, para dar lugar al amparo.

De esta forma, el TSJ modifica y por su propia voluntad, la letra de la Constitución que permite el ejercicio de la acción de amparo, también cuando el daño sea inminente. Tal es el caso de las Taser, ya que al haberse aprobado la adquisición, la portación y el uso de las neopicanas por parte de la Policía Metropolitana era inminente cuando se planteó la acción judicial.

Sin embargo el TSJ ha preferido irse por la tangente, negando que haya un daño actual. La situación resulta de extrema seriedad porque pone en amenaza los derechos humanos de la vecindad porteña. Ante ese fallo cabe preguntarse, ¿la Justicia solo va a actuar cuando haya un muerto o un torturado?

La Justicia tiene una función preventiva que es insoslayable. El recurso de amparo tiene, entre otras, esa función específica. Amparar a las personas para que no sean violados sus derechos humanos, cuando el daño sea actual o inminente. El TSJ ha borrado la letra de la Constitución de un plumazo. Por ello, resulta urgente la intervención de la Corte Suprema Nacional, para volver a la senda del Derecho.

Ante el sólido Recurso Extraordinario que presentamos esta semana, el Tribunal Superior de Justicia tiene la potestad de concederlo para que lo resuelva la Corte o rechazarlo, potenciando el escándalo jurídico que implicó su sentencia. En este caso, si lo rechaza, los organismos que firmaron el escrito prometieron ir directamente a la Corte por Recurso de Queja. E, inclusive, se han comprometido a llevar el caso a instancias internacionales, si fuera necesario.

En el contexto de nuestro país, donde la picana nos ha hecho tristemente célebres en el mundo, no es posible concebir que se legalice la tortura. Por eso, el CELS, Amnistía Internacional, H.I.J.O.S., APDH, CHA, ATE, UTE, UEJN – Capital, entre otras organizaciones han acompañado la presentación del ODH.

No estamos dispuestos a retroceder en la vigencia de los Derechos Humanos. Ante la intentona de introducir la picana legal en las fuerzas de seguridad, una sola voz se escuchó entre las organizaciones que luchan por la humanidad: ¡No pasarán!

 

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EL FALLO QUE PERMITE LAS TASER ES INCONSTITUCIONAL Y POLÍTICO

Desde el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) nos enteramos por los medios la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad que revoca los fallos de primera y segunda instancia, permitiendo la utilización de las neopicanas Taser por parte de la Policía Metropolitana. No hemos sido notificados formalmente del fallo como organización que llevó adelante la presentación judicial. Sin embargo, hemos accedido al fallo a partir de la divulgación que con clara intencionalidad política ha realizado el Tribunal Superior.

La comunicación del fallo a la prensa, antes que a las partes, tiene el claro objetivo de incidir favorablemente en la campaña presidencial del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri. De esta manera, el TSJ, como versión local del “Partido Judicial”, le obsequia a Macri un triunfo judicial, al día siguiente de conocida la nueva alianza electoral entre el PRO y la UCR, lo que se ha interpretado como un triunfo político por parte del PRO. Esta concatenación de avances intenta mostrar un efecto ganador que no repara en valladares constitucionales.

Taser-x26Tal es así, que la resolución judicial recurre a un artilugio procesal restrictivo del acceso a la Justicia para evitar inmiscuirse en las pruebas del expediente: El Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. También reconoce la ausencia de protocolo; diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes.

Lo que se demuestra en el expediente y no es rebatido por el TSJ–con la honrosa excepción de la Dra. Alicia Ruiz que vota en disidencia- es que el uso de armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno local constituye una forma de tortura y vulnera de este modo los artículos 2 y 16 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los derechos a la vida, integridad física y salud consagrados en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución Nacional y Local.

La acción fue iniciada en 2010 por el ODH, con un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”.

Esta pretendida carencia de legitimidad de Carlos Pisoni, integrante del ODH, en su carácter de ciudadano está expresamente ratificada por el artículo 14 Constitución de la CABA que le otorga legitimación para ejercer la acción de amparo a “cualquier habitante”, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en lo que se refiere a las llamadas “armas no letales Taser x26”.

Las argumentaciones esgrimidas por el TSJ en torno a la falta de legitimación activa de esta parte, como ya lo sostuvo la Jueza en primera instancia y lo confirmó la alzada, quedan rebatidas de plano por la doctrina jurisprudencial derivada del fallo “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” y su aplicación al caso concreto.

Estamos en presencia de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En efecto, interpusimos acción de amparo en virtud de considerar que la inminente adquisición por parte del GCBA de armas de electro-convulsión Taser x26, a partir de las Resoluciones administrativas 1049/MJYSGC/10 y 20/MJYSGC/10, cuyo uso ha sido catalogado por el Comité contra la Tortura como pasible de conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por el intenso dolor que provoca, vulnera los derechos a la vida, integridad física y salud del ciudadano Pisoni y de quienes habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, así como viola el principio de legalidad, en la medida en que todas estas personas pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad porteñas.

No se trata de un derecho subjetivo a la legalidad, sino de:

1)            La existencia de un hecho único o complejo; dado por la decisión del GCBA de adquirir las armas de electro-convulsión Taser x26, hecho pasible de causar una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, esto es, la vida, integridad física y salud, de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

2)            La pretensión concentrada en los efectos comunes que el uso de estas armas puede conllevar sobre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y no en lo que cada individuo por separado puede peticionar. El hecho afecta en forma homogénea a quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser víctimas del uso de estas armas por el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas.

3)            Finalmente, de considerarse que esta parte no tuviera legitimación activa en autos, habría una clara afectación del acceso a la justicia.

Se ha demostrado que la acción administrativa es violatoria de la Constitución y de las leyes de la Ciudad, puesto que la inminente adquisición de las armas, contraría lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, el art. 34 de la CCABA (entre otros) y lo dispuesto en el art. 28 inc. b) de la Ley 2894.

Cabe recordar que el artículo 14 de la CCABA habilita la acción de amparo para aquellos casos en que exista una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente a un derecho humano. De tal modo, el TSJ –particularmente el voto del Dr. Lozano- solo se limita a evocar el daño o perjuicio concreto o actual como vía para que proceda el amparo, esperando que haya un muerto o un torturado para poder acceder a la Justicia. Hay que decirlo: Esta interpretación modifica, de modo inconcebible y por su propia voluntad, la letra de la Constitución.

Por el contrario, la Sala II CCAyT había advertido que el daño inminente a los derechos a la vida, salud e integridad personal derivados de las resoluciones administrativas que dispusieron la adquisición de las armas Taser X26 se configura cuando: “…el dictado de las resoluciones 1049/MJySGC/09 y 20/MJySGC/10 conllevan per se la inminente adquisición por parte del GCBA, mediante contratación directa, de las “Taser” y el consecuente empleo de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad porteñas. De allí que, el agravio esbozado por el GCBA, resulte inviable frente al claro espíritu expuesto por el constituyente local al redactar el artículo 14 de la CCBA, arribar a una interpretación contraria implicaría desnaturalizar a la acción de amparo al condicionarla a la ejecución de los mentados actos administrativos y, en el caso de autos, al concreto uso de las armas…”.

En síntesis, los argumentos vertidos sobre la legitimación activa son inconsistentes y falaces.

Como consecuencia de lo expuesto el “caso” se materializa en la pretensión de evitar que se concrete el daño inminente a los derechos a la vida, salud, e integridad física de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires, atribuible a la pronta adquisición de las armas Taser X 26 por parte del GCBA.

Como bien remarca la JuezaDanas en su fallo de primera instancia “El “caso”… está dado en el confronte que deberá hacerse entre el pretendido uso de las armas Taser X 26 por el Gobierno, y los tratados internacionales que el Estado Argentino ha suscripto. Este control de convencionalidad será el “caso” o “controversia” que deberá resolverse en el presente amparo.” (pt. II.2) Esto mismo es retomado por la Alzada, y es en ese sentido que falla.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad al confirmar el fallo de primera instancia que había prohibido el uso de las neopicanasTaser X 26 por parte de la Policía Metropolitana ante una presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) y que había sido apelado por el gobierno del Ingeniero Mauricio Macri, sentenció que “Razonablemente, cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.”

Asimismo, el fallo se había inscripto en el contexto de nuestra historia advirtiendo que “El presente caso, finalmente, debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado. Dicha circunstancia termina por disipar cualquier duda que pudiera surgir sobre el uso de las armas bajo examen, receptando la visión más restrictiva que surge de los documentos internacionales antes reseñados, que es la más apropiada desde la óptica de los derechos humanos, tal como lo vivenciamos los argentinos como aspecto esencial de nuestra cultura constitucional democrática.”.

Lamentablemente, el TSJ borra por decisión política, antes que por argumentos judiciales, un fallo histórico, coherente con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hace a la argentina ejemplo en el mundo.

El Poder Judicial avala, con esta decisión, al Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura, a contramano de la Historia reciente de nuestro país y de lo receptado por la ley de Seguridad Pública y la Constitución de la Ciudad.

Una vez notificados formalmente del fallo, interpondremos un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

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La Justicia confirmó el fallo de primera instancia que prohibe la pistola TASER

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires confirmó, el 29 de noviembre de 2010, la desición de primera instancia de la Jueza Andrea Danas, en relación a la causa que prohibe la utilización de las pistolas TASER. De esta manera, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, conformada por los jueces Mabel Daniele, Esteban Centanaro y Horacio Corti, confirmó por unanimidad la sentencia dictada en julio del año corriente.

El fallo se conoció hoy, después que el 24 de noviembre de 2010 se realizace una audiencia entre el ODH y el Jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, en el marco del expediente judicial 36689/1, convocada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que tuvo tiempo hasta ayer para resolver sobre la apelación realizada por el gobierno porteño.

En la audiencia, Eugenio Burzaco, Jefe de la Policía Metropolitana, había admitido que para las Naciones Unidas las Pistolas TASER son un elemento de tortura.

A lo largo de la audiencia el ODH mantuvo su posición en referencia al peligro que implicaría el uso de las pistolas TASER por parte de las fuerzas de seguridad locales por ser consideradas un elemento de tortura. En ese sentido, se volvió a hacer hincapié en las razones que habían inducido al ODH a presentar un recurso de amparo, el 22 de febrero de este año, sustentado en tres premisas básicas:

1) el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser;

2) el uso de armas Taser puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aún de quienes se encuentran en perfecto estado de salud;

3) la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial (en tanto las armas no dejan marcas en el cuerpo).

Celebramos la coherencia entre el primer fallo y la confirmación, en la misma línea, de la Cámara de segunda instancia.

Los derechos humanos y la seguridad son complementarios y no contradictorios y esa será nuestra postura a lo largo de todas las instancias que requiera el trámite judicial.

Aquí el informe de Amnistía Internacional sobre las taser.

 

Nota Canal 7  https://www.youtube.com/watch?v=s6E5uzodsZo

 

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