La discusión no puede ser entre matar o torturar.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hace un llamado a las autoridades del Estado Argentino para que respeten, controlen y obliguen a que todos los poderes del Estado respeten la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones que la integran.

En la última semana altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y las máximas autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad se han manifestado en contra del respeto al derecho fundamental de las personas, el Derecho a la Vida.

Han incitado al uso de la violencia extrema y desmedida contra personas que poseen derechos y garantías, de los cuales las fuerzas del Estado deben ser garantes.

Asimismo, sus expresiones van en contra de las leyes a las que debe ajustarse la Policía, entre ellos “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas”. Violando también el mandato legal que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar “estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”.

Ante las medidas de ajuste y desmantelamiento del estado, las protestas sociales aumentaron en el último año en nuestro país. Como respuesta, desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también va en aumento.

Esta ofensiva represiva debe ser frenada de inmediato por los Poderes Legislativo y Judicial, garantes también ellos también de la vigencia plena de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Esta situación planteada ex profeso ha vuelto a abrir la discusión respecto de las armas eléctricas de tortura Taser. Este tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, la integridad física y la salud. Están calificadas como implementos de tortura por la ONU.

Falso debate: pistolas eléctricas o pistolas con balas de plomo.

Los cuestionamientos del ODH ante a el uso de las armas Taser en nuestro país, comenzaron en 2010 cuando, junto a la Organización H.I.J.O.S., iniciamos un acción de amparo frente a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de comprar este tipo de armamento para la Policía local.

En la acción judicial quedó demostrado que las armas eléctricas Taser implican un elemento de tortura. Existen importantes antecedentes a nivel mundial, que evidencian la “letalidad” de estas armas. El uso de las taser provocaron la muerte de muchas personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso su utilización con niños y mujeres embarazadas.

Actualmente, el ODH se encuentra peticionando ante la Comisión IDH, mediante denuncia “Adolfo Pérez Esquivel y Otros, P-1712-16 c/Argentina”, por la violación de los derechos humanos en el marco de las previsiones de los artículos 1, 2, 4, 5 y 11, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esperamos que la Corte IDH se expida y se prohíba el uso de las armas eléctricas de tortura Taser en la República Argentina.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.