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NUESTRA HISTORIA

Patrick Rice compañero, trabajador incansable por los Derechos Humanos, ex detenido, fallecido el 8 de julio de 2010 prologó el primer informe del O.D.H. y a modo de homenaje utilizamos el mismo para contar nuestra historia en la letra de uno de los más grandes luchadores por los derechos humanos del mundo.

“El Observatorio de Derechos Humanos es un organismo no gubernamental creado para la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Surge como respuesta a una situación particular que se vive en esta ciudad en materia de derechos humanos que es necesario explicitar. 

Pronto a cumplirse el Bicentenario de la Revolución de Mayo, podemos repasar brevemente varios de los acontecimientos traumáticos que vivió la Ciudad de Buenos Aires.

A fines de los sesenta se habían vivido actos de represión y persecución en el ámbito universitario que llevaron a muchos intelectuales argentinos a buscar el exilio. La noche de los bastones largos es una de las más recordadas. En esos años hubo una migración masiva desde el interior a la capital que dio origen a las numerosas villas de emergencia. Varias de estas villas fueron destruidas y su población expulsada al Gran Buenos Aires durante la última dictadura militar. 

En la década de los setenta numerosos ciudadanos de la ciudad fueron víctimas de los más graves atropellos a sus derechos por parte del Terrorismo de Estado (1976-83). Existieron varios centros clandestinos de detención y extermino como la ESMA, el Olimpo, el Club Atlético, etc. en puntos neurálgicos de la ciudad.

Durante los ochenta, vivimos una tibia transición a la democracia Y ya en la década de los noventa amplios sectores medios de la población porteña vieron como empeoraron sus condiciones socioeconómicas al sufrir todos los vaivenes de la crisis del país durante la gestión de Carlos Menem que impulsó las privatizaciones, la flexibilización laboral y el auge del consumismo.

También en ese entonces se produjeron en la ciudad los dos atentados terroristas más destructivos en la historia del país: la bomba contra la embajada de Israel el 17 de marzo 1992 y el ataque contra la AMIA el 19 de julio de 1994. Estos hechos con sus secuelas de muertes y heridos, más su encubrimiento, la falta de justicia para encontrar y juzgar a los responsables, afectaron la vida de la población de la ciudad y sus consecuencias persisten hasta el día de hoy. 

En medio de esta situación, sin embargo, se produjo un acontecimiento trascendente. En 1995 mediante la elección de una Asamblea Constituyente se logró consensuar una visión de la ciudad por la cual todos debemos trabajar. Esta visión se expresó en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada en octubre de 1996.

En ella se establecen reformas políticas importantes como la división de la ciudad en comunas para una mayor participación ciudadana (que aún sigue pendiente de concretarse). Siguiendo las Declaraciones de Derechos y Garantías de la Constitución de la Nación Argentina, la nueva Constitución de la Ciudad consagra los derechos ciudadanos que con primordial responsabilidad debe promover, respetar y garantizar el Gobierno de la Ciudad en ejercicio de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Lamentablemente este hecho refundacional tuvo poca influencia inmediata en la vida política y económica de las personas de la ciudad porque el deterioro del ejercicio de nuestros derechos bajo la oleada neoliberal, continuaba avanzando dolorosamente sobre los sectores populares. Cuando llegó el colapso de diciembre de 2001, de igual manera que el resto del país, la vida de la ciudad quedó envuelta en una situación de miseria alarmante, represión policial, anomia política y falta total de perspectivas. La respuesta positiva de la población fue su protagonismo en importantes movimientos de asambleas populares de vecinos, trabajadores y desocupados para fortalecer la democracia, la acción solidaria de comedores comunitarios, fábricas recuperadas y organizaciones barriales. Paulatinamente en los años subsiguientes, conjuntamente con la reactivación nacional, se comenzaron a recuperar un cierto ritmo de crecimiento, de equidad y de desarrollo donde se empezaron a hacer realidad algunos de los derechos y la visión consagrados en 1996. 

En la ciudad de Buenos Aires están concentrados los principales sectores de poder de la Argentina, herederos de la vieja oligarquía porteña, que apoyaron a la dictadura militar con sus políticas neoliberales de muerte y saqueo y continuaron asociados en los posteriores gobiernos, llegando a su máxima expresión con las reformas de Carlos Menem que llevaron a la privatización y al desmantelamiento del Estado. Estos sectores siempre se han opuesto a la inclusión social equitativa y a la vigencia de los derechos humanos en la vida argentina y manejan con esta misma ideología los medios de comunicación tradicionales. 

El 30 de diciembre de 2004 ocurrió otro hecho fundamental que iba a cambiar profundamente el rumbo político de la ciudad. Fue la tragedia del boliche República de Cromagnon donde perdieron la vida casi 200 jóvenes por un incendio durante un recital musical. Este hecho -de amplias repercusiones políticas, sociales y judiciales- llevó finalmente a la destitución del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y la asunción de su vice Jefe Jorge Telerman.

En este contexto hacía su emergencia en la ciudad una nueva fuerza política. El 25 de mayo de 2005 fue creada Propuesta Republicana (PRO), una alianza entre partidos políticos de tendencia liberal tales como Compromiso para el Cambio de Mauricio MacriRecrear para el Crecimiento de Ricardo López Murphy y el Partido Federal, cuyo principal referente fue Francisco Manrique. Desplegando una gran campaña publicitaria y con slogans minimalistas, el “PRO” comenzó a dominar la vida porteña y sobre todo a tener creciente presencia en la Legislatura. En las elecciones de 2007 fue elegido como nuevo Jefe del Gobierno el Ingeniero Mauricio Macri y su vice, Gabriela Michetti, con la promesa de producir cambios fundamentales para mejorar la vida de la población de la ciudad de Buenos Aires. El 10 de diciembre de 2007 asumió el nuevo gobierno en la Ciudad.  

A lo largo de 2008 comenzaron a producirse numerosas situaciones de vulneración de los derechos humanos que inquietaron a varios sectores de la sociedad civil. El gobierno de la Ciudad estaba desconociendo los derechos de la mayoría de los ciudadanos y sobre todo los derechos expresamente legitimados en 1996. 

Así fue que un grupo de personas de diferentes edades, experiencias, profesiones y orientaciones políticas nos unimos y propusimos la tarea de observar, evaluar y alertar acerca de la situación de los derechos humanos en la ciudad tomando como referencia la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nuestro interés no es el de hacer un alegato político o jurídico en contra de un gobierno elegido por una gran mayoría, sino denunciar una situación alarmante que es nuestra obligación defender como personas dedicadas a los derechos humanos. Vemos un grave deterioro de la vigencia de los derechos humanos en la ciudad que de continuar así va tomando el carácter de irreversible en sus consecuencias para la vida de los más vulnerables como son los jóvenes, niños y niñas de los barrios. Al estar tan perjudicados en el presente es difícil que recuperen estos derechos, sobre todo el derecho a la educación. Nuestro informe pretende ser una llamada de atención para todos los sectores de la ciudad y no solo los partidos políticos. Todos somos responsables por estas situaciones preocupantes. El Observatorio hace público lo que está pasando desde la perspectiva de los derechos humanos a las grandes mayorías de esta ciudad. Es nuestra firme esperanza que nuestra voz sea escuchada”.

 

 

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