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Archivo de la categoría: CULTURA

INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

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Reclamo por el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y Diana Aravena de la Agrupación Putos Peronistas presentaron un pedido de información al Ministerio de Saludo de la Ciudad ante el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, reglamentada en 2015.

En los últimos meses se han observado obstáculos en la atención médica que las personas trans necesitan. Los tratamientos hormonales quedan librados a la voluntad de los médicos. En algunos hospitales porteños, les piden como requisito consultas con psiquiatras, algo que está explícitamente prohibido en la ley. La provisión de hormonas es escasa y sólo se entrega en caso de largos reclamos. Lo mismo sucede con las prótesis, que han llegado a pedirles a las pacientes que las compren ellas mismas. No se han hecho operaciones de reasignación, tal como la ley indica. Teniendo en cuenta que la gran mayoría del colectivo trans no tiene obra social porque se las discrimina en el acceso al trabajo. La discriminación también se hace sentir en la atención primaria de salud, por eso la expectativa de vida de no supera los 40 años.

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Ante estas irregularidades, solicitamos a las autoridades competentes que informen sobre:

  • ¿Cuáles son las medidas y programas implementados para efectivizar lo establecido en la ley de identidad de género (Nro. 26743)?
  • ¿Cuáles son los establecimientos públicos en la Ciudad donde se realizan los tratamientos indicados por la ley de identidad de género? Especificando días, horarios de atención, equipos profesionales que lo llevan adelante.
  • ¿Qué medidas concretas tomó el Gobierno de la CABA, particularmente el Ministerio de Salud, para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en la Ciudad y de esta manera proteger la vida y el bien jurídico salud que debe ser protegido en la mayor medida posible?
  • ¿Cuáles son los establecimientos públicos en la Ciudad donde se realizan las operaciones de reasignación de sexo?
  • ¿Cuál es el presupuesto asignado y devengado para el cumplimiento de estos programas de salud?
  • ¿Cuál es el presupuesto asignado y devengado para la entrega de medicamentos?
  • En caso de existir, acompañe protocolo de actuación y/o guía de acceso a estos programas de salud.
  • ¿Cuáles fueron y son las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la salud integral de las personas trans en la Ciudad?

Este pedido se funda en la ley 104 de información pública. La información solicitada debe ser proporcionada en 10 días. Ante el incumplimiento de este plazo queda habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad. El ODH solicita esta información para procesarla, analizarla y evaluar los pasos a seguir.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, la Agrupación Nacional Putos Peronistas y Cooperativa de trabajo La Paquito Ltda.

Más información: Diana Ravena de la Agrupación Putos Peronistas: 011 156 825 3537

 

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LA JUVENTUD DEL PRO TAPO UN MURAL SOBRE DDHH REALIZADO POR ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA

Mural Escuela Arancibia sep 2013   Pintadas Juventud PRO oct 2013

 

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) pidió explicaciones al Partido Propuesta Republicana PRO por las pintadas que taparon un mural realizado por estudiantes de la escuela secundaria del Centro Educativo Isauro Arancibia.

Hace dos meses, los estudiantes de tercer ciclo realizaron talleres con el IEM (Instituto Espacio por la Memoria) sobre derechos humanos y memoria. Como síntesis de los talleres, realizaron un mural en la ochava de Paseo Colón y Cochabamba. En la mañana del 30 de octubre los y las estudiantes se encontraron que el mural había sido blanqueado y tapado por la consigna: JUVENTUD PRO.

Desde la dirección de la escuela explicaron que: “En este mural se reproducía una leyenda escrita por l@s alumn@s de segundo ciclo que viven bajo la autopista frente al Ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Taparon palabras llenas de sentimiento, vivencias, temores y respetos. También, estaba ilustrada con dibujos y pinturas que realizaron los estudiantes de tercer ciclo. Este fue el producto de un proyecto realizado conjuntamente con el IEM que incluyó la visita al Ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético”.

El Observatorio presentó un escrito para solicitar que se brinden explicaciones y se revierta la situación generada por el área de juventud del partido PRO.

Frente a este acto, que entendemos un atropello a la actividad creativa desarrollada por los alumnos del Centro Educativo Isauro Arancibia, exigimos se expresen las debidas disculpas a los alumnos y docentes de la institución. También exigimos que se procea los materiales necesarios para realizar un nuevo mural”.

En una asamblea realizada en la escuela decidió convocar a una jornada de recuperación del mural y pintada total de los frentes de la escuela, el día 19 de noviembre desde las 10hs. en la puerta de la escuela ubicada en Paseo Colón 1318.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH)

 

 

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REPRESIÓN EN LA VILLA 31

 EL ODH REPUDIA LA REPRESIÓN EN LA VILLA 31 Y EXIGE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD ATENCIÓN DEL TEMA VIVIENDA

La Policía Metropolitana reprimió hoy contra un grupo de vecinos y vecinas – en su mayoría mujeres y menores – de la Villa 31 del Barrio porteño de Retiro, que manifestaban pacíficamente en reclamo al derecho a una vivienda digna y asistencia social necesaria por parte de las autoridades de la Ciudad. Ante este hecho aberrante, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta su absoluto y enérgico repudio al accionar violento, irracional y desproporcionado de la Policía Metropolitana que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma, golpes a mujeres embarazadas y privación de la libertad de vecinos, menores y una persona con discapacidad.

 

En este sentido, instamos y exigimos al Gobierno de la Ciudad:

  • A utilizar el diálogo como herramienta de negociación pacífica y democrática, que muchas veces se pregona pero no se ejercita

  • Evitar el diferencial tratamiento de los vecinos y vecinas de las Villas de la Ciudad en la protesta social estableciendo un claro acto de discriminación

  • Dar solución urgente e inmediata a los problemas habitacionales de los vecinos de la ciudad en el marco del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad

  • Instruir a la Policía Metropolitana en el estricto respeto de la ley N° 2.894 de Seguridad Pública, evitando la represión indiscriminada, que pone en peligro la vida y salud de los habitantes de la ciudad.”

 

                                                                                                        O.D.H. 

 

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