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Archivo de la categoría: SALUD

INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

 

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El GCBA admite que los vecinos de las villas “autogestionan” el sistema cloacal

El ODH ha presentado un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad sobre la situación habitacional de las villas porteñas. En las recientes contestaciones[1], la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social) informa que en las villas la gran mayoría de los habitantes han “autogestionado” su solución cloacal y de agua. En la mayoría de los casos se hizo a través de pozos, donde se depositan eses y aguas servidas y que son limpiados esporádicamente por camiones cisterna. Esto ocurre en todas las villas, también en las que están en Puerto Madero y Retiro, dos de las zonas más caras de esta Ciudad.

Puntualmente la UGIS ha dicho que “el sistema cloacal que se utiliza en las villas y asentamientos de la ciudad varía según la disposición de Infraestructura de Red Cloacal en los barrios en los que están construidos. Las instalaciones internas de las villas y asentamiento de esta ciudad han sido realizadas, originalmente, por los propios vecinos y, cuando se detectan fallas, se corrigen reparándolas o construyendo nuevas instalaciones. Esto es referido a la Red Cloacal interna en las villas, que funcionan como colectores de las instalaciones internas de desagüe cloacal construidas por los vecinos. En la mayoría de las villas y asentamientos, cuenta con red de desagüe cloacal, pero ocurre en lugares (como el asentamiento Rodrigo Bueno y sectores de algunas villas) que no poseen red alguna cloacal cercana por lo que los vecinos construyen pozos para descargar los mismos. Esos pozos son vaciados por un servicio de atmosféricos que provee esta Unidad de Gestión e Intervención Social para zonas de alta vulnerabilidad social”.

tumblr_ny0jnysyoy1rf9hn3o1_1280La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se “enganchan” ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”[2].

Todos los días, mujeres y niños transportan y almacenan en cacerolas y baldes agua de dudosa calidad, con el consecuente riesgo sanitario que se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, dengue). Según el informe, sólo en los asentamientos de Fraga y Carbonilla el GCBA gasta mensualmente en el Transporte y distribución de agua Potable por medio de Camiones Cisternas $ 641.080,31[3].

En un estudio epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA sobre parasitosis en los habitantes de la Villa 21/24[4] la situación descripta en los resultados es dramática: 83.3 % de las personas estudiadas está afectada por alguna parasitosis. La mayoría de los parásitos diagnosticados son transmitidos mediante la ingestión de aguas contaminadas, o verduras crudas mal lavadas, o lavadas con aguas microbiológicamente no aptas para su consumo.

 

Las conexiones compartidas de agua, que constituyen la mayor proporción de las presentes en las Villas, suelen hacerse con mangueras u otros materiales no apropiados para este fin, por lo cual son comunes las filtraciones, lo que aumenta la probabilidad de contaminación fecal del agua que transportan. Algunos otros inconvenientes que trae el uso de agua proveniente de una conexión irregular son, por ejemplo, la poca presión y el hecho de que las mangueras suelen pincharse, lo que provoca su contaminación. La escasa cantidad que llega finalmente a los hogares disminuye aún más en verano, cuando más hace falta, lo que puede derivar en deshidratación y otros problemas de salud e higiene para sus habitantes.

Respecto a las obras que llevan adelante en las villas, la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, se constata que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están concentradas en atender situaciones de emergencia y en actividades de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.

[1] Nota del sr. Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión de intervención social y nota nº 377-CBAS/16 de la Corporación Buenos Aires Sur.

[2] http://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable

[3] Noticias Urbanas / 10 de mayo 2016; La Nación, 11 DE MAYO DE 2016

[4] http://www.lanacion.com.ar/864551-tiene-parasitos-mas-del-80-de-los-chicos-de-la-villa-2124

 

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El Gobierno de la ciudad admite ausencia de controles en la fiesta de Time Warp en Costa Salguero

Esa fue la respuesta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad ante el pedido de informes presentado por este Observatorio a raíz de la tragedia de “Time Warp”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió nuestras preguntas y brindó documentación que comprueba que existió una sugestiva y grave ausencia de los controles que debía llevar adelante el estado porteño.

De sus respuestas, surge que el permiso especial otorgado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad a la empresa Dell Producciones S.A. y Centro Costa Salguero S.A. establecía en forma expresa que la capacidad máxima del lugar era de TRECE MIL (13.000) asistentes mayores de 18 años. A pesar de que la cantidad de gente superaba notoriamente ese número, los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche no procedieron a labrar acta alguna por dicha situación. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche.

También surgía en forma expresa en la autorización que durante todo el desarrollo del evento no podía faltar la provisión de agua potable en los sectores de baños, y que de verificarse lo contrario, los agentes inspectores debían inmediatamente clausurar el lugar. A pesar de esto, el evento no fue interrumpido en ningún momento. Lo que da a suponer que “los inspectores” no inspeccionaron nada.

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De ese modo, se observa que han existido gravísimas omisiones e irregularidades en cuanto a los controles que debían llevar adelante los diferentes organismos de intervención y contralor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como lo entendió el fiscal Delgado que pidió procesar a cinco funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control porteña.

Así, la ausencia de control estatal, fue decisiva para permitir que el evento se desarrollara en condiciones que atentaron contra los derechos a la salud y a la vida de los asistentes. Las muertes y las descompensaciones sufridas por los afectados podrían haberse evitado de no ser por el hacinamiento, el cierre de todas las puertas, la falta de ventilación y ventanas, el corte intencional del suministro de agua en los baños y la altísima temperatura del lugar.

A ello se agrega que uno de los internados era menor de edad, lo cual puso en evidencia, que tampoco las autoridades de la Ciudad controlaron que se cumpliera con una de las condiciones relativas a que el evento resultaba exclusivo para mayores de 18 años.

La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad resulta parcial ya que no se informa – entre otras cosas – los datos solicitados en relación a la atención médica dentro del evento, las tareas tendientes a reducción de daños y el control de la venta de estupefacientes dentro del lugar. Por este motivo, vamos a reiterar el pedido de informes realizado en los términos del art. 1º de la ley 104, de información pública.

 

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El ODH presentó un pedido de informe ante las irregularidades en la fiesta Time Warp

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires manifestamos nuestra preocupación a raíz de lo ocurrido en el evento “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero el viernes 15 de abril, en el cual perdieron la vida cinco jóvenes y otros cinco fueron internados en estado de gravedad – uno de ellos menor de edad.

0010514388 Se observa a las claras que han existido gravísimas omisiones e irregularidades en cuanto a los controles que debían llevar adelante los diferentes organismos de intervención y contralor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo que se desprende de las primeras investigaciones realizadas por el Fiscal Delgado en la causa penal abierta, contribuyeron como causales de las cinco muertes: la altísima temperatura en el lugar, el hacinamiento, el cierre de todas las puertas y ventanas, la falta de ventilación, el corte intencional del suministro de agua en los baños, la escasez de médicos o paramédicos, y exceso en cuanto a la cantidad personas en el lugar (estaba habilitado para 13.000 personas y se calcula que hubo más de 20.000 asistentes). Todas esas notorias irregularidades debieron haber sido identificadas por los inspectores del gobierno porteño.

 

Por ello sostenemos que más allá de la responsabilidad penal que podría recaer sobre los diferentes organizadores del evento, no hay duda que también ha contribuido al fatal desenlace la deficiente actividad de control a cargo de las autoridades de la Ciudad. En ese sentido, resultó sumamente llamativo que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta no se haya comprometido a llevar las acciones necesarias para saber quiénes han sido los responsables dentro del Gobierno porteño que tanto por omisión como por comisión han permitido el desarrollo de semejante tragedia. También se observa falta de colaboración y dilación en las inspecciones por parte de la Policía Federal.

Podemos enumerar que han existido:

* Irregularidades sobre el control en cuanto a que en el Complejo Costa Salguero se llevaron adelante actividades no permitidas en su habilitación.

* Incumplimiento del objeto de la concesión otorgada por la Autoridad General de Puertos, y la falta de observación estatal de dicha situación.

* Deficientes tareas de control llevadas a cabo por la Dirección de Fiscalización y Control en tanto se permitió continuar con el evento más allá de graves incumplimientos de las normas de seguridad.

* Irregularidades en cuanto al control de la cantidad de personas que se encontraban dentro del predio Costa Salguero, lo cual superó ampliamente la capacidad permitida, y en especial ausencia de control respecto al ingreso de menores de edad.

* Deficiencia en cuanto al control de la existencia de la adecuada atención médica y cantidad de postas sanitarias dentro del evento.

* Irregularidades en cuanto al control o adopción de medidas para impedir el ingreso, consumo y venta de estupefacientes dentro del lugar.

Por último, tal como señaló el Fiscal Federal Federico Delgado que investiga la causa penal en relación a las muertes ocurridas, el episodio lamentablemente guarda muchas similitudes con “Crogmañón”, en el cual ante la constatación de que había existido falta de control y connivencia por parte de autoridades estatales la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió destituir a quien fuera entonces jefe de gobierno, por considerar que no había supervisado cómo instrumentaban la política de controles en la ciudad los funcionarios de su confianza, que él mismo había designado en el área de seguridad.

En razón de ello, es que vamos a proceder a presentar un pedido de informes en los términos del art. 1º de la ley 104, de información pública.

 

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Reclamo por el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y Diana Aravena de la Agrupación Putos Peronistas presentaron un pedido de información al Ministerio de Saludo de la Ciudad ante el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género, reglamentada en 2015.

En los últimos meses se han observado obstáculos en la atención médica que las personas trans necesitan. Los tratamientos hormonales quedan librados a la voluntad de los médicos. En algunos hospitales porteños, les piden como requisito consultas con psiquiatras, algo que está explícitamente prohibido en la ley. La provisión de hormonas es escasa y sólo se entrega en caso de largos reclamos. Lo mismo sucede con las prótesis, que han llegado a pedirles a las pacientes que las compren ellas mismas. No se han hecho operaciones de reasignación, tal como la ley indica. Teniendo en cuenta que la gran mayoría del colectivo trans no tiene obra social porque se las discrimina en el acceso al trabajo. La discriminación también se hace sentir en la atención primaria de salud, por eso la expectativa de vida de no supera los 40 años.

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Ante estas irregularidades, solicitamos a las autoridades competentes que informen sobre:

  • ¿Cuáles son las medidas y programas implementados para efectivizar lo establecido en la ley de identidad de género (Nro. 26743)?
  • ¿Cuáles son los establecimientos públicos en la Ciudad donde se realizan los tratamientos indicados por la ley de identidad de género? Especificando días, horarios de atención, equipos profesionales que lo llevan adelante.
  • ¿Qué medidas concretas tomó el Gobierno de la CABA, particularmente el Ministerio de Salud, para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en la Ciudad y de esta manera proteger la vida y el bien jurídico salud que debe ser protegido en la mayor medida posible?
  • ¿Cuáles son los establecimientos públicos en la Ciudad donde se realizan las operaciones de reasignación de sexo?
  • ¿Cuál es el presupuesto asignado y devengado para el cumplimiento de estos programas de salud?
  • ¿Cuál es el presupuesto asignado y devengado para la entrega de medicamentos?
  • En caso de existir, acompañe protocolo de actuación y/o guía de acceso a estos programas de salud.
  • ¿Cuáles fueron y son las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la salud integral de las personas trans en la Ciudad?

Este pedido se funda en la ley 104 de información pública. La información solicitada debe ser proporcionada en 10 días. Ante el incumplimiento de este plazo queda habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad. El ODH solicita esta información para procesarla, analizarla y evaluar los pasos a seguir.

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, la Agrupación Nacional Putos Peronistas y Cooperativa de trabajo La Paquito Ltda.

Más información: Diana Ravena de la Agrupación Putos Peronistas: 011 156 825 3537

 

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Desproporción: Aumenta el gasto en publicidad, baja elpresupuesto para derechos humanos

En los últimos 3 años, el presupuesto para publicidad aprobado por la Legislatura porteña tuvo un aumento significativo: $ 275.314.436 en 2013, $ 435.673.167 en 2014 y $ 848.544.474 este año. Puede apreciarse su incremento inaudito. Y si analizáramos los montos efectivamente ejecutados,  beneficiados por las reasignaciones presupuestarias, veríamos que son aún mayores.

El gobierno de Mauricio Macri otorgó al Grupo Clarín más pauta oficial porteña que a ningún otro proveedor. En el período 2011/2014 el multimedio Clarín recibió $ 250,7 millones; La Nación recibió $ 41,3 millones; Fox-News Corp $ 36,7 millones; Turner-Time Warner $ 16,7 millones. El acumulado de fondos con “proveedor sin identificar” alcanza la segunda posición en volumen de dinero invertido, con $ 229,9 millones. Estos fondos corresponden a proveedores de globos, afiches y cartelera en la vía pública[1].

Los diez grupos empresariales que más pauta recibieron del GCBA, acumularon entre 2011 y 2014 $ 797.781.043, el 69% del total.[2]

Empresarios cercanos al jefe de gobierno asoman en el listado. Entre ellos, Orlando Roberto Terranova y Eduardo Raúl Terranova, dueños de MDZ FM 105.5 y el portal mdzol.com (en conjunto sumaron $ 4.111.093 en el período analizado). Orlando Terranova es dueño de Publicidad Sarmiento (empresa ganadora de la licitación del mobiliario urbano porteño) y padre del piloto de rally Orly Terranova, que fue candidato del PRO a concejal en Mendoza en 2010. En el mismo período, el grupo Televida-Alonso de Mendoza (dueño de Canal 9, LV 10, FM 100.9 y el diario El Sol), recibió $ 944.376 del Gobierno porteño. Según la misma fuente, el Canal 4 de Posadas, cuya titularidad se disputaron en 2011, Carlos Ernesto Valenzuela y allegados a su ex socio, Ramón Puerta (amigo personal de Macri, enrolado ahora en el Frente Renovador) sumó $ 4.654.711. El grupo Aldrey Iglesias, con fuerte influencia en Mar del Plata y la Costa Atlántica, ingresó $ 4.041.071. Cadena 3, que tiene gran cobertura en Córdoba y el centro del país recibieron $ 3.682.817. Los canales 9 de Paraná y 10 de Mar del Plata, $ 3.160.144. Televisión Litoral-Grupo Golland de Rosario, $ 2.351.176 y el Grupo Raúl Kraiselburd, de La Plata, $ 1.812.391. Los medios de la Iglesia Católica, que sólo en la ciudad de Buenos Aires cuenta con cuatro FM, ingresaron $ 1,4 millones.

Por su parte, en la Legislatura Porteña se han presentado pedidos de informes porque presumen que hay pautas publicitarias fantasmas en la contabilidad porteña. Por estas mismas razones existen al menos 8 denuncias penales realizadas en contra del Jefe de Gobierno, el Secretario de Medios y el Secretario de Comunicación Social.[3]

 

Los vetos de Macri como mecanismo de encubrimiento

En diciembre de 2009, la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley 3391 de Regulación de la Publicidad Oficial en toda la administración pública porteña. Esta ley preveía “regular la producción, el contenido, el gasto, la contratación y la distribución” de la pauta oficial y “establecer mecanismos de control con el fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a tales fines” los cuales debían ser ejercidos por la Legislatura Porteña. De los 19 artículos que contenía el proyecto de Ley, el jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó mediante el decreto 122/2010[4], los 9 artículos, quitándole la esencia de los objetivos a esta ley. Tal como informa la página de normativa del GCBA se encuentra no vigente[5].

Esto debe contraponerse con el análisis de las áreas más sensibles del presupuesto porteño[6]: Salud, Educación y Vivienda; las cuales, lejos de verse beneficiadas con aumentos presupuestarios, no alcanzaron ni siquiera a sostener los niveles de inversión pública.

Conforme un informe reciente[7], analizando el Plan Plurianual de Inversiones 2015-2017 se observa que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el que mayor asignación tiene para obras ($3.631.179.993), lo que representa un 10,7% más de lo asignado en 2014. Esta suma supera ampliamente la asignada a carteras vinculadas directamente con la garantía de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación (que tiene asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud (que tiene asignados $ 873.712.999).

En ese mismo informe se detalla cosas que parecieran insólitas, pero no lo son. La decoración navideña del micro-centro tiene asignado u presupuesto de 8 millones de pesos. Mientras que las obras de Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía, tienen asignado $ 6.390.000. La instalación de bares en parques públicos tiene una partida de $ 3.000.000, mientras que la totalidad de las obras presupuestadas para la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social suman $ 2.500.000. Una partida $ 65.000.000 de Mantenimiento interno del Microcentro se contrapone con la de la totalidad de las obras presupuestada para la Unidad de Gestión e Intervención Social que corresponden a villas y asentamientos, que suman $ 27.573.260. Del mismo modo que la partida de para Barrios de Buenos Aires, solo contempla a los barrios de Puerto Madero -$ 30.000.000- y las Cañitas -$ 5.000.000. Mucho menor es la suma que se asigna a los trabajos del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que suman solo $ 935.000.

Resulta paradigmático el caso del Hospital Garrahan, que sufrió una reducción del 18,5% este año en los aportes que correspondían al gobierno porteño. Esto afecta la continuidad de las obras que se realizan para mejorar la calidad de la atención como también la adquisición de insumos.[8] Este centro asistencial, considerado máximo referente de la salud pública y de complejidad, tiene proyectado un presupuesto de 2.300.000.000 de pesos para el 2015 de los cuales el 50% los aporta la Ciudad de Buenos Aires y el resto el gobierno nacional.

Otro ejemplo es la desaparición de los aportes del GCBA a los Sitios de Memoria de la Ciudad, los cuales fueron transferidos al Estado Nacional en materia de su administración, ya que el GCBA los había desfinanciado[9]. La Legislatura había aprobado en el presupuesto 2010 una partida de 6,3 millones de pesos para obras destinadas a la recuperación y preservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), pero unos $ 5 millones fueron restringidos, quedando tan sólo $ 1,3 millones para realizar tareas en los espacios de preservación de la memoria que funcionan en la ciudad[10]. Como queda de manifiesto, los montos que necesarios para estos sitios históricos no eran exorbitantes, sin embargo la decisión política del Gobierno de la Ciudad, al igual que con el Hospital Garrahan, fue la de dejarlos sin recursos. Debido a este tipo de situaciones el Estado Nacional propició el acuerdo para tener a su cargo a los Sitios de Memoria de la Ciudad.

En materia de Vivienda, la muerte del joven que cayó al ceder la baranda del edificio en Villa Soldati da cuenta de la desidia con la que el GCBA aborda los reclamos de los sectores vulnerables. La Ciudad tenía presupuesto para hacer obras pero no lo invirtió. El Instituto de la Vivienda porteño ejecutó durante el primer trimestre de 2015 apenas el 9,3% del presupuesto asignado al área. El Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que incluye el edificio donde el joven Cristian Crespo falleció, sólo se ejecutó 17,6 millones de pesos de un total de 195,3[11]. De la misma manera, la mayoría de las villas y asentamientos de la CABA ha tenido que recurrir a la justicia mediante acciones de amparo para intimar al Gobierno de Macri a intervenir a efectos de reducir el riesgo de posibles incendios, por falta de tendido eléctrico en condiciones básicas de seguridad[12]. Lo mismo ocurre con la provisión de agua potable, el ingreso de las ambulancias a esos barrios, entre muchos otros reclamos que debieron realizarse a través de los Tribunales y que aún así son incumplidos.

La gestión del PRO ha puesto de manifiesto una asignación presupuestaria que prioriza los gastos superfluos, con fines de promoción de sus supuestos actos de gobierno, por sobre la efectivización de los Derechos Humanos en el ámbito de la CABA.

Como se pone de manifiesto, los montos necesarios para garantizar la vida, la vivienda y salud de las personas están disponibles en la ciudad, pero es la decisión política del Estado local la que otorga mayor importancia al aparato de publicidad y propaganda que al bienestar de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, la constitución de la Ciudad obliga al gobierno a garantizar los derechos humanos de sus habitantes. Por ello, advertimos que en ese afán propagandístico hay un obrar inconstitucional que es necesario desenmascarar.

Si a esto le sumamos los casos de corrupción de la gestión PRO, que se han conocido recientemente, concluimos que el Jefe de Gobierno Mauricio Macri no cumple con la asignación constitucional de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar los derechos a la salud, la educación y la vivienda de los habitantes de esta ciudad, pero vehiculiza partidas para publicidad o cajas negras, desatendiendo sus responsabilidades constitucionales.

En este sentido, por el equivalente de los supuestos contratos que el Gobierno de la Ciudad celebró con Fernando Niembro (aproximadamente 23 millones de pesos), podrían asignarse partidas para más de 3 reconstrucciones integrales de Hospitales, como las atribuidas al Hospital Ramos Mejía. Del mismo modo, si las fondos pagados a las asociaciones vinculadas al diputado del PRO Eduardo Amadeo hubiesen sido aplicados a las mejoras de Villa 3, ese presupuesto se habría quintuplicado y se avanzaría hacia el goce de servicios públicos por parte de los habitantes de ese barrio.

Ante ello, como ODH, denunciamos públicamente que la utilización de plata negra o amarilla por parte del Gobierno PRO no solamente es cuestionable desde el punto de vista ético sino que tiene una directa correlación con los fondos que faltan para garantizar los derechos humanos de la ciudad. Por ende, esos manejos turbios no solo están reñidos con la moral, sino con la Constitución.

[1]              Data Buenos Aires

[2]              http://www.lanacion.com.ar/1776914-la-proyeccion-nacional-y-regional-de-macri-el-eje-del-reparto-de-la-pauta-oficial-de-la-ciudad

[3] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282287-2015-09-23.html

[4] http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/documentos/boletines/2010/02/20100202.pdf

[5] http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php

[6] https://odhbsas.wordpress.com/informes/

[7] http://acij.org.ar/wp-content/uploads/2015/07/Documentos-ACIJ.-Presupuesto-y-Derechos-Sociales-en-la-Ciudad-de-Buenos-Aires.-Julio-2015.pdf

[8] http://www.telam.com.ar/notas/201412/89529-denuncian-que-la-reduccion-presupuestaria-del-gobierno-porteno-al-hospital-garrahan-afectara-obras-e-insumos.html

[9] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-245843-2014-05-09.html

[10] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-148124-2010-06-23.html

[11] http://www.infonews.com/nota/247115/la-clave-para-entender-la-muerte-en-villa-soldati-subejecucion-en-vivienda

[12] http://mundovilla.com/indexMV.php

 

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A dos años de la represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

ACTO – MARTES 21 de ABRIL a las 10 hs. en las puertas del hospital.

El ODH participará del acto organizado desde el Área de DDHH de ATE Capital, Junta Interna de ATE Hospital Borda, la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda.

Las consignas son:

–         No a la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda

–         Absolución de los compañeros trabajadores procesados

–         Procesamiento a los responsables de la represión

–         Reconstrucción del Taller Protegido Nro. 19 donde estaba

El Observatorio de DDHH de la Ciudad elaboró un informe que resume lo que sucedido en estos dos años desde el día de la represión.

En la madrugada del 26 abril de 2013, alrededor de 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron ilegalmente al Hospital Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel. Allí funcionaban los Talleres Protegidos Nro. 19, donde se daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Junto a los efectivos ingresaron varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el edificio del mencionado taller. El objetivo, era comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció este proyecto, aún cuando nunca se había debatido en la Legislatura, ni efectuado el correspondiente llamado a licitación.

El ingreso de las fuerzas de seguridad al Hospital Borda, al igual que el operativo en conjunto era ilegal. No sólo por los motivos apuntados, sino, – y especialmente- porque la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano.

Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones.

Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras. Medida cautelar que sigue vigente en la actualidad.

Inmediatamente después de los hechos, este Observatorio de Derechos Humanos efectuó un pedido de informe al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (conf. Art.1 de la ley 104 de acceso a la información pública), repudiando la brutalidad desplegada en el operativo ilegal e inconstitucional al observar que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la CABA y Ley de Seguridad Pública (Ley 2894). En los artículos 27 y 28 de esta Ley se establece el principio de gradualidad, por el cual la Policía está obligada a intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

Ya en nuestros informes de años anteriores habíamos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un admirador de la última dictadura militar.

Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, lo cual impedimos oponiendo el respectivo amparo. El mismo que frente a los hechos relatados, evidencia su necesidad, importancia y oportunidad. De lo contrario, los daños y las víctimas hubieran sido mayores y más graves. Es claro que, desde la gestión de la Ciudad se intentó erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden. Todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En el pedido de informes se instó, además, a una investigación profunda de los hechos denunciados, y al Poder Ejecutivo de la CABA a identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos, así como de abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.

Simultáneamente se efectuaron varias denuncias penales contra los funcionarios del gobierno de la ciudad, que fueron imputados en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Jorge Adolfo López.

El 12-12-2013 el juez López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace. López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó a Horacio Giménez, jefe de la Metropolitana que estuvo al frente de las acciones.

En la misma resolución que el juez sobreseyó a los funcionarios denunciados por “torturas y apremios ilegales”, procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Entre los procesados se encuentra una enfermera que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la represión, debe caminar con bastón.

Los abogados querellantes de ATE apelaron la resolución. Los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en febrero de 2015, confirmaron el sobreseimiento, a pesar de la prueba rendida en autos en sentido contrario al decidido.

Frente a la arbitrariedad de la resolución, el ODH hizo público su repudio y reiteró su denuncia sobre las violaciones legales, tanto nacionales como internacionales de este hecho. Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3). La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debió perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pocos días de cumplir dos años de la brutal e ilegal represión en el Borda, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los querellantes y el fiscal. El decisorio se funda en la arbitrariedad de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, porque no tuvo en consideración cuestiones planteadas por la querella.

Ahora, los jueces Garrigós de Rébori, Luis Niño y Mario Magariños, deberán decidir sobre el fondo de la cuestión esto es el procesamiento de Giménez, y revocar los sobreseimientos de Pedace, Vidal y Montenegro.

Asimismo, a dos años de la demolición de Talleres Protegido Nro. 19, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo establecimiento, ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto. La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, concluimos que los hechos producidos en el Hospital Borda, se produjeron por la decisión, consentimiento y coordinación del gobierno de la ciudad, llevadas a cabo por sus dependencias, y dirigidos por los funcionarios responsable de cada área interviniente.

No sólo se vulneraron la ley, la constitución de la CABA y de la Nación, sino que, además se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial.

La represión irracional, desproporcionada, e innecesaria no hizo más que confirmar las imputaciones que este ODH, le hiciera reiteradamente a la Policía Metropolitana. Evidenciando que, por el recurrente abuso de poder y la violencia, no se encuentran capacitados para actuar en manifestaciones públicas, que no configuran hechos criminales.

La vulneración de  derechos humanos esenciales, como son los que protegen la vida, la salud,  la integridad física y mental: se da en forma continuada por la contumaz desobediencia del gobierno de la ciudad a cumplir las órdenes judiciales y por dar prioridad a los emprendimientos inmobiliarios antes que a la salud y la dignidad de las personas.

 

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