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POR EL DERECHO A DECIDIR

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) apoyamos la lucha de miles de mujeres que vienen bregando hace muchos años por la despenalización y legalización del aborto. Compartimos los objetivos que propone la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Apoyamos el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que surge del consenso y la escucha de cientos de posturas y testimonios de todos los sectores. Creemos que es importante su aprobación para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. La defensa del derecho a abortar es una cuestión de salud pública y de justicia social ya que las mujeres pobres que hoy realizan abortos lo hacen en condiciones no seguras y muchas de ellas mueren en el intento.

 

Se considera que casi un tercio (26.7%) de las muertes maternas se deben a complicaciones derivadas de abortos realizados en forma clandestina.

El lema de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es también nuestro: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”

Esperamos que lxs legisladores voten favorablemente el dictamen consensuado en las comisiones priorizando una política de salud pública por sobre sus creencias personales, pensando que los derechos sexuales y reproductivos son derechos básicos de todas las personas.

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PETICIÓN CONJUNTA PARA QUE SAQUE LAS REJAS DE PLAZA DE MAYO

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó una petición al Jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta para que de manera inmediata retiren las rejas que fueran colocadas en la Plaza de Mayo.

El pedido se realizó junto a organismos de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, HIJOS (Regional Capital), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Familiares y compañeros de los 12 de la Iglesia de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria, Hijas e Hijos del Exilio, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH y APDH La Matanza),Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, entre otros.

Las razones por las cuales se realiza esta petición están fundadas en el respeto a las leyes de la Ciudad  y a nuestra trayectoria histórica en esa plaza, la cual forma parte de la historia Argentina. El Art. 32 de la Constitución de la CABA sostiene que “Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios.” Quienes realizamos esta petición somos parte viva de esa memoria y de la historia de la Plaza de Mayo, de la historia de la ciudad. Las rejas puestas en la Plaza de Mayo violan nuestros derechos de múltiples maneras, como actores de la memoria y la historia que somos.
Cabe destacar que los derechos aquí invocados se encuentran protegidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a ella incorporados, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Código de Planeamiento Urbano.

El art. 4.1.2.2.1. establece que en el espacio propio de la Plaza de Mayo sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los elementos preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar con visado previo del Consejo y aprobado por Ley.
La intervención en un espacio histórico requiere criterios de conservación y protección especiales que están especificados en el Código de Planeamiento Urbano. Cualquier modificación que se pretenda realizar debe ser aprobada mediante una ley específica.
Por todos estos motivos, soliticitamos que se retiren las rejas de la Plaza de Mayo de forma inmediata.

 

La discusión no puede ser entre matar o torturar.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hace un llamado a las autoridades del Estado Argentino para que respeten, controlen y obliguen a que todos los poderes del Estado respeten la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones que la integran.

En la última semana altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y las máximas autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad se han manifestado en contra del respeto al derecho fundamental de las personas, el Derecho a la Vida.

Han incitado al uso de la violencia extrema y desmedida contra personas que poseen derechos y garantías, de los cuales las fuerzas del Estado deben ser garantes.

Asimismo, sus expresiones van en contra de las leyes a las que debe ajustarse la Policía, entre ellos “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas”. Violando también el mandato legal que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar “estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”.

Ante las medidas de ajuste y desmantelamiento del estado, las protestas sociales aumentaron en el último año en nuestro país. Como respuesta, desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también va en aumento.

Esta ofensiva represiva debe ser frenada de inmediato por los Poderes Legislativo y Judicial, garantes también ellos también de la vigencia plena de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Esta situación planteada ex profeso ha vuelto a abrir la discusión respecto de las armas eléctricas de tortura Taser. Este tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, la integridad física y la salud. Están calificadas como implementos de tortura por la ONU.

Falso debate: pistolas eléctricas o pistolas con balas de plomo.

Los cuestionamientos del ODH ante a el uso de las armas Taser en nuestro país, comenzaron en 2010 cuando, junto a la Organización H.I.J.O.S., iniciamos un acción de amparo frente a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de comprar este tipo de armamento para la Policía local.

En la acción judicial quedó demostrado que las armas eléctricas Taser implican un elemento de tortura. Existen importantes antecedentes a nivel mundial, que evidencian la “letalidad” de estas armas. El uso de las taser provocaron la muerte de muchas personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso su utilización con niños y mujeres embarazadas.

Actualmente, el ODH se encuentra peticionando ante la Comisión IDH, mediante denuncia “Adolfo Pérez Esquivel y Otros, P-1712-16 c/Argentina”, por la violación de los derechos humanos en el marco de las previsiones de los artículos 1, 2, 4, 5 y 11, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esperamos que la Corte IDH se expida y se prohíba el uso de las armas eléctricas de tortura Taser en la República Argentina.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

 

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“Cuestionar el fallo de Dra. López Vergara viola la autonomía de la Justicia porteña”

El ODH exige que se respete la división de poderes y la independencia judicial ante los infundados ataques contra la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Dra. Patricia López Vergara.
La Jueza fue objeto de intromisiones inadmisibles por su fallo que exigía el cumplimiento de las garantías por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación masiva del lunes pasado. La decisión de López Vergara se basó en la legislación que regula a la Policía de la Ciudad y que obliga a no portar armas de fuego y llevar identificación en manifestaciones públicas. La Ley 5.688 de Seguridad, sancionada el año pasado, restringe el uso de la fuerza. El inciso 99 explicita la prohibición de armas de fuego en la línea de contacto con los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.
Las críticas por parte de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad y del propio Presidente de la Nación vulneran la división de poderes y la independencia judicial. También amenazaron con iniciar juicio político contra la Jueza. De concretarse, esto impedirá el ejercicio de los derechos y atentan contra la institucionalidad democrática.

Desde el ODH criticamos la criminalización de la protesta y rechazamos el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil. Este año ya habíamos advertido sobre la compra de armamentos antidisturbios y de pistolas eléctricas TASER por parte del Gobierno de la Ciudad. Seguimos bregando por la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto de las leyes que en consonancia se dictaron en la Legislatura porteña. La ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que se deben cumplir con la normativa de Derechos Humanos y las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza.

 

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EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL SUFRE UN FUERTE DESFINANCIAMIENTO

Ante un pedido de informe del ODH, el Ministerio de Educación de la Nación reconoce el desfinanciamiento del Programa de Educación Sexual Integral. Este año la inversión en el Programa fue de 12 millones de pesos menos que en 2015. Las capacitaciones pasaron a cubrir 55.000 docentes en 2015 a 1050 durante 2017.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de informe al Ministerio de Educación, en el marco de la Ley Nacional 27.275 de acceso a la Información Pública, sobre la situación actual del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI).

Ante este requerimiento, el Ministerio de Educación respondió: (Documento completo)

El equipo actual del Programa Nacional ESI en el Ministerio cuenta con sólo 17 trabajadores. Es una planta muy reducida teniendo en cuenta que debe implementar los contenidos curriculares en todo el país.
Las capacitaciones presenciales para docentes de todo el país llegaron a 55.000 docentes en 2015 y 1.050 en 2017.
Durante 2015 las capacitaciones se realizaron en 14.000 escuelas de 10 provincias distintas. En 2017 llegaron a 500 escuelas en solo 2 provincias. En relación a los cursos dictados online, la cantidad de docentes fue de 16.914 en 2015 y 4.450 en 2017.
Con respecto a la inversión total de dinero informada por el propio Ministerio de Educación los números son
En 2015: $55.755.738
En 2016: $27.662.623
En 2017: $43.211.136
Si se analiza el presupuesto de manera detallada, se corrobora que parte de dicha inversión fue direccionada para el Plan Nacional de Prevención de embarazo. Este cambio de dirección de fondos demuestra una intencionalidad de volver al paradigma anterior y posicionar el Programa ESI desde una perspectiva biomédica, dedicada sólo a la prevención de embarazos. De esta forma se dejan de lado los conceptos fundamentales de la ESI, que entiende a la sexualidad desde una integralidad.
En cuanto al material de distribución no se han vuelto a reimprimir los libros. Se informa que “próximamente” se distribuirán solo 60.000 ejemplares referidos únicamente a la prevención de la violencia de género, como un compartimento estanco y dejando de lado el abordaje integral que se venía dando a la temática.

Por su parte, el Ministerio informó la notable caída en distribución de cartillas por el Correo Argentino para las Jornadas Educar en Igualdad. Los montos aproximados son para 2016 $100.000 y para 2017 $ 46.353.

Desde el ODH expresamos nuestra profunda preocupación por los datos informados desde el Ministerio de Educación de Nación, ya que la ESI constituye un aporte fundamental a la sociedad, que incluye a la subjetividad como dimensión inseparable en la sexualidad. Como el mismo MInisterio informó, la ESI colabora en destejer la violencia de género, en promover la valoración positiva de la diversidad, en prevenir las situaciones de abuso y maltrato a niños y niñas, los embarazos no planificados por los y las jóvenes, y al mismo tiempo garantizar la posibilidad de seguir estudiando de madres y padres adolescentes.

SOBRE LA LEY:
La Ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 establece y garantiza el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, en todos sus niveles tanto privados como públicos, laicos y confesionales,  a lo largo y ancho del país.
En el art. 1, la ESI se encarga de definir el concepto de educación sexual integral a los efectos de la misma que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. Se propone estudiar y comprender la sexualidad de manera transversal, teniendo en cuenta que la sexualidad no se limita a la perspectiva biomédica predominante, que sólo se refería a los órganos reproductores. Sino que va más allá e indaga la subjetividad que se ve involucrada las relaciones interpersonales, como los sentimientos, el respeto, las costumbres sociales, culturales, etc.
En ese marco, desde 2006, en un esfuerzo conjunto para lograr el efectivo cumplimiento de la ESI, entre el Ministerio de Educación Nacional y sus pares en las provincias, se elaboraron los contenidos curriculares mínimos, los que fueron difundidos a través de afiches de sensibilización, cuadernos con fundamentación teórica, sugerencias interactivas y las mismas se distribuyeron en todas las jurisdicciones.
A estos materiales gráficos, se sumó material audiovisual, tal como 40 secuencias didácticas para el programa Conectar Igualdad, 12 programas de Canal Encuentro y 14 de Paka Paka y otro material que recogía experiencias de escuelas concretas que abordaron el tema en diferentes provincias. A esto se le sumaron capacitaciones online y presenciales en todo el territorio argentino.
Sin embargo, con el cambio de gestión en diciembre de 2015 se puso fin a la gran mayoría de medidas que iban en búsqueda del efectivo cumplimiento de la ESI, dando lugar a una drástica reducción en su presupuesto. Así lo demuestran los cuadros informativos dados a conocer por el mismo Ministerio de Educación, en la respuesta enviada a este ODH.

REPERCUSIONES EN LA PRENSA:

El destape web: El Gobierno desfinancia el Programa de Educación Sexual Integral

Página 12: En las escuelas de eso no se habla

Tiempo Argentino: Recorte en educación Sexual: el Gobierno gastón 12 millones menos que en 2015.

Diario Perfil: Educación sexual en las escuelas: un 98% menos de docentes capacitados

Diario Contexto: Grave desfinanciamiento del programa de Educación Sexual Integral en escuela

FM Raíces Rock: Entrevista a la Dra. Wilma Martínez

 

 

 

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JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado. Repudiamos el maltrato y la indiferencia del Gobierno nacional. El Estado Nacional, a través de la Gendarmería Nacional reprimió a los mapuches. En ese contexto, Santiago murió por causas que se empiezan a investigar recién ahora a partir de la tardía aparición sin vida del cuerpo.
Repudiamos las maniobras distractivas y encubridoras de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante este tiempo. Gendarmería, Pablo Noceti, Patricia Bullrich y Guido Otranto son responsables.
Reprobamos el accionar de los medios de comunicación tradicionales que han difundido información de forma irresponsable y sesgada.
Exigimos respeto y verdad.
Exigimos justicia por la muerte de Santiago!

 

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EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA PEDIDO DE INFORME AL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE LA PROPUESTA SECUNDARIA DEL FUTURO.

Durante un mes decenas de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron tomadas por Asambleas de estudiantes, padres y docentes en rechazo a la reforma educativa que pretende implementar arbitrariamente el Ministerio de Educación porteño. Al difundirse los primeros lineamientos del plan denominado “Secundaria del futuro”, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) presenta un pedido de informe (Ley Nº 104) al Gobierno de la Ciudad para conocer detalles de la reforma y de su imprementación.

Foto Página 12

Solicitamos conocer los objetivos del plan y detalles de su implementación. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad informe con qué instituciones, colectivos, gremios o representantes de la comunidad educativa se ha tratado el tema.
Que informe si el plan se presentará como proyecto de ley o se implementará amparada bajo alguna otra norma.

Si existen escuelas elegidas para probar el plan y cuál ha sido el criterio de selección de tales establecimientos.

Si las “prácticas educativas” serán remuneradas. Cuáles serán los establecimientos, empresas u organismos dónde se planean desarrollar.

Si el plan se implementará en todos los establecimientos educativos de la CABA o solo en establecimientos públicos. En este último caso, debería conocerse las causas e informar si no podría constituir discriminación que pudieran derivar en desigualdades en el derecho a la educación, vulnerando el art. 23 CCABA.

Solicitamos saber qué contenidos actuales pasarán a ser prescindentes o dejarán de ser abordados en el aula.
Un punto importante es saber cómo se garantizarán los derechos laborales de lxs trabajadores docentes y no docentes.

Esperamos que el Gobierno de la Ciudad nos proporcione esta información. Nos alerta que este plan se vaya a implementar sin ningún tipo de debate ni estudio sobre sus repercusiones a futuro. Desde el ODH entedemos que este plan fomenta una posible precarización laboral tanto de los jóvenes que participen del mismo y como de aquellos que no lo hagan. Entendemos que la eliminación de materias del último año conspira contra la formación de personas con conciencia crítica, tal como ordena el art. 24 CCABA.

 

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