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Archivos Mensuales: octubre 2014

Macri reglamentó la Ley de acompañamiento a Testigos de DDHH luego de la insistencia del ODH e HIJOS

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Después de seis años y cinco sentencias en contra el Jefe de Gobierno firmó el Decreto N° 400/14 reglamentario de la Ley Nº 2.939 que regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar.

En los primeros días de octubre, este Observatorio realizó la notificación al Jefe de Gobierno de la resolución de la Jueza Elena Liberatori que ordenaba el cumplimiento de los fallos, bajo apercibimiento de una multa diaria de $ 500 sobre el Jefe de Gobierno. Habiendo recibido la notificación y tras dos fallos de primera instancia, dos de la Cámara y uno del Superior Tribunal de Justicia, el Jefe de Gobierno se dignó a cumplir con la Ley N° 2.939 aprobada en el año 2008.

Fue la intimación bajo apercibimiento de sanción económica la que decidió a Mauricio Macri a reglamentar la ley y no el respeto a las instituciones democráticas y a los procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia.

El Decreto firmado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta el 14/10/2014 crea el Programa de Asistencia y Contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Establece que “las acciones de acompañamiento y contención serán personalizadas y requerirán del consentimiento previo de la persona beneficiaria. En todos los casos, el Programa mantendrá la absoluta confidencialidad de la información vinculada con la persona asistida”. Al mismo tiempo, la norma establece que para “garantizar la adecuada derivación a los distintos efectores de salud  que  cuenten con atención especializada, el Ministerio de Salud designará un funcionario responsable que dará el carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe el Programa”.

A su vez, detalla que “las medidas también podrán ser dirigidas o extendidas al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Esperamos que el Programa funcione con amplitud y eficiencia y sea divulgado de modo que todos los testigos y querellantes, así como su familia, puedan acceder a los derechos que garantiza la ley.

Celebramos que el Jefe de Gobierno haya decidido, demasiado tarde, acatar los deberes de las instituciones democráticas y la división de poderes. No podemos dejar de lamentar la falta de acompañamiento respecto a los testigos y querellantes de los juicios que ya se llevaron a cabo en la ciudad durante estos años.

En este sentido, el propio Jefe de Gobierno el que reconoce, en los fundamentos del Decreto, que “a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la ley citada, es necesario dictar las normas que reglamenten el procedimiento adecuado para la implementación de las acciones referidas”. Es decir, todos estos años –desde el 2008- el Poder Ejecutivo de la Ciudad no garantizó el cumplimiento de los fines de la ley, desentendiéndose del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que vive nuestro país. Y eso lo repudiamos.

 UNA LEY BIEN GUARDADA

La propia ley estableció que el Poder Ejecutivo porteño debía reglamentarla 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió en enero de 2009. Al cumplirse ese plazo, este Observatorio de Derechos Humanos y la Agrupación HIJOS recurrimos a la justicia de la Cuidad y en tres instancias ésta ordenó a la administración macrista que pusiera en funcionamiento el texto de la ley.
En mayo de 2012, el juez Juan Cataldo ordenó por primera vez la reglamentación. Lo mismo reiteró en 2013 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Superior Tribunal, este año.  Ante la demora, en septiembre la jueza Elena Liberatori ordenó el cumplimiento bajo pena de multa al Jefe de Gobierno por el incumplimiento.

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La Justicia desconoce el derecho de los habitantes del Barrio Rodrigo Bueno

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad manifiesta su más profundorechazo al reciente fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en loContencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que desconoce el derechode los habitantes del Barrio “Rodrigo Bueno” a la urbanización del lugar dondehabitan desde hace más de 30 años.

La sentencia, que cuenta con el voto de los magistrados Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima – con la disidencia de la Dra. MabelDaniele – se encuentra en absoluta discordancia con la normativa constitucional, en tanto realiza una interpretación sumamente incorrecta delArtículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

En este punto, cabe señalar que la apreciación de los camaristas del derecho a la vivienda resulta restrictiva en tanto se limita alas disposiciones del inciso 1 del art. 31, olvidandola existencia de dos incisos más que señalan – entre otras cosas – que la Ciudad promueve “la integraciónurbanística y social de los pobladores marginados, … con criterios deradicación definitiva.”

En este sentido, el fallo luce totalmente disconforme conla normativa constitucional, ya que revoca la decisión de la magistrada de primera instancia de urbanizar el Barrio “Rodrigo Bueno” llevando a los habitantes del lugar a un próximo desalojo del predio, sin garantizar les primero, una vivienda digna a la cual trasladarse. Decisión que a las claras empeora la situación de vulnerabilidad de los vecinos del Barrio.

Insólitamente, para los magistrados la sola entrega de un subsidio a los habitantes a cambio de su retiro de la zona, no luce arbitraria ni ilegítima, consideración que a todas luces choca con la protección de la vivienda que realiza la Constitución de la Ciudad, Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos vigentes para la Argentina.

Justamente la entrega de una suma irrisoria de dinero no resulta ser una herramienta útil para mejorar la situación habitacional actualde los vecinos del Barrio, ya que por lo insuficiente no les  permite el real acceso a otra vivienda familiaren la Ciudad – lo cual los propios magistrados reconocen, en tanto señalan queno pueden garantizar que el monto de los subsidios guarde adecuada proporcióncon los precios del mercado actual.

Por último, cabe señalar que durante el proceso judicial se demostró que el desarrollo del Barrio “Rodrigo Bueno” no afecta demodo alguno el derecho de los habitantes de la Ciudad a gozar de un medioambiente sano, en tanto, los terrenos que ocupan pacíficamente los vecinos resultan ser sólo un 0,89% de la superficie total de la Reserva Ecológica, no habiendo sido nunca dicho espacio utilizado para el desarrollo de la misma, ni perjudicando la existencia del Barrio el uso público del distrito, en tanto esposible emplear el actual camino al que tienen acceso los visitantes sin que seinterfiera con los límites de Barrio.

Por otra parte, ha sido materia de prueba que el Barrio“Rodrigo Bueno” resulta preexistente a la Reserva Ecológica, ya que tal como seseñaló viene desarrollandose desde hace más de 30 años – contando en la actualidad con casas en buenas condiciones, algunas de material, construidas con el propio esfuerzo de los habitantes. Por su parte el GCBA no sólose mantuvo durante años ajeno al progreso del Barrio, sino que también olvidóla protección medioambiental de la Reserva Ecológica permitiendo la instalaciónde un depósito de autos por parte de la Policía Federal Argentina, que no sólor epercute negativamente en la salud de los habitantes del Barrio, sino que esfuente de contaminación de la flora y fauna del ecosistema que el Ejecutivo“dice” pretender conservar.

Por todo ello, rechazamos la sentencia dictada ymanifestamos nuestra preocupación respecto del grado de retroceso que significaavalar judicialmente la política de desalojo con subsidio elegida por elGobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, alertamos sobre el posible desarrollo de medidasde carácter expulsivo por parte del Estado Local, tal como ha venido ocurrien dodurante la tramitación del juicio – según señalaron los actores del proceso – ,situación que se podría agudizar a raíz del injusto decisorio dictado por los camaristas de la Sala II, Dres. Centanaro y Lima.

 
 
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