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Archivos Mensuales: abril 2015

A dos años de la represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

ACTO – MARTES 21 de ABRIL a las 10 hs. en las puertas del hospital.

El ODH participará del acto organizado desde el Área de DDHH de ATE Capital, Junta Interna de ATE Hospital Borda, la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda.

Las consignas son:

–         No a la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda

–         Absolución de los compañeros trabajadores procesados

–         Procesamiento a los responsables de la represión

–         Reconstrucción del Taller Protegido Nro. 19 donde estaba

El Observatorio de DDHH de la Ciudad elaboró un informe que resume lo que sucedido en estos dos años desde el día de la represión.

En la madrugada del 26 abril de 2013, alrededor de 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron ilegalmente al Hospital Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel. Allí funcionaban los Talleres Protegidos Nro. 19, donde se daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Junto a los efectivos ingresaron varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el edificio del mencionado taller. El objetivo, era comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció este proyecto, aún cuando nunca se había debatido en la Legislatura, ni efectuado el correspondiente llamado a licitación.

El ingreso de las fuerzas de seguridad al Hospital Borda, al igual que el operativo en conjunto era ilegal. No sólo por los motivos apuntados, sino, – y especialmente- porque la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano.

Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones.

Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras. Medida cautelar que sigue vigente en la actualidad.

Inmediatamente después de los hechos, este Observatorio de Derechos Humanos efectuó un pedido de informe al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (conf. Art.1 de la ley 104 de acceso a la información pública), repudiando la brutalidad desplegada en el operativo ilegal e inconstitucional al observar que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la CABA y Ley de Seguridad Pública (Ley 2894). En los artículos 27 y 28 de esta Ley se establece el principio de gradualidad, por el cual la Policía está obligada a intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

Ya en nuestros informes de años anteriores habíamos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un admirador de la última dictadura militar.

Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, lo cual impedimos oponiendo el respectivo amparo. El mismo que frente a los hechos relatados, evidencia su necesidad, importancia y oportunidad. De lo contrario, los daños y las víctimas hubieran sido mayores y más graves. Es claro que, desde la gestión de la Ciudad se intentó erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden. Todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En el pedido de informes se instó, además, a una investigación profunda de los hechos denunciados, y al Poder Ejecutivo de la CABA a identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos, así como de abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.

Simultáneamente se efectuaron varias denuncias penales contra los funcionarios del gobierno de la ciudad, que fueron imputados en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Jorge Adolfo López.

El 12-12-2013 el juez López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace. López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó a Horacio Giménez, jefe de la Metropolitana que estuvo al frente de las acciones.

En la misma resolución que el juez sobreseyó a los funcionarios denunciados por “torturas y apremios ilegales”, procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Entre los procesados se encuentra una enfermera que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la represión, debe caminar con bastón.

Los abogados querellantes de ATE apelaron la resolución. Los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en febrero de 2015, confirmaron el sobreseimiento, a pesar de la prueba rendida en autos en sentido contrario al decidido.

Frente a la arbitrariedad de la resolución, el ODH hizo público su repudio y reiteró su denuncia sobre las violaciones legales, tanto nacionales como internacionales de este hecho. Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3). La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debió perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pocos días de cumplir dos años de la brutal e ilegal represión en el Borda, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los querellantes y el fiscal. El decisorio se funda en la arbitrariedad de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, porque no tuvo en consideración cuestiones planteadas por la querella.

Ahora, los jueces Garrigós de Rébori, Luis Niño y Mario Magariños, deberán decidir sobre el fondo de la cuestión esto es el procesamiento de Giménez, y revocar los sobreseimientos de Pedace, Vidal y Montenegro.

Asimismo, a dos años de la demolición de Talleres Protegido Nro. 19, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo establecimiento, ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto. La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, concluimos que los hechos producidos en el Hospital Borda, se produjeron por la decisión, consentimiento y coordinación del gobierno de la ciudad, llevadas a cabo por sus dependencias, y dirigidos por los funcionarios responsable de cada área interviniente.

No sólo se vulneraron la ley, la constitución de la CABA y de la Nación, sino que, además se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial.

La represión irracional, desproporcionada, e innecesaria no hizo más que confirmar las imputaciones que este ODH, le hiciera reiteradamente a la Policía Metropolitana. Evidenciando que, por el recurrente abuso de poder y la violencia, no se encuentran capacitados para actuar en manifestaciones públicas, que no configuran hechos criminales.

La vulneración de  derechos humanos esenciales, como son los que protegen la vida, la salud,  la integridad física y mental: se da en forma continuada por la contumaz desobediencia del gobierno de la ciudad a cumplir las órdenes judiciales y por dar prioridad a los emprendimientos inmobiliarios antes que a la salud y la dignidad de las personas.

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Respuesta del GCBA sobre la muerte del niño en Rodrigo Bueno

Sobre la falta de medidas adoptadas por el GCBA para garantizar derechos fundamentales en el Barrio Rodrigo Bueno y el desconocimiento por parte de Rodriguez Larreta de la muerte del niño que cayó en un pozo ciego.

Rodríguez Larreta Desde el ODH observamos el desinterés y negligencia del Gobierno de la Ciudad sobre la situación de vulnerabilidad en que viven los habitantes de las villas porteñas. Esta situación ha provocado muertes evitables. Nos preocupa además, el desconocimiento por parte del Jefe de Gabinete Porteño y precandidato a Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, de la muerte de un niño de 13 años en el Barrio Rodrigo Bueno, como consecuencia de la deficiente situación habitacional y la falta de políticas públicas a cargo de su gobierno.

El fallecimiento de Gastón, un niño que vivía con su familia, ocurrió el 8 de marzo al caer en pozo ciego que hay en una calle del Barrio por la falta de red cloacal. Además, la ambulancia tardó 40 minutos en llegar para asistirlo. El terrible hecho cobró estado público y desde el ODH se cursó un pedido de informes al GCBA conforme a la Ley Nº 140.

De la respuesta recibida por el ODH ante el pedido de Informes realizado surgen varios datos preocupantes:

Por ejemplo, el GCBA informa que se ha provisto de camiones atmosféricos y cisternas, pero no se han construido cloacas, ni se encuentran proyectadas. Por otro lado, afirma que mantienen el acceso al barrio por calle de tierra, lo que da cuenta de la falta de obras de asfaltado ni la proyección de las mismas. Pero lo más alarmante es que se informa que la reconstrucción de viviendas hechas por la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) en 2013 fue de siete casas, y en 2014 fue sólo de una.

Es decir, un descenso notable, dejando en evidencia que no existen medidas adoptadas para garantizar el derecho a la vivienda digna y al espacio público seguro de las personas que habitan en el barrio Rodrigo Bueno.

Mientras tanto, el Jefe de Gabinete, Horacio Rodriguez Larreta, frente a la pregunta de la periodista María O Donell en Radio Continental sobre el caso de la muerte de Gastón manifestó su absoluto desconocimiento del hecho al responder que “no conoce el caso”.

Esto muestra el profundo desinterés de Rodríguez Larreta sobre la situación en las villas y corrobora la negligencia y la falta de responsabilidad con la que actúan los funcionarios que deben solucionar los problemas habitacionales en la Ciudad.

 

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Taser: La Corte deberá decidir.

Conferencia de prensa en UTE

Conferencia de prensa en UTE

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires junto con el Defensor General Dr. Horacio Corti presentamos un recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que autoriza a las fuerzas de seguridad porteñas utilizar las neopicanas Taser X26. Nuestro objetivo es que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien resuelva el tema.

El ODH y la Defensoría sostuvimos que los fundamentos esgrimidos en la sentencia del TSJ del 16 de marzo de 2015 son repulsivos y contrarios a diversos derechos de nuestra Constitución, entre ellos el derecho a la salud, a la integridad física y a la vida de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de la prueba del expediente que presentamos, queda demostrado que la utilización de las neopicanas Taser X 26 por parte de la Policía Metropolitana, por el intenso dolor que provocan y el efecto letal que generan, conlleva un peligro inminente para cualquier sujeto que pueda verse sometido a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esta línea, los agentes de seguridad no podrían prever -aun mediando un protocolo de uso que aún no existe- el efecto letal sobre el universo de personas vulnerables (aquéllas que tengan dolencias cardíacas, mujeres embarazadas o bajo el efecto de drogas).

Conforme la página oficial de Taser International -compañía que introdujo los dispositivos Taser al mercado internacional-, el Taser X26 es un inmovilizador temporal disuasivo que utiliza un cartucho reemplazable de nitrógeno comprimido para disparar a presión dos dardos que quedan unidos al Taser X26 por dos cables conductores aislados de hasta 7,6 metros de distancia. A continuación, el Taser X26 transmite pulsos eléctricos a través de los cables hacia el cuerpo inmovilizando las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y paralizando temporalmente a la persona. La energía puede penetrar hasta cuatro centímetros de ropa, dos centímetros por dardo.

En otras palabras, son picanas portátiles, inalámbricas. Esto no puede pasar inadvertido. Si la utilización de las picanas es ilegal y repudiada por la sociedad cuando se la emplea en un “interrogatorio” en un sótano policial, también lo es cuando se la utilice para reducir a un delincuente o manifestante. La autorización de estas armas significaría legalizar la tortura. Y creemos que es inadmisible, aun en nombre de la eficacia de la “seguridad”.

En este sentido, la adquisición de estas armas para el personal policial es contrario a lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, órgano de la Convención contra la Tortura con rango constitucional que establece que el uso del arma Taser implica una violación a los Derechos Humanos.

Cabe recordar que mediante la Resolución 20/MJYSGC/2010 el GCBA había autorizado la contratación directa para la adquisición de armas denominadas “no letales” con destino a la Policía Metropolitana, entre ellas cinco dispositivos Taser X26, cuya comercialización era exclusiva de la firma Buccello y Asociados S.R.L.

Allí fue que desde el ODH presentamos un amparo con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”. Esta medida logró dos fallos judiciales favorables: en primera y segunda instancia.

Hace dos semanas un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño revocó la resolución que impedía su uso y autorizó a equipar a la Policía Metropolitana con las mismas. Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”. Según ellos, habría que esperar un hecho concreto de muerte o tortura, para dar lugar al amparo.

De esta forma, el TSJ modifica y por su propia voluntad, la letra de la Constitución que permite el ejercicio de la acción de amparo, también cuando el daño sea inminente. Tal es el caso de las Taser, ya que al haberse aprobado la adquisición, la portación y el uso de las neopicanas por parte de la Policía Metropolitana era inminente cuando se planteó la acción judicial.

Sin embargo el TSJ ha preferido irse por la tangente, negando que haya un daño actual. La situación resulta de extrema seriedad porque pone en amenaza los derechos humanos de la vecindad porteña. Ante ese fallo cabe preguntarse, ¿la Justicia solo va a actuar cuando haya un muerto o un torturado?

La Justicia tiene una función preventiva que es insoslayable. El recurso de amparo tiene, entre otras, esa función específica. Amparar a las personas para que no sean violados sus derechos humanos, cuando el daño sea actual o inminente. El TSJ ha borrado la letra de la Constitución de un plumazo. Por ello, resulta urgente la intervención de la Corte Suprema Nacional, para volver a la senda del Derecho.

Ante el sólido Recurso Extraordinario que presentamos esta semana, el Tribunal Superior de Justicia tiene la potestad de concederlo para que lo resuelva la Corte o rechazarlo, potenciando el escándalo jurídico que implicó su sentencia. En este caso, si lo rechaza, los organismos que firmaron el escrito prometieron ir directamente a la Corte por Recurso de Queja. E, inclusive, se han comprometido a llevar el caso a instancias internacionales, si fuera necesario.

En el contexto de nuestro país, donde la picana nos ha hecho tristemente célebres en el mundo, no es posible concebir que se legalice la tortura. Por eso, el CELS, Amnistía Internacional, H.I.J.O.S., APDH, CHA, ATE, UTE, UEJN – Capital, entre otras organizaciones han acompañado la presentación del ODH.

No estamos dispuestos a retroceder en la vigencia de los Derechos Humanos. Ante la intentona de introducir la picana legal en las fuerzas de seguridad, una sola voz se escuchó entre las organizaciones que luchan por la humanidad: ¡No pasarán!

 

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CONFERENCIA DE PRENSA

Este jueves 9 de abril, 9 hs.

Sala de Prensa de UTE, Bartolomé Mitre 1984 PB.

El ODH informará las medidas que tomará ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia que autorizó el uso de las pistolas eléctricas TASER en la Ciudad

Este jueves anunciaremos las medidas judiciales que llevaremos adelante con respecto al fallo del TJS del que recientemente fuimos notificados.
Nos acompañarán: Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad; H.I.J.O.S.; Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), UTE – CTERA, Amnistía Internacional, APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE (Germán Abdala), Comité de Salud, Ética y Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras organizaciones sociales y de derechos humanos.

La acción fue iniciada en 2010 por este Observatorio, mediante un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”. Esta medida logró dos fallos judiciales favorables: en primera y segunda instancia. Hace dos semanas un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño revocó la resolución que impedía su uso y autorizó a equipar a la Policía Metropolitana con las mismas.

El Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. Diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes.

Una vez más, advertimos el peligro de que la Policía Metropolitana pueda utilizar estas armas. El Poder Judicial avala al Jefe de Gobierno a dotar a su fuerza de seguridad con un arma de electrochoque que ha sido repudiada y cuestionada por organizaciones de todo el mundo.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas dictaminó que la aplicación de este tipo de arma contra las personas constituye una forma de tortura, ya que dichas pistolas eléctricas provocan un dolor extremo y en algunos casos pueden provocar la muerte.
Desde el ODH llegaremos a todas las instancias que correspondan. No vamos retroceder en nuestra historia y permitir que nuestras policías tengan permiso legal para torturar.

 
 
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