Esa fue la respuesta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad ante el pedido de informes presentado por este Observatorio a raíz de la tragedia de “Time Warp”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió nuestras preguntas y brindó documentación que comprueba que existió una sugestiva y grave ausencia de los controles que debía llevar adelante el estado porteño.
De sus respuestas, surge que el permiso especial otorgado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad a la empresa Dell Producciones S.A. y Centro Costa Salguero S.A. establecía en forma expresa que la capacidad máxima del lugar era de TRECE MIL (13.000) asistentes mayores de 18 años. A pesar de que la cantidad de gente superaba notoriamente ese número, los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche no procedieron a labrar acta alguna por dicha situación. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche.
También surgía en forma expresa en la autorización que durante todo el desarrollo del evento no podía faltar la provisión de agua potable en los sectores de baños, y que de verificarse lo contrario, los agentes inspectores debían inmediatamente clausurar el lugar. A pesar de esto, el evento no fue interrumpido en ningún momento. Lo que da a suponer que “los inspectores” no inspeccionaron nada.
De ese modo, se observa que han existido gravísimas omisiones e irregularidades en cuanto a los controles que debían llevar adelante los diferentes organismos de intervención y contralor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como lo entendió el fiscal Delgado que pidió procesar a cinco funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control porteña.
Así, la ausencia de control estatal, fue decisiva para permitir que el evento se desarrollara en condiciones que atentaron contra los derechos a la salud y a la vida de los asistentes. Las muertes y las descompensaciones sufridas por los afectados podrían haberse evitado de no ser por el hacinamiento, el cierre de todas las puertas, la falta de ventilación y ventanas, el corte intencional del suministro de agua en los baños y la altísima temperatura del lugar.
A ello se agrega que uno de los internados era menor de edad, lo cual puso en evidencia, que tampoco las autoridades de la Ciudad controlaron que se cumpliera con una de las condiciones relativas a que el evento resultaba exclusivo para mayores de 18 años.
La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad resulta parcial ya que no se informa – entre otras cosas – los datos solicitados en relación a la atención médica dentro del evento, las tareas tendientes a reducción de daños y el control de la venta de estupefacientes dentro del lugar. Por este motivo, vamos a reiterar el pedido de informes realizado en los términos del art. 1º de la ley 104, de información pública.
OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS - ODH 