A raíz del operativo desplegado por la Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda, el viernes 26 de abril desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) hemos observado que la Metropolitana violó el artículo 34 de la Ley de Seguridad Pública (Ley 2894) de la Constitución de la Ciudad. Además, el artículo 27 de esta Ley define el principio de razonabilidad que debe tener el accionar de la Fuerza durante un operativo, que debe ser proporcional al objetivo perseguido.
Desde el ODH consideramos que no se aplicó el principio de gradualidad establecido en el artículo 27 y 28 de la Ley 2894, por el cual la Policía Metropolitana debía intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.
En nuestros informes anuales ya hemos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un ferviente admirador de la última dictadura militar. Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, que fueron prohibidas por la Justicia. Su «bautismo de fuego» fue en el Parque Indoamericano contra los sectores vulnerables de la ciudad, causando 2 muertos. La policía Metropolitana ya tiene 5 casos confirmados de «gatillo fácil».
Desde el macrismo se intenta erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden, cuando todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Instamos a una investigación profunda sobre los hechos denunciados, a los que intentaremos aportar con la información solicitada. La Justicia debe actuar ya que se han cometido innumerables delitos. El Poder Ejecutivo debe identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos. Asimismo, intimamos al Poder Ejecutivo a abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.
En este sentido, en el día de la fecha, hemos presentado un pedido de informes, en el marco de la Ley Nº 104 de «Acceso a la información pública» requiriendo, entre otras cuestiones, que el Ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro conteste:
* Quién fue el jefe del operativo y cómo se planificó el operativo.
* Cuáles fueron las instrucci
* Quién fue el funcionario civil que solicitó el auxilio de la fuerza. Read the rest of this entry »