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Archivo de la etiqueta: Macri

La discusión no puede ser entre matar o torturar.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hace un llamado a las autoridades del Estado Argentino para que respeten, controlen y obliguen a que todos los poderes del Estado respeten la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones que la integran.

En la última semana altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y las máximas autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad se han manifestado en contra del respeto al derecho fundamental de las personas, el Derecho a la Vida.

Han incitado al uso de la violencia extrema y desmedida contra personas que poseen derechos y garantías, de los cuales las fuerzas del Estado deben ser garantes.

Asimismo, sus expresiones van en contra de las leyes a las que debe ajustarse la Policía, entre ellos “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas”. Violando también el mandato legal que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar “estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”.

Ante las medidas de ajuste y desmantelamiento del estado, las protestas sociales aumentaron en el último año en nuestro país. Como respuesta, desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también va en aumento.

Esta ofensiva represiva debe ser frenada de inmediato por los Poderes Legislativo y Judicial, garantes también ellos también de la vigencia plena de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Esta situación planteada ex profeso ha vuelto a abrir la discusión respecto de las armas eléctricas de tortura Taser. Este tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, la integridad física y la salud. Están calificadas como implementos de tortura por la ONU.

Falso debate: pistolas eléctricas o pistolas con balas de plomo.

Los cuestionamientos del ODH ante a el uso de las armas Taser en nuestro país, comenzaron en 2010 cuando, junto a la Organización H.I.J.O.S., iniciamos un acción de amparo frente a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de comprar este tipo de armamento para la Policía local.

En la acción judicial quedó demostrado que las armas eléctricas Taser implican un elemento de tortura. Existen importantes antecedentes a nivel mundial, que evidencian la “letalidad” de estas armas. El uso de las taser provocaron la muerte de muchas personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso su utilización con niños y mujeres embarazadas.

Actualmente, el ODH se encuentra peticionando ante la Comisión IDH, mediante denuncia “Adolfo Pérez Esquivel y Otros, P-1712-16 c/Argentina”, por la violación de los derechos humanos en el marco de las previsiones de los artículos 1, 2, 4, 5 y 11, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esperamos que la Corte IDH se expida y se prohíba el uso de las armas eléctricas de tortura Taser en la República Argentina.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

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“Cuestionar el fallo de Dra. López Vergara viola la autonomía de la Justicia porteña”

El ODH exige que se respete la división de poderes y la independencia judicial ante los infundados ataques contra la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Dra. Patricia López Vergara.
La Jueza fue objeto de intromisiones inadmisibles por su fallo que exigía el cumplimiento de las garantías por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación masiva del lunes pasado. La decisión de López Vergara se basó en la legislación que regula a la Policía de la Ciudad y que obliga a no portar armas de fuego y llevar identificación en manifestaciones públicas. La Ley 5.688 de Seguridad, sancionada el año pasado, restringe el uso de la fuerza. El inciso 99 explicita la prohibición de armas de fuego en la línea de contacto con los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.
Las críticas por parte de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad y del propio Presidente de la Nación vulneran la división de poderes y la independencia judicial. También amenazaron con iniciar juicio político contra la Jueza. De concretarse, esto impedirá el ejercicio de los derechos y atentan contra la institucionalidad democrática.

Desde el ODH criticamos la criminalización de la protesta y rechazamos el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil. Este año ya habíamos advertido sobre la compra de armamentos antidisturbios y de pistolas eléctricas TASER por parte del Gobierno de la Ciudad. Seguimos bregando por la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto de las leyes que en consonancia se dictaron en la Legislatura porteña. La ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que se deben cumplir con la normativa de Derechos Humanos y las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza.

 

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EL ODH PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORME SOBRE LA MUERTE DEL JOVEN ROBERTO AUTERO EN MANOS DE LA POLICIA METROPOLITANA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó un pedido de informes en el marco de la Ley de “Acceso a la Información Pública” al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Le exige que suministre los datos necesarios para esclarecer el asesinato de Roberto Autero, de 16 años, en las inmediaciones del Parque Rivadavia. Autero recibió un tiro en la nuca por parte del efectivo de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres, el día 07/02/2015, causa que tramita ante el juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond.

El ODH solicita que se informe:

* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.

* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.

* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.

* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.

* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.

* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.

* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.

* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.

* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.

Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia .

En este sentido, cabe esclarecer que cuando el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió dictarse su autonomía y su propia Constitución decidió también derogar los edictos policiales y formularse su propio código de convivencia. Para dictar ese cuerpo normativo la Constitución de la Ciudad puso restricciones bien explícitas en el artículo 13: “La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes reglas: 9) Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos”.

Las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta “actitud sospechosa” de Roberto Autero pasa groseramente por alto esta manda constitucional. Claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto “actitud sospechosa”, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. No estamos ante una disyuntiva simplemente ideológica de persecución de la pobreza, sino que es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe “…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.

Del mismo modo, de comprobarse en la investigación que efectivamente el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley N° 2894 de “Seguridad Pública”.

En consecuencia, la investigación debe dirigirse certeramente a analizar si el agente Torres ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada.

También queda en el tintero comprobar si el agente Torres procedió a identificarse como funcionario del servicio, dando una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, conforme lo exige el inciso i) del art. 28 de la ley.

En este sentido, resulta necesario determinar si el agente incurrió en el uso irregular de armas de fuego -por no tratarse de un caso de legítima defensa, propia o de terceros- ya que -de acuerdo a los resultados de las pericias- probablemente, estemos frente a un caso de violación del inc. h) del art. 28.

Y puntualmente, en el caso del fusilamiento del joven Autero, estamos frente a la probable violación del art. 27, inc. a) de la ley citada, en tanto con su accionar el policía habría transgredido normas constitucionales, legales, reglamentarias así como tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la Republica, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.

El retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma.

Recordemos que entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita.

Los hechos, nos llevan a inquietarnos nuevamente en torno a qué tipo de agentes se encuentra adiestrando, entrenando, capacitando y formando la Policía Metropolitana.

El caso bajo análisis, da cuenta que el Instituto Superior de Seguridad Publica, creado también por la Ley 2894, tiene mucho por hacer a fin de llevar a cabo sus objetivos de formar y capacitar a sus agentes inculcando un estricto cumplimiento a las normas constitucionales, a fin que el personal pueda desempeñarse protegiendo derechos y garantías fundamentales de las personas.

Desde el ODH reclamamos justicia y nos movilizamos el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 hs. a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto y Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.

 

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LA JUSTICIA SOBRESEE A LOS RESPONSABLES POR LA REPRESIÓN ILEGAL EN EL HOSPITAL BORDA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudia la decisión arbitraria del Tribunal en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) por la cual se decreta sobreseimiento en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos responsables de la represión ilegal en el Borda ocurrida el 26 de abril de 2013, como así también del personal de la Policía Metropolita involucrado.

Represión en el Hospital Borda por parte de agentes de la Policía Metropolitana

Represión en el Hospital Borda por parte de agentes de la Policía Metropolitana

A pesar de las pruebas ofrecidas y producidas en la causa, los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, decidieron arbitrariamente dictar el sobreseimiento de los responsables de la brutal represión en el Hospital.

En un reciente informe, el ODH manifestó que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad; y los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Pública Nro. 2894/08, tal como denunció oportunamente en abril de 2013.

El artículo 34 inciso 1 sólo autoriza el uso de la fuerza “cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.” Esta obligación constituye un principio básico de actuación recogido por la Ley de Seguridad Pública: el principio de “gradualidad”; que en el operativo desplegado por la Policía Metropolitana no fue observado, incumpliendo así la normativa local e internacional vigente.

Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3).

La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debe perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda el 23 de abril de 2013, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

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El Ejecutivo porteño debe reglamentar la ley de protección de testigos por orden judicial

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La Cámara de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Jefe de Gobierno de la Ciudad a reglamentar en 20 días la ley 2939 de “protección de testigos”. Se busca cumplir con el objeto de la norma por cuanto la Ciudad garantiza “asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
El ODH y la Agrupación HIJOS habían denunciado el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad porque esta ley no estaba reglamentada tal como establecen los artículos 2 y 8 de la ley.

En primera instancia, el Juez Juan Vicente Cataldo había considerado que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por la legislatura, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.

Por ende, en mayo de 2012 Cataldo sentenció la obligación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de reglamentar la ley en 20 días. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo.

En fallo del 26 de junio de 2013 la Cámara de 2da. Instancia ratifica la sentencia de primera instancia, interpretando que “el artículo 8º de la ley 2939 no ha sido cumplido por parte del Poder Ejecutivo y por ende, se verifica un supuesto de omisión ilegítima. El plazo fijado por la referida norma para la reglamentación expiró el 31 de marzo de 2009”, agregando que “no resulta coherente que la Administración, luego de alegar y fundar el carácter operativo de la ley, pretenda justificar el incumplimiento de uno de sus artículos. O dicho en otros términos, que el GCBA invoque la aplicación inmediata de la ley dada su naturaleza operativa, al tiempo que omite ilegítimamente acatar el deber impuesto en una de sus normas.”
El fallo, firmado por los doctores Corti y Zuleta, ratifica el plazo de 20 días para la reglamentación impuesto por el Juez Cataldo.

El Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires celebra la decisión de la Sala III de la Cámara de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. En el momento histórico que vive la Argentina en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, más que una ilegalidad, resulta una insensatez la demora injustificada del Jefe de Gobierno Mauricio Macri en generar las condiciones establecidas por la norma para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico- militar en el ámbito de la Ciudad. 

Exhortamos al rápido acatamiento de la sentencia y la pronta elaboración del programa de acompañamiento de los testigos y querellantes en los juicios históricos que vienen desarrollándose en la ciudad. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia, por el que tanto han luchado los Organismos de DD. HH. merece gobernantes a la altura de su dignidad. 

@ODH_BsAs

 

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El ex director de la UCEP ahora trabaja en Subterráneos de Buenos Aires

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Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudiamos enérgicamente la designación del último director de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), Ingeniero Jorge Polini, como asesor de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Jorge Polini fue contratado como asesor externo para brindar asistencia técnica “en la supervisión del plan de regularización y puesta en régimen de la línea A“, además de “tareas de planificación, control de gestión y propuestas de mejoras continuas de los recursos existentes y a incorporarse”, según documentación a la que tuvo acceso el sitio web “En el Subte” (http://enelsubte.com/noticias/sbase-vuelve-contratar-mano-obra-desocupada-la-ucep-2631).

Juan Pablo Piccardo es el actual titular de Subterráneos de Bs As. Antes era Ministro de Ambiente y Espacio Público, donde debió renunciar cuando se denunció el accionar represivo de la UCEP. Piccardo además, hoy se encuentra imputado, junto al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el propio Polini, y otros 27 funcionarios, en la causa caratulada “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos” por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La UCEP aplicaba métodos violentos e intimidantes para que las personas que moraban en calles, plazas o bajo un puente no regresaran, quitándoles sus escasas pertenencias, como hemos denunciado oportunamente desde este ODH. http://youtu.be/lLKXL778khU. Este organismo parapolicial fue disuelto a partir del reclamo popular y el avance de la investigación judicial que evidenció la ilegalidad de su obrar.

Esta “redistribución” de funcionarios, que semejan premios por gestión, alcanzó a otros responsables como el propio Juan Pablo Oiccardo y Matías Lanusse quien fuera Director de la U.C.E.P., para luego encabezar la lista de Comuneros PRO en la Comuna 2 y resultar electo. Estas designaciones completan el cuadro de la política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en el Hospital Borda hace algunos días, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad.

Insistimos en llamar al Gobierno de la Ciudad a que retorne a la senda de la legalidad en materias como el cuidado del Espacio Público y las políticas de Seguridad Pública. Por último, exhortamos al Gobierno de la Ciudad a dejar sin efecto este nombramiento y generar las políticas públicas necesarias que garanticen a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires el pleno respeto de los Derechos Humanos.

 

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EL ODH PRESENTA UN PEDIDO DE INFORME ANTE LA MUERTE DE UN OBRERO EN UNA ESCUELA PÚBLICA

Ante la muerte de un obrero en la escuela Nro. 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el ODH expresamos nuestra preocupación ante esta muerte evitable. Además, advertimos la precarización de los trabajadores en las obras públicas de la Ciudad. La indemnidad del trabajador es un obligación de resultado, que no puede ser sustituida ni declinada. Instamos a los responsables a tomar las medidas para evitar que vuelvan a ocurrir. El Gobierno de la Ciudad tienen la obligación de cumplir con las leyes de higiene y seguridad y/o de exigir y controlar el cumplimiento de las mismas a quienes les encomiendan o contratan para las obras.

En una presentación ante la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad solicita que el Ministerio de Educación informe sobre:

* Si conoce las circunstancias en las que falleció el trabajador Gerardo Rodríguez mientras realizaba reparaciones en el techo de la Escuela Nº 17 “Francisco de Victoria”.

* Si conoce cómo ocurrió el hecho y cuáles fueron las causas de la caída del trabajador.

* Si conoce cuánto tiempo demoró en llegar el SAME.

* En qué obra pública se encontraba trabajando en el lugar, cuál es su objetivo, presupuesto y grado de avance en la ejecución.

* Si han tomado conocimiento sobre las denuncias acerca de que se caen los techos, se filtra agua por las cañerías de luz, hay paredes con electricidad.

* Si el trabajador trabajaba en relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad o si dependía de una empresa tercerizada. Read the rest of this entry »

 

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