El Gobierno de la Ciudad destinará 144.900 dólares para comprar 60 taser.

Ante un nuevo pedido de informes del ODH por la compra y uso de las armas taser, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que analiza las ofertas recibidas en la licitación para la compra de 60 pistolas eléctricas por un monto de 144.900 dólares.

Según la respuesta recibida hoy, la licitación para la compra de estas armas eléctricas se abrió el 20 de marzo de 2019. Al día de hoy, la Dirección General de Adquisiciones y contrataciones de seguridad y emergencias “se encuentra en la etapa de evaluación de las ofertas recibidas”. Con este avance, el gobierno continúa ignorando la denuncia presentada ante la CIDH en 2016 para evitar el uso de las pistolas taser, consideradas elementos de tortura.

En el mismo pliego, puede leerse que las taser descargarán 6800 voltios sobre el cuerpo humano. El gobierno de la ciudad reconoce en la licitación que el uso de las taser puede producir daños que generen resarcimiento, aunque le exige al oferente que se haga cargo de eventuales indemnizaciones.

Según responden desde la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, “se ha iniciado el proceso de compra de las pistolas Taser y se encuentra en proceso de elaboración el protocolo de uso”.

Con la firma de Marcelo Dalessandro, Secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, informan que “en lo que hace a la competencia de esta Secretaría se informa que el Instituto Superior de Seguridad Pública (órgano rector de la formación y capacitación continua de los integrante de la fuerza de seguridad; cfr. SISP Ley Nro. 5688, Libro IV, arts. 353 y s.s.) se encuentra abocado a la tarea de elaborar un protocolo en línea con los estándares y recomendaciones que emanan del ámbito internacional”.

Con esta información, entendemos que el uso de las taser en nuestro país es inminente.
En el día de hoy, enviamos a la CIDH las respuestas del gobierno de la ciudad a nuestro pedido de informe como ampliación de información con hechos nuevos. Son preparatorios del efectivo uso de las armas Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad.

La lucha ininterrumpida por la justicia, la memoria y la verdad nos llevó a presentar la acción en primera instancia. El rechazo del STJ y luego de la CSJN habilitó la instancia internacional, a la que de manera conjunta concurrimos.

La petición que realizamos en 2016 ante a la Comisión Interamericana de DDHH, tiene por objeto que la República Argentina y en particular la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no violenten el deber de prevenir las posibles violaciones a los derechos humanos a través del uso de las armas tipo Taser X26 y/o lanzadores less lethal weapon.

Este tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como “capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, integridad física y salud”, es decir, calificándolas como implementos de tortura.

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis.

La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades. Más información aquí.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

 

Avanza la denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino por las TASER

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó el primer análisis por la denuncia que hemos presentado contra el Estado argentino por el uso de armas Taser.

En una comunicación oficial recibida este martes, la CIDH informa que “el estudio inicial del asunto ha concluido exitosamente, encontrándose pendiente la notificación al Estado en los próximos meses».

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación H.I.J.O.S. Capital habíamos denunciado al Estado argentino por la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las armas tipo Taser X26.

Agravando la situación, en los últimos meses, se dio a conocer la compra de estas picanas portatiles por parte de los Estados nacionales, porteños y bonaerenses para distintas Fuerzas de Seguridad. Así lo confirmaron los dichos de Diego Santilli, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo.

La semana pasada, presentamos los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad nacional consultando sobre: el proceso administrativo que habilita la compra de las armas Taser, la capacitación del personal y protocolos que se pondrán en marcha para su uso, los precios que se pagarán por las mismas, entre otras preguntas. El mismo día que presentamos los pedidos de informes, fuimos notificados del uso de la prórroga para su respuesta, que recién llegará en marzo.

 

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010, cuando junto con Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S. Capital, y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que incluso demuestran que pueden ser armas letales. Luego de las presentaciones en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su análisis.

En 2016, la petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y SERPAJ; Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; H.I.J.O.S. Capital, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las Fuerzas de Seguridad.

Esperamos que la CIDH se manifieste con la celeridad necesaria para que en la Argentina no se legalice la tortura y se cumpla con los pactos internacionales de derechos humanos a los que subscribe nuestro país.

 

El gobierno de la Ciudad insiste en las pistolas taser desconociendo que la CIDH se encuentra analizando su uso.

El secretario de Seguridad porteño insiste en el uso de las TASER, desconociendo que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) está analizando la legalidad de su uso.

En el medio de la discusión sobre el Nuevo Protocolo de Seguridad propuesto por la Ministra Patricia Bullrich, los funcionarios de la ciudad analizan adherir a esta nueva normativa implementando el uso de pistolas Taser.
Marcelo D´Alessandro, secretario de seguridad porteño, sugiere “protocolizar el uso de armas no letales, como las Taser” para sumarse al protocolo nacional que les da más poder a los agentes para el uso de armas.

Desde el Observatorio de DDHHH de la Ciudad (ODH) reclamamos nuevamente que se prohíba el uso de armas eléctricas porque esto va en contra de los derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y viola el deber del Estado de prevenir la tortura.

Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Taser comenzaron en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Taser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Luego de las presentaciones en la Suprema Corte porteña y en la Corte Suprema de Justicia Nacional, llegamos a la Corte Interamericana de DDHH para su análisis.

La petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), entre otras agrupaciones y personalidades. Más información aquí.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

Ante la escalada represiva por parte del gobierno nacional y de la ciudad, el ODH advierte que ninguna ideología puede fundamentar válidamente el incumplimiento de la Constitución y las leyes.

 

La discusión no puede ser entre matar o torturar.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hace un llamado a las autoridades del Estado Argentino para que respeten, controlen y obliguen a que todos los poderes del Estado respeten la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones que la integran.

En la última semana altísimos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y las máximas autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad se han manifestado en contra del respeto al derecho fundamental de las personas, el Derecho a la Vida.

Han incitado al uso de la violencia extrema y desmedida contra personas que poseen derechos y garantías, de los cuales las fuerzas del Estado deben ser garantes.

Asimismo, sus expresiones van en contra de las leyes a las que debe ajustarse la Policía, entre ellos “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas”. Violando también el mandato legal que obliga al Poder Ejecutivo a desarrollar “estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”.

Ante las medidas de ajuste y desmantelamiento del estado, las protestas sociales aumentaron en el último año en nuestro país. Como respuesta, desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también va en aumento.

Esta ofensiva represiva debe ser frenada de inmediato por los Poderes Legislativo y Judicial, garantes también ellos también de la vigencia plena de la Constitución Nacional y los tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Esta situación planteada ex profeso ha vuelto a abrir la discusión respecto de las armas eléctricas de tortura Taser. Este tipo de armas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, el deber de proteger la vida, la integridad física y la salud. Están calificadas como implementos de tortura por la ONU.

Falso debate: pistolas eléctricas o pistolas con balas de plomo.

Los cuestionamientos del ODH ante a el uso de las armas Taser en nuestro país, comenzaron en 2010 cuando, junto a la Organización H.I.J.O.S., iniciamos un acción de amparo frente a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de comprar este tipo de armamento para la Policía local.

En la acción judicial quedó demostrado que las armas eléctricas Taser implican un elemento de tortura. Existen importantes antecedentes a nivel mundial, que evidencian la “letalidad” de estas armas. El uso de las taser provocaron la muerte de muchas personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso su utilización con niños y mujeres embarazadas.

Actualmente, el ODH se encuentra peticionando ante la Comisión IDH, mediante denuncia “Adolfo Pérez Esquivel y Otros, P-1712-16 c/Argentina”, por la violación de los derechos humanos en el marco de las previsiones de los artículos 1, 2, 4, 5 y 11, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esperamos que la Corte IDH se expida y se prohíba el uso de las armas eléctricas de tortura Taser en la República Argentina.

Hasta tanto se logre el pronunciamiento, los tres poderes del Estado Argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad.

 

«Cuestionar el fallo de Dra. López Vergara viola la autonomía de la Justicia porteña»

El ODH exige que se respete la división de poderes y la independencia judicial ante los infundados ataques contra la Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, Dra. Patricia López Vergara.
La Jueza fue objeto de intromisiones inadmisibles por su fallo que exigía el cumplimiento de las garantías por parte de las fuerzas de seguridad durante la manifestación masiva del lunes pasado. La decisión de López Vergara se basó en la legislación que regula a la Policía de la Ciudad y que obliga a no portar armas de fuego y llevar identificación en manifestaciones públicas. La Ley 5.688 de Seguridad, sancionada el año pasado, restringe el uso de la fuerza. El inciso 99 explicita la prohibición de armas de fuego en la línea de contacto con los manifestantes por parte de las fuerzas policiales.

Las críticas por parte de funcionarios del más alto nivel del Gobierno de la Ciudad y del propio Presidente de la Nación vulneran la división de poderes y la independencia judicial. También amenazaron con iniciar juicio político contra la Jueza. De concretarse, esto impedirá el ejercicio de los derechos y atentan contra la institucionalidad democrática.

Desde el ODH criticamos la criminalización de la protesta y rechazamos el uso de las fuerzas de seguridad contra la población civil. Este año ya habíamos advertido sobre la compra de armamentos antidisturbios y de pistolas eléctricas TASER por parte del Gobierno de la Ciudad. Seguimos bregando por la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto de las leyes que en consonancia se dictaron en la Legislatura porteña. La ley que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que se deben cumplir con la normativa de Derechos Humanos y las reglas de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza.

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS «MENOS LETALES» QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica «Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada».
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 

LA CIDH ANALIZARÁ LA DENUNCIA DEL ODH CONTRA EL USO DE LAS TASER

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016. El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.

La CIDH acaba de notificar que «La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes», mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.

Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En  marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon «inadmisible» y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por los DDHH por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Ayer mismo se conoció que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la «fuerza de paz» que la Argentina comparte con Chile llamada «Cruz del Sur». El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un «arma de tortura».

 

El ODH alerta por la adquisición de armas “menos letales” para la nueva Policía de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios.

En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”.

Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.

Lo que más preocupa es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre .68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.

El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.

El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.

La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas “menos letales” y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.

Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).

Esperamos que las “nuevas” fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.

 

INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

• Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

• La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

• Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
• Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

• El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
• En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

• La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
• En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

• Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
• Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
• Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
• Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
• Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

• Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
• El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
• Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
• Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
• Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
• Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

• El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
• Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
• En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

• Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
• Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
• Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
• El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

• El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

 

PEDIDO A LOS LEGISLADORES PARA RESTRINGIR EL USO DE LAS PISTOLAS TASER

PROPUESTA DEL ODH PARA LA NUEVA LEY DE LA POLICIA DE LA CIUDAD

En la Legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley para crear una nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los legisladores que incluyan en la normativa la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. También solicita que establezca que en ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El cuestionamiento del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las pistolas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando, junto a la Organización HIJOS, se inició una acción de amparo ante el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera comprar estas armas para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostró que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunció la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que evidencian la “letalidad” de esas armas. Ya han provocado la muerte de muchas personas que padecían enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Nuestra propuesta es que el nuevo articulado incluya:

Art.- La actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de:

El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El Estado argentino debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de maltrato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, esa obligación debe consistir en que los legisladores de la ciudad voten que la nueva policía esté impedida de usar este tipo de armas.

Este es el pedido del ODH a todos los legisladores de la Ciudad.