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Archivo del Autor: OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires

Acerca de OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de la Ciudad de Buenos Aires

Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires

JUSTICIA POR SANTIAGO MALDONADO

Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia de Santiago Maldonado. Repudiamos el maltrato y la indiferencia del Gobierno nacional. El Estado Nacional, a través de la Gendarmería Nacional reprimió a los mapuches. En ese contexto, Santiago murió por causas que se empiezan a investigar recién ahora a partir de la tardía aparición sin vida del cuerpo.
Repudiamos las maniobras distractivas y encubridoras de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad de la Nación, durante este tiempo. Gendarmería, Pablo Noceti, Patricia Bullrich y Guido Otranto son responsables.
Reprobamos el accionar de los medios de comunicación tradicionales que han difundido información de forma irresponsable y sesgada.
Exigimos respeto y verdad.
Exigimos justicia por la muerte de Santiago!

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EL OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS PRESENTA PEDIDO DE INFORME AL GOBIERNO DE LA CIUDAD SOBRE LA PROPUESTA SECUNDARIA DEL FUTURO.

Durante un mes decenas de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron tomadas por Asambleas de estudiantes, padres y docentes en rechazo a la reforma educativa que pretende implementar arbitrariamente el Ministerio de Educación porteño. Al difundirse los primeros lineamientos del plan denominado “Secundaria del futuro”, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) presenta un pedido de informe (Ley Nº 104) al Gobierno de la Ciudad para conocer detalles de la reforma y de su imprementación.

Foto Página 12

Solicitamos conocer los objetivos del plan y detalles de su implementación. Pedimos que el Gobierno de la Ciudad informe con qué instituciones, colectivos, gremios o representantes de la comunidad educativa se ha tratado el tema.
Que informe si el plan se presentará como proyecto de ley o se implementará amparada bajo alguna otra norma.

Si existen escuelas elegidas para probar el plan y cuál ha sido el criterio de selección de tales establecimientos.

Si las “prácticas educativas” serán remuneradas. Cuáles serán los establecimientos, empresas u organismos dónde se planean desarrollar.

Si el plan se implementará en todos los establecimientos educativos de la CABA o solo en establecimientos públicos. En este último caso, debería conocerse las causas e informar si no podría constituir discriminación que pudieran derivar en desigualdades en el derecho a la educación, vulnerando el art. 23 CCABA.

Solicitamos saber qué contenidos actuales pasarán a ser prescindentes o dejarán de ser abordados en el aula.
Un punto importante es saber cómo se garantizarán los derechos laborales de lxs trabajadores docentes y no docentes.

Esperamos que el Gobierno de la Ciudad nos proporcione esta información. Nos alerta que este plan se vaya a implementar sin ningún tipo de debate ni estudio sobre sus repercusiones a futuro. Desde el ODH entedemos que este plan fomenta una posible precarización laboral tanto de los jóvenes que participen del mismo y como de aquellos que no lo hagan. Entendemos que la eliminación de materias del último año conspira contra la formación de personas con conciencia crítica, tal como ordena el art. 24 CCABA.

 

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EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DEBERÁ PAGAR LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD, LUEGO DEL PEDIDO DEL ODH Y LA APDH.

Las Disposiciones Min Desarrollo Social DI-2017-786-APN-CNPA # MDS y DI-2017-787-APN-CNPA # MDS del 23 de junio así lo indican.
Se ordena dejar sin efecto las suspensiones de pensiones no contributivas de madres de 7 o más hijos y de personas discapacitadas y la liquidación de las mismas. Además, estas disposiciones resuelven revisar cada caso. Luego de varias presentaciones judiciales, administrativas y protestas por los miles de afectados, el Ministerio de Desarrollo Social debió revertir esta decisión.

El Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habían exigido la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno de los beneficiarios dados de baja. Solicitud por pensiones por discapacidad APDH Y ODH
La medida tomada por Carolina Stanley había dejado sin el beneficio y la cobertura médica a decenas de miles de personas que deberían ser protegidas por el Ministerio, según las leyes vigentes. La suspensión del pago de este derecho no sólo afectaba a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar, ya que este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Además, dejó a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agravaba aún más su situación.

Miles de personas afectadas se han movilizado, reclamado y exigido que se respeten sus derechos. Esta es una victoria colectiva, así la celebramos felicitando a toda la comunidad que se ha levantado en defensa de los derechos humanos en general y de los afectados en particular.

Desde el ODH y la APDH exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios.

 

 

EL ODH Y LA APDH EXIGEN LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE PENSIONES POR DISCAPACIDAD

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Bs As junto con la Asamblea Permanente por los DDHH presentó un reclamo administrativo colectivo solicitando que inmediatamente se restablezca el pago de las pensiones no contributivas suspendidas desde el año 2016 y lo que va del 2017.
La decisión del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley viola las leyes vigentes. Esta acción del Estado no está respaldada por ningún acto administrativo válido. La suspensión del pago de este derecho afecta no sólo a la subsistencia de cada uno de los beneficiarios, sino además a su grupo familiar. En efecto, este tipo de pensiones tiene finalidad alimentaria. Por otra parte, deja a las personas afectadas sin cobertura médica social, lo cual agrava aún más su situación.
Esta decisión viola la Constitución Nacional y numerosos Tratados Internacionales que especialmente protegen a las personas con discapacidad. También es un retroceso en materia de seguridad social de estas personas que compromete la responsabilidad internacional de la República Argentina. Tal es el grado de ilegalidad e ilegitimidad de la decisión del Ministerio de Desarrollo Social.
El ODH y la APDH exigen la restitución inmediata de todos los beneficios que se han dado de baja, la inmediata reincorporación a la cobertura del sistema de salud PROFE, para todos y cada uno. Exigimos que para la revisión de cada una de las situaciones se respete el debido proceso legal tanto administrativo como judicial. Y que el mismo se realice garantizando los derechos fundamentales de cada uno de esos beneficiarios. Esta es la única manera de acabar con la vía ilegal utilizada por la ministra Stanley.

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD NO QUIERE DAR DETALLES DE LAS ARMAS “MENOS LETALES” QUE COMPRA PARA LA POLICÍA

Ante los reiterados pedidos de informes realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo Dalessandro, ha emitido la Resolución 2017-16-SECS que deniega el pedido de acceso a la información pública sobre la adquisición de las armas denominadas “less lethal weapon” o “armas menos letales”.
En la resolución que lleva la firma de Dalessandro se indica que “no resulta conveniente informar sobre cuestiones relativas al uso específico de armas para operaciones especiales y el grupo de fuerza en los cuales se utilizaran dichos elementos, ya que este tipo de información sensible podría frustrar el accionar del personal policial”.
De este modo, el Secretario de Seguridad prefirió escudarse en una interpretación sesgada y arbitraria de la ley de acceso a la información pública, para evadirse de la obligación de dar cuenta de sus actos.

El ODH había consultado sobre el uso específico para el cual estarían destinadas las armas denominadas “menos letales”, qué grupo dentro de la Policía de la Ciudad las utilizaría; cuál es el plan de actuaciones al que estaría sujeta la compra de estas armas. Se solicitó, además, información al acerca de consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Lo que había alertado a este ODH había sido publicación en el Boletín Oficial de la CABA respecto a la adquisición de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico indica “Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada”.
Desde el ODH queremos remarcar que el Gobierno de la Ciudad que define a la transparencia como un valor central de su gestión, demuestra una vez más la enorme distancia que separa su discurso de sus actos administrativos. Por vía de una interpretación antojadiza, el Gobierno de la CABA ha preferido perecer en el oscurantismo, antes que garantizar el control público de sus actos de gobierno. Al mismo tiempo que José Pedro Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad está detenido por graves acusasiones de pedido de coimas.
Desde el ODH, seguiremos con detalle esta licitación a fin de evitar la futura violación a derechos humanos de los habitantes de esta ciudad.

 

LA CIDH ANALIZARÁ LA DENUNCIA DEL ODH CONTRA EL USO DE LAS TASER

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó analizar la denuncia del Observatorio de DDHH de la Ciudad (ODH) presentado en agosto del 2016. El ODH había denunciado a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.
La petición había sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman (CEPRODH), Eduardo López (UTE), Daniel Adolfo Catalano (ATE), Pedro Aníbal Paradiso Sottille, (CHA), entre otras agrupaciones y personalidades.

La CIDH acaba de notificar que “La denuncia ha sido registrada bajo el número P-1712-16 Adolfo Pérez Esquivel y otros (…) La denuncia se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes”, mediante una carta con la firma del secretario ejecutivo del Tribunal, Paulo Abrão.

Los cuestionamientos a las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando desde el ODH junto con la Agrupación HIJOS iniciamos una acción de amparo al enterarnos que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para la Policía Metropolitana.
En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.
Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.
Logramos dos fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.
Esta decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN. En  marzo de 2016 los jueces supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda decidieron no analizar el caso, lo declararon “inadmisible” y autorizaron a los policías metropolitanos a salir a la calles con las pistolas eléctricas en la cintura.
Agotadas las instancias en el ámbito nacional, el ODH decidió presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana por los DDHH por que se considera que configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

Ayer mismo se conoció que el Poder Ejecutivo pretende proveer con Taser a la “fuerza de paz” que la Argentina comparte con Chile llamada “Cruz del Sur”. El programa periodístico Economía Política dentro del pedido de equipamiento solicitado por el país a Estados Unidos también se incluían unas 20 pistolas de electrochoque de 50.000 voltios, consideradas por Naciones Unidas como un “arma de tortura”.

 

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El ODH alerta por la adquisición de armas “menos letales” para la nueva Policía de la Ciudad.

El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios.

En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”.

Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.

Lo que más preocupa es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre .68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.

El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.

El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

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Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas “menos letales”. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.

La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas “menos letales” y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.

Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).

Esperamos que las “nuevas” fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.

 

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