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EL FALLO QUE PERMITE LAS TASER ES INCONSTITUCIONAL Y POLÍTICO

Desde el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) nos enteramos por los medios la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad que revoca los fallos de primera y segunda instancia, permitiendo la utilización de las neopicanas Taser por parte de la Policía Metropolitana. No hemos sido notificados formalmente del fallo como organización que llevó adelante la presentación judicial. Sin embargo, hemos accedido al fallo a partir de la divulgación que con clara intencionalidad política ha realizado el Tribunal Superior.

La comunicación del fallo a la prensa, antes que a las partes, tiene el claro objetivo de incidir favorablemente en la campaña presidencial del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri. De esta manera, el TSJ, como versión local del “Partido Judicial”, le obsequia a Macri un triunfo judicial, al día siguiente de conocida la nueva alianza electoral entre el PRO y la UCR, lo que se ha interpretado como un triunfo político por parte del PRO. Esta concatenación de avances intenta mostrar un efecto ganador que no repara en valladares constitucionales.

Taser-x26Tal es así, que la resolución judicial recurre a un artilugio procesal restrictivo del acceso a la Justicia para evitar inmiscuirse en las pruebas del expediente: El Comité Contra la Tortura de la ONU y otros organismos internacionales como Amnistía Internacional desaprobaron el uso de las armas tipo Taser, afirmando que este tipo de armas lesiona derechos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. La propia Policía Metropolitana reconoce la lesión a la integridad física y a la salud que provoca el arma. También reconoce la ausencia de protocolo; diferentes fuerzas nacionales de seguridad recomiendan la no utilización o informan que no poseen esta arma; entre otras pruebas contundentes.

Lo que se demuestra en el expediente y no es rebatido por el TSJ–con la honrosa excepción de la Dra. Alicia Ruiz que vota en disidencia- es que el uso de armas Taser por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno local constituye una forma de tortura y vulnera de este modo los artículos 2 y 16 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y los derechos a la vida, integridad física y salud consagrados en Tratados Internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución Nacional y Local.

La acción fue iniciada en 2010 por el ODH, con un amparo presentado con la firma de Carlos Pisoni contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que “se impida la utilización de las armas denominadas no letales Taser X26, por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno local, por consistir las mismas un elemento de tortura”.

Los jueces Luis Francisco Lozano, Inés M. Weinberg, Ana María Conde y José Osvaldo Casás coincidieron en que el accionante “carece de legitimación para cuestionar la validez de las resoluciones”.

Esta pretendida carencia de legitimidad de Carlos Pisoni, integrante del ODH, en su carácter de ciudadano está expresamente ratificada por el artículo 14 Constitución de la CABA que le otorga legitimación para ejercer la acción de amparo a “cualquier habitante”, con el fin de proteger la vida, la integridad física y la salud de todas las personas que se encuentran en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad de la Ciudad, en lo que se refiere a las llamadas “armas no letales Taser x26”.

Las argumentaciones esgrimidas por el TSJ en torno a la falta de legitimación activa de esta parte, como ya lo sostuvo la Jueza en primera instancia y lo confirmó la alzada, quedan rebatidas de plano por la doctrina jurisprudencial derivada del fallo “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – ley 25.873 – dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986” y su aplicación al caso concreto.

Estamos en presencia de derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En efecto, interpusimos acción de amparo en virtud de considerar que la inminente adquisición por parte del GCBA de armas de electro-convulsión Taser x26, a partir de las Resoluciones administrativas 1049/MJYSGC/10 y 20/MJYSGC/10, cuyo uso ha sido catalogado por el Comité contra la Tortura como pasible de conculcar los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por el intenso dolor que provoca, vulnera los derechos a la vida, integridad física y salud del ciudadano Pisoni y de quienes habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, así como viola el principio de legalidad, en la medida en que todas estas personas pueden ser pasibles del accionar de las fuerzas de seguridad porteñas.

No se trata de un derecho subjetivo a la legalidad, sino de:

1)            La existencia de un hecho único o complejo; dado por la decisión del GCBA de adquirir las armas de electro-convulsión Taser x26, hecho pasible de causar una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, esto es, la vida, integridad física y salud, de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires.

2)            La pretensión concentrada en los efectos comunes que el uso de estas armas puede conllevar sobre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, y no en lo que cada individuo por separado puede peticionar. El hecho afecta en forma homogénea a quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires, en tanto pueden ser víctimas del uso de estas armas por el accionar de las fuerzas de seguridad porteñas.

3)            Finalmente, de considerarse que esta parte no tuviera legitimación activa en autos, habría una clara afectación del acceso a la justicia.

Se ha demostrado que la acción administrativa es violatoria de la Constitución y de las leyes de la Ciudad, puesto que la inminente adquisición de las armas, contraría lo dispuesto por el Comité contra la Tortura, el art. 34 de la CCABA (entre otros) y lo dispuesto en el art. 28 inc. b) de la Ley 2894.

Cabe recordar que el artículo 14 de la CCABA habilita la acción de amparo para aquellos casos en que exista una lesión, restricción, alteración o amenaza, actual o inminente a un derecho humano. De tal modo, el TSJ –particularmente el voto del Dr. Lozano- solo se limita a evocar el daño o perjuicio concreto o actual como vía para que proceda el amparo, esperando que haya un muerto o un torturado para poder acceder a la Justicia. Hay que decirlo: Esta interpretación modifica, de modo inconcebible y por su propia voluntad, la letra de la Constitución.

Por el contrario, la Sala II CCAyT había advertido que el daño inminente a los derechos a la vida, salud e integridad personal derivados de las resoluciones administrativas que dispusieron la adquisición de las armas Taser X26 se configura cuando: “…el dictado de las resoluciones 1049/MJySGC/09 y 20/MJySGC/10 conllevan per se la inminente adquisición por parte del GCBA, mediante contratación directa, de las “Taser” y el consecuente empleo de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad porteñas. De allí que, el agravio esbozado por el GCBA, resulte inviable frente al claro espíritu expuesto por el constituyente local al redactar el artículo 14 de la CCBA, arribar a una interpretación contraria implicaría desnaturalizar a la acción de amparo al condicionarla a la ejecución de los mentados actos administrativos y, en el caso de autos, al concreto uso de las armas…”.

En síntesis, los argumentos vertidos sobre la legitimación activa son inconsistentes y falaces.

Como consecuencia de lo expuesto el “caso” se materializa en la pretensión de evitar que se concrete el daño inminente a los derechos a la vida, salud, e integridad física de quienes habitan en la Ciudad de Buenos Aires, atribuible a la pronta adquisición de las armas Taser X 26 por parte del GCBA.

Como bien remarca la JuezaDanas en su fallo de primera instancia “El “caso”… está dado en el confronte que deberá hacerse entre el pretendido uso de las armas Taser X 26 por el Gobierno, y los tratados internacionales que el Estado Argentino ha suscripto. Este control de convencionalidad será el “caso” o “controversia” que deberá resolverse en el presente amparo.” (pt. II.2) Esto mismo es retomado por la Alzada, y es en ese sentido que falla.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad al confirmar el fallo de primera instancia que había prohibido el uso de las neopicanasTaser X 26 por parte de la Policía Metropolitana ante una presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) y que había sido apelado por el gobierno del Ingeniero Mauricio Macri, sentenció que “Razonablemente, cabe inferir que en un estado democrático, aún la mera sospecha de que el empleo de un arma, por parte de las fuerzas de seguridad, pueda derivar en una acción cruel, inhumana y degradante para la condición humana, impone extremar los medios de prueba tendientes a desvirtuarlo.”

Asimismo, el fallo se había inscripto en el contexto de nuestra historia advirtiendo que “El presente caso, finalmente, debe ser visto a la luz de la compleja historia argentina, uno de cuyos trágicos aspectos ha sido la utilización ilegítima (y extrema) de la violencia por parte del Estado. Dicha circunstancia termina por disipar cualquier duda que pudiera surgir sobre el uso de las armas bajo examen, receptando la visión más restrictiva que surge de los documentos internacionales antes reseñados, que es la más apropiada desde la óptica de los derechos humanos, tal como lo vivenciamos los argentinos como aspecto esencial de nuestra cultura constitucional democrática.”.

Lamentablemente, el TSJ borra por decisión política, antes que por argumentos judiciales, un fallo histórico, coherente con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hace a la argentina ejemplo en el mundo.

El Poder Judicial avala, con esta decisión, al Jefe de Gobierno, quien intentó llevar a cabo la fundación de una fuerza de seguridad al servicio de la represión y la tortura, a contramano de la Historia reciente de nuestro país y de lo receptado por la ley de Seguridad Pública y la Constitución de la Ciudad.

Una vez notificados formalmente del fallo, interpondremos un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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LA JUSTICIA SOBRESEE A LOS RESPONSABLES POR LA REPRESIÓN ILEGAL EN EL HOSPITAL BORDA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudia la decisión arbitraria del Tribunal en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) por la cual se decreta sobreseimiento en forma arbitraria e infundada a los funcionarios políticos responsables de la represión ilegal en el Borda ocurrida el 26 de abril de 2013, como así también del personal de la Policía Metropolita involucrado.

Represión en el Hospital Borda por parte de agentes de la Policía Metropolitana

Represión en el Hospital Borda por parte de agentes de la Policía Metropolitana

A pesar de las pruebas ofrecidas y producidas en la causa, los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, decidieron arbitrariamente dictar el sobreseimiento de los responsables de la brutal represión en el Hospital.

En un reciente informe, el ODH manifestó que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la Ciudad; y los artículos 27 y 28 de la Ley de Seguridad Pública Nro. 2894/08, tal como denunció oportunamente en abril de 2013.

El artículo 34 inciso 1 sólo autoriza el uso de la fuerza “cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.” Esta obligación constituye un principio básico de actuación recogido por la Ley de Seguridad Pública: el principio de “gradualidad”; que en el operativo desplegado por la Policía Metropolitana no fue observado, incumpliendo así la normativa local e internacional vigente.

Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3).

La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debe perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda el 23 de abril de 2013, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

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EL ODH ACOMPAÑA AL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE MENDOZA EN SU PEDIDO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

EL ODH ACOMPAÑA AL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE MENDOZA EN SU PEDIDO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Bs As expresa un enérgico repudio a la protección y complicidad por parte de uniformados y abogados con los imputados por delitos de lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante en Mendoza.

Desde febrero se están llevando adelante las audiencias de la megacausa que juzga a 41 imputados por las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas. Lo inédito es que entre los acusados se encuentran cinco jueces que respaldaron a la Justicia Federal en los procedimientos criminales de la dictadura.

Se trata del destituido juez Luis Miret, quien fuera subrogante y luego juez designado en el período militar; el profugado y extraditado Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura y otros tres ex jueces: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo que fueron funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de estado de 1976. Los cinco jueces están acusados de no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma Habeas Corpus y demás recursos.

El 31 de marzo, el Tribunal decidió no aceptar el pedido de prisión preventiva de los imputados, solicitado por la fiscalía y las querellas. Hasta el momento, los acusados concurren al juicio en libertad.

En las audiencias de los Tribunales de Mendoza, los querellantes fueron agredidos por los abogados defensores. También aparecieron carteles de propaganda pro dictadura con un retrato de Videla y declarando que los desaparecidos son un invento. Los participantes a las audiencias denuncias la permisividad excesiva de los policías para con las reacciones y provocaciones de los acusados, especialmente respecto del exjuez Luis Francisco Miret. Además, se percibe animosidad de los uniformados para con las víctimas y sus acompañantes. Los policías encargados de la seguridad durante el juicio, se saludan animosamente con los acusados y hasta les permitieron entrar una cámara de fotos.

A este cúmulo de aprietes e irregularidades se suman los ataques que desde que comenzó el megajuicio han sufrido diversos espacios de la memoria, como la esquina que homenajea a Paco Urondo y a Alicia Cora Raboy, o la emblemática plaza San Martín, donde las Madres de Mendoza hacen su reclamo imperecedero por memoria, verdad y justicia.

Desde el ODH consideramos inadmisible estas conductas corporativas y de complicidad en el Tribunal de Justicia donde se lleva adelante el juicio contra militares y magistrados involucrados con el terrorismo de estado.

El ODH tiene el deber de denunciarlas, como hemos denunciado en la Ciudad de Buenos Aires la falta de implementación de la Ley de Protección de Testigos, junto a la agrupación HIJOS, por la que la Ciudad debe garantizar asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales. A pesar de tener un fallo a favor en primera y segunda instancia de los tribunales porteños, el Gobierno de la Ciudad continúa incumpliendo esta orden. También el ODH emprendió acciones legales para impedir el uso de las picanas eléctricas conocidas como pistolas Taser en la Ciudad.

El Poder Judicial debe colocarse a la altura de la Historia, y desde la magistratura se debe honrar el mandato constitucional y social de búsqueda de la verdad, consolidación de la justicia y construcción de la memoria. Repudiamos enérgicamente el tratamiento especial que se les concede a los imputados de la megacausa de la provincia de Mendoza y la persecución y hostigamiento que se realiza a los querellantes.

Porque la lucha por la Memoria, la verdad y la Justicia es una sola enviamos nuestro apoyo y solidaridad al movimiento de derechos humanos de Mendoza que está encarando una lucha histórica desenmascarando las raíces más profundas de la dictadura cívico militar.

 

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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD

El proyecto se presentó el 6 de mayo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

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El proyecto de creación de un Observatorio de casos de Violencia Institucional fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Pablo Ferreyra y la legisladora Claudia Neira.

La conferencia de prensa se realizó el lunes 6 a las 16hs en la Legislatura Porteña con la presencia de:

Claudia Cesaroni, abogada del CEPOC; María Elia Capella, del ODH; Pablo Ferreyra, familiar y querellante en la Causa Mariano Ferreyra y la legisladora Claudia Neira, del Bloque Buenos Aires 20/21.

El proyecto busca impulsar la creación de un observatorio con el objeto de recibir información, identificar casos, realizar informes y formular recomendaciones sobre casos de violencia institucional producidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto define que se entiende por “violencia institucional” todo acto que implique el uso de la fuerza, el poder físico y/o la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, psíquica o que incluya privaciones o descuido frente a una persona o grupo de personas, ejecutado por funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por las personas que cumplen funciones en esos poderes y/o por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales de cualquier jurisdicción, o por cualquier persona que cumpla tareas de seguridad y policiales de cualquier jurisdicción; en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de sus funciones, que viole algún derecho reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y las leyes locales.

Observatorio de Derechos Humanos (ODH)

FUNDAMENTOS

Los autores del presente proyecto: Pablo Ferreyra, María Elia Capella (miembro del Observatorio de derechos Humanos) a partir de la iniciativa de Claudia Cesaroni (miembro del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos), y en el marco de la articulación con organización sociales realizada a instancias de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena, intentamos abrir un debate necesario en el seno de la Legislatura de nuestra Ciudad.

En el Derecho Internacional, la defensa y promoción de los Derechos Humanos viene a garantizar la necesaria protección del individuo frente a actos arbitrarios del Estado que menoscaben sus derechos.

Durante años en nuestro país, los derechos humanos fueron eje de la lucha de los organismos y familiares frente a los crímenes del Terrorismo de Estado. Read the rest of this entry »

 

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