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Macri reglamentó la Ley de acompañamiento a Testigos de DDHH luego de la insistencia del ODH e HIJOS

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Después de seis años y cinco sentencias en contra el Jefe de Gobierno firmó el Decreto N° 400/14 reglamentario de la Ley Nº 2.939 que regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar.

En los primeros días de octubre, este Observatorio realizó la notificación al Jefe de Gobierno de la resolución de la Jueza Elena Liberatori que ordenaba el cumplimiento de los fallos, bajo apercibimiento de una multa diaria de $ 500 sobre el Jefe de Gobierno. Habiendo recibido la notificación y tras dos fallos de primera instancia, dos de la Cámara y uno del Superior Tribunal de Justicia, el Jefe de Gobierno se dignó a cumplir con la Ley N° 2.939 aprobada en el año 2008.

Fue la intimación bajo apercibimiento de sanción económica la que decidió a Mauricio Macri a reglamentar la ley y no el respeto a las instituciones democráticas y a los procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia.

El Decreto firmado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta el 14/10/2014 crea el Programa de Asistencia y Contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Establece que “las acciones de acompañamiento y contención serán personalizadas y requerirán del consentimiento previo de la persona beneficiaria. En todos los casos, el Programa mantendrá la absoluta confidencialidad de la información vinculada con la persona asistida”. Al mismo tiempo, la norma establece que para “garantizar la adecuada derivación a los distintos efectores de salud  que  cuenten con atención especializada, el Ministerio de Salud designará un funcionario responsable que dará el carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe el Programa”.

A su vez, detalla que “las medidas también podrán ser dirigidas o extendidas al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Esperamos que el Programa funcione con amplitud y eficiencia y sea divulgado de modo que todos los testigos y querellantes, así como su familia, puedan acceder a los derechos que garantiza la ley.

Celebramos que el Jefe de Gobierno haya decidido, demasiado tarde, acatar los deberes de las instituciones democráticas y la división de poderes. No podemos dejar de lamentar la falta de acompañamiento respecto a los testigos y querellantes de los juicios que ya se llevaron a cabo en la ciudad durante estos años.

En este sentido, el propio Jefe de Gobierno el que reconoce, en los fundamentos del Decreto, que “a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la ley citada, es necesario dictar las normas que reglamenten el procedimiento adecuado para la implementación de las acciones referidas”. Es decir, todos estos años –desde el 2008- el Poder Ejecutivo de la Ciudad no garantizó el cumplimiento de los fines de la ley, desentendiéndose del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que vive nuestro país. Y eso lo repudiamos.

 UNA LEY BIEN GUARDADA

La propia ley estableció que el Poder Ejecutivo porteño debía reglamentarla 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió en enero de 2009. Al cumplirse ese plazo, este Observatorio de Derechos Humanos y la Agrupación HIJOS recurrimos a la justicia de la Cuidad y en tres instancias ésta ordenó a la administración macrista que pusiera en funcionamiento el texto de la ley.
En mayo de 2012, el juez Juan Cataldo ordenó por primera vez la reglamentación. Lo mismo reiteró en 2013 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Superior Tribunal, este año.  Ante la demora, en septiembre la jueza Elena Liberatori ordenó el cumplimiento bajo pena de multa al Jefe de Gobierno por el incumplimiento.

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EL ODH ACOMPAÑA AL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE MENDOZA EN SU PEDIDO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

EL ODH ACOMPAÑA AL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE MENDOZA EN SU PEDIDO DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Bs As expresa un enérgico repudio a la protección y complicidad por parte de uniformados y abogados con los imputados por delitos de lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante en Mendoza.

Desde febrero se están llevando adelante las audiencias de la megacausa que juzga a 41 imputados por las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas. Lo inédito es que entre los acusados se encuentran cinco jueces que respaldaron a la Justicia Federal en los procedimientos criminales de la dictadura.

Se trata del destituido juez Luis Miret, quien fuera subrogante y luego juez designado en el período militar; el profugado y extraditado Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura y otros tres ex jueces: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo que fueron funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de estado de 1976. Los cinco jueces están acusados de no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma Habeas Corpus y demás recursos.

El 31 de marzo, el Tribunal decidió no aceptar el pedido de prisión preventiva de los imputados, solicitado por la fiscalía y las querellas. Hasta el momento, los acusados concurren al juicio en libertad.

En las audiencias de los Tribunales de Mendoza, los querellantes fueron agredidos por los abogados defensores. También aparecieron carteles de propaganda pro dictadura con un retrato de Videla y declarando que los desaparecidos son un invento. Los participantes a las audiencias denuncias la permisividad excesiva de los policías para con las reacciones y provocaciones de los acusados, especialmente respecto del exjuez Luis Francisco Miret. Además, se percibe animosidad de los uniformados para con las víctimas y sus acompañantes. Los policías encargados de la seguridad durante el juicio, se saludan animosamente con los acusados y hasta les permitieron entrar una cámara de fotos.

A este cúmulo de aprietes e irregularidades se suman los ataques que desde que comenzó el megajuicio han sufrido diversos espacios de la memoria, como la esquina que homenajea a Paco Urondo y a Alicia Cora Raboy, o la emblemática plaza San Martín, donde las Madres de Mendoza hacen su reclamo imperecedero por memoria, verdad y justicia.

Desde el ODH consideramos inadmisible estas conductas corporativas y de complicidad en el Tribunal de Justicia donde se lleva adelante el juicio contra militares y magistrados involucrados con el terrorismo de estado.

El ODH tiene el deber de denunciarlas, como hemos denunciado en la Ciudad de Buenos Aires la falta de implementación de la Ley de Protección de Testigos, junto a la agrupación HIJOS, por la que la Ciudad debe garantizar asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales. A pesar de tener un fallo a favor en primera y segunda instancia de los tribunales porteños, el Gobierno de la Ciudad continúa incumpliendo esta orden. También el ODH emprendió acciones legales para impedir el uso de las picanas eléctricas conocidas como pistolas Taser en la Ciudad.

El Poder Judicial debe colocarse a la altura de la Historia, y desde la magistratura se debe honrar el mandato constitucional y social de búsqueda de la verdad, consolidación de la justicia y construcción de la memoria. Repudiamos enérgicamente el tratamiento especial que se les concede a los imputados de la megacausa de la provincia de Mendoza y la persecución y hostigamiento que se realiza a los querellantes.

Porque la lucha por la Memoria, la verdad y la Justicia es una sola enviamos nuestro apoyo y solidaridad al movimiento de derechos humanos de Mendoza que está encarando una lucha histórica desenmascarando las raíces más profundas de la dictadura cívico militar.

 

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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DEBE REGLAMENTAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN JUICIOS POR DD.HH.

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Desde este Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad exigimos que se cumpla la sentencia del Juez Cataldo que exige al gobierno de la ciudad la reglamentación de la ley de protección de testigos, pendiente desde 2009. El ODH solicita que se intime el cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar sanciones al Jefe de Gobierno Mauricio Macri renuente.

Hace 5 meses la Sala III de la Cámara de en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió “declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad ya que no formula una crítica concreta a la resolución que impugna”. De esta manera, la Cámara confirmó la sentencia de grado, que le había ordenado reglamentar la Ley 2939 en un plazo de veinte (20) días. Esto tiene el agravante de que la propia norma aprobada en la Legislatura establecía un plazo para su reglamentación que expiró el 31 de marzo de 2009”.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad, lejos de colocarse a la altura de la historia, volvió a cuestionar este nuevo fallo de octubre/2013 presentando un Recurso de Queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En 2013, la Cámara había confirmado la sentencia de primera instancia que obligaba al Jefe de Gobierno de la Ciudad a reglamentar en 20 días la ley 2939 de “protección de testigos”.

El objeto de esa ley consiste en que la Ciudad debe garantizar asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo al no reglamentarse, ningún programa se encuentra a disposición de los protagonistas del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia.

El ODH y la Agrupación HIJOS habían denunciado el incumplimiento de la reglamentación por parte del Gobierno de la Ciudad en 2012. En primera instancia, el Juez Juan Vicente Cataldo había considerado que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por la legislatura, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.

Exhortamos al Jefe de Gobierno a respetar los fallos judiciales y actuar en consecuencia. Este ODH agotará todas las vías hasta lograr la satisfacción del principio republicano de gobierno, por el cual el Poder Ejecutivo de la Ciudad debe acatar los fallos del Poder Judicial.

 

 

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El Ejecutivo porteño debe reglamentar la ley de protección de testigos por orden judicial

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La Cámara de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Jefe de Gobierno de la Ciudad a reglamentar en 20 días la ley 2939 de “protección de testigos”. Se busca cumplir con el objeto de la norma por cuanto la Ciudad garantiza “asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
El ODH y la Agrupación HIJOS habían denunciado el incumplimiento del Gobierno de la Ciudad porque esta ley no estaba reglamentada tal como establecen los artículos 2 y 8 de la ley.

En primera instancia, el Juez Juan Vicente Cataldo había considerado que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por la legislatura, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.

Por ende, en mayo de 2012 Cataldo sentenció la obligación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de reglamentar la ley en 20 días. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad apeló el fallo.

En fallo del 26 de junio de 2013 la Cámara de 2da. Instancia ratifica la sentencia de primera instancia, interpretando que “el artículo 8º de la ley 2939 no ha sido cumplido por parte del Poder Ejecutivo y por ende, se verifica un supuesto de omisión ilegítima. El plazo fijado por la referida norma para la reglamentación expiró el 31 de marzo de 2009”, agregando que “no resulta coherente que la Administración, luego de alegar y fundar el carácter operativo de la ley, pretenda justificar el incumplimiento de uno de sus artículos. O dicho en otros términos, que el GCBA invoque la aplicación inmediata de la ley dada su naturaleza operativa, al tiempo que omite ilegítimamente acatar el deber impuesto en una de sus normas.”
El fallo, firmado por los doctores Corti y Zuleta, ratifica el plazo de 20 días para la reglamentación impuesto por el Juez Cataldo.

El Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires celebra la decisión de la Sala III de la Cámara de 2ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. En el momento histórico que vive la Argentina en materia de juicios por delitos de lesa humanidad, más que una ilegalidad, resulta una insensatez la demora injustificada del Jefe de Gobierno Mauricio Macri en generar las condiciones establecidas por la norma para avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico- militar en el ámbito de la Ciudad. 

Exhortamos al rápido acatamiento de la sentencia y la pronta elaboración del programa de acompañamiento de los testigos y querellantes en los juicios históricos que vienen desarrollándose en la ciudad. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia, por el que tanto han luchado los Organismos de DD. HH. merece gobernantes a la altura de su dignidad. 

@ODH_BsAs

 

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