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Archivo de la etiqueta: Policía Metropolina

SE PRESENTAN AMICUS CURIAE SOBRE LAS TASER

CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LAS TASER
Miércoles 18 de noviembre, 8:30hs.
Ministerio Público de la Defensa – México 890 – CABA
Se presentan los amicus curiae sobre la cuestión de las pistolas eléctricas Taser que debe decidir la Corte Suprema de Justicia. 
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Agrupación HIJOS, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), APDH, Comunidad Homosexual Argentina (CHA), ATE, Abuelas de Plaza de Mayo, Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), Asociación Americana de Juristas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad entre otros organismos de DDHH se presentarán como amicus curiae. 
El ODH interpuso una queja para evitar que la Metropolitana use las pistolas Taser X26. A esto se suman diversos amicus curiae que presentarán información y argumentos sobre el tema.
Este Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) -junto con el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad- había presentado un recurso de Queja en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CABA que permitió al Gobierno de la Ciudad equipar a la Policía Metropolitana con neopicanas Taser X26.
Desde el ODH y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad alertamos sobre el peligro que puede significar el uso de las taser. Es por eso que en 2010 interpusimos la acción de amparo para evitar que la Policía Metropolitana use las neopicanas Taser: Denunciamos -y probamos- que las armas Taser X26 son un elemento de tortura y que en diversos casos -de imposible previsión- causan la muerte de las personas.
Desde 2010, fueron 3 sentencias, de 2 instancias diferentes, las que le dieron la razón a nuestro planteo. Recién este año, en un fallo de alto contenido político, el Tribunal Superior de la Ciudad falló a favor del Gobierno de la Ciudad, permitiendo a su policía salir con elementos de tortura a la calle.
Desde el Observatorio sostenemos que es tan violatorio del derecho a la integridad física, la tortura mediante el uso de picana en un sótano de una comisaría, como lo es la descarga eléctrica provocada por una moderna Taser X26 en una manifestación. Las Taser son un elemento de tortura por el intenso dolor que generan, hecho corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional.
Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe poner un freno a la violación de los Derechos Humanos. Es la misma Corte, la que -en palabras de su presidente- dijo que los juicios por delitos de Lesa Humanidad son política de Estado. Es esta Corte la que debe ser clara y despejar todo atisbo de dudas dando lugar al recurso de queja que presentamos. La Argentina no puede permitir que se vuelvan a utilizar las picanas eléctricas en la Argentina. Por eso, esperamos que la Corte revoque el fallo del TSJ y prohíba la utilización de la Taser X26 por parte de la Policía Metropolitana.
Picanas, Nunca Más!
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PEDIDO DE INFORME POR LUCAS CABELLO, BALEADO POR LA METROPOLITANA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el ataque a Lucas Cabello, por el agente de la Policía Metropolitana el lunes 9 de noviembre.
Lucas Cabello recibió tres disparos, uno a la altura de la nuca, otro en el bazo y otro en los testículos, en las inmediaciones del edificio ubicado en de Martín Rodríguez 549 del barrio de La Boca de esta capital. Tras recibir los disparon, Lucas Cabello fue internado en el Hospital Argerich, donde lo operaron para salvarle la vida. Según el parte médico su estado es “muy grave”. 

El ODH solicita que se informe:

  • Nombre completo y rango dentro de la fuerza del efectivo que realizó los disparos.
  • Qué servicio prestaba el efectivo en la zona aledaña al edificio de la calle Martín Rodríguez y cuál era su función ese día.
  • Si el efectivo provino de otras fuerzas de seguridad al entrar en la metropolitana y si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle esos antecedentes y sus resultados.
  • Si los balazos que recibió Lucas Cabello se encuentran dentro de algún protocolo de actuación de la fuerza.
  • Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos. Informe cuáles de ellas captó la secuencia narrada en el presente.
  • Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.
  • Si se ha abierto un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.
  • Si el efectivo ha sido separado de la fuerza o si ha recibido algún tipo de sanción, ante este hecho.
Vecinos de Lucas Cabello exigiendo justicia (Foto Telam)

Vecinos de Lucas Cabello exigiendo justicia (Foto Telam)

Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios. De comprobarse en la investigación que el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley N° 2894 de “Seguridad Pública”. Es por esto, que recomendamos que no sea la propia fuerza quién lleva adelante la investigación, como sucede habitualmente por delegación judicial.
La investigación imparcial debe dirigirse certeramente a analizar si el agente ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada.
Entre 2011 y 2014 se registraron cerca de 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Desde el ODH reclamamos justicia y nos sumamos al masivo pedido de Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana. 

 

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EL ODH PRESENTÓ UN PEDIDO DE INFORME SOBRE LA MUERTE DEL JOVEN ROBERTO AUTERO EN MANOS DE LA POLICIA METROPOLITANA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) presentó un pedido de informes en el marco de la Ley de “Acceso a la Información Pública” al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. Le exige que suministre los datos necesarios para esclarecer el asesinato de Roberto Autero, de 16 años, en las inmediaciones del Parque Rivadavia. Autero recibió un tiro en la nuca por parte del efectivo de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres, el día 07/02/2015, causa que tramita ante el juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond.

El ODH solicita que se informe:

* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.

* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.

* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.

* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.

* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.

* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.

* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.

* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.

* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.

Resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia .

En este sentido, cabe esclarecer que cuando el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires decidió dictarse su autonomía y su propia Constitución decidió también derogar los edictos policiales y formularse su propio código de convivencia. Para dictar ese cuerpo normativo la Constitución de la Ciudad puso restricciones bien explícitas en el artículo 13: “La Ciudad garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la inviolable dignidad de las personas. Los funcionarios se atienen estrictamente a las siguientes reglas: 9) Se erradica de la legislación de la Ciudad y no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito, cualquier manifestación de derecho penal de autor o sanción de acciones que no afecten derechos individuales ni colectivos”.

Las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta “actitud sospechosa” de Roberto Autero pasa groseramente por alto esta manda constitucional. Claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto “actitud sospechosa”, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. No estamos ante una disyuntiva simplemente ideológica de persecución de la pobreza, sino que es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe “…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.

Del mismo modo, de comprobarse en la investigación que efectivamente el policía actuó en forma irregular en el uso del arma de fuego, nos encontraríamos frente a una clara violación por parte de dicho agente de diversos artículos de la Ley N° 2894 de “Seguridad Pública”.

En consecuencia, la investigación debe dirigirse certeramente a analizar si el agente Torres ha actuado ilegalmente y con un alto grado de irresponsabilidad y falta de ética profesional lesionado derechos fundamentales de las personas en violación al art. 25 y 26 de la ley citada.

También queda en el tintero comprobar si el agente Torres procedió a identificarse como funcionario del servicio, dando una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, conforme lo exige el inciso i) del art. 28 de la ley.

En este sentido, resulta necesario determinar si el agente incurrió en el uso irregular de armas de fuego -por no tratarse de un caso de legítima defensa, propia o de terceros- ya que -de acuerdo a los resultados de las pericias- probablemente, estemos frente a un caso de violación del inc. h) del art. 28.

Y puntualmente, en el caso del fusilamiento del joven Autero, estamos frente a la probable violación del art. 27, inc. a) de la ley citada, en tanto con su accionar el policía habría transgredido normas constitucionales, legales, reglamentarias así como tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la Republica, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.

El retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma.

Recordemos que entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita.

Los hechos, nos llevan a inquietarnos nuevamente en torno a qué tipo de agentes se encuentra adiestrando, entrenando, capacitando y formando la Policía Metropolitana.

El caso bajo análisis, da cuenta que el Instituto Superior de Seguridad Publica, creado también por la Ley 2894, tiene mucho por hacer a fin de llevar a cabo sus objetivos de formar y capacitar a sus agentes inculcando un estricto cumplimiento a las normas constitucionales, a fin que el personal pueda desempeñarse protegiendo derechos y garantías fundamentales de las personas.

Desde el ODH reclamamos justicia y nos movilizamos el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 hs. a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto y Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.

 

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A dos años de la represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

ACTO – MARTES 21 de ABRIL a las 10 hs. en las puertas del hospital.

El ODH participará del acto organizado desde el Área de DDHH de ATE Capital, Junta Interna de ATE Hospital Borda, la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda.

Las consignas son:

–         No a la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda

–         Absolución de los compañeros trabajadores procesados

–         Procesamiento a los responsables de la represión

–         Reconstrucción del Taller Protegido Nro. 19 donde estaba

El Observatorio de DDHH de la Ciudad elaboró un informe que resume lo que sucedido en estos dos años desde el día de la represión.

En la madrugada del 26 abril de 2013, alrededor de 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron ilegalmente al Hospital Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel. Allí funcionaban los Talleres Protegidos Nro. 19, donde se daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Junto a los efectivos ingresaron varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el edificio del mencionado taller. El objetivo, era comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció este proyecto, aún cuando nunca se había debatido en la Legislatura, ni efectuado el correspondiente llamado a licitación.

El ingreso de las fuerzas de seguridad al Hospital Borda, al igual que el operativo en conjunto era ilegal. No sólo por los motivos apuntados, sino, – y especialmente- porque la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano.

Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones.

Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras. Medida cautelar que sigue vigente en la actualidad.

Inmediatamente después de los hechos, este Observatorio de Derechos Humanos efectuó un pedido de informe al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (conf. Art.1 de la ley 104 de acceso a la información pública), repudiando la brutalidad desplegada en el operativo ilegal e inconstitucional al observar que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la CABA y Ley de Seguridad Pública (Ley 2894). En los artículos 27 y 28 de esta Ley se establece el principio de gradualidad, por el cual la Policía está obligada a intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

Ya en nuestros informes de años anteriores habíamos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un admirador de la última dictadura militar.

Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, lo cual impedimos oponiendo el respectivo amparo. El mismo que frente a los hechos relatados, evidencia su necesidad, importancia y oportunidad. De lo contrario, los daños y las víctimas hubieran sido mayores y más graves. Es claro que, desde la gestión de la Ciudad se intentó erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden. Todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En el pedido de informes se instó, además, a una investigación profunda de los hechos denunciados, y al Poder Ejecutivo de la CABA a identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos, así como de abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.

Simultáneamente se efectuaron varias denuncias penales contra los funcionarios del gobierno de la ciudad, que fueron imputados en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Jorge Adolfo López.

El 12-12-2013 el juez López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace. López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó a Horacio Giménez, jefe de la Metropolitana que estuvo al frente de las acciones.

En la misma resolución que el juez sobreseyó a los funcionarios denunciados por “torturas y apremios ilegales”, procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Entre los procesados se encuentra una enfermera que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la represión, debe caminar con bastón.

Los abogados querellantes de ATE apelaron la resolución. Los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en febrero de 2015, confirmaron el sobreseimiento, a pesar de la prueba rendida en autos en sentido contrario al decidido.

Frente a la arbitrariedad de la resolución, el ODH hizo público su repudio y reiteró su denuncia sobre las violaciones legales, tanto nacionales como internacionales de este hecho. Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3). La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debió perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pocos días de cumplir dos años de la brutal e ilegal represión en el Borda, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los querellantes y el fiscal. El decisorio se funda en la arbitrariedad de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, porque no tuvo en consideración cuestiones planteadas por la querella.

Ahora, los jueces Garrigós de Rébori, Luis Niño y Mario Magariños, deberán decidir sobre el fondo de la cuestión esto es el procesamiento de Giménez, y revocar los sobreseimientos de Pedace, Vidal y Montenegro.

Asimismo, a dos años de la demolición de Talleres Protegido Nro. 19, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo establecimiento, ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto. La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, concluimos que los hechos producidos en el Hospital Borda, se produjeron por la decisión, consentimiento y coordinación del gobierno de la ciudad, llevadas a cabo por sus dependencias, y dirigidos por los funcionarios responsable de cada área interviniente.

No sólo se vulneraron la ley, la constitución de la CABA y de la Nación, sino que, además se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial.

La represión irracional, desproporcionada, e innecesaria no hizo más que confirmar las imputaciones que este ODH, le hiciera reiteradamente a la Policía Metropolitana. Evidenciando que, por el recurrente abuso de poder y la violencia, no se encuentran capacitados para actuar en manifestaciones públicas, que no configuran hechos criminales.

La vulneración de  derechos humanos esenciales, como son los que protegen la vida, la salud,  la integridad física y mental: se da en forma continuada por la contumaz desobediencia del gobierno de la ciudad a cumplir las órdenes judiciales y por dar prioridad a los emprendimientos inmobiliarios antes que a la salud y la dignidad de las personas.

 

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