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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CAPÍTULO NACIONAL

CARACTERIZACIÓN

El gobierno presidido por el Ingeniero Mauricio Macri, durante su primer año de gestión, puso en marcha un dispositivo político, económico, social y cultural que redundó en un modelo excluyente.[1]

10 de diciembre de 2015

10 de diciembre de 2015

Desde el comienzo de su mandato estableció una serie de medidas que restringieron objetivamente el poder adquisitivo del salario. Nos referimos a la devaluación, la promoción de paritarias a la baja, el aumento desproporcionado de tarifas y una inflación que duplicó la del año anterior. Ello llevó a un enfriamiento de la economía, con caída de todos los índices económicos, incluyendo el aumento considerable del desempleo y, a la par, del déficit fiscal que fue financiado parcialmente vía un endeudamiento externo sin precedentes, sin que hasta la fecha llegaran las tan mentadas inversiones externas.

En esta línea, el proyecto ejecutado contempló triunfadores y vencidos. Los sectores vinculados a la exportación de productos primarios (agro y minería) lograron una notable quita de retenciones y el sector financiero tuvo amplio margen para aumentar sus ganancias.

Este panorama propició un menor disfrute de bienes culturales y de consumo por parte de las grandes mayorías. Es decir, los sectores medios y populares perdieron –con este modelo–  “bienestar general”, en términos del preámbulo de la Constitución Nacional, por la aplicación de una teoría que ya se probó y no funcionó en nuestro país ni alcanzó aceptables resultados en otras partes del mundo: el neoliberalismo y su copa que raramente se llena y que, eso sí, nunca derrama.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Un proyecto como el que estamos analizando tiene su cara más cruel en la cotidianeidad de la gente de a pié y su pérdida progresiva de derechos. Hay que escribirlo con claridad, con medidas concretas en cada área, el gobierno de Macri ha vulnerado los derechos humanos. A continuación hacemos un repaso sucinto, a modo de muestreo, sobre derechos violados a partir de medidas concretas:

Derecho a la Comunicación

  • Tras un debate muy amplio y difundido sobre el derecho a la comunicación, el congreso había sancionado en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios. El presidente con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/16 derogó parcialmente la ley, desarticulando buena parte de los derechos allí consagrados.

Derecho a la Libertad

  • La prisión de Milagro Sala, sin causa, ni proceso, ni mucho menos sentencia, representa una violación al principio de inocencia (art. 18 CN) y, sobre todo, al derecho a la libertad de las personas (art. 15 CN), con el agravante escandaloso de responder a motivaciones políticas. Milagro Sala es dirigente de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlasur por el FPV. La vulneración de este derecho representa una afrenta para las libertades públicas y coloca al Estado Nacional en situación de responsabilidad internacional, ante el incumplimiento de las órdenes de liberación inmediata emanadas de la ONU, la CIDH y apoyadas por OEA, diferentes países del mundo como Canadá, y por organizaciones como Amnesty y Human Rights Watch.

Derechos laborales

  • Con el despido de miles de trabajadores por parte del Estado Nacional, con la promoción de paritarias a la baja y con acuerdos sectoriales que auspician la flexibilización laboral, el gobierno de Macri ha violado diferentes derechos laborales, contemplados en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.
  • Al mismo tiempo, los discursos del presidente contra los jueces laborales y el proyecto de traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad va en esa misma dirección[2].

Derecho de Huelga

  • El derecho de Huelga (art. 14 bis CN) íntimamente ligado al derecho de protesta (art. 36 CN y pactos internacionales) ha sido vulnerado vía represión. A ese efecto, las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio de Seguridad han participado de represiones a la protesta social o laboral.
  • En el mismo sentido, la redacción del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas propendió a la vulneración de este derecho, aunque no hay constancia de su implementación. De todos modos, si bien el protocolo no se ha empleado, resulta vigente y presto a ser utilizado cuando se lo considere.

Derechos migratorios

  • La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones), a partir de un convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiende a la segregación y al reforzamiento de los estigmas creados en cabeza de los migrantes, vulnerando el art. 20 de la C.N., así como el propio preámbulo.
  • En esta misma línea, la Dirección Nacional de Migraciones informó que hasta agosto de este año había realizado 8.036 operativos en todo el territorio a fin de detectar “irregularidades documentarias” lo que “prácticamente igualó la actividad total de 2015 (cuando hubo 8.447)” y comparó que “Mientras que a iguales períodos, se produjo un aumento de 2.991 operativos; representando un incremento del 37,2% interanual en la actividad.” La impronta expulsiva de migrantes surge evidente y choca contra nuestra Constitución.

Derecho a la Salud

  • Medidas como la discontinuación de los medicamentos para pacientes con HIV o la menor cantidad de remedios disponibles en la cartilla del PAMI para adultos mayores redundan en una clara violación al derecho a la Salud.
  • Lo mismo, puede decirse de la derogación del programa “Qunita”, que disminuía la mortalidad materno- infantil.
  • Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación retiró los equipos territoriales que se ocupaban de desplegar actividades de prevención y promoción de la salud en los barrios más postergados en plena epidemia de dengue, hecho que agravó la epidemia.
  • Asimismo, ese ministerio discontinuó una licitación ya iniciada de compra de preservativos lo que generó faltantes y derivó en un aumento de un 35% los casos de sífilis.
  • Por último, el anuncio sobre la puesta en marcha de un plan de salud bajo el rimbombante rótulo de Cobertura Universal en Salud (CUS) escondió el objetivo de avanzar hacia un sistema de aseguramiento, que indefectiblemente acabará aumentado la inequidad. Al mismo tiempo, se Instala el concepto de “cobertura” como acción posible desplazando al de “derecho” como acción concreta y exigible. Además de acentuar la inequidad, este tipo de seguros lleva a que el sistema de salud se vuelva más asistencial que preventivo. El Estado se retira de las políticas públicas de difusión, promoción y prevención. Ello se puso en evidencia en la mínima ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de todos los Programas de Salud con extensión territorial en lo que va del año y el deliberado debilitamiento del Primer Nivel de Atención. acceso a la salud en ese marco, será absolutamente inequitativo. El proyecto incluye un debilitamiento del sector público a todo nivel, y la generación de empresas administradoras jurisdiccionales del seguro, que compitan por la oferta de servicios de salud con una lógica de mercado, agregando más intermediarios privados al negocio.

Derecho a la Educación

  • Planes y programas socioeducativos como CAI (infancia), CAJ (jóvenes), FiNes (primaria y secundaria), Orquestas infantiles-juveniles fueron descentralizados quedando a cargo de las provincias su ejecución. Esta decisión pone en alto riesgo su continuidad debido a las dificultades económicas que caen sobre las administraciones provinciales y municipales.
  • El programa “Conectar Igualdad” también fue descentralizado y se despidió al equipo técnico que lo asistía, además del equipamiento se abandonó el sostenimiento del software libre (Huaira) que hacía posible el propio desarrollo de contenidos y del portal educ.ar. Esto condiciona la dependencia y futura compra a Microsoft.
  • Se realizó la evaluación estandarizada “Aprender” contratada a una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional, este procedimiento apunta a la realización de un ranking de escuelas, docentes y alumnos a merced de las ofertas privatistas de diferentes servicios.
  • Se implementó el proyecto Educar por argentina a cargo de una dudosa fundación que contrata profesionales voluntarios para enseñar en las escuelas en paralelo con el rol docente. Esta experiencia según datos propios en Córdoba, Santa Fe y CABA. Esta es una de las diferentes iniciativas de ONGs entre otras entidades privadas que se acoplan a las escuelas en forma más o menos encubierta y son pagadas con fondos públicos.
  • Las paritarias por salarios no llegaron a cubrir los índices de la inflación y conjuntamente la sub-ejecución presupuestaria y la desfinanciación de programas empeoraron las condiciones laborales y de accesibilidad educativa.
  • Reducción del presupuesto universitario principalmente en las áreas que favorecen el acceso y permanencia de los grupos más desfavorecidos: becas, comedores, colegios preuniversitarios. Además los aumentos en los costos de servicios, mantenimiento y equipamiento por la inflación del año que finaliza exceden los recursos presupuestarios que en el año próximo serán aun menos que los actuales.

Derecho a la Vivienda

  • El gobierno del Ingeniero Mauricio Macri no construyó vivienda social.
  • Desactivó programas virtuosos como el PROCREAR, al someter a los beneficiarios a engorrosos requisitos, imposibilitando el acceso a la primera vivienda a miles de personas.
  • En este sentido, los créditos hipotecarios en Unidades de Vivienda (UVIS), ajustables por inflación, diseñados por el Banco Central y ofrecidos a través del Banco Ciudad resultaron un fracaso rotundo y no cumplieron con garantizar el derecho a la vivienda digna.

Memoria, Verdad y Justicia

  • Se proyectó un discurso oficial negacionista, desde el presidente para abajo, incluyendo el desfile de genocidas en los eventos por el bicentenario de la independencia.
  • Se propició la prisión domiciliaria para los genocidas mayores de 70 años.
  • Se boicoteó la investigación sobre los responsables civiles por delitos de lesa humanidad.
  • El Estado se retiró de su rol de querellante en determinadas causas.

Derecho a la Integridad Física

  • El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ODH), junto a organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (SERPAJ); Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO; APDH; Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH); Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE); Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA; Pedro Aníbal Paradiso Sottille, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH) presentaron la denuncia contra el Estado Nacional ante la CIDH[3] (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para prohibir el uso de las armas taser, consideradas elementos de tortura. En particular, la denuncia se refiere al uso de las picanas portátiles por parte de la Policía Metropolitana[4].

ESTRATEGIAS

Para llevar a cabo su labor, el Gobierno Nacional contó con un dispositivo de medios de comunicación públicos y privados que forjaron un paraguas mediático que amparó del repudio popular a buena parte de sus medidas, mientras se distrajo a la audiencia con el relato de la pesada herencia y la corrupción K. Al mismo tiempo, la alianza Cambiemos desarrolló una campaña de comunicación 2.0, vía redes sociales y puestas en escena guionadas por asesores de marketing, destinada a hacer aparecer al presidente como un hombre común, cercano, próximo, apolítico. Así, se lo ve al presidente tomando un mate con un vendedor de tortillas al costado de la ruta, pidiendo “permiso” a una vecina para pasar a su baño o en un colectivo en el medio del campo.

Se trata de campañas publicitarias que han rendido frutos. Que fueron probadas durante las gestiones de Macri al frente de la Ciudad de Buenos Aires y durante la campaña presidencial. Teniendo en cuenta la densidad de las medidas antipopulares y restrictivas de derechos que ha llevado a cabo la actual gestión nacional, este dispositivo que combinó las nuevas y las viejas tecnologías logró disminuir el costo político que pagó el presidente y su coalición.

A ello debe sumarse que en la gestión política de los conflictos supo –en ocasiones– medir reacciones y resistencias y supo retroceder o negociar posturas de máxima para llevar a cabo sus objetivos de gobierno. Ejemplos pueden rastrearse en el inconstitucional nombramiento de jueces para la Corte Suprema mediante decreto, luego retractado, o en proyectos de leyes que fueron modificados por cierto sector colaboracionista de la oposición.

Como contrapartida, el kirchnerismo, la CTA y otras organizaciones sindicales, diversas organizaciones culturales, sociales, estudiantiles, de derechos humanos, de usuarios y consumidores, de científicos[5], clubes de barrio y los partidos de izquierda sostuvieron durante todo este tiempo una oposición constante en las calles del país, aunque con altas dosis de fragmentación y con escasa visibilidad en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el correr del tiempo, el macrismo empieza a mostrar una llamativa falta de reflejos para la gestión de conflictos políticos, descartando el pragmatismo y recurriendo a la desazón y la destemplanza. Así, desde la emergencia social conquistada por movimientos sociales y de la economía popular, junto a la CGT, pasando por el naufragio de la reforma electoral en el Senado y, sobre todo, en el actual proyecto de modificación al Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, el Gobierno Nacional mostró una torpeza sorprendente que habilita a pensar que los días dorados de la ofensiva antipopular pueden ir quedando atrás.

Dependerá de coordinar mejor la fuerza de las organizaciones que defienden los derechos de las grandes mayorías. El acumulado de resistencia, las propias limitaciones políticas de la alianza que gobierna y el ingreso a un año electoral dan cuenta del complejo panorama que le aguarda al presidente y su equipo a la hora de seguir restringiendo derechos.

[1] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-balance-de-las-gestiones-de-macri-y-rodriguez-larreta/#f=search&l=result

[2] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-en-mananaimposible-el-trabajo-en-tiempos-de-macri/#f=search&l=result

[3] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/04/denuncia-ante-la-cidh-por-las-picanas-portatiles-taser/

[4] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/30/el-odh-presento-la-denuncia-ante-la-cidh-para-prohibir-las-taser/

[5] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-como-impacta-el-recorte-en-ciencia-y-tecnica-sobre-los-ddhh/#f=search&l=result

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PEDIDO A LOS LEGISLADORES PARA RESTRINGIR EL USO DE LAS PISTOLAS TASER

PROPUESTA DEL ODH PARA LA NUEVA LEY DE LA POLICIA DE LA CIUDAD

En la Legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley para crear una nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los legisladores que incluyan en la normativa la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. También solicita que establezca que en ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El cuestionamiento del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las pistolas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en 2010 cuando, junto a la Organización HIJOS, se inició una acción de amparo ante el hecho de que la Ciudad de Buenos Aires decidiera comprar estas armas para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostró que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunció la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que evidencian la “letalidad” de esas armas. Ya han provocado la muerte de muchas personas que padecían enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Taser-x26

Nuestra propuesta es que el nuevo articulado incluya:

Art.- La actuación del personal policial se determina de acuerdo a la plena vigencia de:

El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. En ningún caso podrán utilizarse armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional.

El Estado argentino debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de maltrato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad. En este caso, esa obligación debe consistir en que los legisladores de la ciudad voten que la nueva policía esté impedida de usar este tipo de armas.

Este es el pedido del ODH a todos los legisladores de la Ciudad.

 

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Primeros pasos para la urbanización de la Villa 20 de Lugano

El pasado 12 de septiembre la Legislatura porteña aprobó –por unanimidad– el proyecto de ley referido a la llamada “reurbanización” de Villa 20. Se trata de un proyecto programático de reurbanización e integración socio-urbana de Villa y sus pobladores. Se vincula estrechamente a la histórica lucha de los vecinos de Lugano por el derecho a la vivienda digna. El plan incluiría relocalización dentro del perímetro, la construcción de nuevas viviendas y refacciones a otras ya existentes, regularización y escrituración de casas y créditos blandos del Banco Ciudad.

En 2013 el proyecto “Plan maestro para la comuna 8” de los legisladores del PRO María Spalla y Cristian Ritondo autorizaba la venta del predio, involucrado ahora en la reurbanización, a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.[1] Sin embargo esto no se pudo llevar a cabo por la oposición tenaz de diferentes organizaciones y vecinos que lograron evitarlo.

Gracias a la lucha y participación de los vecinos la nueva ley reconoce espacio denominado “Mesa de Gestión Participativa”, conformado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social y delegados, vecinos y organizaciones del barrio. Esta mesa estará encargada de consensuar cómo será esa reurbanización. Se trata de un espacio participativo que intenta mostrar una voluntad política determinada. No obstante, implica un organismo que no absorbe las competencias del IVC ni de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social, por lo que sus decisiones podrán afrontar nuevos obstáculos en el futuro.

villa-202Debe señalarse que la sanción de la ley se da en el marco de los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevará a cabo durante el 2018. Se recibirá a miles de deportistas en una Villa Olímpica que estará ubicada en el barrio porteño de Lugano. Además del albergue para los participantes de la competencia, se construirá un Predio Ferial Olímpico que será utilizado para distintas disciplinas. Toda esta infraestructura será, según el proyecto, reutilizada –posteriormente– en beneficio del derecho a la vivienda digna de los habitantes de Villa 20.

Por ende, la norma sancionada de reurbanización y la norma que creó el Distrito Villa Olímpica, se encuentran en íntima relación. Se prevé dejar la zona en condiciones óptimas para desarrollar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Y de las 85 hectáreas que abarca el terreno, 49 serán destinadas a espacios verdes, 20 para usos múltiples como comercio, estacionamiento, hoteles, vivienda, establecimientos educativos y/o sanitarios. Del producto de este último sector, el 50% será para la reurbanización y el otro 50% para refacciones en la comuna 8.

La política de construcción de viviendas resulta urgente e implica el cumplimiento de un mandato popular. En una ciudad que posee un déficit habitacional de casi el 20% de su población, la sanción de esta nueva ley es un premio a la lucha de los vecinos y un avance cultural hacia el cumplimiento del art. 31 de la CCABA.

Este es un gobierno de la misma fuerza que gestiona la Ciudad hace casi 9 años; triunfó en las elecciones de la ciudad prometiendo la erradicación de villas allá por el año 2007. Ya en la gestión, pasó las topadoras por el barrio Papa Francisco y lo intentó –legislativamente– con el barrio Rodrigo Bueno. No construyó –prácticamente– ninguna vivienda social nueva. Que este gobierno ahora revierta sus antecedentes y legitime el discurso histórico de los luchadores villeros, es un triunfo de la tenacidad, la perseverancia y la organización villera.

La Ley N° 1.770 para Villa 20 y la ley N° 3.343 para Villa 31 resultan una freno contra intentonas erradicadoras. Pero se han descubierto impotentes a la hora de avanzar en la urbanización de esas villas. Esta nueva norma debe superar lo programático para avanzar en mejoras concretas de la cotidianeidad de los habitantes que impliquen la vigencia concreta del derecho a la vivienda digna.

Debe remarcarse: la nueva ley no es urbanización. Tampoco es vivienda digna para sus habitantes. Es un paso importante que deberá consolidarse en planos, obras concretas y nuevas normas que garanticen el goce del derecho a la vivienda digna de todos los habitantes de Lugano, en el lugar donde viven.

[1] http://chequeado.com/el-explicador/cinco-puntos-para-entender-el-conflicto-en-la-villa-20/

 

El ODH presentó la denuncia ante la CIDH para prohibir las TASER

El Observatorio de DDHH de la Ciudad de Buenos Aires denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la República Argentina por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en especial se viola el deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las Armas tipo Taser X26.

La petición ha sido presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, tales como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – SERPAJ, Miguel Ángel Estrella, Presidente de Fundación Música Esperanza y Embajador de la Buena Voluntad UNESCO, APDH, HIJOS, Myriam Bregman, Presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Eduardo López, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Daniel Adolfo Catalano, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la CABA, Pedro Aníbal Paradiso Sottille, por Comunidad Homosexual Argentina (CHA), Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), entre otras agrupaciones y personalidades.

comision-interamericana-de-derechos-humanosLos cuestionamientos por parte del Observatorio del Derechos Humanos a la utilización de las armas eléctricas Taser en nuestro país, comenzó en el año 2010 cuando junto con Carlos Pisoni, de la Organización HIJOS y el Observatorio de Derechos Humanos, iniciamos una acción de amparo ya que la Ciudad de Buenos Aires había decidido comprar este tipo de armamento para equipar a la Policía Metropolitana.

En el amparo se demostraba que las Taser implicaban un elemento de tortura y se denunciaba la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial. Ponía en evidencia la “letalidad” de esas armas que ya provocaron varias muertes de personas que padecían diversas afecciones, como enfermedades cardíacas, trastornos psiquiátricos, o incluso niños y mujeres embarazadas.

Allí se señaló que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional alertaban sobre su uso y exhortaban a los distintos Estados a discontinuar con el equipamiento de las fuerzas de seguridad con estas armas, en tanto consisten en “elementos de tortura”.

En consecuencia, tanto la Jueza de primera instancia Dra. Andrea Danas como la Sala II de la Cámara en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad consideraron que correspondía hacer lugar al amparo y pusieron énfasis en la importancia de prevenir la tortura, – agregando en particular la Cámara que la historia reciente de nuestro país en relación a la utilización de “ilegítima violencia (y extrema) por parte del Estado” exigía efectuar una visión más restrictiva conforme documentos internacionales sobre el uso de las Taser X26, siendo lo apropiado desde la óptica de los derechos humanos.

No obstante, en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó el pronunciamiento de la Sala II y decidió rechazar el amparo por cuestiones estrictamente de índole procesal.

Dicha decisión fue recurrida por este Observatorio de Derechos Humanos ante la CSJN, quien en línea con el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad, también rechazó formalmente el recurso interpuesto.

Luego del fallo de la CSJN, que cierra la posibilidad de seguir la discusión en el ámbito nacional, hemos decidido presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana para que conozca esta situación que entendemos configura una clara violación al deber por parte del Estado Argentino de prevenir la tortura.

Resulta reprochable que una jurisdicción de nuestro país como la Ciudad de Buenos Aires adopte la decisión de equipar a la policía local con elementos de esta índole. Además, la República Argentina, al rechazar la Corte Suprema de Justicia el amparo, incurre nuevamente en una transgresión a normas internacionales en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos.

Justamente aquello que se pone en conocimiento de la Comisión es que la República Argentina debe tomar medidas efectivas para evitar todo tipo de trato, pena inhumana o cruel por parte de las fuerzas de seguridad, que en este caso debieron consistir en medidas ejecutivas pero también judiciales.

De esa manera, esperamos que la Comisión Interamericana adopte la resolución adecuada del caso y obligue a nuestro país a prohibir la utilización de las neopicanas Taser por parte de las fuerzas de seguridad locales.

 

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De la migración como un derecho humano a la migración como un peligro a combatir

El ODH repudia cualquier intento de persecución a las/os extranjeros que habitan nuestro suelo.

El gobierno nacional pretende crear un alojamiento con función de cárcel, destinado de manera exclusiva para las personas infractoras a la Ley 25.871 (Ley de Migraciones) Conjuntamente con ello “la Dirección Nacional de Migraciones incrementó en 2016 los controles de permanencia de ciudadanos extranjeros, llegando a 8.036 operativos en todo el territorio, a fin de detectar irregularidades documentarias”…[1] y resalta estos operativos aunque sean con porcentajes muy chicos las irregularidades. En definitiva sería una “cárcel” para personas con irregularidades migratorias.

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En Argentina no es lo mismo caracterizar a la migración como un derecho que como una cuestión de seguridad nacional. La idea de la migración como un peligro alcanzó un punto de inflexión con la “ley Videla”[2] y la política de los años 90 que exacerbaron a la migración como un problema nacional. Esta orientación permitió que por años se fueran aglutinando un sin número de familias que por la imposibilidad de regularizarse quedaran expuestas a la precariedad laboral, a condiciones de vida desfavorables, a explotaciones y abusos; que permitieron generar tragedias como la del incendio en un taller de costura en la calle Luis Viale[3].

De 2004 hasta 2015, con la nueva Ley 25871, el Convenio Patria Grande, el Convenio Mercosur y otras acciones políticas, esta situación se intentó revertir. Se buscaron reparar esas irregularidades administrativas y legales que impedían el acceso a ese derecho. Sin embargo, desde 2016 con la asunción del nuevo Gobierno las medidas políticas se despegan de las acciones reparadoras de esas desigualdades – operativos móviles de regularización para radicaciones y documentación, acceso a la justicia y migraciones – fueron desmantelados. Ahora parecen reorientarse a políticas de persecución que buscan combatir la migración ya que ven al sujeto “portador de esa irregularidad” como un oponente.

La creación de un “lugar exclusivo de detención” o cárcel y la insistencia en los controles y la persecución por infracciones a la ley suponen el peligro de ver ahora a la irregularidad migratoria como un enemigo a combatir. La Ley 25871 cambió radicalmente la mirada de la migración y la reconoció como el derecho a elegir un proyecto de vida propio distinto al lugar donde se nació. Ninguna irregularidad de la misma convierte a un ser humano en un ilegal o delincuente.

Desde el ODH repudiamos este cambio de política e instamos al Gobierno de la ciudad a dejar sin efecto el plan de creación de una cárcel destinada a los migrantes.

Referencias:  http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3187

[1] http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3188

[2] Decreto/Ley de22439 de la última dictadura militar

[3] En 2006 en un taller textil murieron 5 niños/as y una mujer embarazada los cuales estaban reducidos a condiciones de servidumbre.

 

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El GCBA admite que los vecinos de las villas “autogestionan” el sistema cloacal

El ODH ha presentado un pedido de informe al Gobierno de la Ciudad sobre la situación habitacional de las villas porteñas. En las recientes contestaciones[1], la UGIS (Unidad de Gestión e Intervención Social) informa que en las villas la gran mayoría de los habitantes han “autogestionado” su solución cloacal y de agua. En la mayoría de los casos se hizo a través de pozos, donde se depositan eses y aguas servidas y que son limpiados esporádicamente por camiones cisterna. Esto ocurre en todas las villas, también en las que están en Puerto Madero y Retiro, dos de las zonas más caras de esta Ciudad.

Puntualmente la UGIS ha dicho que “el sistema cloacal que se utiliza en las villas y asentamientos de la ciudad varía según la disposición de Infraestructura de Red Cloacal en los barrios en los que están construidos. Las instalaciones internas de las villas y asentamiento de esta ciudad han sido realizadas, originalmente, por los propios vecinos y, cuando se detectan fallas, se corrigen reparándolas o construyendo nuevas instalaciones. Esto es referido a la Red Cloacal interna en las villas, que funcionan como colectores de las instalaciones internas de desagüe cloacal construidas por los vecinos. En la mayoría de las villas y asentamientos, cuenta con red de desagüe cloacal, pero ocurre en lugares (como el asentamiento Rodrigo Bueno y sectores de algunas villas) que no poseen red alguna cloacal cercana por lo que los vecinos construyen pozos para descargar los mismos. Esos pozos son vaciados por un servicio de atmosféricos que provee esta Unidad de Gestión e Intervención Social para zonas de alta vulnerabilidad social”.

tumblr_ny0jnysyoy1rf9hn3o1_1280La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se “enganchan” ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”[2].

Todos los días, mujeres y niños transportan y almacenan en cacerolas y baldes agua de dudosa calidad, con el consecuente riesgo sanitario que se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua (diarreas, enfermedades de la piel, forúnculos, dengue). Según el informe, sólo en los asentamientos de Fraga y Carbonilla el GCBA gasta mensualmente en el Transporte y distribución de agua Potable por medio de Camiones Cisternas $ 641.080,31[3].

En un estudio epidemiológico realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA sobre parasitosis en los habitantes de la Villa 21/24[4] la situación descripta en los resultados es dramática: 83.3 % de las personas estudiadas está afectada por alguna parasitosis. La mayoría de los parásitos diagnosticados son transmitidos mediante la ingestión de aguas contaminadas, o verduras crudas mal lavadas, o lavadas con aguas microbiológicamente no aptas para su consumo.

 

Las conexiones compartidas de agua, que constituyen la mayor proporción de las presentes en las Villas, suelen hacerse con mangueras u otros materiales no apropiados para este fin, por lo cual son comunes las filtraciones, lo que aumenta la probabilidad de contaminación fecal del agua que transportan. Algunos otros inconvenientes que trae el uso de agua proveniente de una conexión irregular son, por ejemplo, la poca presión y el hecho de que las mangueras suelen pincharse, lo que provoca su contaminación. La escasa cantidad que llega finalmente a los hogares disminuye aún más en verano, cuando más hace falta, lo que puede derivar en deshidratación y otros problemas de salud e higiene para sus habitantes.

Respecto a las obras que llevan adelante en las villas, la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, se constata que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están concentradas en atender situaciones de emergencia y en actividades de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.

[1] Nota del sr. Gabriel Salas, titular de la Unidad de Gestión de intervención social y nota nº 377-CBAS/16 de la Corporación Buenos Aires Sur.

[2] http://www.lanacion.com.ar/1882805-casi-el-10-de-los-portenos-no-tiene-acceso-al-agua-potable

[3] Noticias Urbanas / 10 de mayo 2016; La Nación, 11 DE MAYO DE 2016

[4] http://www.lanacion.com.ar/864551-tiene-parasitos-mas-del-80-de-los-chicos-de-la-villa-2124

 

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El Gobierno de la ciudad admite ausencia de controles en la fiesta de Time Warp en Costa Salguero

Esa fue la respuesta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad ante el pedido de informes presentado por este Observatorio a raíz de la tragedia de “Time Warp”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió nuestras preguntas y brindó documentación que comprueba que existió una sugestiva y grave ausencia de los controles que debía llevar adelante el estado porteño.

De sus respuestas, surge que el permiso especial otorgado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad a la empresa Dell Producciones S.A. y Centro Costa Salguero S.A. establecía en forma expresa que la capacidad máxima del lugar era de TRECE MIL (13.000) asistentes mayores de 18 años. A pesar de que la cantidad de gente superaba notoriamente ese número, los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche no procedieron a labrar acta alguna por dicha situación. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche.

También surgía en forma expresa en la autorización que durante todo el desarrollo del evento no podía faltar la provisión de agua potable en los sectores de baños, y que de verificarse lo contrario, los agentes inspectores debían inmediatamente clausurar el lugar. A pesar de esto, el evento no fue interrumpido en ningún momento. Lo que da a suponer que “los inspectores” no inspeccionaron nada.

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De ese modo, se observa que han existido gravísimas omisiones e irregularidades en cuanto a los controles que debían llevar adelante los diferentes organismos de intervención y contralor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como lo entendió el fiscal Delgado que pidió procesar a cinco funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control porteña.

Así, la ausencia de control estatal, fue decisiva para permitir que el evento se desarrollara en condiciones que atentaron contra los derechos a la salud y a la vida de los asistentes. Las muertes y las descompensaciones sufridas por los afectados podrían haberse evitado de no ser por el hacinamiento, el cierre de todas las puertas, la falta de ventilación y ventanas, el corte intencional del suministro de agua en los baños y la altísima temperatura del lugar.

A ello se agrega que uno de los internados era menor de edad, lo cual puso en evidencia, que tampoco las autoridades de la Ciudad controlaron que se cumpliera con una de las condiciones relativas a que el evento resultaba exclusivo para mayores de 18 años.

La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad resulta parcial ya que no se informa – entre otras cosas – los datos solicitados en relación a la atención médica dentro del evento, las tareas tendientes a reducción de daños y el control de la venta de estupefacientes dentro del lugar. Por este motivo, vamos a reiterar el pedido de informes realizado en los términos del art. 1º de la ley 104, de información pública.

 

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