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INFORME ODH 2016 SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

19 Dic

CAPÍTULO CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

CARACTERIZACIÓN

La gestión de Horacio Rodríguez Larreta en su primer año al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enseña continuidades con su antecesor y algunas diferenciaciones.

En esta línea, se trata de una gestión restrictiva de derechos que ha esbozado una impronta social pero que no se ha apartado de uno de los grandes lineamientos PRO para la ciudad: La apuesta al sector privado, por medio de los negocios inmobiliarios[1] y de obra pública.

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Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno

A la par, mantiene el tinte vecinalista que caracterizó las gestiones anteriores, aunque profundizando la proximidad del propio Jefe de Gobierno con los denominados “vecinos”. Además de las visitas periódicas a los barrios por parte de Rodríguez Larreta, el “vecinalismo” se materializa en pintura de fachadas, reemplazo de veredas y obras de mediana envergadura como el Metrobus. Sigue siendo un proyecto que prioriza lo cosmético por sobre las soluciones de fondo.

Los grandes problemas de la Ciudad, a pesar de su astronómico presupuesto, siguen siendo los mismos y no se registra ninguna mejora objetiva a los indicadores sociales de su población. Por el contrario, con el deterioro de la economía nacional, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad también se contrae y, con ella, se mantienen y profundizan los derechos humanos vulnerados.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

En CABA la continuidad con las gestiones anteriores, en las que el actual Jefe de Gobierno se desempeñó como Jefe de Gabinete, sigue redundando en la violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la CABA. Muchas de estas vulneraciones hemos dado cuenta en nuestras columnas semanales en Radio La Imposible. Aquí hacemos un resumen sucinto a modo muestreo:

Derecho a la Vida

  • El Gobierno de la Ciudad tuvo responsabilidades concretas por muertes evitables generadas a partir de la concurrencia de notables deficiencias en el control estatal. Así la muerte de Matías Kruger, jugador de Futsal y trabajador del subte, en diciembre, o la muerte del obrero por el derrumbe de una obra en Villa Crespo, en septiembre, contienen el germen de la desidia gubernamental en su obligación de control sobre la seguridad laboral.
  • En igual sentido, la muerte de 5 jóvenes en la fiesta “Time Warp” en el Complejo Costa Salguero el 15 de abril, contó con la participación necesaria de los inspectores de la Ciudad que fueron esa noche y no constataron ninguna irregularidad, según la respuesta brindada por el propio gobierno de la CABA a un pedido de informe de este ODH[2]. Luego, la investigación penal en curso, refirió a que había más de 20.000 personas esa noche, cuando la capacidad máxima habilitada para ese espacio era de 13.000 personas.
  • Por último, este año se ha acrecentado las denuncias sobre las excesivas demoras del SAME para arribar a situaciones de urgencia. Diferentes casos han ocurrido en los que personas agonizaron hasta su muerte, sin que llegara el SAME a tiempo. Tales los casos, a modo de ejemplo, de un hombre en la línea B del subte, un hombre en Parque Sarmiento o un hombre en el barrio de Flores.

Derecho a la Libertad

  • La detención ilegal de Alejandro “Pitu” Salvatierra, dirigente villero y referente del FPV de la ciudad de Buenos Aires, y su posterior prisión por el lapso de 3 semanas resultó una clara violación a su derecho a la libertad y un claro caso de persecución política. Había sido detenido con 3,2  gramos de clorhidrato de cocaína y 9,2 gramos de marihuana. Por las cantidades halladas y su comprobada adicción, se trataba de un hecho notorio de tenencia de estupefacientes para consumo personal, hecho que debió involucrar a las agencias de salud del Estado y que de ningún modo resultaba punible a partir de la doctrina jurisprudencial derivada del fallo de la Corte Suprema del 25 de agosto de 2009 en la causa “Arriola, Sebastían y otros”.
  • En este sentido, el juez Claudio Bonadío nunca debió encarcelar a Pitu Salvatierra –y mucho menos procesarlo– porque desde el fallo “Arriola” el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal, resulta incompatible con nuestra constitución, carta magna que estableció que no son punibles aquellas conductas que quedan reservadas a la esfera de la libertad personal y no perjudiquen a terceros[3].

Derecho a la Salud

  • Los Hospitales Públicos de la Ciudad prestan un servicio deficiente de salud que recarga laboralmente a los profesionales, sin una mejora de las instalaciones del sistema de salud lo que genera vulneraciones de derechos (art. 20 CCABA) como los de la madre que tuvo que parir a su hijo en un pasillo del Hospital Santojanni[4].
  • En igual sentido, el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género[5], vulnera el derecho a la salud, por cuanto los tratamientos hormonales quedan librados a la voluntad de los médicos y en algunos hospitales porteños piden como requisito consultas con psiquiatras, hecho explícitamente prohibido en la ley[6]. Este grupo poblacional tiene un promedio de vida en nuestro país que no supera los 40 años y la inmensa mayoría no tiene trabajo formal ni obra social ni prepaga por lo cual necesita recurrir al sistema público de salud y es su derecho. A fines de noviembre, tras reiterados pedidos de informes presentados por este ODH junto a la organización Putos Peronistas, el Gobierno de la Ciudad tomó nota de la preocupación planteada e informó centros de salud en los que se realizarían los tratamientos consultados. Sin embargo, a la fecha esa información no ha podido ser verificada.

Derecho a la Educación

  • La amenaza de mudanza de la Escuela Isauro Arancibia[7] que contiene a cientos de personas en situación de calle vulnera el espíritu del art. 23 de la CCABA, respecto al derecho a la educación.
  • Asimismo, no se cubrió la necesidad de los aspirantes de acuerdo a la asignación de las vacantes on line y la cobertura de educación maternal e inicial es escasa e incompleta e incompleta.
  • Por último, el mantenimiento y renovación de infraestructura es deficiente. Se puede mencionar el caso de derrumbe de techo en la escuela del Barrio Belgrano (diciembre 2016). El deterioro de la educación pública se mantiene inalterado.

Derecho a la Vivienda

  • A pesar de anunciar la urbanización de las villas 20, 31 y 31 bis y Rodrigo Bueno, ningún anuncio tuvo un correlato en la cotidianeidad de los vecinos de esos barrios. Si bien se promovieron algunas leyes que reconocieron el derecho a la urbanización de sus habitantes, tal como lo establece el art. 31 CCABA, las mejoras aún no se han producido y es el propio gobierno de la CABA el que le respondió a un pedido de informe presentado por este ODH que los vecinos se autogestionan el sistema de cloacas[8].
  • La mayoría de la población de la CABA que habita las villas no cuenta con servicios públicos sanitarios de agua potable y cloacas. Según datos oficiales, el 93% de las villas y asentamientos tiene una conexión irregular a la red pública de agua, sólo en el 5% de los casos las familias disponen de una conexión formal, y el 2% de los asentamientos se abastecen a través de un camión cisterna u otros métodos. “Se llama conexión irregular cuando los vecinos se enganchan ellos mismos a la red pública de agua corriente más cercana sin recibir una prestación formal del servicio, lo que implicaría que se les dé una factura y una empresa cobre por otorgárselo”.
  • Las agencias del Estado porteño, en particular la UGIS y la Corporación Buenos Aires Sur, informaron a este ODH en respuesta a un pedido de informes que la gran mayoría de obras que llevan adelante no se concentran en la urbanización de las villas, si no que están dirigidas a atender situaciones de emergencia y a obras de “embellecimiento” de fachadas y espacios públicos.
  • Al mismo tiempo, cada una de las urbanizaciones anunciadas esconden un correlato con negocios inmobiliarios indisimulables: En el caso de Villa 31[9], se comienza con la construcción de una nueva autopista, en lugar de por la construcción de vivienda nueva, la infraestructura de servicios o la apertura de nuevas calles; en el caso de Villa 20[10], la urbanización se sustenta la construcción de la villa olímpica para los juegos olímpicos de la juventud en Lugano, en lo que aparece como un jugoso plato para la patria contratista; en la misma línea, la urbanización de villa Rodrigo Bueno va de la mano de la construcción del complejo Solares de Santa María por la empresa IRSA.

Memoria, Verdad y Justicia

  • La Subsecretaría de Derechos Humanos y Colectividades prioriza la Dirección de Colectividades habiendo hecho sobre esta temática 8 de las 13 publicaciones que editó y ninguna sobre la violación a los Derechos Humanos en la Argentina.
  • Al mismo tiempo practica la flexibilización laboral hacia sus trabajadores.
  • Sigue sin implementar el Programa de Asistencia y Contención de los Querellantes y Testigos Víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de tener presupuesto al efecto, no tiene personal asignado a esa labor ni le da publicidad a su existencia.

Derecho a la Cultura

  • El inicio de la gestión estuvo a cargo de un funcionario que instaló un discurso público negador del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar. Estas reiteradas intervenciones fueron vigorosamente repudiadas por distintos colectivos referentes de las políticas de Memoria, verdad y justicia. Si bien fue reemplazado de ese Ministerio aún está a cargo del Teatro Colón.
  • Por su parte, la falta de implementación de la Ley de Centros Culturales es una afrenta para el art. 32 CABA, generando una discriminación a la producción artística de estos espacios centrales para la participación y el desarrollo barrial.

Derecho a la Seguridad

  • Si bien la Legislatura porteña sancionó la ley de creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires, la misma no incluyó la obligación obedecer al Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego. De este modo, no quedó establecida la prohibición de utilización de armas o equipamientos cuestionados por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, o cualquier otro Comité de esa Organización Internacional, en particular las neopicanas Taser[11].
  • La norma contempla algunos derechos loables. Sin embargo, la norma que dio vida a la Policía Metropolitana en el año 2008 también tuvo objetivos loables y, luego, fue conducida por un cultor del genocidio como Jorge “Fino” Palacios, quien construyó una fuerza a espaldas de esa norma, con diversos casos de gatillo fácil y ningún índice de mejora en la satisfacción al derecho a la seguridad de los porteños (art. 34 CCABA). Por ende, deberemos estar atentos a la implementación[12].
  • Por su parte, cabe indicar que el fallo del Superior Tribunal de Justicia en “Vera, Lucas Abel” (expediente nº 11835/15) por el que se habilita un accionar ilegal de los agentes policiales, concediéndoles facultades que no poseen y que fueron expresamente limitadas por la CIDH, en el caso “Bulacio vs. Argentina” implica que el STJ está comprometiendo la responsabilidad internacional de la Nación respecto al no acatamiento de los pactos internacionales.

Equidad de Género

  • Tanto la Dirección General de la Mujer dependiente del Gobierno de la Ciudad, como la línea 0800 MUJER que dependen de ella, no ha tenido difusión en la vía pública, y/o medios de comunicación, dejando a las víctimas de violencia de género en total desamparo por falta de acceso a las soluciones que puede brindar el Estado local. Ante la falta de conocimiento de este recurso, las víctimas de la Capital Federal han recurrido a utilizar la línea telefónica 137 (funciona solamente en la Ciudad de Buenos Aires) y 144, dependientes del Estado Nacional y puestas a funcionar durante la gestión anterior, que brindan información, orientación, asesoramiento y contención a las víctimas de violencia de género. Así el estado porteño ha dependido siempre de operativos nacionales, para la atención de casos de violencia contra las mujeres, desatendiendo su obligación de generar las condiciones para alcanzar la equidad de género.
  • Asimismo, las empleadas y los empleados de la Dirección General de la Mujer y de los Centros Integrales de la Mujer (CIM), vienen denunciando la preocupante precarización que sufren, la drástica reducción de personal (casi 50% en los últimos 8 años) que vienen padeciendo, el pésimo estado en el que se encuentran los refugios para las víctimas, como así también el exiguo presupuesto con el que cuentan. En esa línea el bajísimo presupuesto que había sido previsto para el año 2017, pudo ser incrementado en un 20%, luego de una importante lucha y movilización por parte de los trabajadores de la Dirección de la Mujer.
  • En cuanto al patrocinio legal y contención psicológica necesarias para estos casos, la ausencia del Estado es notoria. A pesar que los siete CIM existentes cuentan con un gabinete interdisciplinario de atención y seguimientos de casos, no cuentan con personal suficiente, instalaciones adecuadas y recursos, para la creciente demanda, para una problemática que día a día adquiere mayores dimensiones por el momento de concientización que vive la sociedad argentina. En ese contexto, los CIM no tienen capacidad para solventar la demanda, ni tampoco para atender en las urgencias, ya que los turnos tienen una demora promedio de un mes. El Estado porteño se oculta con la existencia de la OVD, oficina judicial que sólo atiende casos dentro de la jurisdicción de la Capital Federal.
  • La situación se agrava ante el incumplimiento de la ley Nº 5.466, sancionada a fines del año pasado en la Legislatura porteña. La misma prevé la creación de un CIM por comuna o un CIM cada 50.000 mujeres por comuna. La aplicación de esta norma sería determinante a la hora de canalizar la satisfacción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sin embargo, el gobierno local no ha mostrado ningún avance, ni voluntad en cumplir con la ley y hacerla operativa.
  • Por último, debe subrayarse que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encontró artilugios para no distribuir el material enviado desde Nación a fin de cumplir con el material preparado y distribuido por el Ministerio de Educación de la Nación con el contenido de la ley Nº 26.150, de Educación Sexual Integral (ESI), la que concibe una educación sobre sexualidad y género que abarca no solo lo vinculado con lo sexual, sino que también está íntimamente relacionado con lo social, y para que sea aplicada desde el nivel inicial al terciario. Se trata de medidas de prevención y concientización para la erradicación de la problemática que el Gobierno de la Ciudad no está implementando. Por el contrario creó su propio material pedagógico en el cual se han detectado errores conceptuales y hasta discriminatorios. De este modo la Ciudad de Buenos Aires, no tan sólo falla al momento de socorrer a las víctimas, sino que tampoco acciona hace para erradicar estos hechos aciagos, por lo que no hay recepción al reclamo masivo del #NIUNAMENOS.

 

 ESTRATEGIAS

Si el Presidente de la Nación tuvo cobertura mediática, el caso del Jefe de Gobierno fue más peculiar aún, pues inclusive los medios críticos le prestaron poca atención por priorizar la agenda nacional sobre la porteña. Además, los asesores de marketing tampoco estuvieron alejados del oficialismo porteño generando puestas en escenas que coadyuvaran a sus objetivos, aunque en algunos casos fueron descubiertas y tuvieron que salir a dar explicaciones. Tal los casos del montaje por el anuncio de la nueva Policía de la Ciudad con ploteo de helicópteros del SAME, disfraces y actores, cuando todavía no había enviado el proyecto de ley a la Legislatura[13]. O Cuando el Jefe de Gobierno fue a dialogar con supuestos estudiantes a una escuela cuando, se supo, no pertenecían a ese establecimiento y, se sospecha, también eran actores.

Si a ello se le suma una oposición fragmentada, Rodríguez Larreta tuvo año sin demasiadas complicaciones políticas. Aunque también queda la lección: Cuando la reacción fue organizada y contundente supo retroceder. Tal el caso de la renuncia de Lopérfido o el proyecto de ley de urbanización de Villa 20 que tuvo que ser modificado a pedido de los vecinos para incluir la urbanización integral y no solo cambios de normativa de construcción. En estos casos se observaron apelaciones al pragmatismo y cierta destreza política.

En definitiva, en ambos casos, tanto el Presidente como el Jefe de Gobierno, han redundado gestiones que han restringido derechos, pero que han recalculado cuando se vieron acorralados por la respuesta organizada de las fuerzas vivas del pueblo. También ese es un balance que hay que tener en claro para quienes defendemos los derechos con la Constitución en la mano. Si acertamos en estrategias y en unidad, se puede incidir en dejar de retroceder y poder avanzar hacia mayor cobertura de derechos y mayor grado de respeto al pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.


[1] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/16/espacios-verdes-en-la-ciudad-de-buenos-aires-informe-del-odh/

[2] https://odhbsas.wordpress.com/tag/time-warp/

[3] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-persecucion-politica-en-la-ciudad/

[4] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-violencia-obstetrica-y-parto-respetado/#f=radio&l=related

[5] https://odhbsas.wordpress.com/2016/03/16/reclamo-por-el-incumplimiento-de-la-ley-de-identidad-de-genero/

[6] http://www.laimposible.org.ar/2016/09/08/observatorio-de-derechos-humanos-de-la-ciudad-la-caba-no-cumple-la-ley-de-identidad-de-genero/

[7] https://radiocut.fm/audiocut/las-mentiras-sobre-el-metrobus-informe-del-odh-odh_bsas-patriavillera/#f=search&l=result

[8] https://odhbsas.wordpress.com/2016/08/15/el-gcba-admite-que-los-vecinos-de-las-villas-autogestionan-el-sistema-cloacal/

[9] https://radiocut.fm/audiocut/columna-del-odh_bsas-deficit-habitacional-en-la-ciudad-y-el-caso-de-la-villa-31/#f=radio&l=related

[10] http://www.laimposible.org.ar/2016/11/24/columna-del-odh-demian-konfino-sobre-la-urbanizacion-de-la-villa-20/

[11] https://odhbsas.wordpress.com/2016/09/27/pedido-a-los-legisladores-para-restringir-el-uso-de-las-pistolas-taser/

[12] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

[13] https://radiocut.fm/audiocut/la-ilegalidad-del-anuncio-de-rodriguez-larreta-sobre-la-policia-opina-odh_bsas/#f=search&l=result

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