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A dos años de la represión en el Hospital Borda

20 Abr
Represión en el Hospital Borda

Represión en el Hospital Borda

ACTO – MARTES 21 de ABRIL a las 10 hs. en las puertas del hospital.

El ODH participará del acto organizado desde el Área de DDHH de ATE Capital, Junta Interna de ATE Hospital Borda, la Junta Interna de ATE de Talleres Protegidos y la Asociación de Profesionales del Hospital Borda.

Las consignas son:

–         No a la construcción del Centro Cívico en el Hospital Borda

–         Absolución de los compañeros trabajadores procesados

–         Procesamiento a los responsables de la represión

–         Reconstrucción del Taller Protegido Nro. 19 donde estaba

El Observatorio de DDHH de la Ciudad elaboró un informe que resume lo que sucedido en estos dos años desde el día de la represión.

En la madrugada del 26 abril de 2013, alrededor de 400 efectivos de la Policía Metropolitana ingresaron ilegalmente al Hospital Borda, luego de cortar las cadenas de un portón sobre la calle Pedriel. Allí funcionaban los Talleres Protegidos Nro. 19, donde se daba terapia ocupacional a los internos, quienes fabricaban muebles para distintos organismos estatales.

Junto a los efectivos ingresaron varias cuadrillas de operarios con maquinaria de demolición para derrumbar el edificio del mencionado taller. El objetivo, era comenzar la construcción del Centro Cívico en ese predio y los edificios linderos. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció este proyecto, aún cuando nunca se había debatido en la Legislatura, ni efectuado el correspondiente llamado a licitación.

El ingreso de las fuerzas de seguridad al Hospital Borda, al igual que el operativo en conjunto era ilegal. No sólo por los motivos apuntados, sino, – y especialmente- porque la Sala II en lo Contencioso Administrativo había dictado una medida cautelar que mantenía suspendida la construcción en dichos terrenos por no cumplir con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano.

Ante este despliegue de fuerza, y arbitrariedad, los pacientes, trabajadores de la salud y de prensa, legisladores, y ciudadanos que se convocaron en el lugar para exigir explicaciones, fueron violenta y desproporcionadamente reprimidos, provocando 33 heridos, 6 de ellos eran pacientes, con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas. Además se produjeron decenas de detenciones.

Ese mismo día, un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad consideró que el procedimiento fue ilegal, multó a los funcionarios responsables con 20 mil pesos por “mala fe procesal” y reimplantó la medida cautelar para detener las obras. Medida cautelar que sigue vigente en la actualidad.

Inmediatamente después de los hechos, este Observatorio de Derechos Humanos efectuó un pedido de informe al Ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro (conf. Art.1 de la ley 104 de acceso a la información pública), repudiando la brutalidad desplegada en el operativo ilegal e inconstitucional al observar que la Policía Metropolitana violó el artículo 34 de la Constitución de la CABA y Ley de Seguridad Pública (Ley 2894). En los artículos 27 y 28 de esta Ley se establece el principio de gradualidad, por el cual la Policía está obligada a intentar todos los métodos necesarios antes de recurrir al uso de la fuerza.

Ya en nuestros informes de años anteriores habíamos advertido que la Policía Metropolitana es una fuerza creada en base a la doctrina de la Seguridad Nacional que ha enviado efectivos a los cursos ILEA, la nueva escuela de las Américas en el Salvador; una fuerza cuyo ideólogo, el procesado Jorge Fino Palacios, es un admirador de la última dictadura militar.

Esta fuerza intentó armarse con neopicanas Taser, lo cual impedimos oponiendo el respectivo amparo. El mismo que frente a los hechos relatados, evidencia su necesidad, importancia y oportunidad. De lo contrario, los daños y las víctimas hubieran sido mayores y más graves. Es claro que, desde la gestión de la Ciudad se intentó erigir a este operativo en uno de los hitos de la ley y el orden. Todas las evidencias advierten que se trató de un concurso sistematizado de vulneraciones de derechos humanos reconocidos en las leyes de la Ciudad, su Constitución, la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

En el pedido de informes se instó, además, a una investigación profunda de los hechos denunciados, y al Poder Ejecutivo de la CABA a identificar a los responsables, relevarlos del cargo y sancionarlos, así como de abstenerse de repetir operativos como el sucedido en el Hospital Borda. Todo ello en miras a restablecer la senda de la legalidad y la convivencia en democracia.

Simultáneamente se efectuaron varias denuncias penales contra los funcionarios del gobierno de la ciudad, que fueron imputados en la causa “Macri, Mauricio y otros. S/ Vejaciones y Apremios Ilegales” (Expte. Nº27.116/2013) en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Nº 30, a cargo del Dr. Jorge Adolfo López.

El 12-12-2013 el juez López desvinculó de toda responsabilidad a Macri; a la vicejefa María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; a la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Pedace. López consideró que “no existen elementos mínimos objetivos, ciertos y concretos que conlleven a atribuir algún tipo de participación criminal en lo ocurrido en el predio” a Macri y los demás funcionarios, y sólo procesó a Horacio Giménez, jefe de la Metropolitana que estuvo al frente de las acciones.

En la misma resolución que el juez sobreseyó a los funcionarios denunciados por “torturas y apremios ilegales”, procesó a cinco trabajadores por “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. Entre los procesados se encuentra una enfermera que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la represión, debe caminar con bastón.

Los abogados querellantes de ATE apelaron la resolución. Los doctores Alberto Seijas y Carlos Alberto González integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en febrero de 2015, confirmaron el sobreseimiento, a pesar de la prueba rendida en autos en sentido contrario al decidido.

Frente a la arbitrariedad de la resolución, el ODH hizo público su repudio y reiteró su denuncia sobre las violaciones legales, tanto nacionales como internacionales de este hecho. Este tipo de hechos ya ha sido motivo de atención por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que instó a no hacer un “uso desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como privados” y a velar “por que se investiguen sin demora y de manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por que los responsables comparezcan ante la justicia” (E/C.12/ARG/CO/3). La política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en operativo del Hospital Borda, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad, no pueden escaparse de la Justicia. El Poder Judicial debe llevar adelante la tarea de control que la constitución le ha otorgado, investigando y juzgando, a quienes han cometido delitos.

Desde el ODH reiteramos que se debió perseguir la atribución de responsabilidad sobre quienes condujeron y llevaron adelante la represión ilegal en el Borda, el Comisario Inspector Horacio Alberto Giménez, Jefe de la Policía Metropolitana, de Ricardo Pedace, Subjefe de la Policía Metropolitana, y del Ministro de Seguridad del G.C.B.A., Guillermo Montenegro, entre otros.

Por ende, exhortamos al Poder Judicial, a la Cámara de Casación, a que revoque la sentencia recientemente dictada y ordene el procesamiento de los responsables penales por los delitos cometidos en el Hospital Borda, conforme la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para el pleno respeto de los Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pocos días de cumplir dos años de la brutal e ilegal represión en el Borda, la Cámara Nacional de Casación Criminal y Correccional, hizo lugar al recurso de queja interpuesto por los querellantes y el fiscal. El decisorio se funda en la arbitrariedad de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, porque no tuvo en consideración cuestiones planteadas por la querella.

Ahora, los jueces Garrigós de Rébori, Luis Niño y Mario Magariños, deberán decidir sobre el fondo de la cuestión esto es el procesamiento de Giménez, y revocar los sobreseimientos de Pedace, Vidal y Montenegro.

Asimismo, a dos años de la demolición de Talleres Protegido Nro. 19, el Gobierno de la Ciudad no cumplió con la orden judicial de construir un nuevo establecimiento, ni en remover las placas de asbestos (chapas de fibrocemento) que se encuentran a cielo abierto. La peligrosidad de esta sustancia altamente cancerígena, se incrementó por la demolición, y transformación del material en polvo, que provoca mayor exposición y riesgo para la salud.

Por todo lo expuesto, concluimos que los hechos producidos en el Hospital Borda, se produjeron por la decisión, consentimiento y coordinación del gobierno de la ciudad, llevadas a cabo por sus dependencias, y dirigidos por los funcionarios responsable de cada área interviniente.

No sólo se vulneraron la ley, la constitución de la CABA y de la Nación, sino que, además se violaron todos los protocolos y tratados internacionales que protegen a los enfermos mentales por tratarse de personas altamente vulnerables por su discapacidad psicosocial.

La represión irracional, desproporcionada, e innecesaria no hizo más que confirmar las imputaciones que este ODH, le hiciera reiteradamente a la Policía Metropolitana. Evidenciando que, por el recurrente abuso de poder y la violencia, no se encuentran capacitados para actuar en manifestaciones públicas, que no configuran hechos criminales.

La vulneración de  derechos humanos esenciales, como son los que protegen la vida, la salud,  la integridad física y mental: se da en forma continuada por la contumaz desobediencia del gobierno de la ciudad a cumplir las órdenes judiciales y por dar prioridad a los emprendimientos inmobiliarios antes que a la salud y la dignidad de las personas.

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