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Macri reglamentó la Ley de acompañamiento a Testigos de DDHH luego de la insistencia del ODH e HIJOS

19 Oct
Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Después de seis años y cinco sentencias en contra el Jefe de Gobierno firmó el Decreto N° 400/14 reglamentario de la Ley Nº 2.939 que regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar.

En los primeros días de octubre, este Observatorio realizó la notificación al Jefe de Gobierno de la resolución de la Jueza Elena Liberatori que ordenaba el cumplimiento de los fallos, bajo apercibimiento de una multa diaria de $ 500 sobre el Jefe de Gobierno. Habiendo recibido la notificación y tras dos fallos de primera instancia, dos de la Cámara y uno del Superior Tribunal de Justicia, el Jefe de Gobierno se dignó a cumplir con la Ley N° 2.939 aprobada en el año 2008.

Fue la intimación bajo apercibimiento de sanción económica la que decidió a Mauricio Macri a reglamentar la ley y no el respeto a las instituciones democráticas y a los procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia.

El Decreto firmado por Mauricio Macri y Rodríguez Larreta el 14/10/2014 crea el Programa de Asistencia y Contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado”, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Establece que “las acciones de acompañamiento y contención serán personalizadas y requerirán del consentimiento previo de la persona beneficiaria. En todos los casos, el Programa mantendrá la absoluta confidencialidad de la información vinculada con la persona asistida”. Al mismo tiempo, la norma establece que para “garantizar la adecuada derivación a los distintos efectores de salud  que  cuenten con atención especializada, el Ministerio de Salud designará un funcionario responsable que dará el carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe el Programa”.

A su vez, detalla que “las medidas también podrán ser dirigidas o extendidas al cónyuge, ascendientes, descendientes, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Esperamos que el Programa funcione con amplitud y eficiencia y sea divulgado de modo que todos los testigos y querellantes, así como su familia, puedan acceder a los derechos que garantiza la ley.

Celebramos que el Jefe de Gobierno haya decidido, demasiado tarde, acatar los deberes de las instituciones democráticas y la división de poderes. No podemos dejar de lamentar la falta de acompañamiento respecto a los testigos y querellantes de los juicios que ya se llevaron a cabo en la ciudad durante estos años.

En este sentido, el propio Jefe de Gobierno el que reconoce, en los fundamentos del Decreto, que “a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines que persigue la ley citada, es necesario dictar las normas que reglamenten el procedimiento adecuado para la implementación de las acciones referidas”. Es decir, todos estos años –desde el 2008- el Poder Ejecutivo de la Ciudad no garantizó el cumplimiento de los fines de la ley, desentendiéndose del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que vive nuestro país. Y eso lo repudiamos.

 UNA LEY BIEN GUARDADA

La propia ley estableció que el Poder Ejecutivo porteño debía reglamentarla 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió en enero de 2009. Al cumplirse ese plazo, este Observatorio de Derechos Humanos y la Agrupación HIJOS recurrimos a la justicia de la Cuidad y en tres instancias ésta ordenó a la administración macrista que pusiera en funcionamiento el texto de la ley.
En mayo de 2012, el juez Juan Cataldo ordenó por primera vez la reglamentación. Lo mismo reiteró en 2013 la Cámara en lo Contencioso Administrativo y el Superior Tribunal, este año.  Ante la demora, en septiembre la jueza Elena Liberatori ordenó el cumplimiento bajo pena de multa al Jefe de Gobierno por el incumplimiento.

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