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Pedido de informe al Gobierno de la Ciudad ante el desalojo en Lugano

25 Ago

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Desarrollo Social, de Salud y de Educación a raíz del desalojo del barrio Papa Francisco, en un terreno aledaño a la Villa 20.

El desalojo se realizó en violación a la legislación vigente respecto al debido proceso penal como así también en violación a la normativa que establece la obligación del Estado de prever una alternativa de vivienda adecuada para cada una de las familias afectadas antes de realizar el desalojo.

Por tanto, el ODH requiere información respecto a:

  • Informe el objetivo del allanamiento y posterior desalojo realizado, qué funcionarios lo llevaron a cabo, jefes del operativo especificando cada una de las reparticiones que participaron, de la Policía Metropolitana, nómina de agentes y funcionarios que intervinieron, médicos y enfermeros que participaron, responsable del servicio de guardia del hospital al que se hayan trasladado heridos.
  • Informe respecto a la represión y heridas sufridas por vecinos y legisladores que se acercaron al lugar.
  • Informe respecto al cerco policial que impide la libre circulación de unas 60 familias que se encuentran precariamente asentadas en las plazoletas de la Av. Cruz, frente al terreno desalojado.
  • la forma de notificación y la antelación con la que se comunicó la orden de desalojo a los afectados.
  • el operativo para garantizar el acceso a la salud y la educación de los afectados por la medida de desalojo
  • las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de las personas desalojadas.
  • Cuál es el protocolo de actuación para los agentes públicos en procesos de desalojo.
  • Qué medidas ha tomado el GCBA para garantizar lo establecido en la Observación general no. 7: Sobre desalojos forzados, la que forma parte de la Legislación Constitucional vigente en nuestro país,
  • Si existen protocolos de actuación en la Ciudad que establezcan las distintas obligaciones que corresponden a cada estamento gubernamental, particularmente la de garantizar el derecho a la Vivienda.
  • De qué forma se garantizará el derecho a la vivienda para los afectados por el desalojo.
  • Qué medidas ha tomado el GCBA para resguardad las pertenencias de las personas desalojadas y dónde se encuentran resguardadas las mismas.

El presente pedido se funda en el art. 1º de la ley 104. La información solicitada debe ser proporcionada en los términos del art. 7 de la mencionada ley, en un plazo no mayor a 10 días. El incumplimiento de este plazo dará lugar a lo prescripto en el art. 8 de la ley, quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad. El ODH solicita esta información para procesarla, analizarla y evaluar los pasos a seguir.

Con preocupación vemos que la respuesta ante el déficit habitacional se más represión y violencia contra los sectores más vulnerables. Lamentamos advertir que aumenta la violencia institucional, al mismo tiempo que la inacción de las instituciones que deben velar por la plena vigencia de los derechos humanos y sociales de los habitantes de la ciudad.

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