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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DEBE REGLAMENTAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN JUICIOS POR DD.HH.

20 Feb
Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Jefe de Gobierno Mauricio Macri

Desde este Observatorio de Derechos Humanos de la ciudad exigimos que se cumpla la sentencia del Juez Cataldo que exige al gobierno de la ciudad la reglamentación de la ley de protección de testigos, pendiente desde 2009. El ODH solicita que se intime el cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar sanciones al Jefe de Gobierno Mauricio Macri renuente.

Hace 5 meses la Sala III de la Cámara de en lo Contencioso Administrativo y Tributario resolvió “declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad ya que no formula una crítica concreta a la resolución que impugna”. De esta manera, la Cámara confirmó la sentencia de grado, que le había ordenado reglamentar la Ley 2939 en un plazo de veinte (20) días. Esto tiene el agravante de que la propia norma aprobada en la Legislatura establecía un plazo para su reglamentación que expiró el 31 de marzo de 2009”.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad, lejos de colocarse a la altura de la historia, volvió a cuestionar este nuevo fallo de octubre/2013 presentando un Recurso de Queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En 2013, la Cámara había confirmado la sentencia de primera instancia que obligaba al Jefe de Gobierno de la Ciudad a reglamentar en 20 días la ley 2939 de “protección de testigos”.

El objeto de esa ley consiste en que la Ciudad debe garantizar asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo al no reglamentarse, ningún programa se encuentra a disposición de los protagonistas del proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia.

El ODH y la Agrupación HIJOS habían denunciado el incumplimiento de la reglamentación por parte del Gobierno de la Ciudad en 2012. En primera instancia, el Juez Juan Vicente Cataldo había considerado que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por la legislatura, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”.

Exhortamos al Jefe de Gobierno a respetar los fallos judiciales y actuar en consecuencia. Este ODH agotará todas las vías hasta lograr la satisfacción del principio republicano de gobierno, por el cual el Poder Ejecutivo de la Ciudad debe acatar los fallos del Poder Judicial.

 

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