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El ex director de la UCEP ahora trabaja en Subterráneos de Buenos Aires

16 May

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Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) repudiamos enérgicamente la designación del último director de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), Ingeniero Jorge Polini, como asesor de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Jorge Polini fue contratado como asesor externo para brindar asistencia técnica “en la supervisión del plan de regularización y puesta en régimen de la línea A“, además de “tareas de planificación, control de gestión y propuestas de mejoras continuas de los recursos existentes y a incorporarse”, según documentación a la que tuvo acceso el sitio web “En el Subte” (http://enelsubte.com/noticias/sbase-vuelve-contratar-mano-obra-desocupada-la-ucep-2631).

Juan Pablo Piccardo es el actual titular de Subterráneos de Bs As. Antes era Ministro de Ambiente y Espacio Público, donde debió renunciar cuando se denunció el accionar represivo de la UCEP. Piccardo además, hoy se encuentra imputado, junto al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el propio Polini, y otros 27 funcionarios, en la causa caratulada “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos” por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La UCEP aplicaba métodos violentos e intimidantes para que las personas que moraban en calles, plazas o bajo un puente no regresaran, quitándoles sus escasas pertenencias, como hemos denunciado oportunamente desde este ODH. http://youtu.be/lLKXL778khU. Este organismo parapolicial fue disuelto a partir del reclamo popular y el avance de la investigación judicial que evidenció la ilegalidad de su obrar.

Esta “redistribución” de funcionarios, que semejan premios por gestión, alcanzó a otros responsables como el propio Juan Pablo Oiccardo y Matías Lanusse quien fuera Director de la U.C.E.P., para luego encabezar la lista de Comuneros PRO en la Comuna 2 y resultar electo. Estas designaciones completan el cuadro de la política represiva e inconstitucional que viene llevando a cabo la Policía Metropolitana, situación expuesta en el Hospital Borda hace algunos días, y la posterior ratificación del proceder de los uniformados por los responsables políticos del Gobierno de la Ciudad.

Insistimos en llamar al Gobierno de la Ciudad a que retorne a la senda de la legalidad en materias como el cuidado del Espacio Público y las políticas de Seguridad Pública. Por último, exhortamos al Gobierno de la Ciudad a dejar sin efecto este nombramiento y generar las políticas públicas necesarias que garanticen a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires el pleno respeto de los Derechos Humanos.

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