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OBSERVATORIO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD

05 May

El proyecto se presentó el 6 de mayo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

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El proyecto de creación de un Observatorio de casos de Violencia Institucional fue elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CABA (ODH), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Pablo Ferreyra y la legisladora Claudia Neira.

La conferencia de prensa se realizó el lunes 6 a las 16hs en la Legislatura Porteña con la presencia de:

Claudia Cesaroni, abogada del CEPOC; María Elia Capella, del ODH; Pablo Ferreyra, familiar y querellante en la Causa Mariano Ferreyra y la legisladora Claudia Neira, del Bloque Buenos Aires 20/21.

El proyecto busca impulsar la creación de un observatorio con el objeto de recibir información, identificar casos, realizar informes y formular recomendaciones sobre casos de violencia institucional producidos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto define que se entiende por “violencia institucional” todo acto que implique el uso de la fuerza, el poder físico y/o la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, psíquica o que incluya privaciones o descuido frente a una persona o grupo de personas, ejecutado por funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por las personas que cumplen funciones en esos poderes y/o por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales de cualquier jurisdicción, o por cualquier persona que cumpla tareas de seguridad y policiales de cualquier jurisdicción; en territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de sus funciones, que viole algún derecho reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes nacionales y las leyes locales.

Observatorio de Derechos Humanos (ODH)

FUNDAMENTOS

Los autores del presente proyecto: Pablo Ferreyra, María Elia Capella (miembro del Observatorio de derechos Humanos) a partir de la iniciativa de Claudia Cesaroni (miembro del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos), y en el marco de la articulación con organización sociales realizada a instancias de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena, intentamos abrir un debate necesario en el seno de la Legislatura de nuestra Ciudad.

En el Derecho Internacional, la defensa y promoción de los Derechos Humanos viene a garantizar la necesaria protección del individuo frente a actos arbitrarios del Estado que menoscaben sus derechos.

Durante años en nuestro país, los derechos humanos fueron eje de la lucha de los organismos y familiares frente a los crímenes del Terrorismo de Estado.

Tiempo después, y con la consolidación del Estado de Derecho, estos mismos organismos y organizaciones de Derechos Humanos fueron quienes con valentía y compromiso social sostuvieron las denuncias de abusos de poder por parte del Estado, especialmente los hechos cometidos por fuerzas policiales y de  seguridad.

Luego de treinta años de continuidad democrática y en el marco del afianzamiento y ampliación de derechos en favor de la población en general, es preciso desarrollar políticas que propendan a medidas de acción positivas para prevenir, perseguir y erradicar todas aquellas prácticas vinculadas con el abuso de poder y maltrato institucional. En este marco es el propio Estado, a través de sus instituciones, quien debe asumir la responsabilidad de propiciar herramientas que permitan visibilizar estos hechos de violencia.

En este sentido se han dado pasos importantes a nivel nacional, como la Ley Nacional Nro. 25875 por la que se crea la Procuración Penitenciaria cuyo objetivo fundamental es la protección de los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, asimismo es dable destacar la promulgación de la Ley Nacional Nro. 26.811, que declara el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. En este sentido, leyes como la Nro. Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres ha avanzado en algunas definiciones respecto al concepto de Violencia Institucional que han sido incorporadas al presente proyecto. De esta manera la ley citada define la misma como: “Aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil”.

Asimismo, en el marco del debate que protagonizan las organizaciones sociales, se está desarrollando una Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, encabezada por el diputado nacional Leonardo Grosso.

A la luz de los avances legislativos en dicha materia, es necesario comprender que la violación de derechos por parte de las instituciones del Estado no se lleva a cabo de manera

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