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INFORME 2012 – MEMORIA

17 Dic
Nuevamente, como lo venimos haciendo en nuestros informes 2010 y 2011, debemos denunciar la acción deliberada por omisión con que el Gobierno de la Ciudad se comporta respecto de la protección de los derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones con personas vulnerables o en situación de riesgo.
 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS 
El Gobierno de la Ciudad se niega a reglamentar la ley 2.939, que en su art. 1º “regula la asistencia y contención de los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales o investigaciones relativas a los delitos resultantes de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como así también a su grupo familiar”. 
Con este propósito, el art. 2 de la ley obliga al gobierno porteño y “conforme lo determine la reglamentación” a garantizar:
 
a. El acompañamiento y contención durante las audiencias del juicio o en aquellas instancias relacionadas con él y su correspondiente traslado articulando con otras jurisdicciones conforme la resolución 337/07-SSDH.
b. La asistencia psicológica especializada en situaciones de urgencia que tengan lugar durante las audiencias mencionadas en el inciso a).
c. La derivación a los distintos efectores de salud que cuenten con atención especializada, para aquellos casos que requieran atención psicológica anterior o posterior, derivadas del testimonio.
 
La propia ley, en su art. 8, establece el deber del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires de reglamentarla dentro de los sesenta días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, vencido el plazo el 31 de marzo de 2009, aún no fue cumplido. 
Por este motivo, la Agrupación HIJOS y el ODH iniciamos una acción de amparo a fin de obtener la reglamentación necesaria. 
En la misma presentación se solicita una medida cautelar urgente, encabezada por Carlos Pisoni, víctima, querellante y testigo en varios juicios por delitos aberrantes de lesa humanidad. En julio de 2011, la medida cautelar fue resuelta favorablemente, y la jueza a cargo, Dra. Liberatori, ordenó el cumplimiento de la ley en la persona del presentante Carlos Pisoni. 
Sin embargo, y a pesar de haber quedado firme el fallo, hasta el momento no ha recibido, acompañamiento especializado, ni contención, ni asistencia psicológica, ni derivación conveniente conforme a sus necesidades. El pedido de fondo, —la reglamentación de la ley— fue resuelto posteriormente, también en forma favorable, por el juez Juan Vicente Cataldo, con fecha 24 de mayo de 2012.
En los considerandos el sentenciante claramente refuta conforme derecho todas y cada una de las negativas esgrimidas por el Gobierno de la Ciudad como sustento de su incumplimiento. Así dice en los párrafos más sobresalientes: 
Que el amparo presentado para iniciar la actividad administrativa, con el objeto de hacer efectivo el goce de derechos reconocidos por las leyes “constituye elemento suficiente para la procedencia de la vía intentada, prevista justamente para situaciones en las que la acción u omisión de autoridades públicas o privadas restrinja derechos reconocidos por la Constitución local o las leyes dictadas en su consecuencia (conf. Arg. Art. 14 CCBA)”.
Ya respecto a la solicitud de fondo, considera que “la reglamentación de una ley no es una facultad optativa de la Administración, cuando ella le fue ordenada por tal norma de superior jerarquía. Si no coincidía con el criterio sancionado por el legislador, y entendía que la reglamentación en cuestión era innecesaria, solamente quedaba en su posibilidad requerir a la Legislatura la modificación del artículo de la ley que la exigía, y sin embargo no lo ha hecho. De esta forma, es la propia Administración la que transgrede la división de poderes, al desconocer y no acatar una obligación que le fue impuesta por el Poder Legislativo”. 
Al margen de que queda así claramente rebatido el argumento oficial, es de notar que, en concreto, se arguye que la reglamentación no es necesaria, pues los servicios que la ley establece se prestan por intermedio de la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, conforme lo dispone la resolución Nº 208/SSDH/09. Pero es un argumento erróneo, ya que la facultad reglamentaria corresponde al titular del Poder Ejecutivo, por vía de decreto, y el requisito no puede ser suplido por un acto de inferior jerarquía emanado de un funcionario subordinado. Tampoco puede afirmarse que esta resolución haya sido dictada por delegación de competencias, pues ella no surge del acto en sí, ni existe acto administrativo previo que la disponga. De hecho, el propio Gobierno admite la inexistencia de reglamentación, con lo que no hace más que reconocer que esa resolución no tuvo como finalidad reglamentar la ley 2.939. 
Más adelante, el fallo de Cataldo expresa que esa resolución, amén de ilegítima, carece de publicidad, ya que nunca fue publicada en el Boletín Oficial, por ello “quita toda base al argumento referido a la falta de requerimiento previo por parte del actor, pues no puede pretenderse que requiera la prestación de un servicio que se desconoce”.
Por último, refuta el argumento de la demandada para impedir la intervención jurisdiccional, “no existe ninguna intromisión del Poder Judicial en áreas para las que carece de competencia cuando ejerce su función constitucional de controlar los actos de gobierno según la Constitución y las leyes. El caso que nos ocupa no demanda al Poder Judicial la reglamentación que se ha omitido, sino que exige a la Administración que cumpla con el deber que le ha impuesto la ley. No hay, reitero, ninguna invasión de competencias. Y es claro que la conducta que la Administración ha exhibido en este caso es ilegítima, pues no ha dado cumplimiento con una obligación legal”. 
Y argumenta diciendo que “tal conducta omisa es ilegítima e inconstitucional, y merece sanción. De hecho la Constitución de la Ciudad da explícito sostén al principio de operatividad de los derechos, e indirectamente tiñe de ilicitud la omisión reglamentaria” (art. 10 CCABA) y que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”. 
Concluye que los derechos contenidos en la ley “requieren de un accionar concreto de parte de la Administración que ponga en funcionamiento los mecanismos destinados a prestar los servicios que la ley establece y difunda su existencia como modo de asegurar el acceso de todos los beneficiaros a esas prestaciones”. (Pisoni, Carlos c/GCBA s/amparo (art. 14 CCaba), Expte. 41958/0). 
Con estos fundamentos, el sentenciante resuelve ordenar al Gobierno que proceda a reglamentar la ley en el plazo improrrogable de veinte días desde que quede firme la sentencia. 
Si bien el fallo fue apelado, los agravios carecen de sustento legal suficiente, como afirma la fiscal de Cámara, Dra. Ugolini, en su dictamen. Asimismo, considera que la sentencia recurrida debe ser confirmada por la Cámara, la que aún no se expidió. 
Por todo lo expuesto, concluimos que la negativa manifiesta y contumaz a reglamentar la ley, en la práctica deviene en un veto encubierto. El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma, en la persona del ingeniero Mauricio Macri, una vez más demuestra que no está a la altura del proceso histórico de la Justicia por los crímenes de lesa humanidad y la defensa de los derechos humanos. Y finalmente, que no se cumple con el mandato constitucional del art. 32 de la Constitución porteña que recepta el derecho a la memoria.
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