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INFORME 2012 – ESPACIO PÚBLICO

17 Dic
El Gobierno de la Ciudad, lejos de procurar y mucho menos planificar soluciones para las personas que deben pernoctar en las calles, interpreta que las aceras, veredas y plazas deben “limpiarse” de ellas, como si se tratara de eliminar un residuo social; sin duda no es ésta la preservación del espacio público que requiere de su competencia. Mucho menos la que expresa la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a partir del artículo 26.
Desde el año 2009 este Observatorio de Derechos Humanos viene alertando con respecto al afianzamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulnerabilidad social.
A través de violentos desalojos de personas en situación de calle, vendedores ambulantes, puesteros, artesanos, manteros, artistas callejeros, entre otros, el Estado local intenta ocultar planificadamente signos de pobreza en la Ciudad. En lugar de cumplir con su obligación de garantizar derechos humanos de los habitantes, tales como el derecho a la vivienda, el derecho a trabajar, a expresarse libremente y al pleno uso y goce del espacio público.
 
UCEP Y NUEVA UCEP
Con respecto a las personas en situación en calle, el Ejecutivo de la Ciudad implementó en su momento la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que consistía en una violenta patota de empleados dedicados a identificar, perseguir, hostigar, golpear y desalojar a personas que moraban en la vía pública.
Ese organismo fue creado durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri, mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”, lo cual resulta sumamente objetable desde el punto de vista de la Constitución de la Ciudad, que en el artículo 13 “garantiza la libertad de los habitantes”, específicamente en el inciso 9, que plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito”. 
Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de serias denuncias por parte del ODH, de la Legislatura de la Ciudad y de la Defensoría del Pueblo. En particular se alertó sobre el modus operandi de ese organismo, y en su momento se aportó como prueba un video en el cual puede verse su actuación en cinco casos testigo, la cual consistía en desalojar a quienes ocuparan espacios en plazas o calles mediante la utilización de métodos ilegales, amenazándolos para que no retornen a esos lugares.
Recordemos que para desplegar su tarea el Gobierno de la Ciudad les proveyó a los agentes de la UCEP con vehículos oficiales, un camión compactador de residuos y chalecos antipunzantes. Asimismo, para facilitar la labor y ocultar la aberración se estableció que los operativos se realizaran en horarios nocturnos, luego de que otras dependencias de la Ciudad relevaran durante el día los lugares donde se encontraban personas en situación de calle.
De ese modo, el objetivo de mantener el espacio público libre de usurpadores llevó a que la UCEP cometiera graves violaciones a los derechos humanos de las personas más humildes. En tal contexto se concretaron sucesos realmente inhumanos: violencia sobre menores y adultos, abusos sexuales sobre mujeres embarazadas, sustracción de medicamentos de enfermos de HIV y tuberculosis, incendio de colchones, frazadas y otros elementos personales de personas en situación de calle. 
Las denuncias concernientes al accionar de este organismo provocaron la renuncia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, y la intervención de la justicia penal, que inició una investigación a cargo del juez de Instrucción Facundo Cubas, en la cual se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia. 
La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos”. Actualmente el jefe de Gobierno —junto a veintinueve funcionarios más— se encuentra imputado por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
En su declaración indagatoria —prestada el 1º de julio de 2011, luego de haberse ausentado tres veces a la misma— Mauricio Macri intentó deslindarse de toda responsabilidad, siendo en su momento beneficiado por la sentencia de la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, subrogante del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 49, que resolvió sobreseerlo de los cargos. 
No obstante, el pasado 28 de abril de 2012 —ante la apelación presentada por la querella—, la Sala I de la Cámara del Crimen resolvió revocar la sentencia de primera instancia por considerar que la misma resultaba irrazonable, y ordenó continuar la investigación penal también con respecto a las responsabilidades de Mauricio Macri.
Principalmente, la Cámara sostuvo que no podía considerarse a Macri ausente de toda responsabilidad penal, en tanto existen una serie de elementos que permiten sostener que el jefe de Gobierno no desconocía el modo en que operaba la unidad creada por él mismo.
En particular, la Sala I tuvo presente que en la investigación penal se había aportado una prueba consistente en un archivo digital donde constaría un requerimiento de actuación a la UCEP del propio Macri, respecto de un violento desalojo ocurrido en la calle Esteban De Luca, en el barrio de Parque Patricios.
Se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. En primer lugar, por crear este organismo, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos, sumado a que decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009.
Con la sentencia de la Cámara que revoca el sobreseimiento, nuevamente el jefe de Gobierno porteño continúa siendo investigado por la justicia penal junto al resto de los funcionarios, en tanto se los acusa de haber utilizado el aparato estatal con fines represivos.
Desarticulada la UCEP, no por voluntad del Poder Ejecutivo de la Ciudad sino ante las denuncias de la Legislatura de la Ciudad, de la Defensoría del Pueblo y del ODH que dieron lugar a la intervención judicial, el PRO continúa insistiendo en “limpiar” de pobres el espacio público de la Ciudad.
En junio de este año, el Observatorio de Derechos Humanos presentó un pedido de informes —en los términos de la ley Nº 104 de “Derecho a la Información”— al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli, y ante la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, por nuevas denuncias de agresiones a personas en situación de calle, en lo que podría considerarse la aparición de la “nueva UCEP”. 
Específicamente se solicitó información respecto de un violento desalojo desarrollado el 5 de junio, a las 19:47, cuando cuatro personas identificadas con uniforme del Ministerio de Ambiente y Espacio Público descendieron de una camioneta dominio KIZ 585 portando cadenas y golpearon a un joven en situación de calle en la avenida Corrientes al 800, en las inmediaciones del Teatro Gran Rex.
Por su parte, el 2 de julio de este año, Alex Campbell, director de la Dirección General de Inspección del Uso del Espacio Público, suscribió una nota en respuesta al pedido de informes presentado por el ODH, admitiendo la existencia de ese “operativo” ordenado por la Dirección a su cargo.
Con una negativa genérica, entre la que se menciona que sus agentes no actuaron con violencia y que no portaron ningún tipo de armas ni tenían derecho a hacerlo, se asume que “personal de esta Dirección General realizó un operativo de rutina contra la venta ilegal en vía pública en dicho lugar, día y horario, donde se procedió a incautar mercadería ilegal que se estaba vendiendo en las inmediaciones”.
La respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad reafirma su intención de continuar con políticas destinadas a “limpiar” literalmente el espacio público de personas que encuentran en él un lugar donde expresar sus derechos, sin que exista alguna motivación legal para su persecución, en tanto ello no afecte derechos individuales ni colectivos.
En cuanto a los vendedores ambulantes también llamados “manteros”, los cuales muchas veces son explotados por grandes organizaciones ilegales, desde el Ejecutivo de la Ciudad se ha alegado que ejercen una competencia desleal respecto de quienes ofrecen sus productos en negocios legalmente constituidos. Por ello recurrentemente han sido desalojados con violencia de los distintos espacios públicos.
Un caso emblemático resultó ser el de los manteros de la calle Florida; de ellos también se esgrimía el argumento de ocupar excesivamente la peatonal, entorpeciendo el tránsito de los transeúntes y causando molestias Este año fueron definitivamente desalojados a través de un operativo realizado por la Policía Metropolitana.
Esa modalidad de “limpieza” del espacio público no deja de ser una muestra más de que el Ejecutivo de la Ciudad, lejos de llevar adelante políticas públicas de inclusión social, a fin de garantizar a los habitantes de la ciudad un empleo digno, proteger su derecho a trabajar y evitar que sean explotados por organizaciones ilegales que obtienen las mercaderías de forma ilícita, opta por la expulsión violenta de estos sectores sociales menos favorecidos.
 
VENDEDORES AMBULANTES Y ARTESANOS
Por otra parte, también resultaron víctimas de esta limpieza del espacio público los artesanos de la calle Perú, a quienes durante todo el año se los intimó a abandonar ese espacio público, con la propuesta de trasladarlos a la plaza Roberto Arlt, donde la afluencia de público es mínima, y en consecuencia las ventas resultan muy bajas. 
En junio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Patricia López Vergara dictó una medida cautelar de no innovar y los vendedores fueron habilitados a exponer sus productos en la calle Perú, e impidiendo a la Policía Metropolitana continuar con el desalojo encomendado. Por su parte, los artesanos aún mantienen su propuesta de conformar una feria de artesanías sobre la calle Perú.
Con el mismo proceder, durante noviembre de este año, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ordenó desalojar violentamente más de 25 comerciantes que tenían sus puestos de la plaza Constitución.
Repitiendo el habitual accionar del PRO, el desalojo se produjo durante el horario nocturno, interviniendo agentes de la Policía Metropolitana que cargaron en camiones de residuos los restos de los puestos arrasados previamente con grúas y amoladoras. Muchos comerciantes, al ver destruida su única fuente de trabajo, se quejaron de lo sucedido, y fue así que la Policía Metropolitana respondió efectuando detenciones bajo el cargo de “agresión a la autoridad”.
El argumento del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se basa en la remodelación de la plaza y la construcción de nuevas paradas de colectivos. Pero la orden de desa¬lojo desconoce un acto administrativo de otra dependencia del mismo Gobierno —la Dirección de Tesorería — que desde el año 2004 cobró un canon mensual por los permisos provisorios otorgados a los puesteros para realizar su actividad en la plaza, legalmente amparado bajo la ley 1.166.
 
CONCESIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS A PRIVADOS
Mientras tanto, el PRO mantiene firme su polémico proyecto de ley 1.770, que fija nuevos parámetros para los permisos de uso del espacio, otorgando a empresas privadas la concesión del mismo. Esa iniciativa es promovida por la cartera de Ambiente y Espacio Público, y por el propio jefe de Gobierno Mauricio Macri. 
En pocas palabras, el proyecto pretende privatizar parques y plazas, que una empresa privada lucre con venta de comidas y bebidas. A cambio se le exige un canon, que instalen baños públicos y una “estación saludable”.
Dicho proyecto de ley implicaría que el espacio público pueda ser utilizado por concesionarios privados, demostrando una clara intención de la actual gestión de privatizar los espacios públicos como plazas y parques, siguiendo con una tendencia característica de los modelos neoliberales que apunta a la desaparición del espacio público en su concepción clásica. 
Sin embargo, y a pesar de estas intenciones, persiste siempre el lugar de la resistencia por parte de sus históricos ocupantes, quienes casualmente, al estar en situación de mayor vulnerabilidad social, encuentran en el espacio público un lugar donde expresar sus derechos.
Lamentablemente encontramos que la actual gestión en la Ciudad, lejos de implementar políticas activas de inclusión social, continúa insistiendo en la aplicación de mecanismos violentos para hostigar, amenazar y violar derechos. Específicamente de quienes encuentran en el espacio público un lugar para pernoctar, permanecer o conseguir el mínimo sustento para la atención de las necesidades propias y de su grupo familiar. 
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Una respuesta a “INFORME 2012 – ESPACIO PÚBLICO

  1. Manuel

    18 de diciembre de 2012 at 11:06

    Si bien es cierto que la UCEP la creó Macri tiene su antecedente en la RECEP que creó Ibarra y continuó con Telerman. Un organismo de las mismas características y con las mismas prácticas. Hay un documental que se llama Parque Ricardo Centenario donde se demuestra el funcionamiento de la RECEP y el desalojo violento por parte de patotas de personas que usaban el parque centenario para vivir,

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