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INFORME 2012 – DERECHO A LA VIVIENDA

17 Dic
 
 
EL CASO DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS
“Si todos hubieran largado a cero kilómetro en materia de tierras, muy bien, pero los señores Pereyra Iraola y Menéndez Behety ya eran dueños de media Argentina cuando dijeron ‘hay que respetar la propiedad privada’”. La única propiedad privada que tiene la gente de las villas es el aire.”   Padre Carlos Mugica
 
URBANIZACIÓN DE LA VILLA 31
El PRO boicoteó el proyecto de ley que reglamentaba la urbanización de la Villa 31. Durante la segunda mitad de este año se debatió en la Legislatura de la Ciudad un proyecto que regulaba la posibilidad de los habitantes de las Villas 31 y 31 bis de ejercer su derecho a la vivienda digna, con criterio de radicación, dentro de los límites del propio barrio, en consonancia con lo establecido en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la propia ley 3.343 de urbanización de la Villa 31. A pesar de contar con los votos para su aprobación en el recinto, el proyecto nunca llegó al mismo, por el manejo arbitrario de las comisiones que impusieron los legisladores oficialistas. 
La presentación, a cargo de la diputada Rocío Sánchez Andía, contemplaba un dictamen consensuado y emitido por la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa —órgano derivado de la ley 3.343—, integrada por diferentes áreas de los gobiernos de la Ciudad y la Nación, Defensoría del Pueblo, diputados de ambas jurisdicciones y delegados de la Villa 31 y 31 bis. 
El mismo regulaba “el proceso de urbanización y radicación del Barrio 31 Carlos Mugica”, tal como reza el artículo 1º del proyecto. Asimismo, delimitaba el polígono a urbanizar, incluyendo al barrio San Martín, sector que fue poblado con posterioridad a la sanción de la ley 3.343; se aprobaba el anteproyecto urbano definitivo, describiendo las diferentes acciones a realizar en el trazado del barrio, tales como aperturas de calles, pasillos, parques y consolidación de viviendas; establecía la necesidad de relocalización —dentro del perímetro del barrio— de aquellas viviendas que se encontraran en sectores destinados a otros fines; definía el diseño, adjudicación y financiación de las viviendas nuevas; fijaba un porcentaje del presupuesto general de la Ciudad para la ejecución de las obras a encarar; refería al dominio de inmuebles, entre otras disposiciones.
Vecinos y organizaciones barriales nucleados en la Mesa de Urbanización y Radicación Padre Carlos Mugica militaron la sanción del proyecto de ley que garantizaba el derecho a la vivienda digna en las propias tierras de Retiro. El sacrificio militante de este colectivo logró ir sumando la voluntad política de los diferentes sectores de la oposición, en un arco plural que incluyó al FPV, FAP, Proyecto Sur, CC y UCR, entre otros. En este sentido, lograron aunar la voluntad de 31 legisladores, es decir, la mayoría necesaria para convertir en ley la propuesta, quienes suscribieron un documento de compromiso político de votar por la afirmativa.
Sin embargo, a pesar del amplio consenso logrado y de que el dictamen en el cual se basó la ley había sido suscripto por el propio macrismo, esta fuerza obstaculizó el tratamiento del proyecto, no permitiendo que sea votado ni siquiera en la Comisión de Vivienda, presidida por la diputada del PRO Lidia Saya. Cambiando fechas, aplazando reuniones convocadas para el tratamiento del expediente 1614/11 que contenía el proyecto, planteando argucias, amenazando con impulsar un propio proyecto en el que se habilitaría el pago de un subsidio al vecino que optara por el desalojo —situación prohibida por la ley 3.343—, el PRO negó la posibilidad democrática de votar el proyecto durante el presente año legislativo, lo que hubiese garantizado el derecho a la vivienda digna para los habitantes de las villas 31 y 31 bis. Ante esta vulneración, el proyecto de ley pierde estado parlamentario a fin del período de sesiones del presente año. 
De esta forma, el partido gobernante continúa negando la letra y espíritu de la Constitución que exige la urbanización de las villas, así como el derecho a la vivienda digna de los habitantes de la Ciudad. Lejos de ello, no urbaniza las villas, prácticamente no construye viviendas sociales, no regula los alquileres ni los inmuebles ociosos, incrementa la política de desalojos, entre otras acciones u omisiones que desoyen la manda constitucional, cual si no existiese una obligación del Estado.
 
EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó en los últimos cuatro años diversas sentencias que avanzaron sobre cuestiones nunca antes abordadas: el derecho a una vivienda digna y el derecho al medio ambiente y sus consecuencias sobre la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la recomposición del ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelos). 
En estas sentencias se establecieron objetivos generales muy difíciles de alcanzar. Algunos de ellos están vinculados a los aspectos habitacionales de las personas que residen a lo largo de la cuenca Matanza-Riachuelo, y otros respecto de los estándares mínimos de exigibilidad del derecho a la vivienda.
En materia social, la falta de voluntad de la administración de la Ciudad de Buenos Aires para satisfacer las demandas de la población en cuanto al acceso a derechos, trajo aparejada gran visibilidad para la justicia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Empero, las personas que se acercaron a los estrados de la justicia local en busca de protección de sus derechos —que constituyen únicamente una pequeña porción de quienes lo necesitarían, en virtud de las barreras clásicas de acceso a la justicia— acceden generalmente a una respuesta que, en el mejor de los casos, resulta paliativa de la urgencia, más no reivindicatoria de sus derechos, ni una solución definitiva a la vulneración de derechos fundamentales de la que son víctimas. 
Al tradicional escenario del reclamo callejero, se ha sumado el judicial. Estos escenarios distintos en donde se despliegan los conflictos están determinando el abordaje de los mismos. Imponiendo reglas inherentes, que serán planteadas de diferentes maneras según los actores involucrados, los operadores judiciales intervinientes, el tema propuesto, y así obtendrán resultados que nunca son matemáticos. 
Sin embargo, estos resultados constatables no han eliminado el rol que tiene el derecho, y en particular el litigio en materia de derechos sociales. Sumándole la dimensión alcanzada en la práctica, fácilmente equiparable a lo político en acto, pero con la legitimidad y el respaldo de ser letra escrita en la normativa de mayor jerarquía local y nacional, lo que constituye el derecho en acto.
La falta de abordaje político institucional y la consecuente no resolución de los conflictos con múltiples actores dio lugar a dos fenómenos diferentes: por un lado, la judicialización de los más diversos conflictos, por el otro, la indefensión de los afectados que enfrentan severas obstrucciones para la obtención de justicia, aun cuando acceden a los estrados judiciales.
El hecho concreto de la conformación de grupos más o menos organizados para intentar paliar las difíciles condiciones de vida comienzan a inscribirse en una dinámica de relaciones sociales y políticas que canalizan exigencias de reconocimiento de sus derechos, como así también de sus realidades diversas, que no admiten propuestas convencionales, reclamando un abordaje particular y complejo.
Estos grupos se han manifestado, y han transformado la historia del conflicto y el litigio por derechos sociales local. Da cuenta de ello la frondosa jurisprudencia generada en los tribunales locales, que han resuelto cuestiones de lo más novedosas, que anteriormente no llegaban a los juzgados.
 
LAS RELOCALIZACIONES NECESARIAS PARA LIBERAR EL CAMINO DE SIRGA
El fallo de la Corte Suprema sobre el tratamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo dejó en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella, hoy investigado, los procesos de relocalización de las personas que habitan sobre la vera del Riachuelo. 
El magistrado de Quilmes instó al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, y a los 14 intendentes de la cuenca del Matanza a liberar el camino de sirga antes del 1º de julio de 2011. A partir de ese momento, tanto los municipios, la Capital y ACUMAR (Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo) han ido acordando con el juez la extensión de los plazos. 
Según estimaciones calculadas por los censos realizados por ACUMAR —el Gobierno de la Ciudad no realizó aún los propios en su totalidad— se trata de alrededor de 2.500 familias las que deberán ser relocalizadas para dar cumplimiento a la orden judicial. En febrero de 2011, una resolución del juez Armella intimaba al jefe de Gobierno porteño a erradicar “total y definitivamente” las viviendas precarias que están a la vera del Riachuelo, dentro del territorio porteño, en un “improrrogable” plazo de diez días, y en caso de incumplimiento, expresa textualmente, “los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere”. Por esos días el Ejecutivo de la Ciudad presentó al juez un programa de relocalización que tendía a dar cumplimiento, en plazos más amplios, a la resolución mencionada.
En julio de 2011 se comenzó a dar cumplimiento al programa de relocalización. Según informes del propio Gobierno de la Ciudad, se relocalizaron y trasladaron al complejo urbano ubicado en las avenidas Lacarra y Fernández de la Cruz (Villa Soldati), de la Ciudad de Buenos Aires, un total de 29 familias del asentamiento Luján. Lo mismo sucedió con el asentamiento El Pueblito, a pesar de que tanto vecinos como legisladores de la oposición denunciaron que las viviendas en las que fueron relocalizados aún no estaban terminadas, carecían de los servicios y condiciones básicas. Haciendo caso omiso a los reclamos, el juez Armella dio por cumplida la orden de relocalización, considerando como “solución habitacional” el mencionado emplazamiento. Respecto de la Villa 21-24, donde se deberán relocalizar más de 1.300 familias, los plazos acordados con el juez se extienden hasta 2013. Lo que no varía son las condiciones en cuales se está dando cumplimiento a la relocalización en referencia al estado de las viviendas destinadas a tal fin.
La Villa 26 es un asentamiento ubicado desde la intersección de las calles Luján y Perdriel hasta la orilla del Riachuelo, ocupando el camino de sirga, en Barracas. En la actualidad viven alrededor de 240 familias, aunque el censo de la Corte acusó 215. 
Según el programa acordado por el gobierno de Mauricio Macri, el plazo para la relocalización de la Villa 26 vencía el 15 de julio de 2012. A mediados de mayo, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) informó a los vecinos que las viviendas destinadas para la relocalización no estarían listas para el vencimiento acordado. Vista esta realidad, en un principio el IVC intentó negociar con el juez una extensión del plazo, pero el mismo no iría más allá del mes de diciembre, lapso en el cual tampoco construirían las viviendas. El “plan B” del IVC fue ofrece a los vecinos créditos hipotecarios de alrededor de 250.000 pesos para la compra de viviendas. La nueva propuesta fue tratada y votada entre los vecinos de la villa; la iniciativa perdió por 173 votos en contra y sólo 6 a favor de aceptar los créditos. 
El rechazo estuvo argumentado básicamente en tres razones. En principio, los créditos no son ejecutables en lo inmediato, no eran fondos operativos, por lo tanto no disponibles a corto plazo; en segundo lugar, si bien la mayoría de los vecinos trabaja, no pueden sostener una cuota de entre $900 y $1.500, y en tercer lugar, sí podrían afrontar las cuotas de un plan del IVC proporcionales a sus ingresos. 
Otro dato curioso en esta historia resulta de analizar el presupuesto destinado a los créditos hipotecarios ofrecidos como “plan B” y compararlo con el original aprobado para construir las viviendas. Mientras que la construcción hubiera demandado alrededor de 25 millones de pesos, lo ofrecido en créditos alcanza un monto aproximado de 65 millones. Algo caro para ser “plan B”.
El destino de los relocalizados: Desde el año 2003, la Ciudad de Buenos Aires es propietaria de tres terrenos adquiridos especialmente para la construcción de viviendas para relocalizar a las familias de la Villa 26 y otros asentamientos. Uno en Parque de los Patricios, y dos en Barracas. El presupuesto para las viviendas está aprobado por la Legislatura, la licitación hecha y los contratos firmados, pero los ladrillos colocados en los tres terrenos los puede contar cualquier alumno de preescolar. No se ha construido nada, en lo que a viviendas se refiere, porque sí hubo un destino, pero muy alejado de los derechos y necesidades de los ciudadanos. 
En 2009, a través del IVC, la actual gestión de gobierno intentó vender los terrenos en cuestión, pero nuevamente los vecinos implementaron diversos mecanismos de protección y defensa de sus derechos. La licitación se hizo en marzo de 2010 y un año después se firmó el contrato con la empresa Vidogar; sin embargo, las viviendas no están. La causa judicial que tramitaba en la ciudad se unificó con otras que lleva adelante el juez federal de Quilmes, ante quien el gobierno, asumió el compromiso para el 15 de julio de 2012, plazo que nuevamente fue prorrogado.
El capítulo más oscuro de esta historia fue realizado a expensas de la poderosa invisibilización que ejerce el principal grupo mediático de la Argentina, que gracias a su aún conservada concentración puede ocultar información a ciertos sectores y vulnerar así claramente el derecho a la información. En marzo de 2011, Mauricio Macri desafecta el terreno de la calle Pedro Chutro 2922/28, argumentando que allí se construiría el Polo Tecnológico. Un año después se levanta un edificio para la Policía Metropolitana. El terreno de la calle Luzuriaga fue tomado por ocupantes; por esta razón el Gobierno dice no poder ejecutar las obras, mientras que los vecinos de la Villa 26 acusan al oficialismo de, por lo menos, no haber evitado la intrusión. En el tercer predio en cuestión, el de la calle San Antonio, donde funcionaba una fábrica de medias, el motivo invocado por el IVC para impedir el comienzo de las obras fue la inundación de los cimientos. En compensación, ofrecieron un predio en Lacarra 2049, en el barrio de Flores, pero sin fecha posible de finalización de obras.
Todo esto abona la teoría de que es intención del actual Gobierno de la Ciudad trasladar a todas las personas a relocalizar a la Comuna 8, transformando ese territorio en el “gueto de los pobres de la Ciudad”.
Los relocalizados. Tanto vecinos del asentamiento Magaldi como los de El Pueblito, relocalizados durante 2011 por el GCBA, con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad denunciaron ante distintos organismos que las viviendas otorgadas no están en condiciones de ser habitadas. La caótica situación, a pesar de las denuncias, sigue vigente.
Al momento de la relocalización les dijeron que sólo faltaban “algunos detalles”, pero lo real es que las viviendas no tienen agua, ni luz, ni gas. Pero lo que es aún peor, las viviendas poseen severos defectos de construcción que no están siendo reparados por el GCBA. A esto se le debe sumar la inseguridad y la permanente amenaza de ocupación; deficiencias de construcción, roturas no reparadas. Estas graves anomalías ponen en peligro la integridad física de los habitantes, los discrimina, ya que los mismos pagan por sus viviendas y servicios.
El asentamiento Lamadrid es el paradigma del abandono. Vivir en el margen de un río contaminado, en casas precarias y sin servicios sanitarios, además de la presión de un inminente desalojo y la incertidumbre de un destino incierto. Es el castigo sobre el castigo, sin haber motivo siquiera para el primero de los castigos. Tal la situación de sus habitantes. Osvaldo Gustavo De Marco, vecino del asentamiento, nos abrió la puerta del comedor “Venciendo al gigante” y nos introdujo en esta realidad de los orilleros, habitantes de La Boca, a quienes otros vecinos, junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quieren volver a marginar. “Según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, fuimos incluidos como asentamiento precario en riesgo ambiental, por lo cual debemos ser reurbanizados o relocalizados”, nos dijo Osvaldo al ser consultado sobre la situación actual del asentamiento. El Gobierno local realizó un censo que arrojó un total de 373 familias, resultado “mentiroso”, según nos cuenta De Marco, porque no fue censada toda la gente, no se informó para qué era el censo y algunos propietarios no permitieron el censo de inquilinos. Según un expediente judicial, existe solución habitacional para 54 familias, 18 en Villa Lugano y 36 en Villa Soldati, pero nadie sabe quiénes fueron beneficiados. La adjudicación de viviendas debe ser consensuada con la comisión vecinal, que está en proceso de constitución. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad informa, ambiguamente, que hay 54 familias adjudicatarias, pero no indica quiénes son ni cuál fue el criterio de elección. Tampoco aclara las condiciones de las viviendas asignadas. “Yo creo que la idea del Gobierno de la Ciudad es echar a toda la gente y desarraigarla del barrio, gente que nació acá, yo crié hijos y estoy criando nietos, nací en el barrio. Antes, cuando La Boca se inundaba, los echaban hacia acá, ahora que se revaloriza el barrio nos echan a nosotros”, reclama Osvaldo, y agrega con bastante preocupación: “La gente está como asustada porque saben que se está viniendo una movida medio rara para el barrio, con lo de la Usina de las Artes, grandes negocios, ya saben que vienen por la tierra, eso es lo real.” El Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando un proyecto de ley denominado “Distrito de las Artes” que abarcaría los barrios de La Boca, Barracas y parte de San Telmo, con el objetivo de promover la inversión en artes. Lo cierto es que el principal beneficio será para las empresas, con exenciones impositivas, créditos y el acceso a la tierra, como bien indica Osvaldo De Marco, ya que el proyecto abarca 337 hectáreas.  
Durante la gestión de Jorge Telerman surge el Proyecto Área entorno Plaza Solís, dependiente de la ley 2240, Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del barrio La Boca. Planeaba relocalizar 200 familias en los alrededores de Plaza Solís. El mismo fue entregado a la gestión actual de Mauricio Macri en el inicio y hasta hoy no se concretó. 
Sumado al incumplimiento de diversas leyes respecto de la situación habitacional en la Ciudad —ley 2240, ley 341, fallo de la Corte-ACUMAR—, se advierte una clara intencionalidad por parte del Gobierno porteño de liberar las tierras ocupadas por asentamientos, grandes hospitales, para convertirlas en megaproyectos diversos que tienen en común la participación de grupos empresarios privados que acceden a grandes beneficios y generan actividades altamente rentables. Mientras tanto, una inmensa parte de la población de la Ciudad vive, no sólo en precarias condiciones, sino presa del miedo y la incertidumbre de un futuro que, a las claras, no los incluye. 
A todo esto debe sumarse la situación del Barrio Rodrigo Bueno, el proyecto de ley que habilitaría la construcción del proyecto inmobiliario denominado “Solares de Santa María” que está siendo discutido en la Legislatura. El mismo es impulsado por el macrismo e implica un megaproyecto inmobiliario de construcción de torres de hasta 160 metros de altura en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de la Boca, linderos al barrio Rodrigo Bueno, en favor de la empresa IRSA. El mismo no contempla un estudio de impacto ambiental y no garantiza el derecho a la vivienda digna, establecido en el art. 31 de la Constitución de la Ciudad a los pobladores del barrio Rodrigo Bueno, que hace más de 30 años habitan lindando esos terrenos. Lejos de estar discutiéndose la aprobación de la urbanización de ese asentamiento, basada en el derecho de sus habitantes a la vivienda digna con criterio de radicación, el macrismo intenta aprobar a la norma que beneficia a la empresa IRSA, avasallando los derechos humanos reconocidos en la Constitución de esta Ciudad. El megaemprendimiento millonario no respeta los estándares ambientales y no brinda solución a la emergencia habitacional en la que se encuentran los habitantes del barrio, quienes no cuentan con servicio regular de agua potable, luz, ni tienen red de gas natural. Ante lo expuesto, repudiamos la intención elitista, excluyente y contraria a la Constitución de la Ciudad que implica la construcción intentada, sin prever la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. De llevarse delante de esta manera se profundizarían las políticas de segregación que se intentan desde el Gobierno de la Ciudad, privilegiando los negocios de grupos económicos afines. 
La crisis habitacional en la Ciudad de Buenos Aires se acrecienta. En breve sufrirán una situación similar muchos otros ciudadanos que no encuentran salida al grave problema de vivienda. Mientras tanto, como si fuera otra ciudad, se reciclan lujosos edificios, se proyectan torres majestuosas y los vecinos del sur de la Ciudad pueden ver resplandores en el cielo, como anuncio de que el vulgar lujo seguirá invadiendo su precario espacio. 
 
LOS DESALOJOS EN LA CIUDAD 
La ciudad tiene 340 mil viviendas vacías (según el último censo) y es también la ciudad con mayor proporción de desalojos. El episodio del 2 de octubre de 2012 es un claro ejemplo de lo que ocurre y de cómo ocurre: en un precario conventillo de La Boca, unas 20 familias recibieron la sorpresiva visita de la Policía Metropolitana, que a fuerza de gases lacrimógenos y golpes desalojó las viviendas, violando impunemente los derechos de quienes allí habitaban a la vez que al debido proceso y al acceso a la justicia. Niños, embarazadas, hombres, todos a la calle. “Que este caso haya tomado estado público a través de los medios no significa que sea el único, todo lo contrario”, destaca Jorge Abasto, miembro de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). “Todas las organizaciones que trabajamos la problemática estamos percibiendo un incremento de los desalojos, sobre todo violentos”, remarcó. Desde el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) ratificaron esa sensación: “Desde hace algunos meses la cosa se puso brava en la zona sur”.
Los esfuerzos que se invierten en equipar a la Metropolitana (cuyo presupuesto se ampliará un 20% en 2013, según los números enviados por el Ejecutivo porteño a la Legislatura), no tienen su correlato en dos áreas clave: estadísticas y soluciones habitacionales. “El Gobierno de la Ciudad debería tener los números de esta problemática que aqueja a miles de personas, pero no tiene absolutamente nada. No hay datos oficiales”, dijo a la prensa la jefa del Área de Vivienda de la Defensoría del Pueblo, Silvina Pennella. “Hoy estamos peor que hace unos años, porque no existen políticas efectivas para aquellas personas que están en situación de calle, y hasta la Corte Suprema de Justicia le exigió a la Ciudad mayores esfuerzos para garantizar el acceso a la vivienda”, agregó. Según Pennella, en Buenos Aires la ausencia de políticas habitacionales se conjuga con un dato insoslayable: el aumento del precio de la tierra que presiona hacia abajo: “Las familias desalojadas terminan viviendo en hoteles-pensión irregulares, en villas de emergencia o directamente en la calle”.
Según datos proporcionados por la Dirección de Estadística y Censos del propio GCBA, en 2009 se registró un pico con 13.474 subsidios por familia (cuatro integrantes en promedio), un total de 53.896 personas. En 2010 ese número descendió a 7.965 familias. Sin embargo, el año pasado —últimos datos disponibles— el número volvió a ascender a 9.199 hogares (36.796 personas). Cada año se suman, en promedio, cinco mil grupos familiares desalojados, según fuentes manejadas por CIBA. 
A modo de síntesis de este capítulo, debemos decir que el objetivo de los derechos humanos es que ellos sean gozados en todo momento y en todo lugar, y que, cuando sean violados, exista una respuesta rápida y eficaz para protegerlos. 
El acceso pleno a la justicia frente a las limitaciones impuestas por el Poder Judicial es uno de los obstáculos a los que deben enfrentarse las organizaciones sociales, en el mejor de los casos, o las personas en soledad.
Los barrios pobres, las villas en la ciudad son el escenario de una disputa permanente de lo cotidiano y lo fundamental. La mayor virtud de estas disputas es que trascendieron el propio territorio, rompieron con el inmovilismo político, generan visualización de los aconteceres de las villas, y grietas cada vez más profundas en la discusión política, dentro y fuera de las villas. 
Para poder continuar con el análisis, es preciso volver a la norma, y a ese concepto estructurante —el de Justicia—, que involucra el debido respeto de la igualdad, integridad y libertad. Porque intervenir en la regulación social concreta a través de la fuerza estatal es lo político en acto, y en estos procesos apenas mencionados, es lo que ocurre. Como también lo es el manifestar, reclamar, resistir a la opresión y el avasallamiento, aun cuando se esgrimen derechos colectivos (medio ambiente) como más importantes que los derechos fundamentales individuales (vivienda, salud). 
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